Buenas noches:Le transmito párrafos de la STS 941/2024 - ECLI:ES:TS:2024:941 Caso nulo de pleno Derecho, venta en pérdidas.También son casos nulos de pleno Derecho los casos de las tansmisiones de más de 20 años.No prescribe ningún acto nulo de pleno Derecho. <<Esta conclusión también es aplicable en el caso de la declaración deinconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, pese a los singularestérminos en que se pronuncia el Tribunal Constitucional al proclamar que losartículos 107.1 y 107.2.a) LHL son inconstitucionales únicamente en la medidaen que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidadeconómica. Cuando se ha afirmado que la declaración de inconstitucionalidadefectuada en la STC 59/2017 es “parcial”, como se dijo en nuestra STS1163/2018, de 9 de julio (FJ 4.1), expresión que el propio TribunalConstitucional también utiliza en la STC 126/2019 «[…] en coherencia con ladeclaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59/2017 […]» (FJ 5), lo querealmente se afirma es que resultan inconstitucionales ante unos determinadossupuestos de aplicación, esto es, «[…]únicamente en la medida en que someten atributación situaciones inexpresivas de capacidad económica». Por tanto, no se trata deque el texto de estos preceptos sea en parte inconstitucional, sino que lo essolo cuando se aplican a determinados supuestos, aquellos en los que noexiste manifestación de capacidad económica. Es cierto que es una formulacompleja, que se aproxima bastante a la de las sentencias interpretativas delTribunal Constitucional, pero que, sin embargo, no permite la pervivencia de lanorma inconstitucional en todo caso, aunque con una determinadainterpretación, que es el efecto característico de las sentencias interpretativas.Por consiguiente, es una fórmula de declaración de inconstitucionalidad queimpide la aplicación de la norma inconstitucional a determinados supuestos, ysiempre que concurran tales supuestos, estaremos ante un resultado contrarioa la Constitución, también en el acto de aplicación. Ahora bien, que ellorequiera una labor de indagación para determinar si la aplicación de la normase ha hecho en un supuesto en que resulta inconstitucional, no implica que entales casos ceda la plenitud del mandato de remoción de efectos de la normainconstitucional.La fase de admisión de la solicitud de revisión de oficio permiteconstatar, sin dificultad alguna, si la solicitud de revisión de oficio se refiere aun acto de aplicación que operó sobre aquellos supuestos que no quiso afectarla STC 59/2017 –aquellos en los sí existió un incremento del valor de losterrenos– e inadmitir la revisión de oficio cuando manifiestamente no concurrala nulidad de pleno derecho del acto de aplicación. Por otra parte, cualquiersituación que suscite dudas sobre si existió o no aplicación de la norma a unsupuesto en el que resultaría inconstitucional –inexistencia de incremento devalor de los terrenos en la transmisión gravada- puede resolverse en el cursodel propio procedimiento de revisión de oficio, sin que ello suponga unareconstrucción de la fase de gestión tributaria, sino sencillamente laverificación de si concurre el supuesto para el que la STC 59/2017 declaró quela aplicación de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL es inconstitucional y nula. Sila situación no concurre con la suficiente evidencia, la revisión de oficio deberáser rechazada.Hay que advertir que al resolver sobre la revisión de oficio se debenponderar todos los intereses concernidos, y, en especial, si ha existidoafectación sustancial de principios constitucionales por el acto firme deaplicación de la norma declarada inconstitucional. En el caso de lasliquidaciones por IIVTNU que hubieren gravado transmisiones en las que nohaya existido incremento del valor del suelo, no se puede obviar que no solose trata de actos nulos, sino que, además, son actos que han producido unalesión efectiva de un principio de rango constitucional, el de capacidadeconómica como fundamento y límite de la obligación de contribuir alsostenimiento de las cargas públicas, y han vulnerado de manera real yefectiva la prohibición de confiscatoriedad del artículo 31.1 CE, por lo que elrestablecimiento del pleno respeto a la Constitución exige la posibilidad deabrir el cauce de revisión de tales actos, para impedir la perpetuación de unalesión de estos valores constitucionalmente protegidos. Por el contrario, noexiste ningún interés jurídico digno de protección que se oponga a la revisiónde oficio, ni lo reclama el principio de seguridad jurídica, pues la seguridadjurídica precisamente se garantiza a través de la remoción de efectos de losactos que, de otra manera, perpetuarían una lesión de principiosconstitucionales protegidos en el artículo 31.1 CE. Por otra parte, como es característico de la potestad de revisión de oficio, deberá ponderarse el tiempo transcurrido desde que se produjo el ingreso de la cantidad liquidada por el acto nulo de pleno derecho hasta que se insta la revisión.>>El último párrafo en cursiva se refiere a los intereses que se generan en ese tiempo y no a otra cosa.https://spanish.vlexblog.com/wp-content/uploads/2024/03/Sentencia-liquidacion-firme-IVTNU.pdfhttps://www.poderjudicial.es/search/openDocument/925f4ac7054b033ea0a8778d75e36f0dEl segundo de los enlaces es el oficial del CGPJ.Saludos.
