Cobro santander pensión - Pensionistas

Formulario de queja formal al igual que hice con lo del paro:
 

Reclamación y queja formal por mala praxis bancaria del Banco Santander en el abono de las pensiones

  Resumen ejecutivo En este documento se presenta una reclamación y queja formal contra el Banco Santander por la demora en el abono de las pensiones correspondientes al mes de junio de 2025, cuyo ingreso estaba previsto para el día 24 de junio de 2025. Se expone la naturaleza de las pensiones en el marco jurídico español, el contexto estadístico sobre el número de pensionistas y pensiones en vigor, así como el marco legal que impone la obligación de puntualidad en los pagos por parte de las entidades bancarias. Asimismo, se analizan las consecuencias concretas de este retraso para los pensionistas afectados, haciendo especial hincapié en el impacto en su salud mental, física y situación económica. Finalmente, se formulan las peticiones concretas de indemnización y reparación, y se indican los cauces jurídicos y administrativos recomendados para tramitar la reclamación.  Entre los puntos más relevantes del resumen ejecutivo:   Naturaleza y tipos de pensiones: Se diferencian las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente, en favor de familiares) y no contributivas (jubilación e invalidez) reguladas por la Ley General de la Seguridad Social y otras normas de desarrollo: Contexto estadístico: En mayo de 2025, la Seguridad Social abonó más de 10,3 millones de pensiones, cubriendo a más de 9,3 millones de pensionistas en toda España. Esto implica que el retraso afecta potencialmente a millones de beneficiarios, con un elevado volumen de recursos destinados a garantizar la subsistencia de personas en edad de jubilación o con derecho a otras prestaciones.</li> Obligación de puntualidad de los pagos: De conformidad con la Ley 16/2009, de servicios de pago, y la normativa de pagos y transferencias (transposición de la Directiva 2015/2366 sobre servicios de pago en la UE), así como con la buena fe contractual establecida en el Código Civil y la normativa de protección al consumidor, las entidades bancarias deben acreditar los importes en las cuentas de los beneficiarios en la fecha de valor pactada, sin demoras injustificadas : Hechos concretos: El Banco Santander, a través de un fallo técnico comunicado el 24 de junio de 2025, retrasó el ingreso de las pensiones ordinarias y de la paga extra de verano para cientos de miles de clientes : Este hecho ocasiona un perjuicio directo e inmediato en la liquidez y planificación financiera de los pensionistas. 

        Salud mental: El estrés financiero derivado de la falta de liquidez puede incrementar síntomas de ansiedad y depresión, conforme a estudios sobre el impacto del estrés financiero en España.  Para personas de edad avanzada, este estrés se agrava por la dependencia de ingresos fijos. Salud física : La tensión emocional y el estrés continuado pueden desencadenar alteraciones del sueño, hipertensión, problemas cardiovasculares, dolores de cabeza, fatiga crónica y otras dolencias, según literatura sobre estrés financiero y salud física :             Salud económica: El retraso en el cobro de la pensión genera dificultades para atender gastos corrientes básicos (alimentación, medicación, suministros, hipotecas o alquiler), potencial acumulación de intereses o sanciones por retraso en pagos, y vulnera la capacidad de consumo de millones de pensionistas, con un posible efecto negativo en el consumo agregado en un contexto económico en recuperación : Reclamaciones y peticiones. Se solicitará al Banco Santander:       Una disculpa formal y explicación detallada de la causa técnica del retraso.       La acreditación de medidas inmediatas para el abono efectivo de la pensión con fecha de valor retroactiva al 24 de junio de 2025.        La compensación por daños y perjuicios, tanto materiales (gastos adicionales, intereses o penalizaciones) como inmateriales (estrés, sufrimiento), conforme a lo previsto en el Código Civil (art. 1101 y ss.) y normativa de consumidores.       La adopción de protocolos internos y técnicos que eviten la repetición de incidentes similares, con la garantía de comunicación proactiva en caso de contingencias. 

