IGLESIAS RETA AL JUEZ DEL 'CASO DINA': ANUNCIA QUE DEJARÁ EL ESCAÑO Y SE EXPONE A LA IMPUTACIÓN
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, avanza que dejará el escaño antes que la vicepresidencia segunda, es decir, antes del próximo 30 de marzo (o ese mismo día). De esta forma, sin el aforamiento, Iglesias se expondrá durante más de un mes a una eventual imputación por parte del juez que investiga el 'caso Dina'.
SEGUNDO SANZ
#5147
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Monedero giró su factura 'fake' de Neurona a una casa en un suburbio del narco mexicano.
TERESA GÓMEZ Y FERNÁN GONZÁLEZ
24/03/2021 06:48
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, giró la factura para cobrar 26.200 euros de la consultora chavista Neurona a un domicilio ubicado en un suburbio de Morelia, en el estado mexicano de Michuacán. Esta zona del país es conocida por ser la cuna del narco. En ese territorio manda La Familia Michoacana, una organización criminal dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilegales.
La dirección que Monedero indica en su factura es «calle Zinc #365, Colonia La Industrial, C.P. 58130 (Morelia, Michuacán)». Este territorio michoacano es cuna de importantes líderes delincuentes. Su ubicación geográfica, en la zona oeste del país, se ha convertido en una entidad estratégica para los narcotraficantes.
En la actualidad, es uno de los estados de México con mayor índice de homicidios debido a los enfrentamientos entre los diferentes cárteles. Según la Fiscalía General de la República son siete las bandas que se diputan el territorio, las dos con más poder son La Familia y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Calle Zinc en Moreira, dirección mexicana a la que Juan Carlos Monedero giró su factura.
La Familia Michoacana acumula un largo historial criminal. A pesar de que la Policía ha tratado de frenar a esta banda, estas decenas de criminales no paran de cometer asesinatos, secuestros y miles de operaciones de narcotráfico. Por ejemplo, en julio de 2020 asesinaron a tiros a un policía de la Fiscalía General de México y a sus dos hijos menores de edad. Fue entonces cuando «declararon la guerra» a las autoridades estatales.
Éstos rivalizan con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un grupo delictivo creado en 2007 que se considera uno de los más peligrosos del país. Tienen el control de buena parte de los puntos de venta de droga nacional e internacional. Mantienen un conflicto abierto con otras bandas que a día de hoy se mantiene y provoca graves perjuicios a los mexicanos.
El edificio al que Juan Carlos Monedero hace referencia en su factura fake fue vendido dos años después de que el politólogo emitiera el controvertido documento a la empresa Integradora Total Mexicana SA de CV. El domicilio ha sido reformado en 2020 y se encuentra en venta por 150.000 euros (3,7 millones de pesos). Se trata de una casa recién reconstruida de 330 metros cuadrados construidos. En total, en el inmueble hay dos pisos, siete habitaciones, siete baños, una sala comedor, etc.
Domicilio reformado al que Monedero giró su factura fake.
Tal como ha publicado OKDIARIO, la factura que según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional es «falsa» tiene una cascada de errores. El ideólogo de Podemos, imputado por malversación en el caso Neurona, está en el ojo del huracán por esas presuntas «irregularidades» en la factura, según fuentes consultadas, que apuntan a que fue creada ad hocpara justificar ante el Sepblac el cobro de dicha cantidad.
Cambio de dirección
Un correo electrónico de Andrea López (responsable de Neurona) detalla a Monedero los datos a los que debería remitir dicha factura. «Estimado Juan Carlos, acá quedamos en espera para la factura por los servicios. Te dejo los datos de la empresa: Neurona Consulting S.A. de C.V; RFC: NCO161122G60; domicilio en Periférico paseo de la República Núm. Ext. 496 Int D; Col. Residencial Bosques, Morelia Michacán de Ocampo C.P. 58099», recaba el email. Pero Monedero lo ignoró.
Correo intercambiado con Neurona.
