El odio a lo catalán

Carme Forcadell estará fuera unos cuantos días, en concreto del 3 al 12 de agosto, ambos incluidos. Así lo anuncia ella misma en el boletín oficial del parlamento catalán de fecha 29 de julio, en el que resuelve delegar sus funciones en vicepresidente primero, el convergente Lluís Corominas. Así pues, Forcadell, en el punto de mira del Gobierno y el Tribunal Constitucional por el pleno en el que se aprobó la "desconexión" desobedeciendo una interlocutoria del TC, se enterará de si se actúa contra ella por la vía penal en la exótica Etiopía, su destino vacacional.

Este lunes está prevista la reunión de urgencia del Constitucional que debatirá si procede el incidente de ejecución de la abogacía del Estado. La notificación tendrá que ser recogida por Corominas. Forcadell estará en Etiopía, según declaró en un programa del circuito catalán de TVE, donde la actual política tuvo su primer trabajo como periodista.

La delegación de funciones, según se especifica en el boletín parlamentario, es entre el 3 y el 12 de agosto, "o, eventualmente, hasta mi regreso". Firmado por Carme Forcadell i Lluís.

Especificidades del viaje

Etiopía fue considerado el año pasado el mejor destino turístico por la European Council on Tourism and Trade. En el ministerio de Exteriores hacen algunas objeciones "no vinculantes" respecto a la inseguridad en el país, oficialmente la República Federal Democrática de Etiopía, un nombre tal vez inspirador para la presidenta del parlamento insurrecto.

En una reciente entrevista en La Vanguardia afirmaba que era una apasionada de viajar por su cuenta, con su esposo o con amigas y contaba anécdotas de la India, Kenia y Camboya.

De este modo, los magistrados del Tribunal Constitucional debatirán sobre si su futuro es político o penal mientras ella recorre Etiopía del 3 al 12 de agosto. Tras haber puesto la institución que preside fuera de la ley, Forcadell se larga de vacaciones hasta el 12 "o, eventualmente”, hasta que vuelva.

la ley es para TODOS...

Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC) han acordado este lunes suspender la resolución por la que la semana pasada el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso de secesión y han dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.

En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara para que, en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio «a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas» en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones

Incidente de ejecución
Lo novedoso de la deliberación de hoy, desde el punto de vista procesal, es que es la primera vez que este órgano hace uso de las nuevas herramientas -previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)- que la última reforma puso a su disposición para hacer cumplir sus sentencias.

También es inédita la situación actual si se tiene en cuenta que este incidente de ejecución se ha presentado una vez el Parlamento catalán ha incumplido el mandato previo dado por este órgano en un primer incidente que se resolvió tras un incumplimiento previo de la sentencia que declaró inconstitucional la denominada declaración soberanista.

Artículo 92
El Ejecutivo, que centra buena parte de las responsabilidades en la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, había emplazado al tribunal a «deducir testimonio de particulares» para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pedía al Tribunal Constitucional que emplazara a una serie de responsables públicos catalanes —entre ellos el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont— que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de «desconexión».

El Ejecutivo reclamaba avisar de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la «observancia» de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

El escrito de la Abogacía calificó la resolución como «un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento» a la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen «instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista».

El artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), fruto de una reforma aprobada en octubre del pasado año, establece los mecanismos que permiten al Tribunal velar por el cumplimiento de sus decisiones.

JAUME PI, Barcelona 01/08/2016 09:56 | Actualizado a 01/08/2016 12:01
C arme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, no será inhabilitada hoy. Lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional es “abrir” la vía penal siguiendo la petición de la Abogacía del Estado, lo que significa comunicar a la Fiscalía que estudie si ha existido un delito de desobediencia en la actuación de Forcadell de permitir la votación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent a pesar de que había sido advertida por el propio TC.

Si finalmente Forcadell se la condena a suspensión de cargo público por desobediencia, no sería el primer caso en España. Ya existe un precedente: el del presidente del Parlamento vasco entre 1998 y 2005, Juan María Atutxa. El caso de Atutxa fue más claro: recibió una orden directa del Supremo y tras intentar esquivarla, acabó decidiendo que era imposible dar cumplimiento al Alto Tribunal, alegando que debía prevalecer la autonomía del reglamento de la cámara, única legalidad a la que, decía, debía atenerse. Un argumento similar al que esgrime ahora Forcadell. Sin embargo, Atutxa fue objeto de una querella por un presunto delito de desobediencia por parte de Fiscalía -y del sindicato Manos Limpias- por incumplir una orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario formado por la ilegalizada Batasuna. El Supremo se apoyaba en la recientemente aprobada ley de partidos (2002).