  Se describen los pasos administrativos y judiciales a seguir: Reclamación formal ante el servicio de atención al cliente del Banco Santander.       Reclamación ante el defensor del cliente bancario y, en su caso, ante el Banco de España como entidad supervisora.       Denuncia ante la Oficina de Atención al Usuario de Servicios Financieros (Ministerio de Asuntos Económicos) y, si procede, demanda civil por responsabilidad contractual y extracontractual ante los juzgados competentes.       Consideración de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como mediación o arbitraje, si están disponibles.        <Introducción: ¿Qué son las pensiones y qué tipos de pensiones existen en España? En el sistema de protección social español, las pensiones constituyen prestaciones económicas periódicas que abona la Seguridad Social (o, en algunos casos, otras administraciones competentes) a personas que reúnen ciertos requisitos de cotización o situación de necesidad. Su finalidad es garantizar ingresos mínimos que permitan la subsistencia de los beneficiarios y de sus familias, evitando situaciones de pobreza y exclusión social. El concepto de pensión abarca tanto prestaciones contributivas como no contributivas, cada una con características y requisitos distintos, regulados por múltiples normas, entre ellas la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), sus reglamentos de desarrollo y disposiciones específicas para regímenes especiales.  Desde un punto de vista jurídico, la pensión se basa en la solidaridad intergeneracional y en el principio contributivo: los trabajadores en activo cotizan durante su vida laboral para financiar las prestaciones que reciben cuando alcanzan la edad legal de jubilación o en caso de incapacidad, viudedad, orfandad u otras contingencias previstas. Paralelamente, el sistema prevé pensiones no contributivas para aquellas personas que carecen de ingresos suficientes y no han cotizado lo necesario para acceder a prestaciones contributivas, garantizando así un nivel mínimo de protección social.  

 Las pensiones contributivas son aquellas que requieren haber cotizado un número mínimo de períodos al sistema de la Seguridad Social u otros sistemas públicos equivalentes. Incluyen:  Pensión de jubilación:  Se percibe al alcanzar la edad legal de jubilación (que varía gradualmente hasta situarse en torno a los 67 años en función de la legislación vigente y del período cotizado), o de forma anticipada o parcial en ciertos supuestos. Requiere haber cotizado un mínimo que puede variar según edad y años de cotización. La cuantía se calcula en función de la base reguladora, determinada por las bases de cotización de los últimos años trabajados, con coeficientes correctores según años cotizados. Pensión de incapacidad permanente: Para trabajadores que, debido a enfermedad o accidente, presentan una reducción o pérdida de capacidad laboral. Se clasifica en grados: total, absoluta o gran invalidez, cada uno con requisitos de cotización y cuantías específicas.   Pensión de viudedad: Prestación a favor del cónyuge superviviente o pareja de hecho registrada, si se cumplen los requisitos de relación y cotización del causante (el fallecido). La cuantía suele calcularse como porcentaje de la pensión que estaba cobrando o hubiese correspondido al causante. Pensión de orfandad : A beneficio de los hijos menores o con discapacidad del causante fallecido, con requisitos de edad y situación de dependencia económica.   Pensión en favor de familiares: En casos concretos, parientes que dependían económicamente de la persona fallecida y cumplen condiciones de parentesco y dependencia, conforme a la normativa vigente. Las pensiones contributivas se financian principalmente por las cotizaciones sociales de empleadores y empleados, complementadas con aportaciones del Estado cuando fuese necesario, para garantizar la sostenibilidad del sistema. La revalorización anual de las pensiones contributivas sigue criterios basados en la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y otras variables macroeconómicas, según normativa anual (por ejemplo, Real Decreto-ley sobre revalorización de pensiones). En 2025, la revalorización aprobada fue del 2,8% desde el 1 de enero de 2025 

 Las pensiones no contributivas se dirigen a personas que carecen de recursos suficientes y no han cotizado lo necesario para una prestación contributiva. Con carácter general, se exige residir legalmente en España y cumplir unos límites de renta y patrimonio. Entre ellas figuran: Pensión no contributiva de jubilación: Para personas mayores que carecen de ingresos suficientes y no han cotizado o han cotizado muy poco. Su cuantía y requisitos están fijados por Real Decreto y revisados periódicamente.  Pensión no contributiva de invalidez: Para personas con discapacidad que carecen de ingresos y no han cotizado lo necesario. Requiere acreditar grado de discapacidad, carencia de recursos y otros requisitos administrativos. Estas pensiones no contributivas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y tienen prioridad en la política de protección social para garantizar un umbral mínimo de vida digna. Su gestión corresponde a la Seguridad Social o, en determinadas materias, a comunidades autónomas con competencias asumidas.  