El politólogo cambió inexplicablemente la dirección indicada por la responsable de Neurona y reflejó la del inmueble ahora en venta. Monedero también ocultó el receptor de la factura. En estos documentos es obligatorio que aparezca tanto el emisor como el receptor. En este caso concreto, el primero debería ser Monedero, que es quien emite la factura, y en segundo lugar debería aparecer Neurona Consulting, que es la empresa que recibe el supuesto servicio.
Sin embargo, Juan Carlos Monedero -pese a que se definió ante el juez como un nombre «prestigioso» y con «un curriculum humildemente poderoso»- no indicó correctamente el nombre del emisor en su factura fake, puesto que señaló que dicho cargo lo ocupaba la consultora chavista en lugar de él. Por otro lado, el nombre del receptor fue directamente ocultado.
A la salida del Juzgado, el pasado 15 de marzo, Monedero alegó ante los medios de comunicación que era «poco habilidoso» para realizar las facturas. Un argumento exiguo, puesto que la declaración de la renta presentada en el juzgado tiene «una dificultad mayor y ahí no se ha equivocado», señalan fuentes conocedoras.
La Policía detectó irregularidades en la factura entregada y sospecha de que pudo crearse ad hoc para justificar el pago de la consultora mexicana. «Una vez entregada (se observa) que reúne distintos indicios que inducen a pensar que se trata de una factura que ha sido elaborada ad hoc, y cuya emisión responde únicamente a dar una justificación a la mencionada transferencia bancaria», señaló la Policía en su informe.
Únicamente figura como el emisor de la misma, Neurona Consulting. No existe receptor, extremo obligatorio en toda factura.
Según la factura, es Neurona Consulting quien la emite, y por tanto que ha prestado el servicio, y quien genera el ingreso, figurando que se ha de pagar a Juan Carlos Monedero, como efectivamente se ha hecho, lo que significa que éste ha tenido una relación contractual con Neurona Consulting.
La mencionada factura está fechada el 30 de diciembre de 2018, llamando la atención que dicho día corresponda a domingo.
El número de la factura es la 1, a fecha de 30 de diciembre, lo que significa que hasta dicha fecha, a sólo un día de finalizar el año, no se han emitido más facturas, y por lo tanto ha ha habido actividad.
Concepto «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México». Siendo habitual en la emisión de facturas falsas utilizar conceptos de asesorías, siendo este servicio de difícil comprobación.
#5150
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Las cuatro sociedades offshores de José Bono, radicadas en la República Dominicana, comparten el mismo domicilio que la empresa de otro socialista: Juan Segovia, ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid durante siete años. Segovia, que fracasó en 2015 en su intento de hacerse con las riendas del partido a nivel autonómico, abrió el pasado 9 de noviembre de 2020 una compañía en el país caribeño, donde los tipos impositivos son más bajos que en España.
Como ha publicado OKDIARIO, José Bono tiene a su nombre cuatro empresas en Santo Domingo, tal y como figura en el registro oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Las cuatro offshores son Teivelpir RD, Veleta Sociedad, Vetapir y Grupo Tiseck, todas ellas abiertas entre septiembre y octubre de 2020. La constitución de estas compañías se llevó a cabo 20 días después de que Luis Abidaner, presidente del país, concediera a Bono la nacionalidad dominicana.
Juan Segovia constituyó la sociedad Atitlan el pasado 9 de noviembre de 2020. Para ello contó con la ayuda de la gestora Esther Patricia Fernández Bernard, la misma que usó Bono para abrir sus empresas. En la inscripción de la sociedad de Segovia también participó Williams Alberto Jiménez Villafaña, un afamado abogado dominicano especializado en compañías aseguradoras. Este abogado aparece como titular de la empresa junto con el ex diputado del PSOE en Madrid.
Registro de la constitución de la sociedad dominicana del socialista Juan Segovia.
