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La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha librado oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “proceda a la averiguación del domicilio” de la exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía Mar Moreno a fin de notificarle su ‘preimputación’ en la causa.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya pone de manifiesto que, “no habiendo sido posible la notificación del auto de fecha 4 de septiembre de 2014 y exposición razonada a María del Mar Moreno, líbrese oficio a la UCO para que proceda a la averiguación del domicilio de la misma”.
El pasado 4 de septiembre, después de elevar la exposición razonada al Tribunal Supremo en la que señalaba a nueve personas aforadas, la magistrada Mercedes Alaya acordó comunicar por medio de un auto a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno la existencia del procedimiento, “en calidad de imputados”, a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el contenido de la exposición razonada.
Hay que recordar que Mar Moreno ya se encuentra personada en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra ella misma, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Vieera.
La exconsejera Mar Moreno se personó el pasado verano, tras conocerse la remisión de la causa al alto tribunal por la juez Mercedes Alaya.
Todos ellos han pedido comparecer de forma voluntaria ante el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, en relación con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que faculta a los aforados nacionales a pedir esta comparecencia en su defensa antes de que pueda producirse su imputación formal.
Esta imputación formal, según las fuentes consultadas, no se produciría hasta el momento en que, en el caso de ver indicios, el instructor del Supremo solicitara formalmente el preceptivo suplicatorio a las Cortes.
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Re: Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?
LANZA UN DARDO A LA SOCIALISTA ANDALUZA
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En la reunión del grupo en el Congreso, Isabel López i Chamosa asegura que "le gusta soñar en cosas que no son posible".
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Re: Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?
La gestión de la Junta de Andalucía respecto a los incentivos para autónomos ha estado plagada de irregularidades, tal y como apunta el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del que ha informado este periódico. Falta de control, de evaluación del impacto de 356 millones de euros transferidos entre 2007 y 2013, vulneración de la Ley de Subvenciones, falta de justificación de 115 millones cuyos expedientes están próximos a caducar... El máximo órgano de control externo de la Administración autonómica describe un desmán general del que se pueden deducir responsabilidades contables. Y llueve sobre mojado porque otro informe de la Cámara de Cuentas sobre las políticas de formación profesional para el empleo ya acabó en los tribunales.
Uno de los aspectos en los que se centra el voluminoso trabajo de la Cámara de Cuentas es en el engranaje administrativo articulado por la Junta para trasladar la gestión de esta voluminosa bolsa de incentivos a un órgano externo. Hay paralelismos evidentes con el caso de los ERE. Porque igualmente se desplazó la gestión fuera del ámbito de la Consejería titular de las competencias, con lo que se debilitó la labor de fiscalización de la Intervención General –el máximo órgano de control interno– empobreciendo por tanto la función interventora; y una vez más el órgano que se eligió fue la agencia IDEA, ente que se encargó también de pagar las ayudas del «fondo de reptiles» y centro de otros escándalos como Invercaria.
Esta externalización produjo, en cualquier caso, tensiones entre la Junta de Andalucía y la Intervención General, que emitió un informe de disconformidad sólo aceptado parcialmente.
Las competencias de autónomos vascularon entre las consejerías de Empleo y de Innovación. Tras tomar Griñán en abril de 2009 los mandos de la Junta y hacer su primera crisis de gobierno Empleo vuelve a retomar la gestión de las políticas de autónomos, pese a que sólo un mes antes Innovación había aprobado una orden para regular los incentivos del trabajo autónomo entre 2009 y 2013. En esa orden se delegaban las competencias para la «resolución y tramitación» en la agencia IDEA.
La Intervención General de la Junta emitió en octubre un informe de fiscalización de disconformidad. Hacía dos observaciones. La primera, pedía al gabinete jurídico de la Junta un informe para que la Consejería de Empleo dictara una orden en la que estableciera de forma expresa la delegación de competencias en la agencia IDEA. Y, en segundo lugar, respecto a un borrador del Consejo de Gobierno, instaba a que se sustituyera la referencia al artículo 105.3 de la Ley de Administración de la Junta Andalucía por los artículos 19.1 y 4 de la Ley del Presupuesto andaluz de 2009 al no ajustarse «al tipo de encomienda de gestión que se propone».
