España
http://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Policia-Ley-Mordaza-decenas-protestar_0_696081184.html
Que bonita es la ley....El gobierno quiere una españa silenciosa...jejeje, ¿como se consigue? LEY MORDAZA.
Le meto 601 euros de multa y "sanseacabo".
Se pasan el día presumiendo de democracia y, mientras tanto, la van torpedeando.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Es normal. Es lo que sucede en el Estado de "los legítimos poderes". "Ellos", "los legítimos poderes" (económicos por supuesto), ya decidieron lo que hay que hacer y lo que conviene. El pueblo que se calle, que ya votó. ¿La Ley? La Ley no es lo que dicen los boletines oficiales, es simplemente lo que interpretan que dice "los legítimos poderes".
Han logrado vencer, sin demasiado esfuerzo, la revuelta de millones de catalanes, así que poco les importa las quejas de unos centenares (o miles) de murcianos. Lo único inteligente que les queda por hacer es trasladar su sede social, si no les gusta donde van a vivir.
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!
Los Mossos investigan a la familia San Martín por una estafa mayor que Gescartera
El caso Publiolimpia, por el que fue detenido el pasado mes de junio el empresario Antonio Mas, conocido como el Madoff español, afecta a más un millar de personas que reclaman 246 millones de euros.
El gasto anual de realizarla a toda la población de riesgo, hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, no sería un problema: en total, unos 65 millones de euros en toda España. En la actualidad, tratar a quienes ya han desarrollado el cáncer es de 1.100 millones de euros. “El coste de la prueba de detección sería el 6% de lo que cuesta tratar todos los casos de cáncer de colon”. Ester Díez, directora de comunicación de AECC, lo tiene claro: “Cuanto más tiempo pase sin aplicarse, más gente se morirá”.
Esto es lo que yo me pregunto: ¿porqué no se gastan 65 millones para prevenir y que beneficia a la persona afectada y al sistema sanitario? Si así se hiciese, los 1100 millones no se los lleva nadie. Es muy extraño que no se haga de la manera preventiva desde ahora mismo en toda España, el ahorro es brutal.
El Govern de Cataluña pudo haber desviado medio millón de euros a falsos proveedores para costear la estancia de Puigdemont en Bélgica
Luis Romero.- ¿Quién paga la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas? ¿Cómo estará costeando el político secesionista la puesta en escena de esta estrategia victimista? Son preguntas que se hacen muchos ciudadanos. Sobre todo si se tiene en cuenta que Puigdemont, al igual que sus consejeros, han sido cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución española y, por tanto, no pueden utilizar fondos públicos para viajar. De hecho, ya no disponen ni de tarjetas de crédito, ni de portátiles y móviles pagados por el Gobierno catalán.
Es precisamente el artículo 155 el que permite al Gobierno indagar respecto a las partidas desembolsadas antes del cese del Govern. Según fuentes próximas a la nueva admnistración en Cataluña, el departamento de Economía pido haber librado pagos a falsos proveedores por valor de medio millón de euros para cubrir la huida en la capital belga tanto de Puigdemont como de cuatro de sus exconsejeros. Estos presuntos pagos dibujarían una ‘hoja de ruta’ programada por Puigdemont durante las semanas anteriores a la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno de Rajoy.
Se espera que en los próximos días, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría comience a revelar datos relacionados con los pagos hechos por los responsables del procès a personalidades extranjeras en su propósito de obtener la mayor repercusión internacional mediática. Se sabe por ejemplo que el Govern invitó a representantes de partidos independentistas que han mostrado ya su apoyo a la causa separatista. Entre ellos figuraron miembros del SNP escocés, del NVA flamenco, del Sinn Feinn de Irlanda del Norte y parlamentarios suizos, daneses y noruegos. Muchos de ellos ya fueron invitados a presenciar la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014.
Pagos a Yoko Ono y Julián Assange
La justicia, gracias a las querellas presentadas el pasado lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, rastrea ya la ingente cantidad de dinero malversado en la aventura secesionista.
El Ministerio Público ha facilitado tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo información exhaustiva que sustenta la tercera gran acusación contra los líderes del órdago tras las acusaciones de rebelión y sedición, la de malversación de caudales públicos.
En torno a DIPLOCAT, la red exterior de embajadas catalanas, el fiscal cuantifica el pago al lobby internacional -en el que participaron entre otros Julián Assange y la viuda de John Lennon, Yoko Ono- en 2,3 millones de euros, y eso solo en lo que va de 2017.
El Ministerio Fiscal identifica tres fases en el proceso secesionista, comenzando por una “fase preparatoria” entre 2015 y 2017. Los hechos investigados revelan que “se llevó a cabo una campaña internacional de imagen” para trasladar al mundo “un relato único y sesgado de la situación de Cataluña”.
Este lobby llegó a reclutar para la causa independentista a “personajes más o menos conocidos del panorama internacional” que se movilizaron -vía redes sociales, fundamentalmente- en favor de la causa independentista.
La Fiscalía destaca el papel del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y de la viuda de John Lennon, Yoko Ono, cuya adhesión considera que “no ha sido espontánea”. De hecho, Assange ha seguido atacando a Mariano Rajoy hasta hace unos días.
Entre 500 y 1.000 euros la hora
Respecto al abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, tal y como apunta La Razón y que reproducimos, ha extendido su estrategia de cubrir el fundamento del independentismo catalán con una nebulosa de romanticismo incomprendido a su propia persona. Ayer, el letrado que defiende a Puigdemont y que actualmente copa los titulares de la prensa internacionalse definió en el diario flamenco «De Tijd» como un «vaquero pobre y solitario» que no tiene «nada que perder». Habría que indagar qué baremos miden su percepción de la pobreza, porque esta «piedra en el zapato para el Gobierno español» –palabras textuales– cobra entre 500 y 1.000 euros la hora, según afirman fuentes cercanas a él del mundo de la abogacía belga, y explican que tiene por norma incluir en la facturación el coste administrativo y de secretariado, así como el de procedimiento.
