En la situación actual, en la que los ciudadanos consideran, según el último barómetro del CIS de febrero, que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) solicita la realización de un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y en todos los partidos. Este plan debería tener carácter de permanencia, por lo que debería incluirse todos los años en el Plan de Control Tributario.
El informe que ha presentado la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, denominado "Problemas de la agencia tributaria en la lucha contra el fraude fiscal", se manifiesta la necesidad de demostrar que España posee un sistema tributario que justo y que afecta por igual a todas las personas. Resulta impensable que en un Estado de Derecho, integrado en la Unión Europea, surjan casi diariamente, casos de corrupción, sin que las distintas partes responsables traten de frenar esta lamentable situación.
En el año 2008, España presentaba más de 1.000 casos de corrupción, principalmente, relacionados con temas urbanísticos, y desde entonces han continuado de forma incesante estos supuestos. Para tratar de combatir la corrupción que invade nuestro país, la IHE plantea las siguientes propuestas anticorrupción:
- Realizar un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las Administraciones y de partidos políticos.
- Obligación de remitir a la Agencia Tributaria, en la forma, plazos y modelos que se determinen, la información de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones, como es la declaración de bienes y rentas que han de presentar los diputados en el Congreso.
- Seguimiento patrimonial especial a personas que hayan sido condenadas por corrupción.
- Tipificar y castigar con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en las declaraciones patrimoniales.
- Crear canales de comunicación para fomentar la denuncia pública.
- Promover la fiscalía anticorrupción.
- Aprobar una ley anticorrupción.
