España
El "héroe" de Perejil y las Azores (entre otras vergüenzas) empeñado en darnos el coñazo hasta para irse:
Aznar: alumno del Pilar, falangista en la juventud, meritorio de las Azores, hombre de negocios y militante de base
http://www.eldiario.es/politica/Aznar-Alumno-Pilar-falangista-Azores_0_592841765.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Esperemos que le den una embajada y nos deje al todos tranquilos. Es más pesao que las moscas de septiembre.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado este miércoles que el órgano fiscalizador no puede detectar la financiación irregular de los partidos políticos y que no pudo percatarse de la contabilidad en 'B' en el PP, desvelada por el caso 'Bárcenas' y 'Gürtel'.
Así lo ha manifestado durante la presentación de los informes de fiscalización de partidos de los ejercicios 2012 y 2013 ante la Comisión Mixta, en respuesta al diputado de Unidos Podemos Segundo González, que le ha reprochado el "déficit de funcionamiento" del Tribunal de Cuentas por no apreciar la financiación ilegal del PP ni "prevenirla".
"Si usted no me está exigiendo (al Tribunal de Cuentas) responsabilidad por no haber detectado un caso de eventual corrupción en un organismo administrativo, no creo que pueda utilizar ese argumento en el ámbito de los partidos políticos", ha dicho el presidente del órgano fiscalizador.
Según ha defendido, la institución "tiene el ámbito de competencias que tiene" y, entre ellas, no está la "potestad" para advertir la financiación en 'B' de las formaciones políticas: "El Tribunal de Cuentas verifica la contabilidad de los partidos con profundidad (...) llega hasta donde puede llegar y, por otra parte, los tribunales ordinarios tienen su ámbito concreto de actuación y persiguen los eventuales delitos que puedan existir", ha añadido.
Desde Unidos Podemos, González ha proclamado que la supervisión "adecuada" de la financiación de las organizaciones políticas "es útil" precisamente para evitar los casos de corrupción. De hecho, ha dicho ver inexplicable que el Tribunal de Cuentas fuese "incapaz" de apreciar las "irregularidades" del caso Bárcenas o en la financiación en las obras de la sede de 'Génova' del PP.
El diputado del partido morado también ha pedido cuentas al órgano fiscalizador sobre la condonación de deuda a los partidos por parte de los bancos que, a su juicio, "ponen en peligro su independencia". Álvarez de Miranda le ha contestado que el Tribunal de Cuentas sí detecta los casos de condonación, y lo hace desde hace varios años, incluso "cuando no existían plataformas cívicas" que lo denunciasen.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en libertad provisional a Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, bajo fianza de 50.000 euros. El magistrado le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado o en el del domicilio que fije, la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y facilitar un teléfono móvil a fin de que esté localizado cada vez que ese le requiera.
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161222/miguel-bernad-lider-manos-3541438.html
Esperanza Aguirre intenta justificar el tuit xenófobo de su concejal Manglano
http://www.eldiario.es/rastreador/VIDEO-Esperanza-Aguirre-justificar-Manglano_6_593600665.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Injustificable
La desigualdad importa aunque aún no lo sepas
La desaladora de Águilas reclamó a Acuamed pagos en la era Zapatero
Un nuevo documento, al que ha tenido acceso ABC, acredita que «la operativa» fue igual que la «mordida» de Torrevieja
¿Aguirre contra las mamandurrias?, va a ser que no:
Dos empresas del marido de Aguirre acumulan 5,8 millones en subvenciones tras recibir otros 300.000 euros en 2015
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/28/dos_empresas_del_marido_aguirre_reciben_300_000_euros_subvenciones_acumulan_millones_ayudas_publicas_59186_1012.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El PP consiguió detener la sangría de Acuamed para las arcas públicas
El juez investiga 330 millones de euros en sobrecostes en sus operaciones que ocurrieron durante el Gobierno de Zapatero
«Intenta que Acuamed funcione como si fuera una empresa privada». Este fue el consejo que un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente le transmitió a Arcadio Mateo, director general de la empresa pública, imputado desde principios de 2016 en la trama investigada por la Audiencia Nacional. El año 2011 había cerrado con unas pérdidas superiores a los 4 millones de euros, cuando Rosa Aguilar, del PSOE era ministra del sector.
ABC ha consultado la evolución de las cifras más relevantes de Acuamed entre los años 2009 y 2015, presentadas ante el Registro Mercantil, que figuran en el sumario del caso. Durante la etapa que ha sido ministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina, la sociedad estatal cerró sin pérdidas y consiguió un beneficio de casi trece millones y medio de euros.
