La situación del sector bancario, en especial de las Cajas de Ahorros, sigue centrando buena parte de la atención económica.
La Ministra de Economía ha hecho varios anuncios al respecto.
- Para devolver la credibilidad a nuestro sistema financiero, se elevará el ratio de capital básico (TIER 1) al 8% (los últimos test de stress consideraban que una entidad era solvente si superaba el 6%). Además, esta exigencia podrá aumentar si los activos poseídos por una entidad presentan un perfil de riesgo más importante (lo que ocurre con muchas cajas de ahorros, por lo que algunos artículos sugieren que más de una entidad deberá alcanzar el 10%).
- Las entidades que no cumplan este requisito, deberán ampliar su capital para lograrlo. Las cajas que no lo cumplen (buena parte de ellas), deberán acelerara su proceso de conversión en bancos y captar dinero de inversores privados. Si no lo logran (algo probable, dada la falta de confianza de los mercados), el FROB aportará el dinero necesario, pero no lo prestará a las entidades, sino que suscribirá ampliaciones de capital con ese dinero, con lo que el Estado pasará a ser accionista de las cajas que no sean capaces de captar capital privado. Se ha anunciado también que esta participación no permanecerá en manos públicas durante más de cinco años (es decir, se venderá a inversores privados en cuanto la situación de los mercados mejore). Se ha anunciado que el FROB dispondrá de 20.000 millones de euros para realizar aportaciones de capital de este tipo. Algunos informes habían estimado en las pasadas semanas que sería necesario aportar entre 40.000 y 80.000 millones para recapitalizar las cajas, pero se supone que parte de ese dinero provendrá de inversores privados, por lo que la cantidad anunciada por la Ministra de Economía parece adecuada, al menos de momento.
Las medidas anunciadas parecen bastante razonables. A pesar de la reticencia y la lentitud mostrada por las cajas para reestructurarse, la presión de los mercados está obligando al gobierno a tomar medidas ya que, sin credibilidad, el capital extranjero huye, y ahora es absolutamente necesario para poder refinanciar la importante deuda de nuestro sector público y de nuestras entidades financieras.
La situación parece adelantar que una parte de las cajas terminarán privatizándose. Los SIP que se han constituido el mes pasado son, más o menos, bancos cuyas acciones pertenecen a las diferentes cajas que han formado parte de la fusión. Si hay que ampliar capital, el porcentaje inicial de las cajas fusionadas se irá diluyendo, y, si la ampliación necesaria es importante, los nuevos socios que la adquieran podrían alcanzar más del 50% de la propiedad del nuevo banco, convirtiendo a las cajas actuales en meras fundaciones, accionistas del banco resultante, que se limitarán a decidir como invierten los dividendo recibidos en obra social.
Mi lectura de la situación actual podría resumirme de la siguiente manera:
Las Cajas de Ahorros han estado controladas por los políticos desde hace mucho tiempo, que han venido colocado a miembros o simpatizantes de su partido en los puestos clave. La crisis, unida a la mala gestión, favores personales de los altos cargos, influencias políticas, etc., ha colocado a muchas cajas en una situación próxima a la insolvencia. Cuando la situación ha llegado a ser desesperada, los consejos de administración de las cajas han hecho lo posible por ocultar el verdadero estado de las cuentas y por retrasar los procesos de fusión hasta que no han tenido otro remedio. Por lamentable que parezca, todo ha ido terriblemente lento porque los políticos querían conservar su influencia en las cajas, y los altos cargos de esas entidades querían conservar sus bien remunerados puestos de trabajo. Si el Banco de España intervenía las entidades, unos y otros perdían sus privilegios, por lo que se ha dejado caer al mínimo de entidades posibles (Cajasur, controlada por el clero, y CCM, que había concedido créditos muy arriesgados por diferentes motivos).