La offshore de Segovia está domiciliada en un apartamento del barrio de La Yuca de Santo Domingo. En concreto, en la suite 201 de un edificio llamado ‘Centre One’, ubicado en la esquina de las calles Luis Scheker y Mustafa Kemal Ataturk. Se trata de la misma dirección en la que están domiciliadas las cuatro sociedades de Bono. Esta zona de la capital caribeña, de precios altos, es donde reside la clase adinerada de la ciudad. La Yuca es conocida por sus lujosos edificios, establecimientos comerciales, oficinas y centros de ocio.
Edificio de Santo Domingo en el que están domiciliadas las sociedades de José Bono y Juan Segovia.
Pero la dirección no es lo único que tienen en común las compañías de Bono y Segovia. También coinciden los objetos sociales de las offshores dominicanas. Son exactamente iguales: “Asesoramiento técnico, económico, laboral, fiscal, financiero y de gestión específica a empresas, así como la prestación de servicios de consultoría integral en materia de posicionamiento estratégico y desarrollo del negocio ante los mercados nacionales e internacionales”. Es decir, una actividad genérica que permite a las compañías actuar como empresas ‘para todo’.
Tal y como un experto en tributación ha explicado a este periódico, aunque los organismos internacionales no consideren República Dominicana como un paraíso fiscal, el país caribeño aplica una política muy laxa para “justificar” las operaciones financieras internacionales. Los bancos locales además son también muy flexibles a la hora de tratar a los clientes recomendados.
El comportamiento de Segovia abriendo una empresa en la República Dominicana contrasta con las palabras que él mismo publicó hace años en su perfil de Twitter. Entonces afeaba al PP que su ex tesorero, Luis Bárcenas, tuviera cuentas bancarias fuera de España. También que los ‘populares’ criticaran la evasión de impuestos de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. “Los padres de Tomás Gómez se fueron a Holanda a trabajar, otros se van a Suiza a abrir cuentas bancarias” o “El PP indignado por la evasión de impuestos de Monedero, lo de su propia sede pagada con dinero negro les preocupa menos” son algunos de sus tuits.
El ‘cachorro’ de Tomás Gómez
Segovia medró en el PSOE bajo la protección de José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono. Pero su gran valedor siempre fue el otrora líder del PSOE de Madrid: Tomás Gómez, apartado de la política desde 2015 tras ser destituido cercado por varios casos de corrupción. El más notorio fue el sobrecoste del tranvía de Parla, municipio madrileño del que fue alcalde durante nueve años. Según el Tribunal de Cuentas, las obras del convoy fueron hinchadas en un 37,9%. La infraestructura se adjudicó a varias constructoras por 108 millones de euros y hubo un incremento de 41 millones.
El ex dirigente del PSOE en Madrid y ex alcalde de Parla, Tomás Gómez
Con tan sólo 26 años, Segovia tuvo su primer cargo en política. Fue en el año 2008. En concreto, fue nombrado secretario general del PSOE del barrio madrileño de Fuencarral, siendo reelegido en los años 2012 y 2017. Este cargo lo compatibilizó con el de portavoz adjunto del partido en la Junta de Distrito de la localidad. Fue precisamente durante esa etapa cuando conoció a Alberto Muiños, colocado por Bono como asesor del presidente de República Dominicana. En esos años, Segovia tuvo que lidiar con fuertes escisiones dentro de la agrupación que dirigía, plagada de críticos que denunciaban prácticas de financiación ilegal.
Posteriormente, entre los años 2011 y 2018, Segovia fue diputado en la Asamblea de Madrid. Durante esa etapa fue portavoz de Juventud y presidente de la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Comercio, cargos que concilió con los platós de televisión, donde ejercía de tertuliano. En aquel entonces, Segovia se convirtió en un habitual de los debates políticos.
