Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

Lo interesante sería saber qué gasolineras son esas que dan unos tickets con tanto detalle.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, está en posición de lograr el ascenso que ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que le obligará a dejar el juzgado desde el que ha puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía. La juez pidió antes de Navidad optar a una de las cuatro plazas de la Audiencia de Sevilla ofertadas en el último concurso de traslados convocado por el Consejo General del Poder Judicial. El plazo de presentación de solicitudes ya se ha cerrado, y, según fuentes del consejo, Alaya cumple los requisitos para garantizarse una de las plazas que ha pedido.

Los servicios técnicos comenzarán a ordenar la semana que viene las más de 740 solicitudes de traslado que han recibido, pero las fuentes del Poder Judicial consultadas señalan que, de acuerdo a las peticiones registradas hasta mediados de esta semana, Alaya conseguirá el ascenso. Aunque el plazo de solicitudes terminó hace varios días, el consejo ha dejado un margen por si llegaba alguna de última hora.

Causas a medias

‘Caso ERE’: La causa se ha dividido en tres. Una ya está en el Supremo, pero Alaya tiene que enviar al tribunal superior andaluz la relativa a los aforados autonómicos. A la instrucción de la tercera pata, con 229 imputados, le quedan varios años.
Cursos de formación: La instrucción de los cursos de formación subvencionados por la Junta se abrió y quedará en manos del sustituto de Alaya. De momento, hay solo dos imputados, pero abundante documentación y la juez prevé que el caso supere los “dos millones de folios”.
‘Caso Madeja’: Alaya una trama de sobornos por todo el país a cambio de adjudicaciones de concursos en Ayuntamientos, Diputaciones y el Ministerio de Fomento. Ha preguntado al fiscal si el caso debe elevarse a la Audiencia Nacional.
Caso Mercasevilla: Integra varias ramas que afectan a la empresa pública sevillana. Un intento de soborno ya fue juzgado con dos exdirectivos condenados, la instrucción por la venta de suelos está acabada con 16 procesados, y está en marcha una tercera por delito societario, con más de una quincena de imputados.
La previsible salida de Alaya librará al PSOE andaluz de su principal quebradero de cabeza a las puertas de las elecciones municipales y a un año de las andaluzas. Durante los últimos cuatro años, el PP ha convertido las causas de Alaya en el eje de su oposición. La juez ha investigado todas las consejerías del Gobierno andaluz y en los ERE ha señalado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que acabó dimitiendo acosado por las informaciones que día tras día salían del juzgado de Instrucción 6.

Los nuevos titulares de las plazas deben ocupar en marzo el destino que se les adjudique. El entorno de Alaya afirma que ha manifestado su intención de pedir una comisión de servicios de seis meses prorrogables para poder quedarse en su puesto hasta acabar algunas de las cuatro macrocausas abiertas: los ERE, los cursos de formación, el caso Madeja y el delito societario de Mercasevilla.

Sin embargo, el Poder Judicial no contempla esta posibilidad y limita a apenas cuatro o cinco meses las opciones de Alaya de permanecer en su plaza. Para ello, podría pedir acogerse al artículo 319.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al juez diferir su traslado para terminar algún asunto relevante. En el caso ERE, por ejemplo, tiene pendientes de analizar decenas de expedientes subvencionados por la Junta. En cualquier caso, la decisión depende de la comisión permanente del consejo, previo informe del tribunal superior andaluz.

No hay un plazo máximo para posponer el traslado por esta vía, pero las fuentes consultadas señalan que, como mucho, sería hasta que haya un nuevo titular para su plaza en el Juzgado de Instrucción 6. Y, según las previsiones del Poder Judicial, esta plaza y las demás que ahora queden vacantes saldrán a concurso en cuanto se ejecute la convocatoria actual, por lo que el juzgado de los ERE tendría nuevo titular el próximo verano, vaticinan estas fuentes.

En su decisión de pedir el traslado han podido influir varios factores: la presión de estar en el ojo del huracán mediático con cinco macrocausas y que ya le provocó en 2012 una baja de seis meses por enfermedad; el ascenso profesional que supone acceder a la Audiencia; además, la juez, de 51 años, tiene cuatro hijos y la dedicación al juzgado ha acaparado su jornada en los últimos cuatro años.

En teoría, la sustitución de Alaya por otro juez no debería afectar al curso de las investigaciones. Pero solo en teoría. Los críticos y los defensores de la juez coinciden en que sus investigaciones son únicas, por el volumen que abarca y la prosa afilada de sus autos. La Junta ha acusado a Alaya de dirigir una “causa general” en su contra que atañe a todas las consejerías y sus principales empresas públicas.

SEGÚN LA POLICÍA
El fraude en la formación de Andalucía alcanza al 90% de los casos
No se sabe dónde ha ido a parar el 25 por ciento de las subvenciones.