«En Bélgica, el sueldo medio que cobra un abogado es de 200 euros la hora», informan desde un conocido bufete de abogados español con delegación en Bruselas. «Y si trata temas penales la cantidad sube». El contrato que haya fijado el ex presidente de la Generalitat pertenece al secreto profesional del abogado, así como las horas o las veces que se ha reunido con él, o las gestiones que desde su oficina hayan llevado a cabo en su beneficio.
Un letrado «sensible»
Bekaert, nacido en 1948 en la ciudad flamenca de Cortrique, «es muy sensible a todas las personas oprimidas por el Estado central, que piensa necesitan un juicio justo», aseguró recientemente uno de sus dos hijos. Sensibilidad que le ha llevado a defender a no pocos terroristas de ETA, de lo que él mismo presume: «En las últimas décadas he acumulado la experiencia en este tipo de asuntos, en particular llevando casos de vascos para evitar su extradición. Mi reputación es bien conocida en España». Su afán por defender a estas «minorías» se remonta a finales de los años 60, cuando se desató el conflicto en la ciudad de Lovaina entre los estudiantes francófonos y los flamencos de la Universidad, originando la ciudad de Lovaina la Nueva. Fue en aquel momento cuando el «vaquero» empezó a simpatizar con el ideal de que las regiones belgas debían tener «mayor autonomía». Así, después de licenciarse en la universidad de Lovaina en Kuleuven en 1972 se especializó en derechos humanos y en órdenes de detención y extradición.
Se implicó en el Liga Belga de los Derechos Humanos y fue observador tanto de Irlanda del Norte, como del País Vasco, de ahí que se haya encargado a lo largo de su trayectoria profesional de casos como el de la extradición de los colaboradores de la banda criminal Luis Moreno y Raquel García, acusados por dar cobertura al comando Vizcaya que asesinara a un policía en 1992. Los servicios de Bekaert provocaron una crisis entre el Gobierno de España y el belga, reclamados, al igual que Puigdemont, por la Audiencia Nacional.
Pero el apodado como «abogado de etarras» no sólo tiene el foco de su actuación en nuestro país. También defendió a una militante turca de extrema izquierda, Fehriye Erdal, perteneciente al Partido Revolucionario por la Liberación del Pueblo, involucrado en el asesinato del empresario Özdemir Sabanci en 1996 en Estambul. La militante turca desapareció horas antes de que se publicara la sentencia que la condenaba a cuatro años de cárcel. Y sigue en paradero desconocido.
Si Puigdemont sigue los mismos pasos que la turca es una incógnita que pronto se despejará. Fuentes cercanas informan de que conoció al ex presidente de la Generalitat el pasado lunes a través de una llamada que un allegado del político hiciera a su despacho ubicado en la localidad de Tielt, a unos 20 kilómetros del suroeste de Brujas, donde se domicilian empresas de alto nivel económico. En cuanto recibió la llamada para defender al político secesionista, le respondió: «Mi puerta está abierta siempre».
Bekaert ha seguido el órdago secesionista catalán con el mismo interés con el que en su día siguiera los procesos secesionistas acaecidos en Escocia y Quebec, pero, a pesar de estos datos, el letrado no se considera una persona nacionalista, sino de izquierdas y progresista. Lo que según él le ha conducido a defender la «protección de los derechos fundamentales», como en el caso de sus defensas de los terroristas, a las que se suma la secuencia judicial de la «Pepona», María Natividad Jáuregui, o de Luis María Cengotitabengoa.
Bekaert sabe que la baza que le queda para proteger a su cliente es respaldar el discurso de los partidos opositores y secesionistas españoles respecto a que las decisiones de la juez Lamela son «fascistas» o «politizadas». El pasado viernes, mientras la magistrada hacía pública la orden europea de detención y entrega para Puigdemont, su cliente se hacía eco en la televisión belga del argumentario de su cotizado abogado, negando que haya huido del país, sino que busca que lo juzgue la «justicia verdadera», es decir, la belga según él, alegando que «no hay garantías» en España de que se produzca «una sentencia justa».
El alcalde socialista de Alicante, procesado por prevaricación
Un senador otorgó una licencia ilegal a una compañera del PP para edificar un chalé en suelo rústico
http://www.eldiario.es/politica/senador-licencia-companera-PP-edificar_0_705180007.html
Para eso quieren gobernar. Interés particular por encima del general.
Morocho, máximo responsable de todos los logros del caso Gürtel, ha confirmado ante los diputados los pagos en negro a varios dirigentes del PP, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así Francisco Álvarez-Cascos o Federico Trillo.
http://www.publico.es/politica/jefe-investigacion-policial-caja-b-del-pp-corrupcion-puro.htm
Sin comentarios..... palabras del comisario de la UDEF "corrupcion en estado puro".
Vaya país.!!!!!!
Sin quitar que sea cierto lo que dices ¿creés de verdad que los políticos catalanes o de cualquier comunidad actuan diferente a lo que expones?, eso pasa en todo el mundo, no sé de que te asombras
| P. Gómez/larazon.es. | Madrid
Hacienda tutelará semanalmente las operaciones financieras del consistorio después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero del equipo de Carmena.
| G. G. / A. B..
Si los fondos estuvieran sin declarar podrían ser perseguidos como delito contra la Hacienda Pública al no haberse cumplido el plazo que establece la ley para que prescriban.
V?deo