Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

no te enfades que la cosa marcha y quizas veamos que se hace justicia en andalucia
saludos

Así ocurrirá necesariamente si Susana Díaz convoca anticipadamente las elecciones para el día 22 de marzo puesto que el Tribunal Supremo, a través del instructor del Caso de los ERE Alberto Jorge Barreiro, tiene previsto tomar declaración a las personas aforadas implicadas, entre ellas a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el próximo mes de febrero. Sin embargo, las fechas podrían verse alteradas por la decisión del Alto Tribunal de no interferir en el proceso electoral, si se produce.

Según EFE, el interrogatorio de los ex presidentes tendrá lugar cuando el instructor termine de ordenar el sumario, confuso y complejo, ha dicho, remitido por la juez Alaya. En cuanto separe los hechos que pueden afectar a los dos ex presidentes de la Junta y otros aforados, podrá limitar la investigación relativa a ellos apuntándose con seguridad un delito de prevaricación aunque se considera precipitado señalar otros posibles delitos. La decisión sobre pedir o no el suplicatorio podría retrasarse hasta marzo, preferiblemente tras las elecciones andaluzas, pero igualmente en los aledaños de la campaña si es anticipada.

Recuérdese que, además de Chaves y Griñán, están implicados en el caso ante el Supremo los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).

El Supremo recibió a comienzos de enero una copia de los 140.000 folios en 243 tomos que recogen todas las investigaciones que en el citado sumario ha llevado a cabo la juez Mercedes Alaya, un material del cual la instructora no ha separado pieza alguna en relación con los aforados.El Supremo quiere crear una pieza sobre los hechos en los que se implica a las personas aforadas, centrados en si se promovió desde la Junta de Andalucía un procedimiento "ad hoc" para los ERE, procedimiento que podría haber facilitado el fraude.

De momento, ni siquiera se sabe si realmente existen delitos e indicios que impliquen en ellos a los aforados. El instructor dará traslado de la nueva pieza con los hechos que les afectan a los implicados y acusaciones antes de que comparezcan ante él. Tras su interrogatorio el instructor llamará a varios peritos para que ratifiquen ante el juez y las partes sus informes, diligencia que no ha llevado a cabo la juez Alaya y que debe ser cumplida.

La juez Mercedes Alaya abandonará el Juzgado número 6 de Sevilla en el que ha instruido el caso de los ERE en las próximas semanas, porque va a obtener una plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla en un concurso que el Consejo General del Poder Judicial fallará en febrero.
Alaya abandonará el juzgado para hacerse cargo de una de las cuatro nuevas plazas de magistrado de lo penal convocadas para la Audiencia de Sevilla y lo hará como muy tarde en marzo. En ese mes el nuevo titular tomará posesión del puesto en el que ella dejará a medio instruir un sumario de 243 tomos y 140.000 folios, el del caso ERE.
Aunque la adjudicación de la plaza para Alaya será en febrero, ella podría pedir, en aplicación del artículo 319.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una breve dilación en su traslado, pero ésta durará solo hasta que tome posesión el nuevo titular de la plaza de su juzgado, en marzo, según fuentes del CGPJ.
El concurso mediante el cual ha logrado su traslado Alaya será fallado por el Consejo General del Poder Judicial en una próxima reunión de su Comisión Permanente.
Se trata de un concurso de 364 plazas, para las cuales el CGPJ ha recibido 740 instancias persiguiendo 236 destinos (para los restantes no ha habido ninguna petición).

El PSOE pretende proteger a toda costa a los exconsejeros que han sido imputados por los ERE y por ello ha planteado en la reunión del Parlamento que se ha celebrado a primeras horas de hoy lunes que entren a formar parte de la Diputación Permanente, con lo que seguirían siendo aforados frente a la justicia ordinaria.

La comisión de esta mañana ha aprobado la idoneidad de Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo para formar parte de este órgano, unos nombramientos que ahora tendrá que aprobar el Pleno.

Desde Izquierda Unida, el portavoz José Antonio Castro, ha calificado como muy negativa esta decisión, «convierte el Pleno en un esperpento en donde se utlizan las urgencias y a los enfermos de hepatitis c en una maniobra que desde el punto de vista político, moral y étco no es de recibo».

El cuarto diputado imputado, el exconsejero Manuel Recio, ya formaba parte de este órgano, por lo que estaba blindado ante la juez Mercedes Alaya.