El matiz no es menor. El artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos, sobre «gestión y control presupuestario», señala que «se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gasto cuyo importe global sea igual o superior a 12 millones de euros».
La Consejería de Empleo se atuvo a la recomendación y aprobó la nueva orden, de 9 de noviembre de 2009. Y el 22 de diciembre el Consejero de Gobierno autorizó la encomienda de la gestión a la agencia IDEA.
Sin embargo, la Junta siguió excluyendo las alusiones a los artículo 19.1 y 4 de la Ley del Presupuesto –que implicaba la autorización por parte del Consejo de Gobierno de gastos superiores a los 12 millones de euros– en el resto del trámite administrativo, tal y como instó la Intervención General en su informe de disconformidad, donde reseñó que «esta deficiencia debe subsanarse en los demás documentos que forman parte del expediente».
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Re: Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?
María Teresa Florido Mancheño, cuñada del exconsejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés, imputado por varios delitos en el fraude de la formación, siempre defendió ante el juez que ignoraba el fraude a los cursos de formación. Ahora, un documento revela que pidió un informe sobre una de las irregularidades que afectaban a cursos impartidos por el entramado de empresas de su cuñado.
Cuenta hoy El Mundo que en el sumario del caso existe un documento que compromete la versión que ha venido manteniendo Florido, no sólo en público, sino también en sede judicial. Florido, que fue nombrada directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo de la Junta de Andalucía el 6 de junio de 2011 cuando ya se había presentado una primera denuncia contra su cuñado, no se mantuvo al margen como ha afirmado sino que pidió un informe cuando una monitora contratada para uno de los cursos impartidos por la trama de Ojeda denunció ante la Junta que estaba dando clases sin estar contratada y que sospechaba de "falsedad" en algunos documentos del expediente. Dicha profesora denunció que su firma había sido falsificada y su currículum inflado al presentar la documentación del curso ante la Junta.
El 2 de mayo de 2012, casi un año después de que llegara la primera denuncia a la Junta, Florido mandó una comunicación interna al director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Cádiz, Juan Bouza, al que le pedía un informe sobre el asunto. Florido basaba su petición de informe en "la notoria gravedad de algunas de las afirmaciones que se expresan por la interesada en su instancia, en particular, la presunta ‘falsedad’ de parte de la documentación de la que consta el correspondiente expediente administrativo, en concreto, lo referente a la ficha del monitor".
En menos de dos semanas, Bouza contestó a Florido que en el caso en cuestión "se han puesto en funcionamiento" todos los medios de seguimiento y control existentes e instaba a la directora general a constituir, "con la mayor celeridad posible, un equipo de trabajo" para elaborar un protocolo sobre el seguimiento y control de cursos. El director del SAE en Cádiz se despedía así de Florido: "Quedando a la espera de cuanto disponga".
El hecho era que Virginia L. T. había denunciado en 2011 que una de las empresas de Ojeda le había prometido un contrato de monitora en curso de formación y que, pese a estar impartiendo la materia, seguía sin contrato. Hizo constar que el curso estaba subvencionado por la Junta de Andalucía dentro del expediente 98/2008/J/261.
El caso acabó ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, que acordó citar como testigo a María Teresa Florido Mancheño, que declaró desde Sevilla. Florido Mancheño declaró bajo promesa no tener "conocimiento ninguno" de los hechos recalcando que los cursos se iniciaron en marzo de 2011, antes de su nombramiento, que fue el 6 de junio de 2011, por lo que no tuvo nada que ver con la adjudicación de las ayudas. Y apostilló diciendo que "con fecha de la primera semana de junio de 2011... presentó abstención en los procedimientos en los que tuviera alguna relación su cuñado, "siendo avocadas las competencias por el consejero de Empleo". Pero de su abstención sólo consta una orden del 25 de junio de 2013 de la consejera de Educación, Mar Moreno, publicada en el BOJA del 18 de julio, en la que aceptaba la renuncia de Florido a intervenir en 102 expedientes de ayudas a su cuñado por incompatibilidad.
