Les acusa junto a otras 8 personas de usar una empresa pública del Govern para "diseñar una mecánica con la que enriquecerse injustamente". La investigación denuncia el pago de dinero público a cambio de informes plagiados de la OMS "con las fechas retocadas".
Hasta 37.000 euros públicos por informes plagiados de Internet, uno de ellos fusilado de la Organización Mundial de la Salud. Cinco mil euros al mes durante un año por labores de asesoramiento que se traducían en informes de una página de extensión. Y la utilización de la empresa pública dedicada a potenciar la Televisión Digital Terrestre para tejer un entramado con el que favorecer presuntamente a amigos, personas de su entorno y miembros del partido, regándoles con fondos públicos, amañando contratos y pagando a cambio de trabajos de nulo aprovechamiento público o directamente inexistentes. Así hasta desviar 407.000 euros en tres años (2008-2011).
Son algunos de los cargos del caso Multimedia, bautizado en alusión a la empresa pública dependiente del Govern balear (Multimedia de les Illes Baleares) que fue presuntamente corrompida por altos cargos socialistas, y que ahora mantiene a las puertas del banquillo a tres expolíticos del PSOE balear, acusados por la Fiscalía de graves delitos tras una larguísima investigación judicial.
Entre los acusados están el ex director general de Tecnología del Gobierno balear durante la legislatura 2007-2011 y senador hasta 2015, Antoni Manchado, hombre fuerte del PSOE en Calvià, uno de los municipios más poblados de Mallorca. También el ex director general de Coordinación, José Antonio Santos Hierro, histórico del partido en Menorca que ya estuvo al frente de la empresa pública ferroviaria mallorquina; y Francisco Cano, ex líder de los socialistas en Calvià, miembro de la facción najerista del PSOE de las Islas -liderada por la histórica ex consejera de Turismo Margarita Nájera- y padre de la actual portavoz del PSIB en el Parlament, Silvia Cano, una de las políticas jóvenes más pujantes del PSOE y del círculo de la presidenta balear Francina Armengol.
El caso estalló hace seis años, cuando una investigación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma acabó en la Fiscalía Anticorrupción de las Islas, entonces colapsada por las investigaciones de los escándalos de Unió Mallorquina (UM), del Govern Matas y del caso Urdangarin.
EL MUNDO ya había destapado en sus informaciones periodísticas algunas de las prácticas gestadas en el seno de Multimedia. Como el pago por informes plagiados o el contrato pantalla adjudicado a Video U, una productora que había sido previamente empleada como vehículo de corrupción al ser controlada por testaferros de antiguos políticos de UM en el reparto de fondos procedentes del Consell.
Sin embargo, la instrucción judicial quedó paralizada en los tribunales por la merma en el número de fiscales anticorrupción en los últimos años. Y no ha sido hasta ahora cuando se ha reactivado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma para desembocar en un duro informe acusatorio de la Fiscalía, que retrata uno a uno el desvío de fondos y tipifica la presunta comisión de seis graves delitos (malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y prevaricación).
El Ministerio Fiscal acusa a once personas, ex políticos y contratistas, que se han defendido negando siempre las acusaciones y sosteniendo que los trabajos se realizaron y eran útiles. En la larga instrucción ninguno de ellos ha sido sometido a medidas cautelares.
La Fiscalía pide para todos ellos un total de 142 años de cárcel. Santos y Manchado afrontan elevadas peticiones de condena por la presunta comisión de delitos que suman 17 años de prisión. Para Cano la fiscal reclama 14 años por beneficiarse presuntamente de su relación de amistad con Manchado para ser colocado mediante una contrata que supuso para la empresa pública 5.000 euros al mes. A cambio, señala la Fiscalía, entregaba informes mensuales de una página cada uno enumerando sus gestiones. Cano defendió su labor como interlocutor de la empresa pública con los ayuntamientos en el proceso de digitalización de Mallorca.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma, ahora dependiente del gobierno que controla el PSOE, también pide prisión, aunque, según apuntan fuentes judiciales, se desmarca de la Fiscalía y rebaja notablemente el cómputo, dejando en dos años la pena propuesta para Cano. El escándalo será juzgado en la Audiencia en los próximos meses.
La Fiscalía esgrime que se pergeñó una "mecánica diseñada para enriquecerse injustamente" mediante la "sustracción" de recursos públicos, presentando "facturas inveraces" que después eran certificadas por los funcionarios públicos, que hacían "dejación de funciones de forma deliberada". Así "se beneficiaba a amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes de Multimedia", miembros del partido o colaboradores personales, como el contable particular de uno de los altos cargos. El dinero se pagaba por asesorías o trabajos fantasma. Labores "que no representaban ninguna utilidad para la Administración". Para vestir el gasto presentaban documentos que o bien eran una copia de informes anteriores o bien "habían sido obtenidos directamente de Internet, facturándose por trabajos o realizados u horas inexistentes".
Es paradigmático el informe plagiado del Consell Audiovisual de Catalunya sobre la televisión digital terrestre u otro estudio sobre el "vehículo eléctrico" facturado por valor de 51.930 euros que "se limitó a cuatro diapositivas en formato Power Point y un documento Word consistente en un resumen de esas diapositivas en el que dijeron haber invertido 800 horas", según sostiene la investigación de la Fiscalía.
La investigación detectó igualmente cómo se llegaron a pagar 18.800 euros a la empresa 2001 Interinsular SL, administrada por un amigo personal y socio de Santos, por un informe de 207 páginas sobre "las oportunidades de internacionalización de los avances en el sector TIC". De esas páginas, 170 habrían sido extraídas de Internet. El trabajo era una copia de una sesión de un comité regional de la OMS celebrado en Washington DC. "Hicieron algunos retoques, fundamentalmente el cambio de años para simular que el informe es anterior a la fecha de la factura". Eso pese a que la reunión original de la OMS era posterior a la fecha de la factura, esgrime la acusación.
De las decenas de escándalos de corrupción política investigados en las Islas durante la última década, es el segundo en los últimos dos años en el que se reclaman condenas de prisión para antiguos políticos del PSOE. El ultimo fue el caso Mar Blau, una denuncia sobre el amaño de adjudicaciones portuarias que implicó al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay. La Fiscalía llegó a reclamar 10 años de cárcel para Triay pero finalmente alcanzó un acuerdo de conformidad a las puertas del juicio, pactando penas menores para los principales acusados y retirando los cargos contra Triay, que fue absuelto.