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La evolución es ciertamente llamativa. En la época socialista de Acuamed, tanto los ejercicios 2009 como 2011, arrojaron unas pérdidas de 8,4 millones de euros y 4,1 respectivamente. Con Arcadio Mateo como director, supuesto cabecilla de la trama, las ganancias se incrementaron de 1,3 millones en el 2012 hasta 9,8 en el 2014, siendo ministro Miguel Arias Cañete, y se llegó a los 13,3 en el 2015.
La empresa estatal consigue la mayor parte de sus ventas con el agua desalada a los regantes de la zona del Levante, aumentándose en seis años de 10,2 millones de euros a 70,5 millones. En ese particular incidía el juez Eloy Velasco en su interrogatorio a Mateo, redundando sobre cuál debería ser la buena práctica de un «director general de una empresa pública que tiene que velar por los intereses públicos».
Los gastos de personal bajan durante la gestión de Mateo en un 22%, volviendo casi a los mismos números que al inicio de la dirección de Carlos Massa, también imputado en la causa. Y desciende drásticamente los expendios en servicios exteriores, que recogen publicidad, arrendamientos de oficinas en alquiler y conservación de edificios en propiedad, pasando de 11,9 millones de euros a 1,8 en el ejercicio 2015.
Gastos desorbitados
Los datos no recogen la gestión de Adrián Baltanás, director general de Acuamed hasta 2009, ni tampoco la campaña del «Programa Agua», que supusieron unos gastos de 7,5 millones de euros en publicidad pagados como «mordidas» por las desaladoras adjudicadas durante la etapa de Cristina Narbona. En su declaración en la Comandancia de la Guardia Civil como investigado por fraude y prevaricación, a Baltanás tan sólo le preguntaron «por qué Acciona seguía reclamando los pagos en la actualidad» y nada sobre su paso por la dirección de Acuamed.
El cuadro refleja los gastos en publicidad por la empresa tutelada por el Ministerio de Medio Ambiente de Elena Espinosa en el 2009, que asciende a más de 1,9 millones de euros. Una variación sustancial con los 193.000 euros de 2015, cuando la titular de Medio Ambiente es Isabel García Tejerina, y abismal si se compara con los 7,5 millones en el 2007 de Narbona.
Massa fue esclarecedor ante Velasco: «Yo no me fiaba de que Acciona no fuera a seguir con sus reclamaciones en el futuro». ¿Había ido más arriba de usted?, indagó el juez. «Pues supongo que sí, las empresas constructoras por el manual… Cada uno presiona a su nivel, a mí me presionó quien fuera… Si al secretario de Estado o al ministro, pues supongo que también».
La empresa pública que promovió las obras de las desaladoras bajo el Gobierno de Zapatero sumó unas pérdidas operativas en la última década de 113 millones de euros, después de haber pagado hasta 2011 unos 330 millones de euros en sobrecostes, según datos del Tribunal de Cuentas, investigados actualmente por el juez Eloy Velasco en el caso Acuamed.
Según el Registro Mercantil, desde el 2012 esas pérdidas han sido compensadas gracias a ingresos financieros extraordinarios, lo que ha permitido cerrar el año antes de la instrucción judicial con unos beneficios de casi 13,4 millones de euros, equilibrando Acuamed su situación financiera.
El exalcalde de Benidorm pagaba a los funcionarios sin control fiscal
La Sindicatura de Cuentas detecta que el hoy diputado provincial del PSOE Agustín Navarro ignoraba a golpe de decreto los reparos de los interventores municipales al abono de las nóminas
¿Por qué permanece Trillo en un cargo público?:
El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/03/el_consejo_estado_responsabiliza_defensa_del_accidente_del_yak_42_59367_1012.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El 2017 será un año judicial endiablado. En los tribunales de justicia se dirimirá durante los próximos 12 meses la presunta corrupción que ha invadido durante años la esfera política catalana y española. Pero las salas de juicio serán testigos también de las consecuencias de la judicialización del proceso soberanista por parte del Estado. La carga política es evidente.
En la primera mitad de este año van a juzgarse escándalos que han azotado a la extinta Convergència y su exsocio, Unió. La presunta financiación irregular de estos dos partidos estará sobre la mesa. El primero, por el 'caso Millet', y el segundo, por las presuntas irregularidades en una fundación. Mientras, en la Audiencia Nacional se sentarán en el banquillo exaltos cargos de Jordi Pujol y exdirigentes del PSC por el 'caso Pretoria'.
Mucho más rápido se han instruido las carpetas derivadas del procés. El 'expresident' Artur Mas será juzgado en febrero por el 9-N. Y es muy probable que pasen por el banquillo el diputado Francesc Homs y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Sobre todos pende la amenaza de la inhabilitación.