Víctima del sanchismo
Su debacle en la política comenzó en 2015, después de posicionarse a favor de Susana Díaz y radicalmente en contra de Pedro Sánchez. Entonces, el hoy presidente del Gobierno dimitió como secretario general del PSOE, defenestrado por un sector importante de la militancia. En esos años, Segovia, soñaba con ser el líder de los socialistas en Madrid y se presentó a las primarias de su partido. Se enfrentó a Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, y perdió. Pero su annus horribilis se alargó hasta el 2017, cuando Sánchez ganó por goleada a Susana Díaz y volvió a hacerse con el PSOE. A partir de ese momento, Segovia empezó a ser arrinconado.
Sorpresivamente, al año siguiente, en abril de 2018, dejó la política de manera abrupta alegando que había recibido una oferta en el sector privado. Algo que nunca resultó creíble para sus propios compañeros, que hoy cuentan a OKDIARIO que jamás había tenido un trabajo conocido fuera de la política, por lo que su explicación parecía más una excusa para desaparecer de la vida pública que una decisión estrictamente laboral. El retiro de Segovia coincidió en el tiempo, casualmente, con el escándalo del máster de Cristina Cifuentes.
Ahora, fuera de la política activa, hace campaña en su Twitter a favor de Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Su foto de portada es la cara del propio Gabilondo, y su nombre de usuario es Juan Segovia #YoConGabilondo. El último tuit en el que le apoya es del pasado 12 de marzo y dice así: “En mitad del derrumbe, del transfuguismo, del pisoteo continuo de las instituciones, del ‘todo vale’, aparece una esperanza de recuperar la decencia en política: Ángel Gabilondo. Está en nuestra mano. Sino, nos quejemos”.
#5151
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
La Audiencia Provincial de Valencia ha vuelto a condenar, tras repetir el juicio, a cinco años de prisión al entonces marido y ahora ex marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por un delito de abuso continuado con prevalimiento de una menor tutelada por la Generalitat. Pero la sentencia ha confirmado más puntos. Y uno de ellos será difícil de explicar para Oltra, la que por aquellas fechas ocupaba el cargo de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
Y es que la sentencia señala que al Tribunal (la Audiencia Provincial de Valencia) no le «pasa desapercibido el que sólo las personas ajenas al ámbito de la conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor» de la que abusó el marido de Oltra. Y justo «todas las testificales del personal del Centro de Menores y la conselleria que trataron a Maite se la niegan». La Audiencia, de hecho, llega a la conclusión de que se aprecia «también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que Maite es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».
La consellera de ese departamento en aquella época era Oltra. Y, según la Audiencia se aprecia una «consigna» en esa conselleria para denigrar la credibilidad de la misma niña que estaba siendo abusada por el entonces marido de Mónica Oltra.
El texto de la sentencia señala igualmente que, «expresiva» de lo sucedido, «es la hostilidad con que se describe a la menor cuando la Sra. Navarro alude a la información que extrae sobre la misma de la prueba documental, olvidando que era una niña de 14 años presuntamente abusada: carácter fuerte y duro, ha protagonizado insultos y agresiones a los educadores y ha sustraído pertenencias a sus compañeras; el 11 de octubre se produjo la primera fuga; se encuentra en tratamiento en salud mental por TDH, durante las fugas ha dejado de tomar la medicación y ha faltado a las citas con el psiquiatra con el consiguiente perjuicio para su salud…».
Abusos que cuenta la niña
Navarro fue la «instructora del expediente informativo de 22 de noviembre de 2.017, rubricado como Información Reservada 01/2017. Ese expediente se pidió por Resolución de 21 de agosto de 2.017 de la Directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para “determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente “Maite”, en las que acusa a un educador del Centro de Acogida de Menores “Niño Jesús” de posibles abusos”, siendo “necesario conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones se nombra instructora».
La Audiencia añade en su sentencia que «en cuanto a la extemporaneidad de este ‘informe’, la propia instructora reconoce que ‘la primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos… fue el 20 de febrero de 2.017. Llama igualmente la atención la afirmación de la instructora cuando al relatar cómo una trabajadora social puso en conocimiento de la Directora los presuntos abusos que le cuenta la niña, recoge que la trabajadora social hizo suyas las declaraciones de la menor sin comprobar la veracidad de lo manifestado por la misma…’, o cómo expresa la autora de la información reservada la forma en que se judicializa el asunto, pues parece que se trata de disuadir a los agentes de la Policía Nacional de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos que les ha narrado Teresa».
