Rajoy: "La Comunidad Valenciana ha sido un modelo"

LA FIRMA DE LA FAMILIA COTINO COBRÓ 336.000 EUROS DE UN PARKING QUE NO SE CONSTRUYÓ

No se justificaba la rescisión del contrato, advirtió la Abogacía de la Generalitat

Había que construir un aparcamiento subterráneo y en altura de al menos 600 plazas para el hospital Doctor Peset, en Valencia, pero no se construyó, aunque la empresa adjudicataria cobró más de 336.000 euros. El concurso, al que se presentaron 17 ofertas, fue adjudicado en 2007 por la Consejería de Sanidad, a través de la Agència Valenciana de Salut, a la empresa Sedesa Concesiones, SLU, con un coste de 9,9 millones de euros. El parking, cuya explotación correspondía a la concesionaria por un periodo de 38 años, no llegó a ejecutarse. Sedesa Concesiones, firma del grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, solicitó en octubre de 2008 la resolución del contrato y pidió el "resarcimiento" de los costes, que evaluó en 336.380,05 euros. "No interesando a ninguna de las partes la continuación del indicado contrato de concesión de obra", decía la empresa literalmente para justificar la rescisión, "de mutuo acuerdo se ha convenido la resolución del mismo".

Sedesa recibió de la Generalitat la indemnización que había solicitado

La Abogacía de la Generalitat, en un informe de diciembre de ese año, señaló que "ni en la propuesta de resolución ni en el expediente se ha hecho mención de la innecesariedad e inconveniencia del mantenimiento del vínculo contractual, tampoco se ha indicado la no concurrencia de otras causas de resolución imputables al contratista, ni se ha valorado, ni invocado, de forma expresa, el interés público". La abogada de la Generalitat añadía: "Únicamente se han limitado a señalar que las obras no se han iniciado sin determinar la causa ni el porqué".

De hecho, sólo en un informe posterior del Servicio de Mantenimiento, de febrero de 2009, en el que se basó la consejería, entonces dirigida por Manuel Cervera, para aceptar la rescisión, se apuntaba que "a pesar de que en un principio se estimaba plena disponibilidad de la totalidad de los terrenos, en la actualidad no es posible disponer de una parcela de 479,81 metros cuadrados necesaria para la construcción del aparcamiento subterráneo y en altura del hospital". En el pliego de condiciones para la concesión, la Agència Valenciana de Salut, especificaba que el aparcamiento objeto de concurso afectaría "exclusivamente a terrenos de la Generalitat Valenciana, adscritos a la Consejería de Sanidad".

La información está recogida en uno de los expedientes de contratación de Sedesa con la Generalitat a los que ha tenido acceso, tras haberlo solicitado reiteradamente, el diputado socialista Francesc Signes.La Abogacía de la Generalitat también consideró que no se justificaban los costes que Sedesa exigió como resarcimiento por la anulación del contrato del aparcamiento del hospital Doctor Peset, unos costes que la Consejería de Sanidad acabó aceptando íntegramente. "Si bien es cierto que en la resolución por mutuo acuerdo los derechos de las partes", señalaba en su informe, "se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes entre ellas (en este supuesto al parecer son las propuestas del contratista), no deja de ser más cierto que dicho acuerdo se debería establecer sobre los trabajos efectivamente ejecutados y que fueran de recibo, realizando la liquidación de los trabajos que el contratista hubiera eventualmente llevado a cabo, determinándose plenamente en el expediente". La Abogacía de la Generalitat concluía que, "según lo indicado en la propuesta de resolución las obras no se han iniciado (sin indicarse por qué causa), por lo que salvo que se acredite otra cosa y no haya mediado culpa del contratista, sólo se deberán abonar los pagos de redacción del correspondiente proyecto".