 Las pensiones son un pilar esencial del Estado de bienestar en España, con un impacto directo en la calidad de vida de millones de personas. De acuerdo con datos oficiales de la Seguridad Social, en mayo de 2025 se abonan más de 10,3 millones de pensiones, que cubren a más de 9,3 millones de pensionistas :contentReference[oaicite:8]{index=8}. Esto significa que aproximadamente una cuarta parte de la población activa aporta con sus cotizaciones el sustento económico de una gran parte de la población jubilada o con derecho a otras prestaciones. Por tanto, cualquier fallo en la gestión o demora en el pago de estas prestaciones puede tener consecuencias graves para los ingresos y la capacidad de consumo de este grupo social.  En términos macroeconómicos, el pago puntual de pensiones también contribuye a la estabilidad de la demanda agregada y al mantenimiento de la actividad económica, dado que los pensionistas destinan una parte significativa de sus ingresos a consumo de bienes y servicios básicos. El retraso en el pago puede retrasar el gasto, generar inseguridad en el consumo y agravar situaciones de vulnerabilidad social, especialmente en contextos de aumento del coste de la vida o inflación elevada.  Desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, el cobro de la pensión en la fecha de valor acordada es una obligación legal de la Administración y de la entidad financiera receptora, y constituye un derecho consolidado de los pensionistas, quienes planifican sus gastos y presupuestos familiares en función de la certeza de ese ingreso periódico. La ausencia o retraso injustificado puede constituir un incumplimiento contractual y una vulneración de las expectativas legítimas de los beneficiarios.  Por todo ello, esta introducción contextualiza la naturaleza de las pensiones en España, sus tipos y su importancia social y económica, sentando las bases para analizar el caso concreto de demora en el pago de junio de 2025 por parte del Banco Santander y justificar la presentación de una reclamación y queja formal. Obligación legal de puntualidad en los pagos El pago puntual de las pensiones corresponde a la Administración (seguridad social) y, de modo inmediato, a la entidad bancaria que recibe la transferencia de la prestación y la abona en la cuenta del beneficiario. En este apartado se analiza el marco normativo que impone responsabilidad a las entidades bancarias para acreditar los fondos en la fecha de valor acordada, las consecuencias jurídicas del incumplimiento y la interpretación desde la perspectiva de la responsabilidad civil y del derecho de consumo. 

 En España, la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, transpone al ordenamiento interno las directivas europeas sobre servicios de pago (Directiva 2007/64/CE y posteriores, como la Directiva (UE) 2015/2366 o PSD2). Esta ley regula los derechos y obligaciones de proveedores de servicios de pago (entidades bancarias, entidades de pago) y de los usuarios (titulares de cuentas, beneficiarios de transferencias), estableciendo plazos máximos para la ejecución de operaciones de pago, transparencia sobre comisiones e información, así como responsabilidades en caso de ejecución defectuosa o no ejecutada de una orden de pago .  En particular, la normativa establece que, una vez ordenada la transferencia por parte de la Administración (seguridad social), la entidad del ordenante (banco del pagador) y la entidad del beneficiario (banco Santander, en este caso) deben colaborar para que el importe esté disponible en la cuenta del pensionista en la fecha de valor pactada. La fecha de valor corresponde al día en que el beneficiario puede disponer del dinero y obtener los rendimientos o evitar cargos adicionales. La normativa de pagos en la zona euro (SEPA) refuerza la necesidad de que los plazos de ejecución de transferencias sean cortos (generalmente un día hábil), salvo circunstancias excepcionales Además, los Reglamentos europeos y su trasposición en España imponen la obligación de notificar al cliente con antelación suficiente sobre incidencias en la ejecución de la orden de pago, sin demoras injustificadas. La falta de información previa oportuna agrava la responsabilidad de la entidad, que debe demostrar que actuó con la diligencia debida y comunicó cualquier contingencia de forma clara y en plazo razonable.  

 El contrato marco de cuenta corriente o cuenta de pago suscrito entre el pensionista y el Banco Santander incluye cláusulas generales sobre la operativa de pagos y transferencias, así como fechas habituales de abono de nóminas y pensiones. Aunque en muchos casos la fecha oficial de pago de pensiones la fija la Administración (por ejemplo, entre el 1 y el 4 de julio para pensiones de junio), las entidades bancarias suelen anticipar el ingreso en fechas previas (como el 24 de junio de 2025) para la comodidad de sus clientes, y esto se convierte en una práctica esperada y repetida. Cuando el banco comunica internamente o a través de canales oficiales esa fecha de abono anticipado, crea una expectativa legítima en los pensionistas. Desde la perspectiva de la buena fe contractual (artículos 1258 y 7 del Código Civil), la entidad bancaria debe cumplir con esa práctica habitual, salvo causa justificada. Si se produce un incumplimiento (retraso sin causa debidamente justificada o sin aviso previo claro), la entidad incurre en responsabilidad contractual. Conforme al Código Civil (artículo 1101), el deudor (entidad bancaria) responde de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de su obligación, salvo que pruebe fuerza mayor. En este sentido, un fallo técnico interno puede considerarse circunstancia que afecta la ejecución, pero la entidad debe demostrar que adoptó todas las medidas de prevención y contingencia razonables y comunicar de inmediato la incidencia a los clientes afectados. De no hacerlo, se considera negligencia o mala praxis, con derecho de los pensionistas a exigir indemnización por los daños materiales y morales ocasionados  

