La magistrada ve indicios de prevaricación contra Vicente Fernández y otros ocho imputados, entre ellos una ex viceconsejera de Susana Díaz
Casi seis años después, el concurso minero de Aznalcóllar convocado a bombo y platillo por el Gobierno andaluz, entonces controlado por el PSOE y presidido por
Susana Díaz, enfila irremediablemente -y salvo sorpresa de última hora- la sala de vistas y el
banquillo de los acusados. En él se sentarán, presumiblemente, ex altos cargos de la Junta y hasta del actual ejecutivo de Pedro Sánchez acusados de un delito de prevaricación, de supuestamente haber amañado el procedimiento para adjudicar el yacimiento a una empresa, la cordobesa Magtel.
Concluida la fase de instrucción, tras
cinco años de pesquisas, recursos e intentos de archivo, la juez Patricia Fernández procesa y señala definitivamente a quien fuera
presidente de la SEPI (la sociedad que agrupa a las empresa públicas controladas por el Estado), Vicente Fernández, y a otras ocho personas, entre las que destaca la ex directora general de Minas de la Junta cuando Susana Díaz era presidenta, María José Asensio, además de funcionarios y de los propietarios de Magtel, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno. Contra todo ve la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla indicios de que pudieron cometer un
delito de prevaricación, los suficientes para que vayan a juicio.
Así lo pone de manifiesto la magistrada en un auto por el que acuerda la continuación de la causa en forma de
procedimiento abreviado y por un presunto delito de prevaricación contra Fernández, que era secretario general de Industria cuando se convocó el concurso minero, contra Asensio, contra los dueños de Magtel y contra los miembros de la mesa de contratación del concurso: Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria; Salvador Camacho, secretario general de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Julio Ramos, jefe de servicio de Contratación en la Consejería de Hacienda; José Marcos, interventor delegado; y Pastora Sánchez de la Cuesta, letrada de la Consejería de Economía.
Dice la juez Fernández que lo investigado en estos cinco años es "suficiente" para acordar el
procesamiento de estas nueve personas y lo justifica con los argumentos utilizados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla para tumbar, en dos ocasiones, sus intentos de
archivar la causa.
Primero fue el 19 de octubre de 2016 y luego el 26 de septiembre de 2019. En sendos autos, de los que fue ponente la magistrada
Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial frustró el archivo del caso Aznalcóllar que su instructora acordó al entender que no había indicios de que el concurso minero de Aznalcóllar hubiese sido amañado. En contraposición, la Audiencia concluyó no sólo que había indicios, sino que en el concurso hubo
"ilegalidades severas".
"CONNIVENCIA" CON LA JUNTA
La juez Fernández asume ahora, punto por punto, estos argumentos y pone de manifiesto la existencia de "sólidos indicios" de un presunto delito de prevaricación, derivado de la "connivencia" entre responsables de la Junta de Andalucía y la empresa Minorbis, una filial del grupo Magtel que fue la que se hizo con los derechos de explotación de la mina sevillana. En concreto, esa connivencia se concretaría en el "trato cercano y de confianza" que mantenían el entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Vicente Fernández, y los hermanos López Magdaleno.
Los tres, dice el auto dictado este lunes y notificado hoy a las partes, "impulsaron y favorecieron" las irregularidades "de común acuerdo" con los responsables de la mesa de contratación, de manera que Minorbis no sólo pasó a la segunda fase del concurso pese no cumplir los requisitos legales, sino que, además, llegó a ganar y a convertirse en la adjudicataria del yacimiento, que finalmente quedó en poder de una tercera empresa, Minera Los Frailes, que había sido creada poco antes por la multinacional Grupo México, que no participó en el concurso y en la que Minorbis y su matriz, Magtel, apenas tenían el 1,3% de su capital social que, en realidad, habría sido una suerte de compensación o pago por la intermediación en el proceso.
El "trato cercano" entre los López Magdaleno y el ex presidente de la SEPI quedó patente, según los autos de la Audiencia de Sevilla que firmó Alaya, en los correos electrónicos que se cruzaron los tres y que fueron analizados con detalle por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Audiencia llegó a hablar de un "plan preconcebido" para entregar la mina a Grupo México y de decisiones "arbitrarias" e "intencionadas" en este sentido de las que era plenamente consciente la Junta de Andalucía.