En la relación de gastos que la Generalitat pagó a Sedesa Concesiones por el aparcamiento no construido figuran el proyecto básico, que supuso un coste de 6.000 euros, y el de ejecución, que ascendió a 205.868,57 euros. A eso se añadieron otros costes, como licencias de obras, publicación en el diario oficial o garantías, además de salarios de un director técnico, un ayudante del director técnico, un técnico auxiliar, un director del proyecto, un asesor jurídico, un jefe de obra y un ayudante de jefe de obra.

"Parece evidente que ha existido en este caso un trato de favor", asegura el diputado socialista Francesc Signes, que ha tenido acceso al expediente. "La consejería no sólo permite sin oposición la extinción del contrato sin establecer penalización alguna para la empresa adjudicataria, sino que llega a plegarse al abono injustificado legalmente de la totalidad de las indemnizaciones económicas exigidas, en un claro supuesto de connivencia no permitido por el ordenamiento jurídico vigente".

Según Signes, que ha comenzado a revisar con detalle una cuarentena de expedientes de contratación del grupo Sedesa con la Generalitat en diversas áreas, seguramente la empresa se dio cuenta en 2008, una vez empezó a producir efectos la crisis económica, de que la explotación del aparcamiento (por la que debía pagar un canon de 75 euros anuales por plaza) no le generaría el margen de beneficio que había estimado. "Se benefició irregularmente a la concesionaria, reconociéndole un derecho a indemnización notoriamente superior al que, en aplicación de los criterios contenidos en el informe jurídico, hubiera podido tener derecho", concluye.

Contrato rescindido

- Adjudicación. Sanidad resuelve en marzo y firma en mayo de 2007 con Sedesa Concesiones el contrato del parking del hospital Doctor Peset por 9,9 millones de euros.

- Propuesta de resolución. Sedesa propone en octubre de 2008 rescindir el contrato de mutuo acuerdo y pide 336.380 millones por gastos.

- Recesión. Pese al informe en contra de la Abogacía de la Generalitat, la consejería lo rescinde en mayo de 2009 y paga lo reclamado.

www.elpais.es 08.01.12

LA EXSUBSECRETARIA DE COTINO CARGÓ AL CONSELL LA NOCHE DE AÑO NUEVO DE 2010

Otras facturas de la conselleria revelan gastos elevados de taxi, centros de flores o el arreglo de un bonsai Cristina Serrano achaca algunos de los abonos firmados por ella a errores de otros

La exsubsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente durante la etapa de Juan Cotino, Cristina Serrano, cargó algunos gastos "peculiares" a cuenta del departamento para el que ha trabajado ininterrumpidamente desde 2003, cuando fue fichada por Rafael Blasco como secretaria autonómica de Territorio y Vivienda. Serrano trabaja actualmente para el alcalde de Gandia, Arturó Torró, como asesora de Economía y Hacienda y en la dirección de la empresa municipal Iniciatives Públiques.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Cristina Serrano pasó a las arcas públicas el coste de la estancia en el Hotel Amérigo de Alicante (de cinco estrellas) del 1 y el 2 de enero de 2010 (que en aquella ocasión cayeron en viernes y sábado). La misma Serrano es la persona que se autoriza el gasto (que asciende a 444,27 euros), sin que se aclare el motivo de por qué usó el hotel en fechas tan señaladas, aunque la factura también fue supervisada por la secretaria general administrativa de la conselleria, Maria José Ortolà. El mismo hotel volvió a alojar a Cristina Serrano un año antes, del 27 al 29 de diciembre (con un gasto de 1.322,37 euros) aunque en esta ocasión sí se puntualiza que la estancia se debe a "motivos de reuniones de trabajo con restauración".

También durante la época de subsecretaria (la máxima responsable de autorizar facturas, contratos menores adjudicaciones), el área que dirigía Cristina Serrano abonó en cuatro meses cuatro facturas para "suministros de flores para actos protocolarios", un obsequio de flores y "el arreglo y mantenimiento de un árbol bonsai del despacho de la subsecretaria", que ascienden a 569,65 euros. En este caso las facturas estaban autorizadas por la misma Serrano y un subordinado suyo del servicio de gestión económica y presupuestaria, Clementino García Llatas.