A nivel estatal, el PP proseguirá con su calvario judicial con un protagonista principal, Luis Bárcenas, y algunos no tan secundarios, como Rodrigo Rato, 'Púnica', 'Imelsa', 'Taula'... Al PSOE le tocará su turno en otoño, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La guinda del pastel será la sentencia a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.
Este 2017 de pirotecnia judicial por corrupción empezará con un proceso poco conocido. El 20 de enero se sentarán en el banquillo el expresidente de la Fundació Catalunya y Territori (FCT), Josep Boqué, y dos vocales por haber cometido supuestamente un delito de estafa a través del grupo financiero IMS. La fiscalía pide penas de hasta 17 años de cárcel. Según la acusación, FCT arrendó locales a Unió Democràtica y en el 2005 dejó de cobrarle el alquiler. Finalmente, la fundación vendió al partido dichas dependencias a un precio inferior al mercado, sostiene el fiscal. Además, Unió presuntamente recibió dinero de la fundación para saldar deudas.
Los platos fuertes, sin embargo, llegarán en marzo. Uno de ellos es el juicio por el saqueo del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet y Jordi Muntull y la presunta financiación ilegal de la extinta Convergència. Empezará el día 1 y las 55 sesiones previstas se prolongarán hasta el 27 de junio. Las vistas se celebrarán casi 8 años después de que los Mossos registraran el auditorio. La investigación destapó que los responsables de la entidad habían desviado fondos para fines propios. Y también el presunto pago de comisiones a CDC por parte de Ferrovial, a través de la entidad, a cambio de adjudicaciones de obra pública en el último Govern de Jordi Pujol. En el banquillo se sentarán los responsables del Palau, el extesorero de Convergència Daniel Osàcar y directivos de Ferrovial.
A 600 kilómetros, en la Audiencia Nacional, en Madrid, pero unos días más tarde, el 13 de marzo, comenzará a juzgarse el 'caso Pretoria', que estalló en el 2009 con detenciones de políticos, funcionarios y constructores. Es un proceso por presunta corrupción urbanística que afecta a exaltos cargos de gobiernos de CiU con Pujol (el 'exconseller' de Economia Macià Alavedra y el exsecretario de Presidència Lluís Prenafeta) y del PSC (el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado socialista Luis García Sánchez, 'Luigi'). Los jueces deberán esclarecer si los investigados encubrieron el cobro de comisiones a cambio de operaciones urbanística o se lucraron con las ventas de solares públicos.
EL 3% DE MARAGALL
Ya en mayo y en la Audiencia de Barcelona se celebrará el juicio por el 'caso Adigsa' de presunto pago de comisiones. Este proceso llega desinflado tras una instrucción de nueve años. Se sentarán en el banquillo siete personas, incluidos exaltos cargos de la empresa pública, por presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Pujol. La investigación la inició la fiscalía después de que Pasqual Maragall insinuara en el Parlament, en febrero del 2005, que CiU cobraba comisiones por adjudicaciones de obras: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", espetó a los convergentes.
Pasado el verano, en octubre, será juzgados miembros de la antigua cúpula de la Associació Catalana de Municipis (ACM), encabezada por su exsecretario general Josep Maria Matas, que se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel. La misma pena reclamada para el que fuera jefe de los servicios jurídicos de esta entidad nacionalista. Están imputados por el presunto desvío de 960.000 euros de fondos de la ACM en beneficio propio.
SIN FECHA FIJADA
Todavía no hay fecha, pero es posible que también llegue a juicio el 'caso ITV', que sentará en el banquillo al exdiputado de CDC Oriol Pujol, por el presunto intento de amaño en la adjudicación de estaciones de inspección de vehículos y el supuesto cobro de comisiones a cambio de utilizar su influencia política para favorecer a empresarios amigos. Siguen abiertas las negociaciones para llegar a un acuerdo antes de juicio. Pujol está dispuesto a aceptar una pena de prisión a cambio de que su mujer no pise la cárcel.
También es posible que se vuelva a ver en una sala de juicios al exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, investigado en el 'caso Mercuri' y acusado por la fiscalía de tráfico de influencias por pedir la retirada de multas de tráfico impuestas a familiares suyos. En Madrid seguirá la investigación contra la familia de Pujol, en la que se rastrea su fortuna en Andorra y los negocios de los hijos del expresidente. Y en un juzgado de El Vendrell se continuará con las pesquisas sobre supuestas mordidas del 3% que comportaron el registro de la sede central de CDC en Barcelona.