En los últimos días estamos escuchando numerosas noticias sobre las medidas que el nuevo gobierno de coalición quiere imponer en el mercado, concretamente en materia de vivienda, con la limitación a los precios del alquiler, y de empleo, con la subida del salario mínimo. Vaya por delante que mi intención no es opinar/criticar ninguna ideología política ni gobierno, ya que todas tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, simplemente pretendo constatar la reacción que este tipo de medidas suelen tener sobre la economía, y ofrecer alternativas mucho menos simplistas y de mayor recorrido y efectivad a largo plazo, con el objetivo de alcanzar los mismos objetivos de bienestar social y económico pero de forma sostenible y duradera. No debemos olvidar que el artículo primero de la Constitución Española “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, por tanto, es mandato para cualquier gobierno luchar por una cohesión económica más igualitaria y justa para todos los españoles. Pero atención, el que la Constitución propugne la lucha por una sociedad más igualitaria y justa no debería significar, al menos desde mi punto de vista, una misma vara de medir para todos y en todas las situaciones, y aquí creo que radica el error de comprensión de algunos políticos y ciudadanos. Considero que la igualdad y la justicia en materia económica y social significa proporcionar unas condiciones de vida dignas, y una igualdad de oportunidades que, una vez alcanzadas, han de dejar espacio para que la meritocracia, el esfuerzo (o como se le quiera llamar) marque ciertas diferencias entre nosotros, pues será ese, sin duda, el incentivo que provoque que las personas deseen superarse.
Volviendo al tema de la intervención del mercado vía precios, he de decir que, sobre el papel, este tipo de medidas suena fantásticamente bien y rápido calan en quienes se pueden ver beneficiados, pues es de justicia que un trabajador pueda cobrar un salario digno, o que un inquilino abone una renta razonable, pero el problema viene cuando se analizan los mayores efectos desequilibradores que esta medidas, en principio equilibradoras, provocan a posteriori.
En primer lugar, hemos de identificar a los beneficiarios de éstas medidas. En el caso de la subida del salario mínimo, lo van a ser, sobre todo, los jóvenes que acceden a su primer empleo y aquellas personas que ocupen empleos de baja cualificación. En el caso de la limitación a los precios del alquiler, los beneficiarios serán aquellos inquilinos que habiten en las grandes ciudades del país. Por otro lado, vamos a identificar a los perjudicados por estas medidas. En el caso de la subida del salario mínimo, lo van a ser, fundamentalmente, los propietarios de negocios dedicados a actividades de poca cualificación, incapaces de repercutir los mayores costes en sus ventas. En cuanto a la limitación de los precios del alquiler, lo van a ser aquellos propietarios con viviendas en las principales ciudades del país, ya que en ciudades más pequeñas los precios del alquiler suelen ser, en mayor o menor medida, asequibles.
Sobre los precios de los alquileres, habrá quien considere que también las ciudades pequeñas están afectadas por los altos costes. Ante esto solo puedo decir que no me parece exagerado un alquiler de 450-500 € sobre un piso con un valor de compra de 120.000-140.000 €, ya que su propietario, neto después de gastos, a duras penas alcanzará un 5% de rentabilidad sobre su inversión. Además, una pareja en la que ambos obtengan ingresos están en disposición de adquirir una vivienda de ese valor. Quien sí tiene difícil la compra es quien vive en una gran ciudad y tiene que desembolsar 300.000-400.000 € con un sueldo más o menos similar al de una ciudad pequeña. Como hemos comentado, una vez se posee la vivienda, el sueldo real aumenta.
En realidad, si lo pensamos bien, el problema de la vivienda es de mayor importancia que el de los salarios, ya que el alquiler es lo que se come la mayor parte del sueldo. El sueldo real, neto después de gastos, no es igual si se ha de pagar alquiler que si se cuenta con vivienda en propiedad. Es decir, una bajada de 100 € en el alquiler puede incrementar el sueldo real mucho más que la ley que va a obligar a los empresarios a elevarlo.
Volviendo a la medida en sí, cuando uno lo escucha tiende a pensar que servirá para que la riqueza se redistribuya entre los ciudadanos menos afortunados, y que puedan ver mejorada su calidad de vida estimulando a la vez el consumo interno y las cotizaciones. Su parte de razón tiene quien piense así, el problema viene de que la realidad, en su día a día, no se parece en nada a lo que uno puede planear sobre el papel. La medida, que a corto plazo puede funcionar, a medio y largo plazo es muy probable que comience a generar más desequilibrios.
Quien invierte exige un retorno, ya sea el empresario que contrata o el inversor que adquiere una vivienda destinada al alquiler. Si la rentabilidad obtenida no es la esperada, buscará alternativas que le ofrezcan la misma rentabilidad con el mismo nivel de riesgo. Estas alternativas, en el caso de la subida del salario mínimo, pueden ser la automatización de tareas humanas de baja cualificación (normalmente, aquellas personas que cobran el salario mínimo) mediante robots en las industrias, la sustitución de presencia física por presencia online en el comercio, o directamente, el despido y asunción de esas funciones por un número inferior de empleados. Mencionar que la microempresa es la forma empresarial más habitual en la economía española, cuyos beneficios muchas veces son inferiores al sueldo que perciben los trabajadores rasos de una multinacional. Las consecuencias de la legislación sobre el salario mínimo son la mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan, pero una disminución de los empleos disponibles.