En la investigación sobre las ayudas dadas por la Junta de Andalucía a cursos de formación, en el marco del primitivo caso EDU iniciado en Málaga por la Policía Nacional, Andalucía arroja como resultado provisional, según fuentes de toda solvencia consultadas por Libertad Digital, que casi el 90 por ciento de lo examinado evidencia la existencia de prácticas corruptas. Sólo en la provincia de Sevilla, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la Udef, ya ha tomado declaración al menos a 500 personas, alumnos y empresarios, que en su mayoría confirman el fraude. En las ocho provincias, la Policía ha optado por un muestreo, procedimiento similar al utilizado por la Cámara de Cuentas y su escandaloso resultado ha impresionado incluso a la propia Policía.

Entre las conclusiones principales está que las subvenciones a la formación profesional en Andalucía se han dado preferentemente a "los malos", esto es, entes o personas inadecuadas que no cumplían los requisitos pero que eran elegidos por la propia administración andaluza. En realidad, los "buenos" han sido una minoría tales como los Salesianos, Cáritas, empresas tradicionales de enseñanza y otros. La verdad es que una vez dentro del sistema también se vieron obligados a renunciar al 25% de la subvención y a otros "tributos" aunque, a veces, también han tenido "espabilados" dentro de sus empresas.

Resulta especialmente llamativa la conclusión de que no se sabe dónde ha ido a parar el 25 por ciento de las subvenciones a los cursos de formación que habitualmente retenía la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que no llegaba nunca a los beneficiarios de las subvenciones a cambio de no tener que justificar los gastos. Si en su conjunto el montante del fraude de la formación puede superar los 2.000 millones según los expertos, hay al menos 500 millones de euros que no aparecen. La policía cree que buscarlos debe ser objetivo de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, naturalmente, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Lamentablemente, la política está inmiscuyéndose en las investigaciones. En este caso, se ha hecho llegar a los investigadores la "conveniencia" de terminar en marzo todas las conclusiones aunque necesitarían algo más de tiempo. Según las fuentes de LD, el gobierno del PP no quiere que el escándalo coincida con las elecciones municipales para evitar la acusación de oportunismo o manipulación.

Los resultados de la investigación policial en las ocho provincias son demoledores puesto que el nivel de fraude supera el 87% y eso, dicen, haciendo la vista gorda y no abarcando, voluntariamente, más que lo que se puede investigar realmente.

Lo que han encontrado en sus pesquisas, textualmente, es un "desmadre, el abuso, la inutilidad de los cursos, el robo institucionalizado, las falsedades, la implicación culpable del SAE, de muchos inspectores, el descontrol consciente y voluntario...".

El procedimiento utilizado por la Policía ha sido analizar una muestra por cada provincia. La muestra consiste en el análisis de una o dos resoluciones de la Junta de Andalucía concediendo ayudas y cursos de formación escogidas al azar.

Entre las resoluciones seleccionadas no han estado las emitidas por la Dirección General de Formación Profesional, que son de cuantías muy superiores. Los investigadores deseaban que el trabajo fuera posible y abarcable y que los resultados de las muestras fueran fiables.

Sólo en Sevilla, la UDEF ha interrogado a varios cientos de alumnos que asistieron a los citados cursos de formación que contaron con subvenciones especiales de la Delegación Provincial de Sevilla y se ha investigado a una treintena de empresas para dilucidar si en la concesión de esas ayudas pudiera haber indicios de delitos de prevaricación y cohecho y una supuesta connivencia entre quien dio la subvención y quien la percibió.

Entre las irregularidades que se han investigado está que muchas de ellas tuvieran falta de capacidad para poner en marcha los citados cursos de formación, que tuvieran deudas con la Seguridad Social o que no hubiera ni publicidad ni concurrencia competitiva en la concesión de las subvenciones, o sea, que se hubieran concedido arbitrariamente. También se analiza si se cumplían los compromisos de contratación.

Los investigadores se dan por satisfechos porque se la logrado desmontar un sistema corrupto de formación para los jóvenes y desempleados andaluces. Están siendo investigadas, además de la Consejería, Fundaciones como Forja XXI, las Unidades Territoriales de Desarrollo Local, los Consorcios como Formades, conocido ya por el caso de la yegua alemana y otros entes. Queda, según los investigadores, examinar el comportamiento de la Fundación Tripartita a escala nacional, la Fundación Laboral de la Construcción y algunas otras aún no investigadas.

Nadie sabía por qué la juez Alaya había dejado de ir a los juzgados durante semanas, con contadas excepciones, pero ahora se ha aclarado. La juez ha estado redactando una nueva exposición razonada que enviará próximamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- sobre cuatro ex consejeros. Pero además ha estado ampliando el informe que remitió al Supremo sobre Manuel Chaves, José Antonio Griñán y tres aforados más, un informe que reafirmará la responsabilidad penal de todos ellos en el mantenimiento del "fondo de reptiles" y el partidismo en el uso del dinero público.