 Los pensionistas se consideran usuarios de servicios financieros y, por tanto, están protegidos por la normativa de consumidores (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007, y normativa de la UE). Cualquier cláusula que exima de responsabilidad al banco en caso de retraso injustificado en pagos podría considerarse abusiva si no está debidamente justificada y equilibrada, pues priva al consumidor de una compensación adecuada por incumplimientos que le afectan de manera significativa.  La normativa de transparencia bancaria exige que cualquier política de fechas de abono de pensiones esté claramente explicada en la documentación contractual y en la información periódica al cliente. Si la entidad ha destacado la fecha 24 de junio de 2025 como día de abono anticipado y luego no cumple, estaría vulnerando obligaciones de transparencia y lealtad informativa, constituyendo práctica comercial desleal según la Ley de Consumidores. 

 El retraso en el pago de la pensión puede ocasionar: Daños materiales directos: Gastos adicionales por retraso en pagos de suministros, alquiler, hipoteca, medicación, atención médica, penalizaciones o intereses de demora en obligaciones adquiridas a corto plazo. Daños inmateriales: Estrés, ansiedad, sufrimiento emocional, empeoramiento de la calidad de vida, pérdida de confianza en la entidad financieraDaños indirectos: Repercusiones en el entorno familiar, necesidad de solicitar préstamos de emergencia a familiares o entidades con condiciones desfavorables. El Código Civil establece indemnización por daños y perjuicios si se acredita el nexo causal entre el incumplimiento y el daño sufrido, salvo que la entidad pruebe que adoptó medidas de diligencia y que la incidencia fue imprevisible e inevitable. Un fallo técnico interno, sin planes de contingencia adecuados o sin informar con suficiente antelación a los clientes, suele considerarse negligencia empresarial. En el ámbito del derecho bancario y de protección al consumidor, se recomienda cuantificar cuidadosamente los daños materiales (facturas, recargos, comprobantes) y documentar el perjuicio moral y emocional, mediante declaración personal y, en su caso, informes médicos o psicológicos que acrediten el impacto en la salud mental. Esta documentación fortalece la reclamación y puede servir de prueba en procedimientos administrativos o judiciales.  

Las entidades financieras deben garantizar sistemas de pago fiables, con protocolos de seguridad informática y planes de contingencia ante fallos técnicos. La falta de sistemas robustos o de respaldo que eviten la interrupción del servicio en un día crítico (día de abono de pensiones) revela deficiencias en la gobernanza tecnológica del banco. Desde la perspectiva regulatoria, el Banco de España y la normativa de la UE imponen exigencias de continuidad operacional y gestión de incidentes que la entidad debe cumplir para evitar sanciones  La ausencia de comunicación proactiva y de medidas alternativas (por ejemplo, adelantar el pago en otra forma o habilitar atención prioritaria al cliente afectado) agrava la responsabilidad. Los pensionistas, al ser población de mayor vulnerabilidad por la edad y dependencia de ingresos fijos, requieren especial protección y canales de atención rápida en caso de incidencias, que el banco debe tener previstos  Exposición de hechos y argumentación jurídica En esta sección se describen los hechos concretos del caso (demora en el abono de pensiones ordinarias y paga extra el 24 de junio de 2025 por parte de Banco Santander), seguidos de la argumentación jurídica desde la perspectiva de un abogado de derecho civil y de protección del consumidor, apoyada en datos estadísticos oficiales y referencias normativas. 

 El día 24 de junio de 2025, numerosas informaciones y comunicaciones de clientes del Banco Santander pusieron de manifiesto que la entidad no había abonado las pensiones ordinarias de junio ni la paga extra de verano en la fecha anticipada que venía siendo práctica habitual y que la propia entidad había comunicado a sus clientes. Según fuentes de prensa y foros de usuarios, cientos de miles de pensionistas clientes de Santander se encontraron con que, a primera hora del día, no disponían de la pensión en su cuenta, a pesar de que en años anteriores la fecha de abono anticipado en Santander (y otras entidades de la gran banca) había sido el 24 de junio de cada mes cuando la fecha oficial de la Seguridad Social caía al final de mes o principios de julio :  La entidad atribuyó el retraso a un “fallo técnico” en sus sistemas de pago, sin proporcionar inicialmente detalles suficientes sobre la causa, alcance y duración del incidente, ni un cronograma claro para la resolución. Muchos pensionistas, al no tener acceso a los fondos previstos, sufrieron dificultades inmediatas para atender obligaciones periódicas (compra de medicamentos, pago de suministros, financiación de gastos básicos) y se vieron obligados a solicitar adelantos de familiares o recurrir a créditos de poca cuantía con posibles costes adicionales- En paralelo, la incidencia generó una oleada de consultas a oficinas y al servicio de atención telefónica, donde en ocasiones se ofreció información contradictoria o insuficiente, lo que amplificó la incertidumbre de los clientes. Asimismo, la falta de liquidación con fecha de valor retroactiva al 24 de junio agravó el perjuicio, pues los clientes no pudieron recuperar el derecho a rendimientos o evitar cargos financieros vinculados a la falta de saldo en la fecha pactada.  