Una veintena de comidas de la entonces subsecretaria, con dos, tres y hasta cinco comensales, también corrieron a cargo de las arcas de la Generalitat. Destacan las cargadas a cuenta del restaurante Novecento (de junio a noviembre de 2011 por valor de 660,75 euros), en la calle Conde Salvatierra de Valencia y enfrente del gimnasio al que aún es asidua la exsubsecretaria de Medio Ambiente. Desde el Sushiclub del Paseo de la Alameda también sirvieron tres cenas (por la hora en la que se suministran), presumiblemente a la vivienda de la ex subsecretaria, por valor de 162,97 euros, que se justificaron como "comidas" o "restauración" de trabajo, aunque también sirven comidas en el mismo local.

En otra cena de trabajo celebrada en el restaurante Aragón, 58 de Valencia entre tres comensales, el menú con gambas rayadas, quisquillas cocidas, canaillas y un Glenrothes de 12 años para el café, entre otros, acarreó a las arcas públicas un gasto de 213,45 euros.

Carreras de taxi de 100 euros

Por último, también resultan llamativos algunos gastos de taxi a cuenta de la tarjeta destinada a la subsecretaria de Medio Ambiente durante el año 2010. En 11 días se abonaron 595,10 euros en taxis. En un caso el desplazamiento desde la sede de la conselleria hasta la avenida donde reside Cristina Serrano se prolonga durante casi tres horas con un coste de 110,80 euros. De hecho, comparada con los gastos en taxis de la entonces secretaria autonómica (Maria Ángeles Ureña) que son los habituales (de 7 a 11 euros), algunas carreras con cargo a subsecretaria ascienden a cantidades desorbitadas : 72,10 euros por un viaje de la conselleria a la calle Caballeros. En 11 días de noviembre de 2010 el gasto sólo en taxis ascendió a 820 euros.

La exsubsecretaria de Medio Ambiente aseguró ayer a Levante-EMV sentirse "muy tranquila porque no tengo conciencia de haber malgastado". Sobre la factura del hotel del 1 de enero, achaca lo peculiar de esta fecha a "un error del hotel". "A principios de 2010 me reuní con González Varas por las alegaciones a la LUV pero el día 1 y 2 debe ser un error del hotel que voy a intentar que enmienden", asegura Cristina Serrano. Sobre los trayectos en taxi, explica: "la tarjeta la usaba todo mi departamento, no todos se me pueden achacar a mi". Y asegura que dispone de varias plazas de garaje "por lo que no tengo ninguna necesidad de usar un taxi desde el gimnasio a mi casa", aunque es el trayecto que desvelan los servicios ofrecidas por la compañía (al menos 5 de los 11 viajes prestados por la empresa de taxi en noviembre de 2010). "Será de unas reuniones que mantuvimos en la conselleria con organizaciones empresariales que se celebraron por la tarde y en las que me recogían en Conde Salvatierra", explica Serrano.

www.levante-emv.com.17.10.11

COTINO CARGÓ A LA CONSEJERÍA GASTOS POR IR A VER AL PAPA

El jefe de gabinete del exconsejero daba la conformidad a las facturas

El representante habitual del Consell ante la jerarquía católica, el entonces vicepresidente Juan Cotino, cargó a la caja fija de su departamento, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, gastos de viajes, comidas y alojamiento correspondientes a la asistencia a actos del Papa en Roma, Santiago de Compostela y Barcelona en 2009 y 2010. Los justificantes que lo reflejan forman parte de la documentación en que se ha basado la portavoz adjunta de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, para formular una pregunta oral al Consell en el pleno del próximo día 19 de octubre.

Oltra preguntará: "¿Cómo piensa el Consell garantizar la tan anunciada austeridad en la Administración pública en relación con los criterios aplicados por el anterior Gobierno para el pago por caja de determinados gastos como los relacionados, por ejemplo, con los desplazamientos y manutención pagados por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda durante los años 2009 y 2010?".