Atutxa y otros miembros de la Mesa se negaron expresamente a la petición del Supremo y se abrió la vía penal contra ellos. En 2005, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) absolvió a Atutxa y a los acusados Gorka Knörr (Eusko Alkartasuna) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua) al tenerse en cuenta que estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. Pese a ello, el Supremo reabrió la causa y pidió al TSJPV que entrara en el fondo de la cuestión y estableciera si hubo delito de desobediencia en la actuación de los acusados. Una nueva sentencia de dicho tribunal volvió a absolver a Atutxa, Knörr y Bilbao al entender que el presidente del parlamento y los miembros de la Mesa no encontraron la fórmula para atener a su mandato y disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, el nombre con el que la izquierda abertzale había entrado en el Parlamento.

Pero el Supremo no quedó satisfecho y volvió a reabrir el caso admitiendo a trámite un nuevo recurso de la acusación particular que ejercía Manos Limpias. La Fiscalía, ya entonces, se había retirado de la causa. El sindicato hoy bajo sospecha pedía una condena de 2 años de inhabilitación para ocupar cargo público a los tres miembros de la Mesa y una multa de doce meses a razón de 300 euros diarios para cada uno. En enero de 2008, el Tribunal Supremo condenó a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para todo cargo público, y 18.000 euros de multa, mientras que Knörr y Bilbao fueron condenados a un año de suspensión de cargo público.

La sentencia contra Atutxa y los otros dos miembros de la Mesa fue insólita. No por la condena en sí, sino porque suponía un cambio de criterio en lo que se viene a llamar la doctrina Botín. A grandes rasgos, el Supremo decidió en el caso del banquero que si solo era objeto de acusación por parte de particulares no afectados directamente o la Fiscalía, el juicio no tenía razón de ser. Pero en el caso de Atutxa, ello no bastó. Al presidente del Parlamento vasco sólo le acusaba Manos Limpias pero ello fue suficiente para que se le abriera juicio oral y finalmente se emitiera una condena. Tras recurso de amparo, la decisión del Supremo fue avalada por el Tribunal Constitucional al cabo de unos años que no tuvo en cuenta el cambio de criterio procesal y simplemente consideró que era la condena constitucional.

Los expertos subrayan que existen algunas diferencias entre los casos de Atutxa y Forcadell porque en el primero, la desobediencia del vasco es flagrante mientras que puede existir más margen de interpretación en el caso de la catalana. Atutxa recibió una orden concreta, disolver un grupo, y se niega. En cambio, la orden del TC contra los miembros de la Mesa del Parlament resulta algo más general, por lo que la presidenta del Parlament podría encontrar una vía de defensa más efectiva. En todo caso, el caso de Atutxa se prolongó 5 años -dejó la presidencia de la cámara en 2005, antes de ser condenado- y el de Forcadell también podría ir para largo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a la plataforma Barcelona con la Selección por haber instalado una pantalla gigante en la plaza Catalunya para ver el partido de la Eurocopa del 27 de junio entre España e Italia.

La sanción, de 3.300 euros y que se reduce a 1.155 euros si la abonan antes de este viernes, se ha impuesto por haber instalado la pantalla sin contar con las medidas de seguridad necesarias para organizar este acto en la vía pública, ha detallado este lunes ‘El Mundo’.

La entidad, que recibió la notificación el pasado jueves, ha decidido asumir la multa por “posibles represalias del ayuntamiento” y ha pedido colaboración ciudadana mediante donativos a ingresar en una cuenta bancaria.

La plataforma colocó la pantalla aprovechando un permiso de manifestación que pidieron a los Mossos d’Esquadra después de que el Ayuntamiento rechazara la posibilidad de instalarla, hechos por los que la Guardia Urbana abrió un expediente sancionador por no contar con autorización para la pantalla.

Los agentes se personaron para levantar acta por ocupación del espacio público, ya que los organizadores tenían permiso de la Conselleria de Interior de la Generalitat para una concentración, pero no para meter en la plaza un vehículo con la pantalla.