 Para dimensionar el alcance del problema, se recurren a datos oficiales de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística (INE): En mayo de 2025, la Seguridad Social abonó 10.321.860 pensiones contributivas, con un importe total de 13.532,3 millones de euros, a más de 9,3 millones de pensionistas (4,7 millones hombres y 4,6 millones mujeres) La pensión media del sistema alcanzó los 1.311,04 euros mensuales, con la pensión media de jubilación en 1.505,5 euros y de viudedad en 934,7 euros En junio de 2025, las grandes entidades bancarias como CaixaBank y Santander adelantaron normalmente el abono de pensiones el 24 de junio, fecha esperada por millones de pensionistas : Aunque no todos los pensionistas de la Seguridad Social son clientes de Banco Santander, la cuota de mercado de Santander en depositaría de clientes de mayor edad es significativa. Si se estima que incluso un 10-20% de pensionistas utiliza Santander como banco principal, hablamos de cientos de miles de personas afectadas por el retraso. 

 Desde la perspectiva de la responsabilidad contractual y extracontractual: Existencia de obligación clara: La práctica habitual de abonar las pensiones en fecha anticipada (24 de junio) y la comunicación de la entidad crean una obligación de resultado de la entidad de crédito: el pensionista tiene derecho a disponer de los fondos en la fecha indicada. Incumplimiento y negligencia: Atribuir el retraso a un fallo técnico no exonera per se de responsabilidad. La entidad debe demostrar que contaba con sistemas robustos, planes de contingencia y procesos de supervisión adecuados para evitar la interrupción. La falta de información proactiva y detallada a los clientes agrava la negligencia. Daños y perjuicios : Los pensionistas sufren daños materiales inmediatos (gastos adicionales, penalizaciones por demoras en pagos), y daños inmateriales (estrés, ansiedad, empeoramiento de salud). El nexo causal entre el incumplimiento y estos daños se presenta evidente: la falta de acceso a la pensión genera las consecuencias descritas. Conforme al Código Civil (art. 1101 y ss.), procede indemnización.Protección de consumidores : Los pensionistas, como consumidores de servicios bancarios, están amparados por normativa de consumidores que exige información transparente y compensación cuando la entidad incumple obligaciones. Cualquier cláusula contractual que pretenda eximir de responsabilidad por demoras injustificadas sería abusiva y nula. Responsabilidad administrativa y sancionadora: Además de la reclamación civil, la entidad puede enfrentarse a la supervisión del Banco de España y posibles sanciones por incumplir obligaciones de continuidad operativa y de transparencia informativa, conforme a normativa de servicios de pago y de supervisión bancaria. 

 El retraso en el pago de la pensión afecta a la salud de las personas mayores en varios ámbitos. Salud mental: Estudios sobre estrés financiero en España muestran que la incertidumbre económica y la falta de liquidez generan ansiedad, insomnio, depresión y empobrecen la resiliencia de las personas mayores, quienes en muchos casos dependen exclusivamente de la pensión para cubrir gastos esenciales.  El hecho de no disponer de los fondos en la fecha esperada incrementa el sentimiento de vulnerabilidad y desesperanza. Salud física: El estrés crónico se asocia con problemas cardiovasculares, hipertensión, alteraciones del sueño y del apetito, dolores de cabeza y fatiga. Para personas de edad avanzada, estas dolencias pueden desencadenar situaciones de riesgo grave, especialmente si el retraso implica falta de recursos para medicamentos o atención médica oportuna.   Salud económica : El pensionista puede incurrir en gastos extraordinarios (pequeños préstamos con intereses elevados, adelantos a familiares) o penalizaciones (recargos por retraso en facturas domiciliadas). Esto reduce la capacidad de ahorro y aumenta la precariedad económica, con posible efecto acumulativo si el incidente se repite o coincide con otros imprevistos. 

