EL CONSELL ADJUDICÓ A SEDESA DOS OBRAS SIN HABER GANADO LOS CONCURSOS
La empresa de la familia de Cotino reparó una carretera y construyó un puente en Castellón pese a que fue la segunda en puntuación
Unas obras de "conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte" fueron adjudicadas en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Sedesa. Por otra parte, en 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transporte adjudicó a Sedesa la construcción de un puente sobre el río Bergantes, en Sorita. En ninguno de ambos casos la empresa que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de la Cortes, Juan Cotino, había ganado el concurso.
La firma ganadora fue descartada por tener otras adjudicaciones
En un concurso se dice que tiene la mejor valoración sin ser cierto
Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes, después de tres años de reclamar reiteradamente los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa.
El concurso para la reparación de la carretera en Castellón, efectivamente, fue ganado por la oferta de Lubasa, que obtuvo una puntuación de 8,43. La UTE de Sedesa quedó en segundo lugar de las tres que fueron aceptadas a la licitación, con 7,69 puntos, seguida de Pavasal, que logró 7,58. Sin embargo, el proyecto se adjudicó a la UTE de Sedesa con el argumento de que "el licitador mejor puntuado ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de esta misma provincia".
"Ese criterio es totalmente ajeno a las determinaciones de la legislación que regula la contratación pública", señala Signes. "La ley exige una motivación de la adjudicación de acuerdo con los criterios que la propia Administración ha preestablecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la contratación". El diputado añade otro aspecto llamativo del concurso: el hecho de que se adjudicó a la UTE de Sedesa por 820 millones de las pesetas de entonces (4,92 millones de euros), que era el precio de licitación inicial, pese a que se recoge en el expediente que la UTE había propuesto una baja del 6,59%.
Por lo que se refiere al otro concurso, se trataba de la construcción de un puente sobre el río Bergantes en la CV-14, en Sorita del Maestrat. El acta de adjudicación, de abril de 2008, afirma que entre las ofertas económicas recibe la mayor puntuación, 98,86 puntos, la oferta presentada por Sedesa, Obras y Servicios, por 2,42 millones de euros, cuando la tabla misma que se recoge a continuación incluye dos ofertas mejores, por 2,40 y 2,39 millones respectivamente. En la puntuación total, es decir, sumando la puntuación de la oferta económica y la puntuación técnica, Sedesa queda en segundo lugar, con 83,8 puntos, por detrás de Pavasal, que logra 84,4 puntos. Pese a ello, se le adjudica la obra a la empresa de la familia Cotino asegurando que se trata de "la oferta que ha obtenido mejor puntuación".
Para el parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, tanto en un caso como en otro "es evidente que se adjudicó indebidamente" a Sedesa los concursos, "en perjuicio de los intereses públicos y de los principios que rigen la contratación pública".
No son las únicas contrataciones de la Generalitat con Sedesa en las que Signes ha encontrado irregularidades. Como ya publicó este periódico, en 2007, la empresa Sedesa Concesiones, SLU, consiguió la adjudicación para construir y explotar durante 38 años un aparcamiento subterráneo y en altura en el hospital Doctor Peset, en Valencia. El aparcamiento no se construyó porque la propia empresa pidió rescindir el contrato, pese a lo cual cobró de la Consejería de Sanidad 336.380 euros como resarcimiento. En 2006, Sedesa, Obras y Servicios, SA, ganó un concurso de algo más de seis millones de euros del Instituto Valenciano de la Vivienda para construir 105 pisos destinados a alquiler en Pilar de la Horadada pese a que fue solo la tercera en puntuación. En aquel caso, la propuesta consistió en "adjudicar indistintamente" a una de las tres empresas mejor puntuadas las obras. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, optó por la tercera.
Francesc Signes: "Nadie ha asumido responsabilidad política alguna por esto"
El interés de los socialistas por las contrataciones de la Generalitat con el grupo Sedesa viene de lejos, debido a que Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes, ha sido consejero de varios departamentos y hasta vicepresidente de la Generalitat en la legislatura pasada, pero también a que Vicente Cotino, sobrino del primero, es uno de los empresarios valencianos que contratan con la Administración imputados, dentro del caso Gürtel, en la supuesta financiación ilegal del PP. A ello se suma el despilfarro que ha desembocado en la alarmante situación de las cuentas públicas, agudizada por la crisis económica.
"Este es un caso más de la perversión de la libre concurrencia y la igualdad entre licitadores que ha venido practicando la Generalitat en sus contrataciones durante todos esos años en los que todo valía para Francisco Camps y el PP", señala el diputado socialista Francesc Signes. "Al mismo tiempo se nos impedía a la oposición que pudiéramos ejercer nuestra labor de fiscalización".
"Los tratos de favor del PP a sus amigos y correligionarios, el despilfarro, el nepotismo y la corrupción", añade Signes, "han conducido a nuestra comunidad a la situación de bancarrota en que se encuentra y al desmantelamiento de la sanidad, la educación y los demás servicios públicos".
El diputado socialista solo ha podido acceder a los expedientes, 43 en una última lista, después de haberlos reclamado en cuatro ocasiones a lo largo de los tres últimos años, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha abierto un poco la puerta de la transparencia en la gestión. "Es indignante", exclama, "que el Consell no pague a nadie, que muchas empresas hayan tenido que cerrar y despedir a sus trabajadores por esos impagos y, sin embargo, otras empresas amigas hayan sido tan irregularmente beneficiadas sin que nadie haya asumido responsabilidad política alguna por todo esto".
www.elpais.es 29.01.12
