Camionero
12/05/25 07:48
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BBVA quiere fusionarse con el sabadell
BBVA vs Sabadell: la opa que no terminaDespués de varios escarceos que probablemente comenzaron en enero de 2024, el 1 de mayo de ese año BBVA ponía encima de la mesa del Consejo de Administración de Banco Sabadell una propuesta para integrar las dos entidades, propuesta que fue rechazada formalmente el día 6 de mayo y que desembocó en el anuncio de una opa hostil el día 9 de mayo, en cuya descripción y pormenores no nos vamos a detener, porque son de sobra conocidos.Poco antes de cumplirse un año del anuncio, y después de meses de concienzudo estudio y de quemar dos fases de presentación de documentación y alegaciones, el 30 de abril de 2025, y después de una última reunión maratoniana de más de 9 horas de duración, la CNMC comunicó su aprobación de la opa por unanimidad de los miembros de su Consejo y después de imponer compromisos sobre crédito a pymes y acceso a cajeros y a oficinas.Aun concedida la luz verde de la CNMC, ésta anunció que no autorizará el folleto, ni abrirá el periodo de aceptación sin el “visto bueno” del Gobierno, lo cual añade una tercera fase sin precedentes legalmente previstas.Frente a estos 12 meses en los que lleva en marcha el proceso, las opas en España suelen durar de 3 a 5 meses desde su presentación, hasta la resolución final: 20 días hábiles de autorización CNMV, 5 hábiles de publicación, 15–70 días naturales de periodo de aceptación y 7 días hábiles para el anuncio de resultados.Por tanto, el procedimiento de BBVA-Sabadell está entre tres y cuatro veces más dilatado de lo que marca la práctica regulatoria española, lo que ha generado incertidumbre y ha elevado costes de oportunidad para ambas entidades, sus accionistas y sus clientes.Desde el primer momento del anuncio de la opa, el Gobierno, más que probablemente presionado por sus “socios” catalanes, se mostró reticente con la operación, y su Presidente, Pedro Sánchez en una intervención el pasado lunes día 5 de mayo ante empresarios catalanes, se “sacó de la chistera” la celebración de una “consulta pública” para “recabar opiniones de la ciudadanía”.Al día siguiente, el Ministerio de Economía colgaba en su página web dicha consulta, estructurada sobre seis preguntas, a la que pueden acceder usted pinchando en este enlace.No voy a detenerme en este punto mucho más allá de confirmarles que Pepito Grillo o el mismísimo Donald Trump pueden votar tantas veces como quieran, utilizando un DNI inventado… Todo un prodigio de rigor y eficacia, aunque eso sí, después de las primeras denuncias al respecto, el Ministerio ha anunciado que depurará las respuestas falsas (lo que no ha dicho es cómo detectará las respuestas falsas y qué criterio seguirá para analizarlas).La consulta estará online siete días y después el Ministerio tendrá quince días más para considerar sus resultados y llevar sus conclusiones al Consejo de Ministros, que supuestamente decidirá sobre la operación.Simplemente añadir que dicha “consulta popular” carece de cualquier efecto vinculante en el procedimiento: sus resultados solo se recogen en un informe de carácter meramente informativo, que el Consejo de Ministros puede ignorar sin alterar los requisitos legales.En la humilde opinión de este columnista, la consulta introduce un sesgo político y comunicativo en un proceso técnico, minando la independencia de la CNMC y alimentando la inseguridad jurídica.La CNMC es un organismo autónomo, creado por la Ley 3/2013 con el encargo de garantizar la competencia efectiva en los mercados y supervisar las concentraciones empresariales mediante criterios técnicos y económicos, que cuenta con un presupuesto anual de alrededor de 42 millones de euros (aproximadamente 30 millones en presupuesto operativo y 12 millones en inversiones y gastos asociados) financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, con cargo a sus impuestos y los míos.La decisión de supeditar la autorización final a una consulta ciudadana, (tras una evaluación de casi un año), deslegitima el trabajo especializado del regulador y cuestiona la justificación del gasto público en su presupuesto.Al final, la “consulta” alimenta la idea de que la última palabra depende de variables políticas o de la “opinión del pueblo”, cuando el marco regulatorio y el principio de seguridad jurídica exigen certeza y predictibilidad.Consecuencias para el mercado y para la credibilidad institucionalEn primer lugar, podemos hablar de la generación de una incertidumbre prolongada:Los accionistas de Sabadell permanecen a la espera de decidir si aceptan o rechazan la oferta.Los inversores de BBVA ven paralizadas las sinergias y optimizaciones proyectadas hace más de un año.En segundo lugar, de un gran coste de oportunidad: BBVA y Sabadell podrían haber capturado ahorros y eficiencias estimados en cientos de millones desde mediados de 2024, si el proceso hubiera seguido la duración estándarY en tercer lugar, de una gran desconfianza en la regulación.Respetar los plazos reglados, reconocer la independencia técnica, evitar precedentes peligrosos.Solo recuperando la seguridad jurídica y la confianza de inversores y ciudadanos podremos garantizar decisiones eficaces y respetuosas con el mandato de nuestros organismos reguladores.La opa de BBVA sobre Banco Sabadell evidencia que, cuando la política invade el terreno de lo técnico, se diluye la efectividad de los procesos regulados y se crean vías de incertidumbre inadmisibles en un mercado desarrollado. Convertir la aprobación de una concentración financiera, previamente analizada durante meses por un organismo independiente, en un espectáculo de “consulta popular”, resulta disparatado, caro (más de 42 millones de presupuesto de la CNMC) y contraproducente para la estabilidad institucional.Es necesario cuanto antes restaurar la racionalidad: que la CNMC opere en sus plazos, que la CNMV cumpla la normativa y que el Gobierno respete la independencia de los reguladores, evitando convertir cada decisión económica en un juego de legitimación política.