DEMOLEDOR AUTO ENVIADO AL TSJA
Alaya implica a todo un gobierno completo de Chaves en el caso de los ERE
La juez no duda de que el gobierno al completo de Chaves de 2004 conocía el escándalo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recibió el pasado lunes la exposición razonada de los ERE que le remitió la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Además de considerar, contra el criterio de la fiscalía e incluso el Tribunal Supremo, que la causa no debe trocearse más y que la competencia del alto tribunal andaluz debe abarcar toda la causa, no sólo lo relativo a los cuatro aforados socialistas, la juez señala como novedad la implicación en el caso de los ERE de un gobierno completo de Manuel Chaves, en concreto, el que tomó posesión el 25 de abril de 2004.

Recuérdese que la tesis de Alaya, incluida en su exposición razonada enviada al Supremo, es que existen indicios sobrados de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años. Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
Ahora, en su exposición razonada ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y una vez que ha dispuesto de mayor documentación, la juez, tal como cuenta El Mundo, dice textualmente que "bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse, a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema (el conocido como "fondo de reptiles")... por el propio Consejo de Gobierno presidido por don Manuel Chaves".
La implicación de aquel gobierno de Manuel Chaves al completo tiene consecuencias porque a aquel gobierno pertenecía, por ejemplo, la actual presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro. También afecta a las elecciones municipales sevillanas porque, dado que el gobierno incluye a los viceconsejeros, uno de ellos era el actual candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. Además, subrayemos las implicaciones de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; de los ex consejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández; de las ahora diputadas en Cortes Concepción Gutiérrez y Cándida Martínez; de la senadora Fuensanta Coves; de la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero; de la ahora parlamentaria autonómica, Rosa Torres y algunos ex altos cargos socialistas ya no aforados como Evangelina Naranjo, María José López, Paulino Plata e Isaías Pérez Saldaña.
Alaya, que subraya la novedad de esta implicación no incluida en la exposición elevada al Supremo, añade que "constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento, por parte de las más altas jerarquías de la Administración autonómica, del uso ilícito de las transferencias de financiación y las consecuencias del mismo". Han sido los abogados del PP los que han aportado los documentos que lo prueban a pesar de que la juez los pidió a la Junta en diciembre de 2014 y sólo recibió parte.
Según la juez, ya está fuera de duda que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Se trata de los informes de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007.
Pero la juez Alaya, subraya el ya mencionado diario, no actúa contra los miembros de aquel Gobierno porque la mayoría de ellos seguía siendo aforado cuando remitió la exposición razonada al TSJA y porque entiende que debe ser este tribunal el que se haga cargo de toda la parte del caso ERE que el Tribunal Supremo ha decidido no asumir.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado el secreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de las "bolsas de fraude" que ha detectado en los consorcios y "entramados empresariales" del sector.
El auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, justifica el secreto parcial durante un mes para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.
La instructora explica que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas identificada como "entramados empresariales beneficiados" de "importantes" subvenciones y con algunos de sus miembros relacionados con cargos de la Administración.
También detecta "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas, recuerda Alaya.

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara como "imputados" a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dentro de la investigación judicial que está realizando por el caso de los ERE falsos en esta comunidad. La Junta: el Supremo "no puede imputar" ni a Chaves ni a Griñán
La Sala de lo Penal ha aceptado la personación de tres acusaciones populares en un auto, al que tuvo acceso Servimedia, en el que se afirma que "se encuentran imputados" en la causa los diputados nacionales Manuel chaves, Antonio Viera y Gaspar Zarrías y el senador José Antonio Griñán.
El escrito admite la personación del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, de la Asociación Pro Justicia Siglo XXI que dirige el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y del Partido Popular de Andalucía.
Además, la Sala decide que las tres acusaciones populares "actuarán bajo una misma dirección y representación" a través del sindicato Manos Limpias, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal Supremo apuesta por esta vía dado que "la proliferación de partes contribuye a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación".
Además, el auto recuerda que la Sala de lo Penal se declaró competente el pasado 13 de noviembre para llevar a cabo la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y María del Mar Moreno.
A partir de ahora, el Tribunal Supremo debe llamar a declarar a los imputados, entre los que destacan los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes ya han comunicado su deseo de comparecer de forma voluntaria, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas.
De este modo, tanto Chaves como Griñán evitarán que el Supremo tenga que solicitar el suplicatorio a las Cortes Generales, un requisito imprescindible cuando se quiere actuar judicialmente contra parlamentarios nacionales con escaño en el Congreso de los Diputados o el Senado.
El magistrado Jorge Alberto Barreiro, en calidad de instructor, tiene previsto tomar declaración a los implicados con el fin de decidir si mantiene la imputación abierta contra ellos por la concesión de ayudas sociolaborales que la Junta de Andalucía concedió entre los años 2000 y 2012.