 Es posible que el Banco Santander argumente: Fuerza mayor o causa técnica imprevisible: Sin embargo, la entidad debe demostrar que el incidente era verdaderamente imprevisible y que no existían medidas de contingencia razonables. En la práctica bancaria, es esperable contar con sistemas de respaldo y procesos ante incidencias en días clave como el pago de nóminas y pensiones.</li> Responsabilidad limitada en la autoridad ordenante : Puede alegar que la Administración establece la fecha oficial de pago y el banco sólo colabora, pero la práctica de abonar anticipadamente depende de la entidad. Si se anuncia una fecha anticipada, se asume la obligación de cumplirla.</li> Comunicación y mitigación: Podría decir que ha comunicado la incidencia con prontitud y que abonó tan pronto como se resolvió el fallo. Sin embargo, la calidad de la comunicación (si fue tardía o confusa) y la demora efectiva en el abono (sin fecha de valor retroactiva) determinan la responsabilidad  Consecuencias del retraso en el abono de las pensiones: datos y análisis 

 El abono de pensiones representa un flujo mensual significativo a la economía: en mayo de 2025, la nómina de pensiones contributivas superó los 13.500 millones de euros :contentReference[oaicite:16]{index=16}. Un retraso masivo en el abono, aunque sea de unos días, puede frenar temporalmente el consumo de bienes y servicios básicos que sostiene múltiples sectores, especialmente comercio minorista, alimentación y farmacia, donde las personas mayores destinan parte importante de su gasto. Desde la perspectiva macroeconómica, el aplazamiento generalizado puede:   Reducir la liquidez circulante y demorar el ingreso en la cadena de pago de productos y servicios esenciales. Generar incertidumbre en mercados locales donde los pensionistas constituyen una parte relevante de la clientela habitual, afectando pequeñas empresas y comercios de proximidadIncrementar la confianza negativa en la entidad bancaria y, potencialmente, en el sistema financiero si la demora se percibe como prueba de vulnerabilidad operativa, lo que puede derivar en decisiones de cambio de banco o de retirada de fondos a corto plazo.  

 El estrés derivado de la falta de liquidez, aunque sea temporal, puede provocar:  Aumento de ansiedad y preocupación constante: Los pensionistas que dependen exclusivamente de la pensión pueden experimentar miedo ante la posibilidad de no poder cubrir gastos básicos. Estudios en España indican que el estrés financiero es uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión en la población adulta :contentReference[oaicite:17]{index=17}.</li>   Insomnio y alteraciones del sueño: La incertidumbre económica puede dificultar el descanso nocturno, afectando la recuperación física y mental, especialmente en personas mayores cuyo sueño ya puede ser frágil. Sentimientos de desesperanza y pérdida de autoestima: La sensación de impotencia ante la falta de recursos puede agravar trastornos emocionales y fomentar aislamiento social.</li> Para ilustrar, si un pensionista de 75 años ve demorado su ingreso varios días repetidamente, puede entrar en un ciclo de preocupación crónica que derive en necesidad de asistencia psicológica o psiquiátrica, con costes adicionales y deterioro de calidad de vida.   

 El estrés crónico y la ansiedad prolongada tienen efectos directos en la salud física: Problemas cardiovasculares: El estrés emocional eleva la presión arterial y la carga sobre el sistema cardíaco, incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares en personas mayores, tal como indican múltiples estudios sobre estrés y salud en población adulta. Alteraciones del sistema inmunológico: El estrés prolongado puede debilitar la respuesta inmune, aumentando la vulnerabilidad a infecciones y otras enfermedades.</li>   Problemas de sueño y fatiga crónica: La falta de descanso reparador agrava enfermedades crónicas preexistentes, como diabetes o enfermedades respiratorias, y puede dificultar la recuperación tras episodios agudos. Dolores musculares y cefaleas: Asociados a la tensión continua, afectando la movilidad y el bienestar general.</li> En situaciones donde la demora implica falta de acceso a medicación crítica, el riesgo se agrava. Por ejemplo, si un pensionista necesita medicamentos crónicos y no puede reponerlos por falta de fondos, su salud puede deteriorarse rápidamente  

 La demora en el pago de pensiones no solo afecta al titular sino también a su entorno: Tensión familiar: Los familiares pueden verse obligados a adelantar dinero o tiempo para ayudar, generando carga emocional en ambas partes   Aislamiento social: La preocupación económica puede llevar al pensionista a reducir salidas y actividades recreativas, deteriorando su red de apoyo y bienestar emocional.</li>   Reputación y confianza : La percepción de inseguridad financiera puede minar la confianza en la entidad bancaria y en el sistema, afectando la relación a largo plazo y la tranquilidad del pensionista.  

 En junio de 2025, otras grandes entidades como CaixaBank anunciaron el mismo día de abono anticipado (24 de junio) y, en la práctica, cumplieron la fecha informada. Un retraso exclusivo de Santander, o con mayor incidencia en Santander, genera comparaciones negativas entre usuarios y puede repercutir en la reputación comercial de la entidad. Para los pensionistas, el criterio de elección de banco suele incluir la fiabilidad en el pago de nóminas y pensiones. Un episodio de demora puede motivar migraciones de clientes a otras entidades que ofrezcan garantías de puntualidad y atención prioritaria.  