Cotino explicó ayer a este periódico que los gastos cargados a la caja fija, que ascienden a 3.590 euros, se realizaron durante viajes oficiales que realizó en representación del Gobierno valenciano. Bien en sus viajes a Roma o acompañando las visitas del Papa a varias ciudades de España.En octubre de 2009, mediante un certificado que firmó su propio director de gabinete, Ignacio Calabuig, un cargo de confianza que no suele ser quien está capacitado para justificar gastos de la caja fija, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, pasó al cobro 394,90 euros por un viaje a Roma, donde el Papa canonizó a dos valencianos. Ese mismo mes, pero unos días más tarde, la caja de Medio Ambiente pagó 254,88 euros de billetes de avión de ida y vuelta entre Madrid y Valencia a alguien en principio ajeno al departamento, José Ramón Pin. En el certificado firmado por Calabuig se consignaba la cantidad como "gastos de transporte, José Ramón Pin, viaje a Roma".

No fue el único de los viajes a Roma ni de los gastos por asistencia a actos del Papa que se pagaron desde la Consejería de Medio Ambiente. Así, una "comida de trabajo en el ejercicio de las funciones propias del cargo", para ocho comensales, el 31 de agosto de 2010 en Italia, costó a Cotino, que lo cargó a su departamento, 445 euros. Entre los días 5 y 7 de noviembre del año pasado, el ahora presidente de las Cortes viajó a Santiago de Compostela y Barcelona, siguiendo la visita del Papa, en la que representó a la Generalitat. Medio Ambiente pagó 320 euros por una pensión con encanto en Santiago y una comida de 100,15 euros en la ciudad gallega, así como una habitación de hotel de 130 euros en Barcelona.

En Santiago de Compostela ya había estado Cotino unos meses antes porque la caja fija de su consejería registró 588,52 euros de viaje de avión desde Valencia el día 5 de agosto de 2010.

A Mònica Oltra, que ya ha presentado sin éxito iniciativas para controlar los pagos de caja fija, le ha llamado la atención el uso que se hace en la Generalitat de un instrumento cuyo objeto es atender gastos imprevistos y contingencias de poca cuantía, al margen de los procedimientos de pago habituales de la Generalitat. Un tipo de gastos entre los que probablemente puede justificarse el tíquet de un taxi o la compra de algún material necesario, pero no deja de sorprender una factura de 1.612,37 euros de una empresa de limusinas, vehículos profesionales y de lujo, por el alquiler de un coche con conductor en Bruselas los días 6 y 7 de mayo de 2010. Cotino había acudido esos días a la capital belga a reivindicar ante la Comisión Europea que se retomara la construcción del trasvase del Ebro. También aprovechó para inaugurar el puesto de la Comunidad Valenciana en una jornada de puertas abiertas organizada por el Comité de las Regiones y para participar en unas jornadas organizadas por la Fundació Vives per l'Humanisme i la Solidaritat, una entidad muy cercana al entonces vicepresidente de la Generalitat.

www.elpais.es 17.10.11

UN CRUCIFIJO PRESIDE LAS CORTES VALENCIANAS

Juan Cotino se estrena hoy al frente del Parlamento autonómico haciendo gala de su confesión.- El Gobierno paralizó a finales de 2010 la reforma de la ley de libertad religiosa

El séptimo presidente de las Cortes Valencianas ha jurado su recién estrenado cargo frente a una Constitución Española, un Estatuto de Autonomía, una Biblia y un crucifijo. La actitud de Juan Cotino, conocido miembro del Opus Dei, ha soliviantado a la oposición de izquierdas. Desde Compromís y Esquerra Unida han lamentado que la sesión de constitución del Parlamento regional haya estado presidido por un símbolo religioso cuando España es “un Estado aconfesional", tal y como ha remarcado el diputado Enric Morera, por lo que, en su opinión, “no deben de estar en las instituciones". La también diputada Marga Sanz ha pedido que no se vuelva a repetir el hecho “por respeto a los valencianos, a nuestra Constitución y nuestro estatuto".