De hecho, la Audiencia aclara que «tras entregar los agentes a la menor en el centro, comunicaron lo relatado por la menor respecto a unos posibles abusos y el personal del centro les informa que en febrero se abrió un Protocolo de actuación ante unos posibles abusos sexuales y finalmente se descartó la existencia de los mismos por falta de credibilidad de lo manifestado y la ausencia de pruebas. No obstante, los agentes informaron a Fiscalía».
Los hechos aluden a los abusos del entonces marido de Oltra, Luis Eduardo R. I., quien trabajaba en el centro en el que se produjo el delito y estaba a cargo de la víctima durante el turno de noche.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, tal y como acusó la Fiscalía, resulta probado que la menor se hallaba tutelada por la Generalitat en ese centro donde trabajaba como educador Luis Eduardo R. Igualmente se certifica que dicha menor, durante periodos de tiempo en el año 2.016 y principios del año 2.017 y como consecuencia de que llegaba tarde al centro, tenía mal comportamiento o no cumplía con la normativa del mismo, fue castigada frecuentemente y obligada a dormir en una habitación separada ubicada en el primer piso de la residencia y alejada varios metros del «hogar» en el que pernoctaban el resto de menores acogidos.
Y, como detallan los magistrados, fue entonces cuando el entonces marido de Mónica Oltra y ahora ex marido, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudió a la habitación de la menor, «entre dos y diez ocasiones, cuando esta se hallaba castigada» y «una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación».
La sentencia, a diferencia de las consignas de la conselleria, sí ha creído la declaración de la menor prestada en el primer juicio. De hecho, señala que «debemos descartar móviles espurios o de resentimiento» de la víctima hacia el acusado, «así como cualquier tipo de alteración personal o psicológica en la misma que arroje alguna duda sobre su credibilidad al tiempo de su exploración en fase de instrucción o en su declaración ante este Tribunal». Es más, añade la sentencia que, «el propio acusado manifiesta que la relación con la menor era buena, no ofreciendo dato alguno que permita sostener algún ánimo de resentimiento o venganza hacia el mismo capaz de enturbiar la credibilidad» de la joven.
#5155
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
La ‘ministra’ Belarra desvió los 50.000 € de la ‘caja B’ de Podemos a su productora afín
Ione Belarra, que sustituirá a Pablo Iglesias al frente de la cartera de Derechos Sociales, firmó un acuerdo para desviar 50.000 euros de la Caja B de Podemos
Ione Belarra, que sustituirá a Pablo Iglesias al frente de la cartera de Derechos Sociales, firmó un acuerdo para desviar 50.000 euros de la ‘caja B’ de Podemos, que se está investigando en el caso Neurona, a la productora Comunicación Popular #404. Su firma audiovisual de cabecera. Así consta en un documento que acaba de ser aportado a la causa por el partido morado tras solicitarlo previamente el juez Juan José Escalonilla, que investiga al partido por financiación irregular y fraude electoral.
Belarra plasmó su rúbrica en el acuerdo como secretaria de coordinación ejecutiva de secretarios de Podemos. El documento exponía lo siguiente: «En el Consejo de Coordinación del 2 de septiembre de 2019 se aprobó en el punto 5 (Caja de Solidaridad) la aprobación de la segunda donación de la Caja de Resistencia a la organización Comunicación Popular #404 por valor de 50.000 euros (se hará un pago fraccionario en los próximos meses).
El documento fue firmado el 16 de octubre de 2020, en ese momento el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había imputado a varios miembros de Podemos y la Policía Judicial estaba investigando la citada productora.
Acuerdo firmado por Ione Belarra para desviar 50.000 euros de la ‘caja B’ de Podemos a la productora Comunicación Popular #404.
