Pujol ens roba

Ya sabes que hay a quien le gusta el "totum revolutum".

igualmente

iran a la carcel SEGURO

Por mucho que lo desees (como lo deseamos todos) y lo afirmes, incluso gritando (mayúsculas) :D yo no estoy segura de nada de eso, conclusión ni van a poner ni un pie en la cárcel y por tanto no cumpliran ni una misera pena minima. Con todo lo que sabemos y no sabemos que han robado, estos están pagando a un bufete de abogados de renombre y buen hacer y no se les verá ni un pelo en ninguna prisión. Por favor Solfam ¿como te atreves a pensar que una familia tan honorable se va a mezclar con delincuentes de baja categoria? Ellos son sinvergüenzas y ladrones de alto standing por tanto nada de cumplir condenas y reconocer sus délitos.

nadie pensaba que entrarian en los juzgados muchos y ya estan pasando...la justicia es para todos y sin duda pagaran con prision sus delitos...yo al menos sigo creyendo en el estado de derecho saludos

Cada uno puede creer lo que quiera, pero lo cierto es que hay miles de políticos imputados (aparte de los que se han ido de rositas) y los que están en la cárcel se pueden contar con los dedos. Los únicos condenados rapidamente y cumpliendo su condena son los dos jueces que se han atrevido con los corruptos.

Entonces podemos afirmar si rubor... que bajo las leyes españolas los corruptos catalanes campan a sus anchas. El problema no se llama Pujol... el problema es que se permitió que Pujol robara durante más de 25 años....con el beneplácito del estado español y todos sus organismos.

El estado español ens roba una vez más... y van?

No me extraña que algunos quieran cambiar las leyes españolas por unas catalanas.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Noticies-324/Deu-jutges-elaboren-una-proposta-de-Constitucio-de-la-Republica-Catalana/video/5417571/

Oriol Pujol, ex número dos de Convergència e hijo de Jordi Pujol, comparecerá el día 12 en los juzgados como imputado para aclarar si aceptó sobornos al participar en las deslocalizaciones de las empresas Sharp, Yamaha y Sony y utilizar su acceso al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para lucrarse, como cree la juez del caso.

«Si tienes oportunidad de comentar la entrevista con Mas y puedes hacerle visible nuestro papel en la operación me lo dices. Gracias. Sergi». Este mensaje, enviado por el empresario Sergi Alsina a su amigo y entonces diputado de CiU Oriol Pujol el 7 de junio de 2011, es uno de los que fundamentan la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona de imputar al ex secretario general de Convergència por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, la magistrada considera que Pujol uso «sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su esposa y de su amigo, de tal modo que Sergi Alsina contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en la Gobierno de la Generalitat que le facilitaba su labor profesional».

Para poder tener éxito en estos negocios empresariales que tenía junto a Alsina -quien actuó como mediador en las operaciones de deslocalización de las multinacionales Sharp, Yamaha y Sony-, el juzgado sospecha que Pujol llegó a pedir ayuda a Artur Mas. La actuación del president habría consistido en hablar con los directivos de algunas de las sociedades catalanas que iban a participar en el proyecto, tal y como se desprende de algunos pinchazos telefónicos intervenidos a los sospechosos.

La imputación de cohecho que formula la juez se fundamenta en estas conversaciones intervenidas, documentación que obra en el procedimiento, y en un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera. La Fiscalía Anticorrupción reclamó hace unas semanas la imputación de Pujol, su esposa, Anna Vidal, y Alsina.

La juez indica que «la intervención de Oriol Pujol Ferrusola fue decisiva gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba, pues intervino directa o indirectamente en las negociaciones para la venta de Sharp hablando con los dueños de Cirsa, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat de Cataluña, así como al director de la Agencia Tributaria catalana y a altos cargos del Departament d'Indústria; coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina, o incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación».

'Éxito de la operación'

De esta forma, la magistrada considera que «gracias» a la actuación de Pujol «la operación mercantil para la que fue contratada la empresa de su amigo Sergi Alsina tuvo el éxito esperado». Además, recuerda que por presuntamente ayudar al empresario en estos negocios el ex diputado supuestamente recibió «retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de Anna Vidal por una labor de asesoramiento ficticia».

En este sentido, el auto establece que entre 2005 y 2012 las empresas de la mujer de Oriol Pujol facturaron a la sociedad de Alsina casi 700.000 euros, pese a que se consideran irregulares las cobradas en 2008 y a partir de 2010. En concreto, la juez indica que la esposa de Pujol cobró unos 500.000 euros en facturas que «simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la colaboración prestada por Oriol Pujol».

El juzgado ha citado a declarar como el próximo 12 de enero a Pujol, Vidal y Alsina. No será la primera vez que lo hagan como imputados en este procedimiento, aunque antes lo hicieron en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que Pujol tenía entonces condición de aforado. Tras la renuncia en julio pasado del dirigente de CiU de su acta de diputado en el Parlament, el procedimiento volvió al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que inició la investigación hace más de tres años y ordenó las primeras detenciones, entre ellas la de Alsina, en marzo de 2012.

De nuevo al frente del procedimiento, la juez Silvia López Mejía decidió unir todas las piezas abiertas contra los acusados: por el presunto tráfico de influencias para distribuir el nuevo mapa de estaciones de ITV en Cataluña, el cohecho para aprobar la Ley de Seguridad Industrial de 2008 y este segundo supuesto soborno en las operaciones por deslocalización de empresas entre 2010 y 2012, además de otros negocios en los que Vidal facturaba a Alsina.

Una de las investigaciones gira en torno a las gestiones de los imputados por la deslocalización de Sharp, en la que Vidal cobró 236.000 euros por el «análisis financiero e industrial de empresas que pudieran operar en la planta de Sant Cugat del Vallès», que el auto dice que consistió en la aportación de información manuscrita de las empresas candidatas «fácilmente obtenible en internet». Además, la juez sospecha del proyecto de un parque de proveedores de Seat, donde Pujol presuntamente «intervino directa e indirectamente ante el alcalde de Martorell para la consecución de los fines perseguidos» por Alsina, como «la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades» de la fábrica de automoción. Por eso, la juez cita a declarar como testigos a directivos de estas empresas, al alcalde de Martorell y actual presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, a empleados de Alta Parnets, la sociedad de Alsina, y al abogado Modest Llopis.

El juzgado investiga tres operaciones más -un proyecto de planta de biogás en la comarca del Montsià (Tarragona), el asesoramiento a un fondo de capital de riesgo en la fusión de dos grandes cadenas de gimnasios y la venta de la empresa Jayan y la compra de Bonitrans-. Para la juez, los pagos de Alsina a Vidal en estas operaciones era la forma del empresario de abonar «los servicios prestados» por Pujol «aprovechándose de su posición política».

El auto insta al Registro Mercantil a que informe sobre las sociedades de Alsina y Vidal, tal y como pidió la acusación popular de Manos Limpias, que ejercen Sonia Reina y Álex Zaragüeta. Además, cita como testigos al ex consejero Lluís Franco -que también fue director de la Agencia Tributaria de Cataluña-, a los presidentes de Cirsa y del Grupo Sesé y a directivos de Seat.

Por otro lado, el TSJC informó ayer de que las declaraciones de Oriol Pujol y de su esposa en abril, dentro de la investigación sobre la Ley de Seguridad Industrial, no quedaron bien grabadas por un problema técnico y sólo se pueden reproducir parcialmente.

En Cataluña los políticos han esquilmado las arcas.