El portavoz de los socialistas, Jorge Alarte, ha sido más cauto y ha asegurado que "afortunadamente, el Estado de Derecho y el estatuto de autonomía garantiza la capacidad de cada uno de jurar, prometer o expresarse en base a sus ideas". Sin embargo, ha sido portavoz adjunta del PSPV, Carmen Ninet, quien ha tomado la primera fotografía del crucifijo, con su teléfono móvil, y la ha subido a su cuenta de Facebook para denunciar el hecho. 

El crucifijio que hoy ha presidido la constitución del Parlamento valenciano tiene también una larga trayectoria pues ha estado presente desde hace años en los despachos que ha ocupado Juan Cotino a lo largo de su carrera política

Con su elección de hoy, Juan Cotino ha conseguido para el sector cristiano del PP su máxima representación institucional dentro de la Generalitat valenciana. Inició su carrera política en el Ayuntamiento de Valencia, fue después director general de la Policía durante los mandatos de José María Aznar, tras lo cual regresó a su tierra como delegado del Gobierno.

En 2004, entró a formar parte del Ejecutivo de Francisco Camps, con quien comparte credo, donde alcanzó la vicepresidencia tercera. A él se deben el impulso de las políticas antiabortistas del Consell de Camps, entre las que destaca la Ley de Protección de la Maternidad, dirigida a torpedear la reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de la nación. A esto hay que añadir el refuerzo a la presencia de las órdenes religiosas en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda o la atención a ancianos y discapacitados (sector en el que su propia familia tiene intereses) y la preparación de cuadros cristianos en el seno de la Generalitat.

Cotino usa también las nuevas teconologías para su labor proselititsta. Desde su página web, el presidente de las Cortes valencianas extiende sus creencias, utiliza su cuenta de Twitter para rogar a sus seguidores que pidan "a Santo Tomás Moro Patrono de los Políticos" (sic) por él, o sube a su canal de YouTube vídeos en los que arremete contra el Gobierno mientras predica los valores del humanismo cristiano.

Ley de libertad religiosa

"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso". La frase corresponde al borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa que el Gobierno central tenía preparado en junio del año pasado para cumplir una de sus promesas electorales en 2008 y que corregía la anterior de 1980. Por primera vez, una norma establecía la "laicidad del Estado" e impedía hechos como los ocurridos hoy en el Parlamento valenciano.

Tras la investidura del segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advertía a la Iglesia católica de que el Gobierno iba a mantener su defensa de la laicidad. Ese mismo día, sin embargo, PSOE y PP tumbaban una iniciativa de Izquierda Unida e ICV que pedía los símbolos religiosos de las tomas de posesión con el argumento de que asunto de tanta relevancia no le podía ser impuesto por las minorías. Un año y medio después, en diciembre de 2009, el propio Parlamento exigía al Ejecutivo en comisión la retirada de los símbolos religiosos de los colegios, esta vez sí con el apoyo del PSOE.

2010 parecía el año en el que se iba a reformar la norma. En enero, De la Vega daba por seguro su aprobación para ese periodo de sesiones. En junio, Zapatero informaba al propio Benedicto XVI de los pormenores de una ley que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzaba que también se limitaría el uso del burka en los espacios públicos.

En noviembre de 2010, sin embargo, fue el propio Zapatero el que anunció en el Congreso la paralización de la norma. La justificación: la falta de consenso que generaba. Entre medias el Gobierno sufrió una gran remodelación que sacó de escena a María Teresa Fernández de la Vega y situó como vicepresidente primero a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su toma de posesión aseguró que los objetivos del Ejecutivo eran la recuperación económica y la creación de empleo.