Al parecer, la juez tiene ya los indicios suficientes para abordar partes no desveladas del caso tras haber requerido a la Junta de Andalucía los informes de la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía de 2005 a 2007 sobre irregularidades de las empresas públicas dependientes de la administración andaluza. la juez no conocía cuando envío su informe al Supremo las actas de los "consejillos" del entonces mano derecha de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, con los viceconsejeros, actas que podrían demostrar que el gobierno andaluz se negó varias veces a regular las ayudas de los ERE.

El Mundo destaca que, tras su análisis, la juez ha visto reforzada su tesis de que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex vicepresidente Gaspar Zarrías, cuando menos, idearon y ampararon el método que permitía manejar fondos públicos con discrecionalidad haciendo primar el interés partidista al interés común. Por ello, la juez ha estado determinando el paralelismo entre el comportamiento de la Agencia IDEA y el de otras empresas públicas.

Por tanto, la ausencia de la juez de su despacho ha estado motivada por la tarea de reunir más indicios contra estos aforados, especialmente contra los dos ex presidentes y contra el ex vicepresidente Zarrías. La juez quiere demostrar al Supremo la existencia de "directrices" para mantener un sistema ilegal de uso de fondos públicos pese a las advertencias de los técnicos y los interventores.

El incumplimiento de la normativa contable en el registro de las ya famosas "transferencias de financiación" se daban, no sólo en la agencia IDEA y el caso de los ERE sino en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales en 2004. Igualmente, se daban en la empresa pública Extenda en 2005.

Estos nuevos indicios vendrían a apuntalar la hipótesis de la juez de que el caso ERE no fue un ‘incidente’ aislado en la Consejería de Empleo y en la Agencia IDEA sino que el mal uso de las transferencias de financiación estaba generalizado en la Junta de Andalucía, a pesar de las advertencias. De ahí la importancia de la ampliación que la juez está preparando para el Tribunal Supremo que favorecerá la elaboración del informe sobre los consejeros imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El instructor del Caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tiene previsto tomar declaración a las personas aforadas implicadas, entre ellas a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el próximo mes de febrero.
El instructor está ordenando en estos días un sumario que fuentes del alto tribunal han considerado en conversación con Efe como confuso y complejo.
Del sumario el juez del Supremo va a separar los hechos que podrían afectar a los dos expresidentes y otros aforados para, en su caso, limitar la investigación relativa a ellos a un hipotético delito de prevaricación.
Las mismas fuentes han informado de que, en todo caso, es muy precipitado señalar posibles delitos y han concretado que la decisión sobre pedir o no el suplicatorio podría retrasarse hasta la primavera, y más aún si hubiera convocatoria de elecciones en Andalucía, comicios en cuya campaña no querría interferir el alto tribunal.
Además de Chaves y Griñán, están implicados en el caso ante el Supremo los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).
El Supremo recibió a comienzos de enero una copia de los 140.000 folios en 243 tomos que recogen todas las investigaciones que en el citado sumario ha llevado a cabo la juez Mercedes Alaya, un material del cual la instructora no ha separado pieza alguna en relación con los aforados.
De este modo, Barreiro está ahora organizando el sumario y creando una pieza sobre los hechos en los que se implica a las personas aforadas, centrados en si se promovió desde la Junta de Andalucía un procedimiento legal “ad hoc” para los ERE, procedimiento que podría haber facilitado el fraude.
De ser así, hipotéticamente se investigarían delitos de prevaricación para todos los aforados salvo para el ex consejero José Antonio Viera, que podría estar implicado también en un hipotético delito de malversación por otros hechos diferentes.
En todo caso, en este momento procesal no está claro siquiera si realmente existen delitos e indicios que impliquen en ellos a los aforados. El instructor, una vez haya organizado una pieza separada sobre la parte del caso que les afecta, les dará traslado de la misma a los implicados y acusaciones antes de que comparezcan ante él.
Una vez les haya interrogado el instructor llamará a varios peritos para que ratifiquen ante el juez y las partes sus informes, diligencia que no ha llevado a cabo la juez Alaya y que debe ser cumplida.
Además, el juez deberá unificar las partes, tanto expulsando de la pieza de los aforados a las defensas que no son de estas personas como unificando a las múltiples acusaciones en una sola.
Después de estas diligencias y otras que quisiera desarrollar el magistrado dispondrá de todos los elementos antes de decidir si solicita al Tribunal Supremo bien el archivo o bien la petición de suplicatorio al Parlamento para actuar contra todos o alguno de los implicados.
Esta decisión podría verse atrasada en caso de que hubiera elecciones anticipadas en Andalucía, con las que no querría interferir el alto tribunal.

Y que tiene que ver la Justicia con la Politica?

Que coño le importa al Juez que existan o no elecciones?

Yo quiero que me juzguen el dia de navidad que seguro que los jueces estan mas alegres y menos motivados en las causas.

Refiriéndome al título del tema, no creo que Sánchez eche a nadie, pues tiene los días contados en el P.S., si Susanita gana las elecciones en Andalucía. Se acabó el muñequito de la Susi.