Cataluña 2017: El final del camino.

Qué tontería acabas de escribir.

Ni son excluyentes, ni sinónimos, ni antonimos.

Aprende a hablar y entender un poco el léxico de tu idioma.

A veces pareces retrasado, hijo.

Qué vergüenza!!

Puigdemont compara el independentismo catalán con la lucha de los homosexuales

El consejero Santi Vila asegura que catalanes y gays son similares porque 'crean riqueza'.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha comparado el proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España con la lucha de los homosexuales. Sus palabras se han producido en el evento de celebración del Circuit de Barcelona, uno de los festivales más populares en la comunidad gay.

El presidente autonómico aseguró que Barcelona fue el primer lugar que acogió el primer Orgullo LGTBI de toda España gracias al Frente de Liberación Gay de Cataluña "en el que hubo mucha gente que se la jugó haciendo frente a la legalidad de aquel momento", tras lo cual llegó la comparación: "Cataluña creía en un Estatuto y ahora ha cambiado para decidir libremente su futuro".

Las afirmaciones llegan el mismo año en el que Madrid ha celebrado el World Pride y en el que se está celebrando un evento, el Circuit, que, ciertamente, no representa la igualdad. Si se echa un ojo al cartel promocional, se puede comprobar que tan sólo se muestran a hombres musculados, cisgénero (esto es, con una sola identidad de género que siempre coincide con el biológico de nacimiento). Este festival no tiene nada reivindicativo, es una fiesta gay y no aspira a nada más.

Un evento en el que no hay presencia para mujeres trans o lesbianas, por poner un simple ejemplo. Lo mejor de todo esto llega de parte del consejero de Cultura, Santi Vila, que llegó a afirmar que "los catalanes y los gays tenemos muchos aspectos muy parecidos" e, incluso, soltó la perla de la temporada: "ambos somos generadores de riqueza". Ya sabes, si no eres así, no eres homosexual:

Arcópoli contesta

Rubén López, activista y miembro de la Ejecutiva de Arcópoli y FELGTB, se pregunta: "no sé cuántas personas por el mero hecho de ser catalanas son acosadas a día de hoy en el colegio hasta pensar en suicidarse, y no se atreven a decirles a sus padres que han descubierto que son catalanes".

Sobre la comparación entre ambas luchas, López recuerda que el partido que ahora representa al PdeCat no apoyó en su momento las luchas por los derechos de los homosexuales, y recuerda: "En aquellas manifestaciones pedíamos poder existir, no poder separarnos de los heteros".
https://www.losreplicantes.com/articulos/puigdemont-iguala-secesionismo-lucha-homosexuales/

EL ÓRDAGO SOBERANISTA

Los focos judiciales del 1-O

El desafío soberanista ha recibido como respuesta una compleja red de avisos judiciales

Fidel Masreal / Barcelona

Es cierto que el Parlament ha proclamado en varias ocasiones el derecho de Catalunya a la autodeterminación. Pero nunca como el 9 de noviembre del 2015 (para enojo de los más moderados en Convergència i Unió), la Cámara dio un salto gigante al  proclamar la desconexión respecto al Estado, el objetivo de comenzar la tarea hacia la creación del Estado propio y el total desprecio a las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional (TC).

Esa declaración -clave en las negociaciones de Junts pel Sí y la CUP para lograr una investidura-  fue suspendida primero y anulada después por el alto tribunal, que actúa contra todos los actos que se entienda que cuelgan de esa declaración. Desde entonces, la presión judicial contra cualquier salto adelante del soberanismo ha sido total e inmediata. Y ello es así cuando todavía colean las consecuencias penales del proceso participativo, que no referéndum, del 9 de noviembre del 2014.

 

 

El 13 de marzo, tras un juicio de largo recorrido político y mediático, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia por impulsar la celebración de la consulta pese a la advertencia del TC y lo absolvió del delito de prevaricación. La sentencia del TSJC condena también por el mismo motivo a un año y nueve meses de inhabilitación a la exvicepresidenta y 'exconsellera' de Governació Joana Ortega, y a un año y medio a la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau. 

"No quemar cartuchos"

El día en que se conoció la sentencia no hubo manifestaciones en las calles ni acto de protesta alguno que convocaran las entidades independentistas. "Se trata de no quemar cartuchos", alegan las asociaciones. Mas ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un recurso basado en la Constitución española. Alega  que se vulneran cinco preceptos de la Carga Magna, entre ellos varios derechos fundamentales. Ortega y Rigau también han recurrido sus condenas.