 Como abogado especializado en derecho civil y de consumidores, se formulan las siguientes reclamaciones y peticiones dirigidas al Banco Santander: 

 Informe detallado del incidente : Solicitar explicaciones claras sobre la causa técnica del fallo, su origen, el número de clientes afectados y las medidas adoptadas para la resolución.</li> Comunicación pública y privada : Exigir que la entidad emita comunicación formal y proactiva a los clientes, indicando la situación, los plazos previstos de normalización y las posibles soluciones temporales 

 Se pide el abono inmediato de la pensión correspondiente, con fecha de valor retroactiva al 24 de junio de 2025, de modo que los clientes no pierdan derechos de intereses o se les eviten cargos vinculados a falta de saldo en esa fecha. Confirmación documental de la ejecución con fecha de valor solicitada. 

 Indemnización por daños materiales: Reembolso de gastos justificados derivados directamente del retraso (penalizaciones en facturas domiciliadas, gastos bancarios adicionales, pequeños préstamos o adelantos, costes de gestión médica por falta de fondos, etc.).</li> Compensación por daños inmateriales : Propuesta de cantidad compensatoria por el estrés emocional y deterioro de bienestar, a determinar mediante criterios objetivos (por ejemplo, importe simbólico por día de retraso y persona afectada), considerando jurisprudencia de tribunales en materia de responsabilidad bancaria y consumidor.</li> Bonificación adicional: En función de la gravedad y del número de afectados, valorar la concesión de beneficios comerciales (por ejemplo, exención temporal de comisiones, ofertas de productos sin costes) como reconocimiento de la incidencia y fomento de la lealtad 

   Plan de contingencia : Documentación sobre protocolos de respaldo y plan de acción en caso de fallos técnicos, con pruebas de resiliencia de sistemas y simulacros periódicos.  Mecanismos de atención prioritaria : Habilitar canales específicos para pensionistas en situaciones críticas, con atención dedicada y respuesta inmediata.   Evaluación independiente: Propuesta de auditoría externa de los sistemas de pago para certificar fiabilidad y evitar repetición  5. Procedimiento de reclamación y plazos    Reclamación interna: Presentar queja formal en oficina y a través de canales oficiales (sucursal, banca online, teléfono de atención al cliente), registrando fecha y número de expedienteDefensor del cliente: Si la respuesta interna no satisface, elevar la queja al defensor del cliente del Banco Santander: Banco de España: Si persiste la disconformidad, presentar reclamación ante el Banco de España como autoridad supervisora de entidades financierasOficina de Atención al Usuario de Servicios Financieros: Denunciar la incidencia ante el Ministerio de Asuntos Económicos, mediante su oficina de atención a usuarios de servicios financieros.</li> Vía judicial: Preparar demanda civil por responsabilidad contractual y extracontractual ante el juzgado de primera instancia competente, aportando documentación de daños, comunicaciones con el banco y argumentos legales   Mecanismos alternativos. Evaluar mediación o arbitraje, si el banco ofrece estos canales, aunque la vía judicial podría ser necesaria para daños inmateriales.  Recomendaciones prácticas para los pensionistas Para pensionistas afectados o en riesgo de verse afectados en situaciones similares: Planificación y comunicación: Estar atentos a comunicaciones del banco sobre fechas de abono y posibles incidencias. En caso de aviso de demora, solicitar inmediatamente confirmación por escrito y plazo de resolución. Documentación de daños : Conservar facturas, justificantes de pagos fallidos, comprobantes de préstamos o adelantos solicitados por falta de liquidez, y, si se produce impacto en la salud, informes médicos o psicológicos que relacionen el estrés con la demora.   Reclamación temprana: No esperar a la normalización; presentar la reclamación interna el mismo día o inmediatamente después de confirmarse el retraso, para registrar la incidencia y evitar pérdida de derechos.   Consulta legal: En casos de daños significativos, considerar la asistencia de un abogado o asociación de consumidores para valorar el alcance de la indemnización y asesorar sobre la vía judicial. Opciones financieras alternativas : En el corto plazo, explorar líneas de crédito de urgente necesidad sin intereses o apoyos sociales, como anticipos de ayudas municipales o de ONGs, para paliar necesidades básicas mientras se resuelve la incidencia bancaria  Contenido actualizado. Se incluye referencia a la fecha específica del incidente (24 de junio de 2025), datos estadísticos recientes (mayo 2025) y normativa vigente (Ley 16/2009, Real Decreto-ley  de revalorización de pensiones 2025), lo que incrementa la relevancia temporal.    Conclusión y próximos pasos En conclusión, el retraso en el abono de las pensiones ordinarias y paga extra del mes de junio de 2025 por parte del Banco Santander constituye una mala praxis bancaria que vulnera obligaciones legales y contractuales, genera daños materiales e inmateriales a cientos de miles de pensionistas y afecta negativamente su salud mental, física y situación económica. Los datos de la Seguridad Social (más de 10,3 millones de pensiones abonadas en mayo de 2025 a más de 9,3 millones de pensionistas) y la práctica habitual de abono anticipado el 24 de junio establecen un contexto en que la demora se percibe como un incumplimiento grave.   Desde la perspectiva jurídica, la Ley 16/2009 sobre servicios de pago, la normativa de la UE sobre transferencias SEPA, el Código Civil y la normativa de protección al consumidor imponen obligaciones claras de puntualidad, transparencia y medidas de contingencia. El Banco Santander debe asumir responsabilidad por la negligencia en la gestión de sus sistemas y la falta de comunicación proactiva, y proceder al abono retroactivo con fecha de valor correcta, así como indemnizar los daños materiales y morales causados.   Se recomienda a los pensionistas afectados iniciar de inmediato reclamaciones internas con el banco, documentar todos los perjuicios, elevar la queja al defensor del cliente y al Banco de España, y, de ser necesario, presentar demandas ante los juzgados de primera instancia para asegurar la reparación integral del daño. Asimismo, se urge al Banco Santander a revisar y reforzar sus sistemas de pago y protocolos de contingencia, con auditorías independientes, para evitar reincidencias y restablecer la confianza de sus clientes.  El objetivo de esta reclamación y queja formal es no solo reparar el daño individual de cada pensionista afectado, sino también promover la mejora de la calidad y fiabilidad del servicio bancario en un tema tan crítico como el pago de pensiones, que incide directamente en la dignidad y bienestar de decenas de miles de personas mayores. El compromiso de las entidades financieras con la puntualidad y transparencia en la gestión de pagos periódicos es esencial para la cohesión social y la estabilidad económica.  Finalmente, se recuerda la importancia de la solidaridad intergeneracional y del buen funcionamiento del sistema de pensiones en su conjunto. Cualquier fallo en este engranaje, como un retraso masivo en el abono de prestaciones, no solo afecta a los pensionistas, sino también a la confianza en el sistema financiero y en las instituciones públicas. Por ello, es imprescindible que el Banco Santander reconozca su responsabilidad, compense debidamente a los afectados y to
me medidas efectivas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.


