Dos días antes de que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol confesase en público, el 25 de julio de 2014, que ocultó durante 34 años la fortuna familiar en el extranjero, uno de sus hijos, Oleguer, regularizó ante Hacienda «una ganancia no justificada» de 748.538,92 euros ingresando en las arcas públicas 321.907,73 euros como autoliquidación complementaria del IRPF de 2009. Así consta en un escrito remitido por la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga por delito fiscal y blanqueo al hijo de Pujol.
En el documento, Hacienda explica al magistrado que la inspección a Oleguer Pujol comenzó el 12 de diciembre del pasado año, siete meses y medio antes de la sorpresiva confesión pública del ex president. Los técnicos de la Agencia Tributaria pusieron el foco en el IRPF de 2009 a 2012, en el Impuesto sobre el Patrimonio de 2011 y 2012 y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 2012. El hijo de Pujol presentó por tanto esa declaración complementaria «una vez iniciado el procedimiento inspector», recuerda Hacienda.
Con posterioridad, el 18 de septiembre del pasado año, la Agencia Tributaria amplió su investigación a la declaración de Pujol Ferrusola sobre bienes y derechos en el extranjero en 2012 y 2013, y así se lo notificó al hijo del ex presidente de la Generalitat.
En el escrito, remitido a la Audiencia Nacional el pasado 18 de diciembre, la Agencia Tributaria asegura que ha procedido a «suspender todo el procedimiento administrativo de comprobación e investigación» al tener conocimiento de que el juez Pedraz está llevando a cabo diligencias «que pudieran referirse a los mismos hechos que están siendo objeto de comprobación e investigación por los órganos de inspección de la AET». Hacienda invoca el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, que establece que esa inspección se suspenderá «cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos», y le envía al magistrado «toda la documentación incorporada en el expediente administrativo». La inspección tributaria se mantendrá en suspenso hasta que se archiven las actuaciones o recaiga sentencia firme sobre el procedimiento.
Por otro lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) informó a Pedraz el pasado 16 de diciembre de que no ha concluido aún el informe sobre la investigación a Oleguer Pujol. El magistrado reclamó el 28 de noviembre a la unidad policial que «a la mayor brevedad» le remitiese un «avance informativo sobre el estado de la investigación». Pero la UDEF le ha respondido que en la actualidad se encuentra analizando la documentación intervenida en los domicilios de Pujol Ferrusola y su socio, Luis Iglesias, y en la empresa Drago Capital.
Los investigadores también están llevando a cabo el «tratamiento y estudio» de la información intervenida en soporte informático en la operación policial y el análisis de los informes aportados por la consultora Deloitte y diversa documentación enviada a requerimiento judicial por el despacho de abogados Gómez Acebo&Pombo sobre la operación de compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por más de 2.000 millones de euros.
Para llevar a cabo esa tarea, la UDEF informa al juez de que ha puesto en marcha «un grupo multidisciplinar» que integran agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, analistas financieros de la Unidad Central de Inteligencia Militar y un equipo de traductores de inglés.
Ante el juez
- Declaración en familia. El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos declaran el día 27 como imputados en relación al origen de su fortuna oculta. En total, diez miembros de la familia se encuentran imputados ante la Justicia tanto por las actividades desarrolladas por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer, Marta, Mireia y Pere, y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercé Gironés. Josep es el único hijo al que ningún juez atribuye, por ahora, una conducta delictiva.