En el caso de los alquileres, el propietario que no esté conforme con la rentabilidad de su inversión, buscará alternativas, lo que dado el caso se puede traducir en alquileres sin contrato, mínimo gasto en mantenimiento de la vivienda alquilada, su venta, e incluso renunciar a alquilarla. El resultado de instaurar un límite en el alquiler pudiera resultar en mejores condiciones económicas para quienes alquilen una vivienda (o no, si el propietario decide gastar el mínimo posible en equipar y mantener la vivienda alquilada), pero una menor oferta de viviendas mientras se mantiene estable o se incrementa su demanda.
No estamos ante un nuevo experimento. Ya ha sido probado con anterioridad y no ha funcionado. ¿Por qué seguimos aplicando las mismas recetas ante los mismos problemas? Existen multitud de opciones alternativas para llegar al nivel de justicia e igualdad social proclamado en la Constitución, sin que su implementación termine generando mayores problemas que los que se pretenden solucionar. Algunas de ellas son las siguientes:
- Incrementar la oferta de viviendas. Alguno dirá que eso ya se puso en marcha en tiempos de la burbuja inmobiliaria y los precios no dejaron de subir. Cierto es, pero tan cierto como que la demanda fue aún mayor que la oferta. La idea de esta medida es aumentar la oferta de viviendas mientras se mantiene una demanda sana, es decir, que las hipotecas se otorguen con criterios racionales de solvencia y responsabilidad para que siempre exista una mayor oferta que demanda, y haga que los precios disminuyan (ahí el Estado si podría intervenir, siempre y cuando lo haga de forma justa e igualitaria, lo que puede ser una utopía).
- Incrementar la penalización a los propietarios de viviendas que las mantengan vacías. En la declaración del IRPF existe el apartado de “Imputación de rentas”, que grava las viviendas que mantienen vacías sus propietarios. El problema es que pagar 500 € para alguien que posee varios inmuebles y al que se le supone una situación financiera desahogada, no es, aparentemente, penalización suficiente. El Estado, de intervenir en la economía, podría hacerlo sobre este aspecto, lo que incrementaría la oferta de viviendas para una misma demanda, reduciendo el precio de equilibrio.
- Incrementar la cualificación de los empleados y el valor añadido de la actividad de las empresas. España es un país donde una gran parte de su mano de obra trabaja en la hostelería y en la industria manufacturera de baja cualificación, con escaso valor añadido. De esta forma, resulta imposible repercutir los incrementos salariales en los productos y servicios que ofrecen, con el resultado de una minoración en el beneficio que el empresario o propietario no está dispuesto a asumir. No olvidemos que en estos sectores competimos con países en los que los costes laborales son mucho más reducidos (Países del Este, norte de África, China, India...). Si se fomenta la transformación de las actuales industrias de bajo coste en industrias con cierto valor añadido, competiremos contra otras industrias y países que se pueden permitir pagar unos mejores salarios. ¿O hay quien piensa que el secreto de los altos salarios de Suiza, Países Bajos o Luxemburgo es otro? (Bueno, en el caso de Luxemburgo lo es también su fiscalidad...)
Esta claro que esta medida no sólo depende del fomento de los diferentes gobiernos, si no de las personas que con su esfuerzo desean adquirir una formación cualificada y valorada por empleadores y por el mercado global. Vuelvo a recalcar la idea de que hoy en día se compite a nivel mundial, sobre todo en las industrias que más mano de obra emplean. Si un estudiante o trabajador adquiere una cualificación puntera a nivel global, podrá impulsar a su empresa empleadora hacia un modelo de mayor valor añadido, aquel que le permita repercutir las mejoras salariales en el precio de venta de sus productos. - Por último, una medida que considero bastante fácil de implantar y que resultará efectiva a largo plazo junto con la mejora de la cualificación de los empleados y calidad de las empresas: incentivos para que el país se descentralice y las empresas se establezcan en zonas distintas de las grandes ciudades, ya se a través de deducciones fiscales, suelo industrial gratuito u otro tipo de facilidades. Ya que se desea intervenir en la economía, mejor hacerlo de forma real, duradera y sostenible a largo plazo. Con esta medida, se evitará el exceso de demanda sobre la oferta de vivienda que se vive en las grandes ciudades, con el resultado de la bajada de los precios del alquiler. Con la bajada de los precios del alquiler se verá aumentado el salario neto de los trabajadores sin necesidad de hacerlo vía legislativa, lo que permitirá que puedan aspirar a la compra de una vivienda, invertirlo en mejorar su cualificación o incluso emprender un negocio que pueda llegar a ser de valor añadido (es una verdad universal que en la cantidad está la calidad). Esto redundará en un mayor reparto de la riqueza, como propugna nuestra carta magna, y mejorará la calidad de vida de todos. Es un hecho que la subida de los precios de la vivienda de las últimas décadas viene de la mano de un incremento de la demanda en determinadas zonas procedente de la inmigración interior y exterior. Así, mientras hay zonas en las que es imposible adquirir una vivienda, hay otras donde ni siquiera se llegan a ocupar. Un mayor reparto nivelaría ese desequilibrio, y permitiría que no se concentrara una cada vez mayor cantidad de población en un espacio limitado.
Muchas de estas medidas pueden sonar irreales o difíciles de aplicar, pero, puestos a que el gobierno quiere intervenir la economía para hacerla más igualitaria, considero que siempre serán mucho más acertadas que por la vía legal de regular precios y salarios. Tampoco se trata de medidas cuyo resultado se pueda recoger al final de una legislatura de cuatro años, y quizá sea ese el motivo por el que ningún gobierno parezca tenerlas en cuenta. En este caso, las miras son mucho más elevadas, pues estaríamos hablando de recoger lo sembrado de aquí a veinte años, o quizá a cuarenta. ¿Qué gobierno está dispuesto a sacrificar su presente por mejorar el futuro de todos?