Mas ha apelado a la Constitución a la hora de recurrir la sentencia de dos años de inhabilitación

El abogado de Mas, Javier Melero, defiende que la sentencia infringe varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, entre ellos la aplicación indebida del delito de desobediencia por el que fue condenado, y apunta a un "error" en la apreciación de la prueba. El letrado también invoca la vulneración de varios artículos de la Constitución: el artículo 24, que reconoce el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso público con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva; el 14, que fija que todos los españoles son iguales ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación"; el 16, sobre libertad ideológica; el 25, que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, y los artículos que garantizan la libertad ideológica, de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos.

La condena a Homs

Por su parte, el que durante el 9-N era 'conseller' de Presidència, Francesc Homs,  fue condenado por el Supremo a 13 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos y funciones de gobierno y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia.

 

Aparte de esta sentencia, el Tribunal de Cuentas  ha abierto un juicio contable que estudia si los investigados han de pagar de su bolsillo el dinero que costó a las arcas de la Generalitat la organización del proceso participativo del 9-N, más de 5,2 millones de euros. El tribunal ha desestimado el archivo de la causa solicitado por el Govern. Es más, la consejera del Tribunal de Cuentas y exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante ha acordado proponer el nombramiento de un delegado instructor para que practique diligencias. 

La Mesa del Parlament y la libertad de expresión

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros soberanistas de la Mesa Lluís Corominas (que ha cedido la vicepresidencia primera a Lluís Guinó), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat, como Corominas) y Joan Josep Nuet (EUiA) están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación por permitir tramitar las dos resoluciones sobre el referéndum que se aprobaron en el debate de política general. 
El caso está en fase de instrucción por el TSJC. Además, Forcadell tiene otra querella por la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. En este caso solo es Forcadell quien tiene una querella por permitir un cambio en el orden del día del pleno que hizo posible que se votaran dichas conclusiones sin pasar por la Mesa.

Lluís Corominas y Carme Forcadell, el pasado junio. / ACN / BERNAT VILARÓ

El pasado 14 de febrero, el TC anuló las resoluciones a favor del referéndum adoptadas el 6 de octubre pasado. En su resolución, por unanimidad, los magistrados optaron por deducir testimonio para que sea la fiscalía la que decida si ha de actuar penalmente contra el incumplimiento de sentencias del TC.

Forcadell ha avisado de que volvería a actuar igual y no piensa ejercer de "censora" a instancias del TC

Los señalados son Forcadell, Corominas, Simó, Barrufet y Nuet. Es la segunda vez que el TC insta a la fiscalía, porque cuando se aprobaron las resoluciones del referéndum en octubre del 2016, instó ya al ministerio público a decidir si investigaba a Forcadell por haber permitido, en este caso, la votación de las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso constituyente, unas conclusiones que abren la vía unilateral hacia la independencia.  

Forcadell –exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)– ha insistido una y otra vez en que "lo volvería a hacer" porque su obligación es permitir el debate de cualquier asunto en la Cámara y no hacer de "censora" a instancias de la fiscalía o el TC. La fiscalía, en efecto, el 23 de febrero,  decidió querellarse por segunda vez contra Forcadell –y los miembros soberanistas de la Mesa– por desobediencia y prevaricación por permitir la aprobación de la resolución sobre el referéndum. El fiscal solicita que la nueva acusación contra Forcadell se acumule a  la causa que se instruye en el TSJC.

Una querella preventiva por el uso de las urnas

El 9 de mayo, nada más publicarse el acuerdo marco para  la homologación de empresas que opten a fabricar 8.000 urnas, la fiscalía  anunció una querella -que tardó varios días en hacer efectiva- contra los responsables del anuncio.

En concreto, y a instancias de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  imputó a Meritxell Borràs, 'consellera' de Governació, y Francesc Esteve, exsecretario general de Governació y actual director de los servicios jurídicos de la Generalitat, desobediencia, prevaricación y malversación por licitar el concurso de empresas que debían optar a fabricar urnas. Aunque  el concurso fue finalmente declarado desierto, la querella sigue, e incluye cuestiones como la participación de Borràs en un gran acto independentista en Barcelona.

La 'consellera' de Governació Meritxell Borràs / EFE / TONI ALBIR

En la aceptación de la querella, el TSJC recuerda que la ley de presupuestos que la Cámara catalana aprobó el pasado mes de marzo contempla partidas destinadas a garantizar un "proceso refrendario sobre el futuro político" de Catalunya. El TSJC se remite al escrito de la fiscalía para referirse a la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre del 2015, posteriormente declarada inconstitucional, "con la voluntad de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

Borràs ha acusado al Estado de ser "urnafóbico y demofóbico". El Govern "no tolerará amenazas e intimidaciones", proclamó Neus Munté. Desde entonces, el Govern ha impuesto el mutismo sobre la compra de urnas si bien Puigdemont ha sugerido que ya las tiene atadas. 

