No aclaró en el juzgado la larga lista de operaciones que la Udef ha puesto bajo sospecha La Audiencia se centra en el suegro de Jordi Pujol Ferrusola
No supo justificar la comisión del 3% que pidió tras mediar en un 'pelotazo' urbanístico
A la propietaria le dijeron que los problemas administrativos "se acabarían" si vendía.
Jordi Pujol Ferrusola, el pasado lunes, tras declarar en la Audiencia... Jordi Pujol Ferrusola, el pasado lunes, tras declarar en la Audiencia Nacional. JAVIER BARBANCHO
MANUEL MARRACOMadrid Actualizado: 22/09/2014 03:22 horas
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Que saliera libre sin ninguna medida cautelar y que su defensa se exhibiera satisfecha tras la declaración no supone que Jordi Pujol Ferrusola aclarara realmente en el juzgado la larga lista de operaciones que la Udef ha puesto bajo sospecha.
Cinco horas de interrogatorio dan para mucho; para respuestas certeras y explicaciones que "no cuadraban". Entre ese último grupo destacó todo lo relacionado con la compraventa de unos terrenos en Hospitalet (Barcelona) por 30 millones de euros. Se trata, según informes policiales, de una venta provocada por las presiones a los propietarios de los terrenos y que se remató con el suegro de Pujol Ferrusola presentándose ante el vendedor para exigir su 3%.
Vistas las "dudas" que dejaron las respuestas de los imputados, en esa operación ha puesto especial interés el juzgado. Tras la comparecencia de Pujol y su ex mujer, todas las operaciones con el grupo Copisa, que hizo abundantes negocios con dos sociedades de Pujol Ferrusola, siguen arrojando sombras. De las siete facturas analizadas por la Udef relacionadas con ese grupo, es la última la que más escama a los agentes. Se trata de un pago de 226.576,93 euros a Iniciatives Marketing i Inversions -controlada por Pujol- en concepto de "honorarios por la intermediación realizada para la firma de compra de las fincas registrales 205, 6157 y 6148 del Registro de la Propiedad 6 de Hospitalet, propiedad de la sociedad Focio". La Policía enumera una serie de circunstancias que le lleva "a valorar la ilegalidad de las comisiones devengadas". Para empezar, considera "sintomático" que la factura se equivoque en el número de una finca.
"No consideramos de recibo ese error, cuando se supone que debes conocer con cierta minuciosidad los activos sobre los que negocias", dice. Para tirar del hilo, la Udef interrogó en Barcelona a Laura C. S., apoderada de la sociedad patrimonial familiar Focio, que habían constituido sus padres. Explicó que ni ella ni su hermano "tuvieron nunca conocimiento que nadie intermediara en la venta de las fincas a Novensauro Inmobles [controlada por Copisa], es decir, que nadie hizo gestiones con los miembros de la familia".
Pese a ello, relató la testigo, "poco después de la escrituración de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés, padre de Mercé Gironés, para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta, ascendente a 30.050.606 euros". Los vendedores accedieron a pagar el 1% después de que su contacto en Copisa, Antonio Lodeiro Guardiola, les asegurara "que esa labor de intermediación existió". El pago se hizo a dos miembros de la familia política de Pujol Ferrusola.
"El advenimiento por parte de Focio a los desembolsos", prosigue la Policía, "no fue en absoluto una decisión discrecional, relatando a esta instrucción policial toda una serie de problemas que sufrieron en los años previos a la firma de la venta, en la que les declararon inundables y les precintaron otra finca, les instalaron en la finca colindante a su propiedad una planta de tratamiento de residuos, y les negaron cualquier iniciativa inmobiliaria sobre las fincas en Hospitalet. Todas estas trabas les supusieron serios inconvenientes".
La apoderada declaró a la Udef que Antonio Lodeiro había intentado en años anteriores, en nombre de otra sociedad, que le vendiera los terrenos. Y les dijo "que todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al Grupo Copisa". Laura C. S. pidió a la Udef que esto último no constara en su declaración "por las previsibles complicaciones que le podía traer por la influencia que en Cataluña tienen los investigados".
La Udef resalta "lo ocurrido en torno a la situación urbanística de las fincas", que parece explicar el inusitado interés por adquirirlas. Durante años, los terrenos habían sido calificados como de equipamiento urbano, con un techo de construcción de 15.824 metros. Pero en abril de 2005, apenas nueve meses después de que se firmara la venta, se aprobó una modificación del plan general metropolitano que permitía elevar el techo de 55.123 metros, lo que multiplicaba el valor de las propiedades.
En cuanto al beneficio para el intermediario de Pujol y su entorno se refleja en tres facturas, la ya mencionada a Iniciatives y que provocó la investigación de la Udef, y otras dos a familiares de su ex mujer. En total, algo más de medio millón de euros. La Udef concluye su informe sobre este apartado haciendo la suma y sugiriendo seguir buscando más pagos: "Las plusvalías ilícitas en este negocio ascienden a 550.762,27 euros brutos, considerando relevante acometer un análisis por si hubiera otras no descubiertas hasta la fecha".
Ahora, testigos y Andorra
El magistrado Pablo Ruz ha preguntado a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, qué diligencias de investigación quiere practicar a partir de ahora. Tras las declaraciones de Pujol Ferrusola, Gironés y una secretaria, no hay ninguna declaración pendiente, pero el juzgado tiene previsto citar a declarar varias a personas relacionadas con los negocios que ha escudriñado la Udef. Entre ellas, las personas relacionadas con la operación de compraventa de terrenos en Hospitalet. Según explicaron fuentes jurídicas, esas previsibles testificales podrían dar un impulso a una investigación que, a la luz del criterio de Anticorrupción con las medidas cautelares y de las declaraciones posteriores del fiscal general, se ha revelado mucho menos avanzada de lo que los informes policiales hacían pensar. El otro elemento que según las mismas fuentes podría avivar la investigación y sacarla del estado "embrionario" es la llegada de la comisión rogatoria librada a Andorra. La juez del Principado aceptó tramitarla, si bien recordando que iba a tener en cuenta tanto los argumentos de los Pujol contrarios a que la Audiencia reciba los datos bancarios como las limitaciones de la ley andorrana en materia de delitos fiscales. Pese a todo, fuentes de la Audiencia creen que finalmente sí habrá respuesta de Andorra.
