La vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses diciendo que
la reforma de la tarifa eléctrica iba a bajar el precio de la luz. Pero resultó que es mentira. Comparado con mayo del año pasado, cuando la actividad era prácticamente inexistente por culpa del Covid, los precios crecieron el 44 por ciento. ¿Por qué se coló la ministra?
La culpa la tiene el CO2, que más que se duplicó. El mercado eléctrico es marginalista debido al ordenamiento de la Unión Europea, lo que significa que la energía más cara determina el precio del pool para el resto. De manera que el gas, con 50 euros en impuestos por tonelada de CO2, encarece a las demás.
Durante la anterior legislatura, los hermanos Nadal introdujeron, además, mecanismos en el mercado regulado para que los precios reflejaran la demanda, que acentúan las bajadas, pero también las subidas. Los consumidores pueden optar como alternativa por las tarifas liberalizadas, que ofrecen las eléctricas en paquetes con precios cerrados, pero suelen ser más caras que las reguladas, porque incluyen un seguro por las variaciones en los precios. Así que no hay manera de escapar a las subidas que vendrán en los próximos meses.
Ribera ha creado
unas franjas horarias para que los ciudadanos aprovechen los momentos valle, pero ni con eso consigue una rebaja. Ya me dirán cómo evitar poner el aire acondicionado en los períodos de más calor durante el día. Pero aquí no acaban las malas noticias.
El coste del CO2 seguirá al alza. Los analistas prevén que se duplique hasta los 100 euros por tonelada, lo que encarecerá aún más el recibo eléctrico.
Sánchez y Ribera son víctimas del boomerang del cambio climático que promueven
Para más inri, la ministra se inventó un Real Decreto, que ahora pretende convalidar en el Parlamento como Ley, por el que las energías sucias, como los hidrocarburos, deberían sufragar las limpias, como las renovables. Eso quiere decir que los combustibles, que están en máximos por los recortes de producción de la OPEP, subirán todavía más, porque las petroleras o las gasistas trasladarán estas tasas a los usuarios. El Gobierno intentó el martes arreglar el entuerto, trasladando una parte del coste, alrededor de 1.000 millones, a las eléctricas.
Una política de parches que no hace más que agrandar la confusión.
La ministra pretende reducir el impacto mediante una medida populista, que hidroeléctricas y nucleares fundadas con anterioridad a 2005 dejen de percibir los llamados dividendos caídos del cielo o del carbono, porque ya han amortizado sus costes.
Europa retrasa el desembolso de los fondos a España porque carece de un plan de desescalada
El resultado es una especie de pandemonio entre eléctricas y petroleras, con una legislación compleja y difícil de entender por el ciudadano, al que el Gobierno le ha vendido el Mundo Feliz del Aldous Huxley, con energías renovables y materiales reciclables, que resultará costoso de alcanzar.
El razonamiento es simple. Si 2 de cada 3 euros por la venta de un litro de gasolina o de gasóleo revierten en forma de impuestos al Estado, qué pasará cuando la mayoría del parque automovilístico sea eléctrico. Es obvio que la compra del coche eléctrico pasará de ser subvencionada a estar gravada con nuevos impuestos para compensar la pérdida fiscal.
La electricidad en España soporta un IVA del 21 por ciento, casi como si fuera un producto de lujo, cuando en Europa tiene tipos reducidos de menos de la mitad y luego Sánchez y Ribera critican la pobreza energética de miles de ciudadanos. Si de verdad creyeran en lo que dicen,
deberían empezar por limpiar el recibo de peajes y por reducir el IVA. Pero el ritmo de gasto público no les permite tocarlos.
Muy al contrario, el Presupuesto de este ejercicio incluye impuestos a los plásticos o a las bebidas azucaradas para contribuir a la transformación ecológica. Estos son solo una muestra de lo que resta por llegar. En este ejercicio quedó aparcado por presión del PNV el alza del impuesto del gasóleo
o el de matriculación, que fue tumbado en el Congreso. Pero la adaptación a las directivas de la Unión Europea obligará asumir un montón de gravámenes relacionados con la movilidad, como el queroseno de los aviones.
Sánchez y Ribera se han esforzado en los últimos años en defender la necesidad de acelerar la lucha contra el cambio climático. La desaparición de los automóviles con diésel o gasolina se adelantó a 2040 y también los plazos contenidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) para lograr la neutralidad de las emisiones de carbono en 2050.
Pero se olvidaron de lanzar en paralelo una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos adversos que estas medidas tendrán sobre sus bolsillos. Ya hemos hablado de la contradicción de dedicar cientos de millones a subvencionar la compra de automóviles eléctricos puros cuando la industria nacional es la campeona en la producción de vehículos diésel y el efecto que tendrá en términos de empleo.
Desafortunadamente, no son los únicos gravámenes al alza. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
coló en la Ley contra el Fraude un incremento de las bases imponibles para las transacciones de inmuebles de padres a hijos, que a partir de ahora se regirá por el precio de mercado, en lugar de por el IBI, mucho menor. Y encima critica que la fiscalidad española está ocho puntos por debajo de la europea.
Para tener una visión realista del panorama económico, los datos de empleo conocidos esta semana sobre el mes de mayo, con el incremento de 212.000 cotizantes en la Seguridad Social, son optimistas. Empiezan a reflejar la salida de la pandemia.
El Gobierno reconoce, como publicó elEconomista, que una de cada tres personas en Erte, alrededor de 180.000, engrosarán las cifras del desempleo, a las que habría que añadir una cifra similar de autónomos, que solicitaron el cese de sus actividades. Eso añadirá alrededor de 360.00 inactivos a finales de este año o principios del que viene, dos puntos más de desempleo, hasta los 4,2 millones.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujo después de una gran bronca con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, incentivos para acelerar la salida de los Ertes. Pero la prolongación de los cierres en el interior de bares y restaurantes aprobada por la comisión interterritorial, que dirige la ministra de Sanidad, Carolina Darias, puede dar al traste con sus planes. La vuelta a la normalidad sufrirá reveses, como ocurrió esta semana con el mantenimiento de la recomendación del Reino Unido de no viajar a España.
En paralelo, los fondos europeos, el bálsamo de fierabrás para compensar las pérdidas de empleo y de actividad, se retrasan. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, admite que los primeros desembolsos no estarán hasta septiembre, medio año más tarde de lo previsto. Europa desconfía de los planes españoles, como se vio en la presentación del Informe de Primavera, donde sin citar a España el comisario de Economía, Paolo Gentilioni, solicitó un plan de saneamiento realista a los países más endeudados. Verde y con asas.
Entre otras cosas, seguimos sin plan de racionalización del gasto público, pese a que ya se conoce que la cláusula de escape para saltarse el déficit desaparecerá en 2023. El Gobierno, en vez de presentar un plan de desescalada a medio o largo plazo para afrontar los múltiples desajustes que originará la vuelta a la normalidad, sigue pensando solo en aumentar el gasto o en tapar alzas como las de la luz con parches, que no resuelven el problema
