La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

 

Salvador illa vuelve a descargar responsabilidades: «Todo el mundo ha llegado tarde a esta pandemia»

La Fiscalía Europea, a través de la fiscal Concha Sabadell -cómo de claro lo tendrá que ver dada su querencia por Pedro Sánchez- ha incoado un procedimiento contra el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad por su gestión en la compra de material sanitario durante la pandemia. En concreto, la Fiscalía investiga al Ejecutivo por un sobrecoste de 10 millones de euros en un contrato para la compra de batas desechables. No es una cuestión menor, porque la apertura de diligencias se fundamenta en la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación. Ahora será el juez de garantías Santiago Pedraz quien analice el procedimiento como paso previo antes de que la fiscal ordene registros o llame a declarar a los investigados.

A la izquierda y sus terminales mediáticas sus burdos intentos de manchar los nombres de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, con los casos del contrato a una empresa vinculada a su hermano y el contrato a los comisionistas Luceño y Medina, respectivamente, se les han vuelto en contra como un bumerán. La realidad es la que es y quien tendrá que dar explicaciones será el Gobierno de Pedro Sánchez. Los delitos investigados son graves: prevaricación y malversación de fondos comunitarios.

El Ministerio de Sanidad compró medio millón de batas desechables con fondos europeos (Feder) a una empresa textil china al principio de la pandemia por un precio «que sería notoriamente superior al de mercado». Se pagaron 16,7 euros por cada bata, cuando en esas mismas fechas empresas españolas ofrecían el mismo producto por 0,3 euros. Estamos ante un sobrecoste de entre 52 y 60 veces. Inexplicablemente, Sanidad contrató por 10,1 millones de euros a la empresa china cuando si hubiera contratado a alguna de las empresas españolas el precio habría sido de entre 139.000 y 163.000 euros. Además, al precio de las batas chinas se le sumó otra cantidad de 842.000 euros en tasas y aranceles, por lo que el coste fue de más de 11 millones de euros. El fantasma de las batas chinas persigue al Gobierno de Sánchez, imputado por malversar y prevaricar. ¿Qué dirán ahora el Ejecutivo socialcomunista y sus terminales mediáticas?

 

Las subvenciones irregulares de 80 millones de euros que salpican a Montero, Planas, Ribera y Espadas

Más de 60 socialistas se libran de devolver más de 100 millones al prescribir los delitos imputados

El PSOE ‘birla’ 180 millones a los andaluces en una semana: 100 en los Presupuestos y 80 en Isofotón

El PSOE sigue acumulando causas en los juzgados de Andalucía. A los más de 130 casos que se investigan por la corrupción socialista, hay que sumar ahora la trama de ‘Astapa’, que investiga la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona nada más y nada menos que 16 años después de iniciarse la investigación.

Así, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el 9 de enero el inicio de este juicio que tiene 50 imputados, todos ellos ex responsables del PSOE, del Partido de Estepona (PES), y algunos empresarios y funcionarios. Entre los investigados se encuentra el ex alcalde de la localidad Antonio Barrientos.

Según los escritos de la Sala, se han previsto por el momento seis días para que las partes expongan sus cuestiones previas, del 9 al 17 de enero. Tras esto, el Tribunal realizará el examen y decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que puedan proponerse.

 

La Audiencia Nacional salva la cara del Banco de España y la CNMV con la sentencia de Bankia

La Audiencia Nacional absuelve a Rato y a su cúpula por la salida a bolsa de Bankia

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En una sentencia fechada el pasado 24 de octubre de cerca de 180 páginas, la sala de lo penal del Supremo ha puesto fin a una causa que se ha prolongado durante una década, desde que en mayo de 2012, apenas diez meses después de salir a Bolsa, la entidad fue nacionalizada; poco después, UPyD, el partido que dirigía Rosa Díez, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional.

La Sala ha rechazado los recursos presentados contra la decisión adoptada hace más de dos años, el 29 de septiembre de 2020, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que la salida a Bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FROB y Autoridad Bancaria Europea (EBA)-.