El Congreso sigue el trámite para que el Supremo pueda procesar al nº3 de Podemos Alberto Rodríguez
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez en la tribuna del Congreso. (Foto: Podemos)
La
Comisión del Estatuto de los Diputados, encargada de la tramitación de las peticiones de suplicatorio en el Congreso de los Diputados, ha tomado este jueves en consideración el de
Alberto Rodríguez, secretario de Organización de
Podemos, por patear a un agente de
policía durante una manifestación contra la Ley Wert en Canarias. Se trata del primer paso para que Rodríguez sea procesado por un
delito de lesiones y de atentado contra la autoridad.
A partir de ahora, la comisión dispone de un plazo de 30 días hábiles para resolverlo. Es habitual que este plano no se agote, con lo que podría tomar una decisión antes de que acabe el año.
El Tribunal Supremo decidió elevar el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad de que Rodríguez goza en tanto parlamentario y poder así proceder contra él por los hechos acontecidos en 2014. Cabe recordar que Rodríguez se negó a prestar declaración voluntaria como imputado y había requerido el archivo de la causa. El diputado, en contra del mensaje que transmite su partido, se parapetó bajo el privilegio del aforamiento.
El magistrado del Supremo, Antonio del Moral, destacó que «existen indicios cualificados de que (Alberto Rodríguez) propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)».
El magistrado subrayaba además que “se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización prevista en el referido precepto constitucional, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de esta Sala Segunda para que le confiera el trámite correspondiente».
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El lunes, tras la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, el órgano lo calificó con el apoyo de todos los miembros, incluido Podemos. Ahora, tras su toma en consideración en la Comisión del Estatuto del Diputado haga lo propio este jueves, empezará a correr el plazo máximo de 30 días hábiles que tiene para presentar una propuesta.
Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.
Después, la comisión elevará sus conclusiones al Pleno del Congreso, donde el PSOE, con sus 120 diputados, tendrá un papel decisivo en su tramitación.
Conversaciones con el PSOE
Como
publicó OKDIARIO, Podemos mantiene conversaciones con sus socios de Gobierno en relación al suplicatorio. El secretario primero de la Cámara baja y compañero de Rodríguez en el grupo de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común,
Gerardo Pisarello, lo reconoció este lunes a pregunta de este periódico.
Así, Pisarello señaló que Podemos y PSOE se encuentran «discutiendo» sobre este asunto, aunque no concretó más detalles.
En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió este trámite en unas dos semanas. En total, son 60 días como máximo para que el Congreso se responda al Supremo desde la llegada del suplicatorio. Este plazo no suele agotarse.
No obstante, el reglamento de la Cámara establece que «el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio».
El posicionamiento del PSOE podría marcar precedente en el supuesto de que el Tribunal Supremo siga los mismos pasos con el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en el caso Dina. Ello, si la Audiencia Nacional vuelve a darle traslado de la acusación contra este aforado, acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, con agravante de género, y daños informáticos.
La última negativa del Congreso a un suplicatorio tuvo lugar en 1988, cuando el ex ministro socialista José Barrionuevo fue denunciado por el hermano del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa por incluir fotos suyas en carteles del Ministerio del Interior.
El pasado mes de junio, el Congreso votó el suplicatorio de la que fue portavoz de JxCat en la Cámara, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas.
Rodríguez, en unas recientes declaraciones en Radio Club Tenerife, afirmó que si el suplicatorio llegara a prosperar, acudiría a declarar.
Sin embargo, señaló: «Yo lo único que hice ese día fue manifestarme por la educación pública y contra los recortes». «Tengo la conciencia muy tranquila», añadió.