Reincidirán en el Mundial 2016

La plataforma ha avisado de que tiene la intención de que instalar otra pantalla gigante si la Selección Española se clasifica para el Mundial de 2018 que se disputará en Rusia.

“Rogamos que no hagan caso omiso a nuestras instancias y se sienten para solucionar de manera real el problema que han creado con nosotros, o nos veremos obligados a volver a instalar la pantalla con el mismo procedimiento”, ha advertido, y ha defendido que no hubo ningún incidente y que dejaron el espacio en perfectas condiciones tras el acto.

a las barricadas....

La diputada de la CUP Anna Gabriel no se anda con sutilezas y este lunes ha hecho pública una dura advertencia en la red social "Twitter" respecto a la decisión del Tribunal Constitucional sobre lo aprobado el pasado miércoles en el "Parlament" y el futuro, si político o penal, de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell.

"Una eventual inhabilitación de cargos electos supondría un punto de no retorno, el país respondería", ha escrito la diputada a primera hora. Y no ha sido la única en expresarse a favor de una respuesta más allá de lo jurídico e institucional. Ignasi Planas, el líder del sector "Reagrupament" (una escisión de la ERC en tiempos de Carod que fue abducida por Convergencia) en el "Partit Demòcrata Català" también ha lanzado un inequívoco mensaje en la red social: "Que entiendan bien que el inicio de acciones penales contra Forcadell será el inicio de una revuelta".

En la misma línea, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha asegurado que "pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal". Con la misma contundencia, Joan Tardà ha hablado de desacato: "Lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlament de Catalunya. Si hay que desacatar, desacataremos", ha dicho en Catalunya Ràdio. "Tenemos que contemplar todas las posibilidades", ha avisado.

Por la tarde, y también mediante Twitter, contestaba el presidente catalán diciendo, desafiante, que "obedecerá", pero al parlamento catalán: "Obedeceremos, claro que sí. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero".

Dolça Catalunya advirtió el pasado sábado de un singular tuit de un dirigente de la UGT catalana. "Si algo ha de hacer la Assemblea tener preparados piquetes ciudadanos en caso que se aplique la fuerza policial contra el Parlament".

Así pues, clima entre cálido, ardiente e insurrecto en Cataluña para ir creando ambiente de cara al "Onze de Setembre". Todas las facciones del separatismo están a una, entre organizar piquetes, iniciar la revuelta y salir a la calle en una respuesta "de país". El furor y las amenazas del proceso no cesan.

Se supone que todos conocemos la letra de la Marsellesa, ¿no?

Niego la mayor. Yo no aprecio catalanofobia alguna que sea relevante. No puedo decir lo mismo de la hispanofobia evidente.

Tendrás el índice sensorial algo descalabrado.

No son palabras mías, pero lo suscribo:

"Las leyes civiles son las disposiciones normativas emanadas por las autoridades estatales (generalmente, por el órgano legislativo del Estado) con la finalidad de promulgar, explicitar o concretar las exigencias [...] necesarias para hacer posible y regular adecuadamente la vida de los ciudadanos en el ámbito de la sociedad políticamente organizada. Deben garantizar principalmente la paz y la seguridad, la libertad, la justicia, la tutela de los derechos fundamentales de la persona y la moralidad pública.
[...]
Son injustas las leyes que se oponen a la ley moral natural y al bien común de la sociedad. [...]
Las leyes civiles injustas no obligan en conciencia; al contrario, hay obligación moral de no cumplir sus disposiciones, [...] de manifestar el propio desacuerdo y de tratar de cambiarlas en cuanto sea posible o, al menos, de reducir sus efectos negativos. A veces habrá que recurrir a la objeción de conciencia [...]"

Mira, un ejemplo que seguro no es nada relevante:

Jejeje...sufrimos en la actualidad entre un 8 y un 14% de boicot de nuestros amigos "los españoles" pero Cutundaweb..."nos niega la mayor" porque dice que no "la aprecia"...se nos ha quedado descansado con semejante estudio sociológico.

http://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/boicot-a-los-productos-catalanes-las-marcas-y-empresas-responden/

Habló el supremacista que menosprecia a los mesetarios por inferiores.

Alguien tenía que decirlo...

Ahí faltan Zipi y Zape.

yo tambien lo suscribo, no se puede ir en contra del interes general de un pueblo ( españa)por el interes particular de unos pocos (48%catalanes)