Desvió 100.000 euros
Hay que destacar que se trata de una «segunda donación» a la asociación #404 que se suma a otra anterior, denunciada por el abogado purgado José Manuel Calvente, de un importe de 50.000 euros. Por tanto, en total Podemos ha desviado 100.000 euros a la productora que ahora está siendo investigada.
OKDIARIO desveló tres trasferencias de 10.000 euros cada una realizadas entre septiembre de 2019 y julio de 2020 a la productora afín a Podemos, que se corresponderían con la primera partida de 50.000 euros. Según consta en un oficio remitido por la entidad Triodos Bank al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, la cuenta «titularidad de la Asociación 404 Comunicación Popular recibió tres transferencias ordenadas por la Caja de Solidaridad de Podemos» desde otra cuenta también en esta entidad por valor de 10.000 euros cada una.
Estas transferencias fueron realizadas en las fechas 5 de septiembre de 2019; 20 de marzo de 2020; y 15 de julio de 2020. Triodos se define como una «banca ética» y es la escogida por Podemos, junto a Caja de Ingenieros, para realizar el grueso de sus operaciones.
Extracto bancario de la donación realizada por la Caja de Solidaridad a la asociación #404 Comunicación Popular.
Programa para adoctrinar
La asociación #404 Comunicación Popular solicitó dinero a Podemos para «impulsar un movimiento popular» y una «transformación social empleando la comunicación como herramientas colectivas», según consta en los documento aportado por Podemos al Juzgado.
Los impulsores de esta asociación buscaban, según sostiene dicho escrito, «la defensa de los derechos humanos en el contexto social actual y el impulso de los procesos de creación colectiva frente a la captación por parte de las élites económicas de los medios de comunicación y de las expresiones culturales». Ello, prosigue, «son pilares fundamentales sobre los que se sostiene #404, en coordinación con otras iniciativas del movimiento popular».
Para ello diseñaron un proyecto audiovisual que se llamaría Veintecento, en homenaje a la película Novecento de Bernardo Bertolucci. Consistiría en un programa de entrevistas en formato Youtube con dos participantes. Cada entrevista tendría una duración de 15 minutos y se producirían 6 capítulos por temporada.
Los temas a tratar serían «cultura, deporte, comunicación» y «con una o un referente de las luchas sociales y movimientos populares». Cada programa tendría como «objetivo particular visibilizar las luchas y reivindicaciones del colectivo participante concreto». «La elección de las y los participantes atenderá siempre a estos criterios, de forma que se pueda enriquecer una temática social concreta desde diferentes perspectivas, como puede ser por ejemplo la lucha en las calles», explicaban los organizadores en su escrito. El público al que se dirigirían son usuario de Youtube entre 16 y 35 años.
Para financiar este proyecto necesitaban acceder a la Caja de Solidaridad porque –explicaban– las «donaciones, campañas de crowdfunding, suscripciones y venta de merchandising» no les llegaba para cubrir el gasto de un canal de esta plataforma audiovisual. Sin embargo, esta asociación no destinó el dinero al supuesto programa de entrevistas llamado Veintecento, dado que no consta en su web ni en ninguna de sus plataformas la publicación del mismo, tal y como ha podido comprobar este periódico.
La ‘caja B’ de Podemos
La llamada Caja de Solidaridadfue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, para, entre otros y supuestamente, financiar a aquellas personas que hubiesen sido sancionadas por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana.
Los fondos económicos de esa caja procedían de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».
#5157
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Sánchez calla ante el escándalo de Plus Ultra, que llega a la Justicia y Bruselas
El PP exige una comisión de investigación porque teme que las ayudas acaben «en las cuentas de Podemos»
Vox presenta una querella ante el Tribunal Supremo y contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
#5159
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra) CORRUPSOE
El escándalo continúa tras conocerse que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos (PSOE), mintió al negar que su departamento interviniera en el rescate con 53.000.000 de euros.
