Lo único que tengo claro es que el sistema actual de pensiones públicas de reparto no funciona. Es más, diría que es una estafa.
En España, cada trabajador abona a la Seguridad Social el 30% de su sueldo para sufragar las pensiones de los jubilados y, a cambio de ello, va devengando un derecho de prestación futuro que, a día de hoy, está programado para que termine siendo del siguiente modo: jubilación a los sesenta y siete años con una pensión equivalente al sueldo medio de los últimos veinticinco años (ese sueldo medio se conoce como “base reguladora”) siempre y cuando se haya estado cotizando treinta y siete años (si se han cotizado menos años, la pensión va siendo un porcentaje progresivamente menor de la base reguladora). Sucede, sin embargo, que esas condiciones de acceso a las pensiones se han ido modificando de forma habitual por el Estado en los últimos treinta años: en 1984, por ejemplo, los trabajadores tenían derecho a jubilarse a los sesenta y cinco años (no a los sesenta y siete como ahora), su base reguladora se calculaba a partir de los dos últimos años de salario (no de los últimos veinticinco como ahora) y apenas se requerían diez años (no treinta y siete) para acceder a la pensión máxima. Además, la misma cotización a la Seguridad Social servía para financiar la sanidad pública (cosa que ya no sucede desde 1994, momento en el que pasó a financiarse a partir del resto de impuestos).
Aquí podemos ver un cuadro resumen de los principales recortes que ha sufrido la Seguridad Social en los últimos treinta años:
Este deterioro de las condiciones de acceso a las pensiones no se ha producido por mera ineptitud de nuestros políticos, sino porque los ingresos del sistema de reparto dependen de dos factores (la población en edad de trabajar y la productividad de los trabajadores) que no han sido capaces de compensar la evolución de los otros dos factores que determinan el gasto (el número de pensionistas y la pensión media prometida). Dicho de otro modo, dado que los trabajadores actuales pagan las prestaciones de los pensionistas actuales, si el número de pensionistas crece mucho más rápido que el de trabajadores, sólo hay dos formas de mantener el sistema: o incrementando lo que se produce y paga cada trabajador o reduciendo lo que cobra cada pensionista. No hay más.
Frente a esta crónica de una estafa anunciada, siempre podemos optar por el sistema privado de capitalización (como sucede en Chile con bastante éxito, por cierto) o utilizar una combinación de ambos sistemas como sucede actualmente en Holanda, Dinamarca, Suecia, Australia o Suiza, por ejemplo.
