Los nuevos impuestos de Sánchez tocan al 50% del Ibex
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha avanzado esta semana sus nuevos planes para hacer frente a los efectos de una inflación desaforada y evitar que la crisis golpee a las rentas más modestas. En un movimiento a la izquierda, el Gobierno ha optado por repartir la carga de la escalada de los precios y penalizar fiscalmente a las empresas que se hayan podido beneficiar, o que se vayan a ver beneficiadas, por la subida de los precios energéticos y el alza de los tipos de interés del BCE, medida de choque frente a la inflación. Sánchez anunció en el primer debate sobre el estado de la nación en siete años dos nuevos impuestos que gravarán los denominados beneficios caídos del cielo de las energéticas y financieras. Serán dos tributos de nuevo cuño de carácter temporal y excepcional, con los que buscan recaudar 7.000 millones en dos años.
La tasa a las energéticas gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 gracias a la subida del petróleo y el gas natural por eléctricas, gasistas y petroleras y se estima recaude 2.000 millones de euros al año. Con el impuesto a la banca el Ejecutivo aspira a obtener unos 1.500 millones anuales. Por lo pronto, el anuncio ha tenido un claro impacto en clave bursátil. Solo en la jornada del martes, día del anuncio, el sector bancario se dejó en Bolsa un valor de 5.300 millones de euros. En la semana el castigo se eleva a 6.400 millones, 11.800 millones si se incluyen además a las energéticas.
Afectarán, según lo esbozado, a empresas energéticas y entidades financieras que ingresen más de 1.000 millones de euros al año. Tomando como base las cuentas de cierre de 2021, las tasas afectarían a 12 valores del Ibex 35 que tienen un peso en el selectivo por ponderación del 49,3%. Iberdrola, Repsol, Red Eléctrica, Acciona, Endesa, Naturgy y Acciona Energía se verían afectadas. En el sector financiero, la medida gravaría a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Sabadell dentro del Ibex. Pero también a otras firmas como Unicaja, Abanca, Kutxabank y Cajamar. Quedaría fuera Ibercaja.
El gravamen a las energéticas afectaría además a otras empresas como Cepsa, la eléctrica portuguesa EDP, petroleras como BP, Galp, Disa, Meroil, Esergui, Saras, y comercializadoras de gas y luz independientes como Axpo, Fortia y Fenie. Está por ver si quedan exentas las empresas dedicadas exclusivamente al negocio de redes, como Enagás, Redeia, Madrileña Red de Gas y Redexis. Y quedaría fuera Solaria por no alcanzar el umbral de la facturación.
A falta de detalles concretos que puedan analizar fiscalistas y analistas financieros sobre la viabilidad de los tributos y su impacto en las cuentas de las empresas afectadas, los expertos dudan de la capacidad del Gobierno para aplicar esta medida y hacen cábalas sobre qué parámetros serán los utilizados, más allá de la facturación anual. Por el momento el Gobierno ha puesto en marcha una ronda de contactos con las patronales energéticas y la semana que viene hará lo propio con el sector bancario.
Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, critica las medidas y asegura que “subiendo los impuestos a las empresas no se arregla el problema de la inflación ni del déficit. No se pueden hacer soflamas con la política fiscal”. Eso sí, descarta que los nuevos gravámenes tengan impacto directo en la inversión extranjera: “Los inversores miran a largo plazo y los gravámenes tienen una duración de dos años”, recuerda.
Las firmas de análisis y agencias de rating ya han comenzado a hacer estimaciones. En el caso del gravamen a la banca, creen que el impacto estará entre el 4% y el 15% de su beneficio. S&P se posiciona en la parte alta de la banda, un 12%, y Goldman Sachs y Morgan Stanley lo rebajan a entre un 3% y un 4% en el caso de las ganancias netas de Santander y BBVA para 2023 y a un impacto en la ratio de capital CET 1 de 10 puntos básicos. Sobre la fórmula escogida por el Ministerio de Hacienda, en Citi hablan de tres opciones: un gravamen sobre los depósitos o sobre los ingresos, y un recargo al impuesto de sociedades, opción que ven menos probable.
En Credit Suisse apuestan por dos alternativas, que la tasa sea proporcional a la cuota de negocio en el mercado español o un tipo impositivo del 10% antes de impuestos. En el primer escenario, CaixaBank afrontaría el pago de 400 millones y le seguirían Santander (300 millones) y BBVA (200). Creen que este recargo equivaldría en el caso de CaixaBank a seis céntimos de euro por acción y cuatro en el caso de BBVA. Cálculos que les llevan a considerar que el impacto en Bolsa total sería de un 4% para CaixaBank, inferior al 8,6% del pasado martes.
En el caso de las energéticas, el anuncio de la tasa a los beneficios caídos del cielo ya venía de semanas atrás. En CaixaBank estiman que la mayor carga fiscal al sector no es la forma más eficaz de mitigar la subida de los precios del gas y la electricidad. Desde JP Morgan descartan con el anuncio y las estimaciones de recaudación que la tasa llegue a aplicarse a los promotores renovables independientes.
Atendiendo a impacto por empresas concretas, en JB Capital Management consideran que Repsol y Endesa serían las más afectadas, con un impacto del 6% y el 4% respectivamente.
El espejo europeo
El Gobierno español no es el único que está diseñando un gravamen para los beneficios caídos del cielo de las energéticas para paliar el impacto entre los pequeños consumidores. Italia, espejo en el que parece mirar el Gobierno español, cuenta con una tasa del 25% de los beneficios extraordinarios logrados por las empresas por el impacto de la subida de los precios energéticos –entre octubre de 2021 y marzo de 2022, siempre que sean superiores a cinco millones de euros– para financiar un paquete de ayudas directas a las familias. Reino Unido, Bélgica y Grecia también cuentan con los suyos.
No hay comparables europeos por ahora para el gravamen a los beneficios obtenidos por la banca con la subida del euríbor, aunque el debate ha llegado ya al seno del propio BCE. Algunos cálculos preliminares apuntan que la banca de la zona euro podría lograr unos beneficios adicionales por el alza de los tipos de hasta 24.000 millones de euros, si bien desde la institución se ha puesto en duda que el alza de los tipos vaya a impulsar el beneficio de los bancos, tras años de márgenes comerciales muy estrechos. Hungría es el único país que por el momento ha adoptado esta fórmula. Cierto es que otros países tuvieron vigentes distintos gravámenes específicos para el sector para recuperar el dinero de los rescates tras la crisis de 2008, que en España nunca llegó a estar sobre la mesa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sí que trató en 2018 de poner en marcha un recargo del 8% en el impuesto sobre sociedades al sector financiero para rebajar el abultado déficit de la Seguridad Social. Propuesta a la que se sumó la aplicación de un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo, pero que se quedaron finalmente en el cajón. Cuatro años después y con una inflación del 10,2% en junio, el Gobierno retoma sus planes pese a las dudas sobre la capacidad de adopción.
Los expertos de Goldman Sachs dan la voz de alarma, eso sí, de que la creación de la tasa a la banca pueda extenderse a más Estados, y mantienen que mientras el sector bancario se beneficie de la subida de los tipos y esté bien capitalizado podría ser objetivo de una mayor atención fiscal por parte de las haciendas públicas.
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