Las palabras de Vidal abren otra vía de agua

El caso está motivado por las declaraciones del exmagistrado y entonces senador por ERC Santi Vidal, en diversas conferencias, en las que aseguraba que  la Generalitat dispone de forma ilegal de todos los datos fiscales de los catalanes. Lo investiga el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene el secreto del sumario. Y esta cuestión –la prórroga del secreto del sumario– es una de las motivaciones de la denuncia presentada por el Govern contra los interrogatorios de la Guardia Civil a diversos cargos y representantes del Govern ( Joaquim Nin, secretario general de Presidència, y  Jaume Clotet, director general de Comunicació, entre otros).

El exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal / RICARD CUGAT

Políticamente, las palabras de Vidal generaron un terremoto. El Govern tuvo que desmentir con rotundidad que el exmagistrado estuviera diciendo la verdad, y a los pocos días Vidal dimitía. Poco después se creaba una comisión de investigación en el Parlament que Junts pel Sí y la CUP dinamitaron al vetar todas las comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición.

La investigación de la Guardia Civil se centra en dos cuestiones: la página web del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (por si ha sido sufragada con dinero público en su creación inicial) y la campaña para fomentar el registro de catalanes en el Exterior, por si incitaba a la celebración del referéndum. Los imputados en el caso son Vidal; Lluís Salvadó, secretario de Hisenda de la Generalitat, y Carles Viver Pi-Sunyer, director del Institut d’Estudis per a l’Autogovern.  El juez ha mostrado su apoyo a la labor desempeñada por la Guardia Civil. 

El dinero para el referéndum, vetado

El TC ha suspendido la parte de los presupuestos de la Generalitat  que hace una referencia explícita a la partida económica para el referéndum, tras el recurso contra las cuentas presentado por el Gobierno central. El recurso abre otra vía más drástica, pues sienta las bases para una actuación penal contra el Govern de JxSí. La Moncloa solicita al TC que notifique "personalmente" su providencia al 'president', Carles Puigdemont, a todos los 'consellers', así como a los secretarios del Govern y de Vicepresidència, a la interventora general de la Generalitat, al director de contratación y al director general de Presupuestos.

Además, pide que se les advierta de su deber "de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" que se decrete y que se "abstengan" de adoptar acuerdos para disponer de las partidas impugnadas o de hacer remiendos para sufragar el referéndum por otras vías. "Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales", según enfatizó la providencia del tribunal.

El TC admitió  el recurso del Gobierno y advirtió, con nombres y apellidos, al presidente de la Generalitat, a los consellers, al secretario del Govern, al secretario de Vicepresidència, a la interventora general, al director de contratación y al director general de presupuestos. El  Consell de Garanties Estatutàries y  los letrados del Parlament también han advertido de la inconstitucionalidad de las partidas para el referéndum. Puigdemont asegura que el Govern "plantará cara". 

El último cartucho de Puigdemont: esconder el referéndum tras unas elecciones anticipadas el 1-O

  

• Le quedan 24 horas para firmar la convocatoria de elecciones anticipadas
• La Junta Electoral podría anular unas elecciones si encubren un proceso ilegal

Aun puede ser más divertido: Esconder unas elecciones anticipadas tras un referendum.

Me explico:

Inesita y el inefable Garcialbiol andan reclamando desde hace meses unas elecciones "autonómicas" anticipadas.

Puigdemont ha dicho que si el constitucional lo inabilita, desconocerá dicha potestad del tribunal inquisitorial.

Ha salido en prensa, de uno u otro sentido, que se estudió (por unos y otros), que sucede con la potestad de disolución anticipada del Parlament y consecuente convocatoria anticipada de elecciones. La respuesta es que por ahora solo es legal, y legítima que dicha potestad sea "personalísima" de un President en pleno ejercicio (o sea, hoy por hoy, solo y en exclusiva del propio Puigdemont).

Posible hipotesis dramatúrgica:

Decret de convocatoria de referendum, convalidado por un Parlament aun en pleno ejercicio.

Recurso del Gobierno al Constitucional, que inabilita de sus funciones al President.

El President y el Consell Executiu desoyen dicha inhabilitación, y a continuación, el President, en ejercicio de su potestad "personalísima", disuelve el Parlament y convoca elecciones anticipadas.

72 diputados autonomicos y quizás tal vez 11 más, se dan por disueltos.

¿Que hacen los 24+11 diputados españolistas? ¿Y los 16 restantes de mar-y-montaña-ni-frío-ni-calor-0-grados?

¿Los 35 españolistas se constituyen el Parlament-continuisme y eligen a Inesita Presidenta de Catalunya?

¿Prohibe Madrit-Constitucional unas elecciones anticipadas formalmente plenamente legítimas y pre-avisadas desde hace meses, y que ellos mismos hace tiempo que buscan?

Puede ser muy divertido, a la altura de la obra de Muñoz Seca

 

Y no te olvides  que también habrá uno  500  alcaldes de toda Catalunya que alguna cosa van a decir.