Con la solución adoptada, algunas entidades (las mejor gestionadas) sobrevivirán, manteniendo la influencia política en sus consejos de administración. Otras necesitarán recapitalizarse y, como el dinero público escasea (debido sobre todo a la presión de Alemania y sus bancos, cansados de tanto despilfarro), se recapitalizarán con dinero privado. En ese caso, los políticos perderán poder sobre las cajas, pero los altos cargos (en su mayoría gente de algún partido político o nombrados por ellos) conservarán sus puestos de trabajo, aunque ahora como directivos de la fundación en la que quedará convertida cada caja con problemas. Eso hace que esos directivos conserven su empleo, su sueldo y sus privilegios, aunque ahora su trabajo se limitará a acudir a las reuniones del consejo de administración, a las juntas de accionistas y a decidir como gastan en obra social el dinero que la fundación reciba como dividendos. En resumen, todo parece indicar que muchos de los directivos actuales quedarán contentos con el cambio, ya que cobrarán el mismo sueldo por hacer mucho menos trabajo.
Si no logra captarse dinero privado, lo aportará el estado, aunque sólo temporalmente, hasta que consiga vender la participación que adquiera.
Tanto las cajas que sobrevivan como las que se privaticen, se reestructurarán, pasando a depender en buena medida de unos servicios centrales que racionalizarán procesos, despedirán a los empleados que sobren (normalmente con prejubilaciones, pagadas con dinero público), cerrarán las sucursales menos rentables y lograrán así reducir costes, haciendo a las nuevas entidades más competitivas.
De esta manera gana el gobierno, que ha encontrado una manera de mejorar la credibilidad de nuestro sistema financiero y, probablemente, logrará con ello reducir la presión de los mercados y dejar de estar en el centro de atención de la prensa económica mundial. Ganan también los directivos de las entidades, que logran conservar sus puestos de trabajo. También los bancos privados, que verán como se privatiza una parte de las cajas, ofreciendo a los que tengan liquidez la posibilidad de comprar alguna, ampliando su cuota de mercado a un precio interesante. Los partidos políticos seguirán conservando el control de algunas entidades, lo que les permitirá seguir haciendo favores personales y financiando proyectos que les den votos. Los bancos internacionales también deberían quedar satisfechos con la medida, porque, sacando adelante a todas las entidades españolas, se garantiza que los acreedores (es decir, los bancos alemanes, franceses, americanos…) recuperarán todo el dinero que prestaron a los españoles durante los años del boom inmobiliario.
Así que la solución es más que aceptable, porque ayuda a resolver un gran problema de tal forma que todos ganan. El único que pierde es el contribuyente, ya que las prejubilaciones se pagarán con dinero público (muchos empleados de las cajas se jubilarán con 50 años, y seguirán cobrando su sueldo casi integro hasta los 65, mientras el gobierno aprueba un aumento en la edad de jubilación para el resto de los empleados del país). Además, una parte de las cajas (que, al no tener dueño, pertenecían a la sociedad), se malvenderán en el peor momento posible. Si se hubieran privatizado hace cuatro años, se habrían logrado valoraciones mucho más altas.
Sin embargo, la solución planteada, resuelve de forma más o menos satisfactoria las dudas que tenían los mercados a principios de diciembre, es decir, que un agujero patrimonial en las cajas obligase a aportar grandes cantidades de dinero público para recapitalizarlas, como sucedió con los bancos irlandeses, provocando emisiones inesperadas de deuda pública y fuerte desconfianza de los inversores internacionales. La cantidad prometida por el gobierno (20.000 millones de euros) es pequeña (el gobierno emitió el año pasado unos 40.000 millones de más, para hacer frente a eventuales imprevistos), por lo que parece que las tensiones en este sentido podrían relajarse.
No obstante, los problemas de fondo de la economía española (efectos en la economía de los inmenentes recortes de gasto público, posible depreciación duradera de activos inmobiliarios, situación próxima a la insolvencia de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, baja competitividad,…) siguen sin resolverse, por lo que, con bastante probabilidad, en los próximos meses, la mala situación económica española volverá a estar en boca de todos, aunque probablemente por otros motivos.
