El fraude de los cursos de formación de la Junta: fondos millonarios sin controles
El juicio de la 'reina' Melchor destapa gastos ilegales mientras los altos cargos se desentendían
El fallecido Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en la etapa del
PSOE y principal acusado en el caso de corrupción de los ERE, lo soltó a la juez Mercedes Alaya en 2013 que su hucha, el
fondo de reptiles, no era nada comparado con el dinero destinado a los cursos de formación. Si él tenía de media, según dijo, 54 millones de euros para repartir, la formación suponía 290 millones al año, más de cinco veces más.
En efecto, los cursos de formación han acaparado presupuestos millonarios a lo largo de los años y, al igual que los ERE, han sido foco de corrupción. En el juicio que se está celebrando estos días en la Audiencia de Sevilla por los desvíos de fondos públicos destinados a cursos en el consorcio Formades de la localidad onubense de Almonte también ha quedado patente que se manejaron cifras astronómicas. Sin controles y con los altos cargos de la Junta encargados de supervisarlos mirando para otro lado.
Un informe de la Cámara de Cuentas aporta un dato revelador que da idea de la magnitud del dinero público que se destinó a la formación. Solo durante los años 2008 y 2009, se concedieron 23.922.733 euros y 20.646.023 euros, respectivamente, a los catorce entes integrados en la red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía. Formades era uno de ellos. Aparte de estos entes públicos, el Gobierno andaluz repartía fondos millonarios, en forma de subvenciones, a sindicatos, fundaciones y entidades de todo tipo para la formación. Lo de los consorcios era solo una pequeña parte.
En el juicio de la Audiencia de Sevilla, se sienta en el banquillo la ex directora gerente del consorcio Formades Ana María Orihuela, ex concejal de Almonte, también conocida como la reina Melchor, ya que se vistió de rey mago en la cabalgata de Almonte del año 2009 y cargó todos los gastos a las subvenciones para los cursos de la Junta. Le acompañan en el banquillo su hijo y su sobrino, ambos enchufados en el consorcio Formades, y un veterinario, que cargó facturas por importe de 408.232,18 euros entre noviembre de 2007 y mayo de 2012.
A lo largo de estos días, se ha podido oír en el juicio cómo la responsable del consorcio manejó a su antojo
partidas millonarias y cómo buena parte del presupuesto público acabó en el
bolsillo de sus familiares. Su hijo facturó en poco más de tres años un total de 452.895,82 euros por presuntos trabajos de mantenimiento y como mozo de cuadra, ya que en Formades había caballos para los cursos.
¿Cómo era posible que no saltaran las alarmas?¿Quién debía controlar estos gastos? El consorcio remitía periódicamente las facturas a la Consejería de Empleo, pero allí nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tampoco se percató el alto cargo de Empleo que figuraba como presidente del consejo rector del consorcio en el que se aprobaban los presupuestos.
La Dirección General de Formación acaparaba el «segundo mayor presupuesto» de la Junta de Andalucía, pero había «poquísimo personal» que supervisara estos gastos, según contó en el juicio Teresa Florido, ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta.
EX ALTOS CARGOS, DE REOJO
Su antecesor en el puesto, Andrés Sánchez, trató de desvincularse del presunto fraude, ante las insistentes preguntas del fiscal Anticorrupción Fernando Soto. «Tenía bastante trabajo y no voy a estar encima de todo», llegó a decir.
El otro ex director general que declaró como testigo, Manuel Brenes, también echó balones fuera y explicó que solo acudió una vez al consejo rector de Formades y que la funcionaria que tenía encomendada la supervisión de este ente era «imposible» que se dedicara a visitar y controlar los catorce consorcios adscritos a la Junta en las ocho provincias. Estos centros, además, gozaban de «cierta autonomía», detalló el ex alto cargo.
El
descontrol que reinó en estos organismos públicos también ha sido puesto de manifiesto por los guardias civiles que han investigado el caso. En el juicio, uno de ellos relató que los consorcios operaron «sin control» hasta el año 2013, cuando se produjo el
traspaso de las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación y es cuando se comenzó a analizar «en profundidad» la documentación aportada por estas entidades y se iniciaron hasta «50 expedientes de reintegro» de dichas subvenciones.
En cualquier caso, no fue el consorcio Formades el único en el que hubo presunta corrupción. EL MUNDO viene informando desde el año 2014 de otros desvíos de fondos públicos en este tipo de entes públicos. Así, por ejemplo, el consorcio de la localidad sevillana de Gelves -la Escuela de Formación de Artesanos- compró jamones con una subvención destinada a los cursos.
El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla estuvo también investigando el consorcio CIO Mijas, que entre 2002 y 2013, recibió 48.762.991,14 de euros en ayudas para la formación. El consorcio, que fue construido con una subvención de 21.215.650,52 euros, estuvo varios paralizado. Las pesquisas judiciales, en las que estuvieron imputados varios ex altos cargos de la Junta, finalmente se archivaron el año pasado.
La causa que sí sigue tramitándose en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla es la referida al Consorcio CTI de la localidad gaditana de San Fernando. El juez que heredó este caso de Alaya está analizando los 6,5 millones en subvenciones que recibió este centro, que utilizaba a la polémica Faffe, para que impartiera cursos. Mientras, la presunta corrupción del consorcio de Almonte seguirá aflorando estos días en la Audiencia. Está previsto que el juicio siga hasta finales de marzo.
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