España no es el único país de Europa en el que los símbolos religiosos resulta polémicos. En marzo de este mismo año la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos daba la razón al Estado italiano y al considerar que la presencia de cruces en los colegios públicos no viola los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. La sentencia no es vinculante para otros países pero sí marca jurisprudencia para casos similares que se puedan presentar ante el tribunal en el futuro.

www.elpais.es 09.06.11

COTINO DECLARA DE INTERÉS UN SOLAR PARA UN CENTRO VINCULADO AL OPUS

La Fundación Mainel proyecta un complejo sociocultural en Massarrojos

La Fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, solicitó en 2005 a la Generalitat que declarase de interés comunitario 53.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Massarrojos, pedanía de Valencia, para construir un centro sociocultural, con pistas de pádel, tenis y piscina. Seis años después, Juan Cotino rubricó esta declaración de interés comunitario pasadas las recientes elecciones y poco antes de dejar vacante el cargo de consejero de Territorio para presidir las Cortes Valencianas.

El exconsejero de Urbanismo firmó la resolución estando en funciones

La declaración de interés comunitario se suele emplear cuando en caso de que no exista suelo urbano en un municipio y el proyecto tenga un uso o aprovechamiento colectivo. Es una fórmula que se emplea, por ejemplo, para edificar colegios o residencias públicas cuando no existe suelo programado para ello. En este caso, la Fundación Mainel planea un edificio para residencia privada con instalaciones socioculturales y deportivas cerca del paraje del Tos Pelat. El Consistorio que preside Rita Barberá tramitó con celeridad la petición de la fundación en 2005. Tres años antes, descartó, sin embargo, la posibilidad de desarrollar un campo de golf en esta misma pedanía de Valencia, explica el Grupo Municipal Socialista.

La solicitud de declaración de interés comunitario, en 2005, provocó una oleada de alegaciones de vecinos de la pedanía -que presentaron firmas en contra-. El complejo está proyectado junto al término de Moncada, en las faldas de la montaña donde se descubrió un poblado Íbero. La Colla Ecologista de Massarrojos alegó entonces que la construcción de la Fundación Mainel se situaría a escasos 150 metros del Poblado Ibérico del Tos Pelat (siglos VI-IV a. C), donde se llevan a cabo excavaciones desde el año 2002. Además, la Colla argumentó que el complejo privado estaba previsto en una zona catalogada por el Patricova como inundable, en el lecho del Barranco del Palmar, con una cuenca de centenares de kilómetros de recepción.

La declaración de interés comunitario se concede por el periodo máximo permitido, 30 años, pero la Fundación Mainel tendrá que pagar a cambio un canon al Consistorio de algo más de 800.000 euros, según el expediente urbanístico, al que ha tenido acceso este diario.

Los vecinos afectados insisten en que la parcela se ha vallado sin permiso municipal, el paraje tiene una vegetación autóctona que puede verse amenazada o que la actuación no se justifica en suelo no urbanizable. "Lo lógico es buscar suelo ya urbanizable o intentar una permuta de terrenos", se quejan. El suelo fue cedido por dos particulares a la Fundación Mainel hace años.

Por otro lado, los vecinos insisten en que el acceso rodado a lo que será este complejo de ocio es insuficiente -una carretera que parte de Massarrojos en la que apenas caben dos coches-. Los promotores tienen ahora seis meses para solicitar la licencia.

www.elpais.es 28.06.11

LA CONSELLERIA DE COTINO ADJUDICA A LA EMPRESA DE SU SOBRINO UN CONTRATO A LAS PUERTAS DEL 22-M

A menos de un mes de que se celebren las elecciones autonómicas y expire su mandato, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha adjudicado una obra a Ezentis Infraestructuras, empresa que tiene entre sus accionistas de referencia (11%) a su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, propietario de Sedesa.

Ezentis Infraestructuras construirá el aliviadero del colector central de Xàtiva, según el contrato adjudicado por la entidad pública de Saneamiento de Aguas Publicas (EPSAR), que preside Juan Cotino, por 1,84 millones de euros, según informó la compañía. Una canalización de mas de un kilómetro, desde el actual cruce del colector central con el colector Norte hasta el río Canyoles.