Entre esos 102 expedientes figura el 98/2008/J/261 cuyo informe solicitó a la delegación de la Junta en Cádiz.
La Junta de Andalucía aseguró que existía otra renuncia de competencias de Florido Mancheño anterior a junio de 2011 pero entonces habrá que explicar cómo habiendo renunciado a intervenir an todo lo referente a su cuñado como le dijo al juez, sí intervino tras la denuncia de la monitora y declaró al magistrado que no sabía nada.
Denuncia contra la diputada Ana Mestre
No es frecuente que un Tribunal decida una cosa y a las dos semanas se eche atrás, pero es lo que ha ocurrido en el caso de la denuncia de la ex directora general de formación profesional. María Teresa Florido Mancheño contra la dpitada del PP, Ana Mestre.
El caso es que dos semanas después de haber dictado un auto que archivaba la querella por injurias y calumnias planteada por la exdirectora general de Formación Profesional, Teresa Florido, contra la parlamentaria popular Ana Mestre, el TSJA daba marcha atrás y dictaba un segundo auto en el que admite el recurso de súplica planteado por la cuñada del exconsejero Ángel Ojeda.
El tribunal se replantea su primera decisión y ordena abrir diligencias para aclarar si las declaraciones realizadas por la candidata del PP a la Alcaldía de Sanlúcar contra Florido fueron constitutivas de un delito de injurias y calumnias.
El pasado 11 de noviembre, el TSJA explicó en su primer auto que las afirmaciones de Ana Mestre eran "inexactitudes informativas no dolosas sino negligentes que, por tanto, carecen de relevancia desde el punto de vista de la comisión de los delitos de calumnias e injurias, que requieren dolo". Además, adamitía que las declaraciones de la parlamentaria estaban en el marco de una campaña de denuncia por un caso de desvío de fondos públicos que se estaba investigando y que, por tanto, era real.
Florido arguyó que se había ajustado al régimen de incompatibilidades y su defensa dijo que esa información estuvo al alcance de Ana Mestre. El tribunal afirmó a principios de noviembre que no encontraba pruebas de "una mentira consciente" por parte de la política puesto que la renuncia de Florido a intervenir en casos de cuñado no se hizo pública hasta 2013.
El 28 de noviembre, el TSJA, en un nuevo auto, admite que no es "inverosímil" la argumentación de Teresa Florido y que pudo haber dolo en las continuas críticas que recibió de Ana Mestre. Ordena, pues, se contraste cuál fue la documentación a la que tuvo acceso la parlamentaria en su función de control del Gobierno para confirmar si sabía que Florido se abstuvo de los expedientes a favor de su cuñado. Más que curiosamente, esta decisión se ha tomado a los pocos días de la presentación oficial de Ana Mestre como candidata popular a la Alcaldía de Sanlúcar.
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Re: Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?
La revisión de expedientes que inició la Junta de Andalucía, después de que la Policía destapara un fraude de formación, ha puesto de manifiesto el desahogo con que se utilizaron fondos públicos por parte de los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo participados por la propia Administración autonómica. Ayudas dirigidas a instruir a jóvenes con el objetivo de sacarlos del pozo del paro acabaron costeando el reparto de cestas de Navidad, desayunos en cabalgatas de Reyes Magos, un congreso del sindicato Comisiones Obreras, convites en restaurantes e incluso el traslado de una yegua desde la localidad alemana de Vechta hasta la aldea de El Rocío, en Huelva. El Gobierno andaluz está personado como acusación en la macrocausa sobre la formación que investiga la juez sevillana Mercedes Alaya -quien ya implicó a dos expresidentes de la Junta en la trama de los ERE falsos-. La Junta ha pedido la devolución de ayudas a doce de estas entidades, financiadas íntegramente a través del programa presupuestario 32D «Formación para el Empleo».