F.D.O Jorge Ruiz Centelles a 24 de junio de 2025.  

y enviado a:  [email protected] 

Muchas gracias cielo 😘 💕 💖 💜 

Banco Santander es San Juan 

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Un abrazo muy fuerte desde Mallorca con cariño I amor 👺❤️🖤👹🔥😎😉🤗💪👋

Las cuatro de la tarde y sin cobrar  

Al llamar al teléfono este del santander.la super línea., ahora sale un mensaje que dice...si tú duda es sobre la pensión pulse 1 en caso contrario pulse 2. Si pulsas 1 te sale una locución que dice que el abono y su paga estará mañana día 25. Podéis comprobarlo 

Felicidades compi no he querido entrar hoy al foro ya veo que está la cosa malamente para todos , no nos queda otra a mí estás situaciones me dan ansiedad con 3 hijos pequeños pero bueno todos estamos afectados , un abrazo cibernauto desde Almería, aguantemos los fieles en fin ellos saben perfectamente cuándo lo van a ingresar , hablar por WhatsApp, telefónicamente ,en persona te van a decir una cosa diferente , pero ya Santander empezó por el paro y ahora que somos muchos más con las pensiones discapacidad etc , toca esperar aunque sea desesperante un saludo y que pases buen día la vida es así , muchos problemas como ahora e internos 👍😎💯🥂🍾

Lo confirmo. He hablado con un agente y estarán ingresados los pagos mañana a primera hora. Fin

Un gran abrazo de gigante compi siempre juntos y.en estos momentos más juntos y fuertes que.nunca 💪 💚 ♥️ 💕 💙 ❤️ 💚💕👹👺🙌🔥😎.
Un abrazo muy fuerte desde Mallorca con mucho cariño I mucho AMOR 💘 💕 ❤️ ♥️ 💖 

Digo yo que será entre 10y media 12 de la noche 

Yo he enviado un mail con mi queja al respecto. Ya que como mínimo considero que alguien nos tendría que haber dicho algo, tranquilizandonos y no habría llegado la cosa al extremo al que ha llegado.