Las obras servirán para completar la red de saneamiento de la población, donde ya se encuentran en funcionamiento los colectores Este, Oeste y Norte, que conducen las aguas residuales a la depuradora, así como el tramo del colector central.

En diciembre, Ezentis Infraestructuras resultó adjudicataria, también por parte de EPSAR, del último gran contrato de la legislatura para la construcción de la estación depuradora y los colectores generales de Peñíscola, en UTE con Dragados, por un importe de 18,39 millones.

La adjudicación a Ezentis se produce en plena catarata de críticas de los constructores por el retraso en la licitación de obras públicas en la Comunidad Valenciana. Vicente Cotino presidió Sedesa, fundada en 1942, hasta que fue adquirida por Ezentis en 2010, mediante una ampliación de capital con la que Cotino se convirtió en el principal accionista individual (11%). Sedesa forma parte del grupo de empresas constructoras que, según informes del caso Gürtel, habría financiado actos electorales del PP a cambio de obras.

La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, en la que están representadas todas las grandes del sector en España, junto a firmas locales, ha elaborado un informe titulado «Aplazamiento sine die de inversiones de la Generalitat Valenciana en Justicia, Ciegsa y EPSAR», en el que denunciaba estos hechos.

Contratos 'congelados'

En el informe se explica que el conseller Cotino anunció en abril de 2010 que licitaría por sistema concesional «17 nuevas depuradoras y 20 modificaciones de otras tantas (terciario y obras anexas)». Las obras se agrupaban en siete lotes o zonas y alcanzaban los 303 millones de euros (113 para construcción y 190 para explotación y financiación)».

En aquel momento, aseguran los contratistas, «se nos indicó que la primera licitación (junio 2010) sería la zona 4 (Jalance, Jaraduel, Yátova, Turís y Riba-roja), seguidamente en julio/agosto sólo se licitaría la zona 1 (Benejúzar, Orihuela, Almoradí, Crevillente, Hondón de las Nieves, Villena y Bombeo Alicante norte)». Posteriormente, «a lo largo del cuarto trimestre de 2010 y primer trimestre de 2011 se licitarían las siete zonas».

La conclusión de los constructores es contundente: «Esos plazos no sólo no se han cumplido, sino que incluso concursos licitados en 2008 y 2009 por el EPSAR, alguno de ellos adjudicado provisionalmente, se han anulado a través del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana».

Según el informe, la Conselleria informó a los contratistas de que añadiendo esos contratos e incorporando algunas reconsideraciones de la Administración en materia de tasas de amortización y financiación, al sector se le comunicó que los siete lotes alcanzarían un importe de 450 millones. Pero, a pesar de tener un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 300 millones de euros, no hay avances.

Fuentes del gabinete de Juan Cotino explicaron que el contrato del colector de Xàtiva fue licitado en 2009, pero por los problemas de disponibilidad presupuestaria no se había podido adjudicar hasta ahora. Por las características de la obra, la Conselleria habría decidido no esperar más para no causar problemas a la población, añadieron las mismas fuentes.

La licitación del concurso recibió ofertas de 32 empresas, entre las que la mesa de contratación, integrada por personal técnico escogió la más favorable desde el punto de vista económico, continuaron las fuentes de la Conselleria. Cotino asegura que no tiene competencias en materia de adjudicación porque las delegó tras ser elegido para el cargo.

APOYO

Adjudicaciones a cuentagotas

Durante 2010 y hasta marzo de 2011, según el propio EPSAR, se han adjudicado dos estaciones depuradoras y una modificación de terciario. Las dos EDAR son las de Peñíscola, adjudicada a Ezentis-Dragados y la de Benicarló, de la que se encarga la UTE Drace Medio Ambiente-Agricultores de la Vega de Valencia (SAV)-Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), por 18,9 millones de euros. En cuanto al terciario, se encuentra en la EDAR de Moraira y se adjudicó a la UTE SAV-DAM.