El descontrol es el denominador común en la gestión de estos fondos. El Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de la Industrias de Ocio de Mijas, en Málaga, cargó a subvenciones de formación facturas por un importe de 43.188 euros correspondientes a desayunos, almuerzos y estancias en hoteles «para actividades que no tienen ninguna relación con la actividad formativa como es un congreso de Comisiones Obreras», según reconoce la propia Junta en un informe de control de las ayudas.
El caso más insólito es del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), que tiene su sede en la aldea almonteña de El Rocío. Endosó a una subvención de formación la factura del traslado de una yegua de raza Oldenburger en el año 2010 desde una cuadra germana hasta el paraje de Doñana (donde hay una reserva de caballos salvajes), a más de 2.500 kilómetros de distancia. El importe de la factura fue de 1.102 euros, según la documentación que la Junta ha remitido a la juez instructora y a la que ha tenido acceso este periódico.
El 1 de diciembre de 2009 la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió a Formades una subvención de 1,3 millones de euros para un proyecto enfocado a cualificar a jóvenes sobre la doma y el entrenamiento ecuestre. En octubre de 2013, tras abrir un expediente, la Consejería de Economía notificó a la entidad una resolución en firme que le obligaba a devolver 381.119,60 euros y 58.139 más en intereses de demora al descubrir que había endosado a la ayuda facturas sin justificar o que no guardaban relación alguna con los cursos.
Un caballo valorado en 18.000 euros
Entre los gastos que registra como «no subvencionables», la Junta incluye la factura de la empresa de transporte Jesús Estévez. «Nos llamaron por teléfono y nos indicaron que teníamos que recoger el caballo en una cuadra y llevarla a El Rocío, no sabíamos si esto estaba subvencionado o no», explicaron a ABC, sin ocultar su asombro, desde la compañía madrileña especializada en el traslado de equinos.
El consorcio contrató los servicios de la empresa a través de un proveedor habitual de pistas hípicas, quien confirmó a este periódico la compra del citado caballo «de alto nivel y muy dotado para la doma clásica de competición», que costó unos 18.000 euros y que no ha trascendido cómo se pagó. Este empresario, que prefiere mantenerse en el anonimato, no supo concretar por qué fue adquirida la yegua: «Supongo que querrían competir con sus alumnos y promocionar así el centro».
Aparte del referido traslado del equino, entre las facturas que no tienen encaje en los fondos europeos se encuentran los portes de cuatro caballos desde Dos Hermanas (Sevilla) a El Rocío (345), la compra de dos partidas de cestas de Navidad repartidas entre el personal del Consorcio y los miembros del consejo rector (2.832 euros), la compra de un televisor de 32 pulgadas e incluso los 18,60 euros que la entidad autonómica cargó a los fondos europeos correspondientes a la compra de un paquete de Marlboro, una Coca Cola, un batido y unos snacks Matutano en distintas gasolineras.
El propio director gerente de Formades, Juan Antonio Fernández Márquez, catalogó de «errores» algunos de los pagos que le reclamó años después la Consejería de Economía en un escrito de alegaciones de 9 páginas con el que rebate la devolución del dinero. En cuanto al porte del caballo traído desde tierras teutonas, el directivo insistió en que el gasto podía ser cubierto con dinero de la UE, pero que hubo una confusión con las fechas del expediente. «Se ha imputado erróneamente el gasto al proyecto formativo de la subvención de referencia, ya que se debería de haber imputado como gasto del proyecto de la subvención del curso anterior».
El Gobierno andaluz acordó hace un año disolver el consorcio Formades bajo el argumento de que no era viable, un cierre muy protestado por los trabajadores, que denunciaron que con la liquidación pretendía «sepultar y borrar las huellas de cualquier negligente labor de los fondos públicos».