Después de 314 días de Gobierno en funciones, el pasado 29 de octubre comenzó a rodar la legislatura con la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, como presidente. El Ejecutivo deberá compensar ahora la inacción política del último año con un ingente esfuerzo de diálogo. No es para menos si tenemos en cuenta las tareas pendientes que se le plantean esta legislatura: desde la más inmediata aprobación de los Presupuestos de 2017, a la necesaria reforma de las pensiones, los cambios tan demandados del modelo de financiación autonómica o el desafío que le planteará de nuevo el soberanismo catalán.
Lo más urgente es la aprobación de las Cuentas públicas, necesaria para la consecución de los objetivos marcados por Bruselas en materia de déficit -el 3,1 por ciento del PIB en 2017- y que deben ser remitidos a la autoridad comunitaria con la mayor premura posible. En este aspecto ya se han dado los primeros pasos al aprobar el techo de gasto, que se situará en 118.337 millones de euros, unos 5.000 millones menos que el límite para 2016, gracias a la abstención del PSOE y el apoyo de Ciudadanos, pero con el resto de la Cámara en contra. Una ecuación parecida a la que Moncloa espera para aprobar los próximos Presupuestos.
Otra reforma en agenda, consecuencia del raquítico estado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -restan 15.195 millones de euros tras la última disposición para liquidar el IRPF-, es la del marco regulador de las pensiones. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, confirmó recientemente que para hacer frente al pago de prestaciones, cuando se agote la hucha de las pensiones, el Estado recurrirá a la emisión de deuda pública.
Además, este mes de enero se reúne la Conferencia de Presidentes, que servirá para empezar a marcar el paso de la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno se había comprometido a abordarla ya la legislatura anterior, pero lo espinoso del tema había ido postergando los cambios previstos. Entre las autonomías más críticas con el actual modelo, que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentran Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña, que dicen recibir del Sistema bastante menos de lo que aportan. Tanto Baleares como Madrid son, de facto, contribuyentes netos al mismo.
Por otro lado, se encuentra el frente abierto en Cataluña. Desde la Generalitat, JxSí, el partido del Gobierno, amenaza con redoblar el desafío soberanista con un presupuesto autonómico que recoge una partida de 5,8 millones de euros para organizar el referéndum de independencia. La tarea de mediación entre Govern y Ejecutivo será ejercida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que pide la colaboración del PSOE para hacer frente común al desafío rupturista.
Ante la envergadura de las medidas pendientes, fue el propio Rajoy quien durante el Pleno de investidura tendió la mano al resto de fuerzas políticas para afrontar los proyectos renovadores de España, y es una consigna que han trasladado el resto de ministros desde sus diferentes carteras. Así, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado en varias ocasiones que existen mimbres para afrontar una pacto de Estado por la educación, que termine con los frecuentes cambios de ley y siente unas bases comunes aceptadas por toda la comunidad educativa española.
Horizonte incierto
Después de dos elecciones generales, dos investiduras fallidas y el consiguiente periodo de parón institucional -sin precedentes en la democracia española- ese afán de diálogo será más necesario si cabe con la actual conformación del Parlamento. Un terreno previamente inexplorado que se entiende por la irrupción de dos fuerzas políticas que han dilapidado al bipartidismo: Podemos y Ciudadanos. Por primera vez, en las elecciones del 20-D (2015), el Congreso quedó troceado en cuatro partes representativas, y con un claro castigo a PP y PSOE como valedores de la política tradicional, contra la bandera de la nueva política portada por los líderes Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos).
En adelante habrá que ver hasta qué punto el Gobierno de Mariano Rajoy se ciñe al acuerdo sellado con Ciudadanos -que contenía 150 medidas a implantar durante la legislatura-, y en qué medida está dispuesto también a ceder a las demandas de los socialistas, que le permitan seguir ejerciendo su labor de Gobierno. En cualquier caso, será un equilibrio complicado, que exigirá cesiones por parte del Ejecutivo. No en vano, Rajoy fue investido con el apoyo pasivo de los socialistas, al abstenerse la mayoría de los diputados de su grupo parlamentario, en un movimiento que también supuso un antes y un después a nivel político.
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