La práctica totalidad del resto de concursos adjudicados tienen que ver con la explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los cinco últimos recayeron en SAV-DAM (dos), Aguas de Valencia-Sociedad Española de Abastecimiento (dos) y Cadagua-Ingeniería Verificaciones Electromecánicas.

www.elmundo.es 06.05.11

COTINO VENDE SEDESA PARA LIBRARSE DEL LASTRE DE GÜRTEL Y FRENAR LAS CRÍTICAS AL VICEPRESIDENTE

El empresario, salpicado por el caso de financiación ilegal del PP, busca reinventarse con la vista puesta en Brasil o Galicia Ezentis, antigua Avánzit, confirma que negocia la compra de la constructora fundada por la familia en 1942

Deshacerse de Sedesa, desligarse de su marca, montar una nueva empresa y desarrollar el grueso de la actividad fuera de la Comunitat Valenciana. Estos son los objetivos que se ha marcado Vicente Cotino, presidente de Sedesa para tratar de reinventarse y quitarse de encima el lastre que supone verse salpicado por el caso Gürtel por presunta financiación ilegal del PP valenciano. La operación busca también reducir la presión sobre el Consell de Francisco Camps, y especialmente sobre su vicepresidente tercero y principal asesor del presidente de la Generalitat, Juan Cotino, tío de Vicente.

Ezentis, antigua Avánzit, confirmó ayer oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está "manteniendo negociaciones" para la compra de Sedesa, "sin que hasta el momento se haya alcanzado ningún acuerdo vinculante entre las partes". La negociación se produce tras la llegada de Mario Armero a la presidencia de Ezentis y la posible adquisición, que algunas fuentes dan casi por cerrada, se enmarca dentro del plan estratégico de la antigua Avánzit para los años 2010-2102. La intención de Ezentis es concentrar su actividad en las infraestructuras y la energía pese al fuerte descenso de la licitación de obras públicas por parte de las administraciones.

Por contra, según conocidos de Vicente Sedesa, éste planea iniciar nuevos proyectos tras desprenderse de la marca Sedesa. Algunas fuentes lo sitúan en Brasil, donde puede aprovechar su cerrada amistad con el empresario valenciano Enrique Bañuelos, que ha desplegado en el país sudamericano una intensa actividad inmobiliaria. Vicente Cotino también tiene la vista puesta en Galicia, de donde es originario su suegro, el empresario José Antonio Souto, con intereses en el sector inmobiliario. No obstante Souto también ha tenido problemas con la justicia. El fiscal le pide tres años de cárcel por un presunto delito de fraude a algunos de sus socios en la compraventa de terrenos en Almería.

El aviso del PSOE

Según algunas fuentes, Vicente Cotino había establecido contacto con el el PSOE para sondear las opciones de Sedesa en el sector de la obra pública tras el estallido del caso Gürtel. La respuesta socialista fue que Sedesa ya estaba estigmatizada y manchada por el caso Gürtel y que sería muy complicado que recibiese nuevas adjudicaciones. Con la Generalitat, Sedesa ha disfrutado de jugosos contratos, que se elevan al menos 830 millones de euros de facturación en los últimos diez años, optando a concursos de obra pública en solitario o en UTE con otras firmas. El PSPV ha reclamado sin éxito en las Corts los expedientes de contratación, que el Partido Popular de Camps se niega a hacer públicos.

Sedesa ha sufrido en los últimos años los embates de la crisis económica y ha desplegado un proceso de reestructuración que le llevó a vender a ACS su filial medioambiental. Además los negocios de Sedesa en Europa del este tampoco están siendo tan exitosos. Su proyecto estrella de construir un circuito en Hungría está paralizado por falta de financiación.

www.levante-emv.com 19.06.10

COTINO INTENTÓ BLINDAR EL NEGOCIO DE GERIÁTRICOS DE SU FAMILIA

Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.

Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.