En este país no cabe un sinvergüenza más. Gonzalo Urquijo salió cagando leches de Abengoa nada más que se olió que se hundía irremisiblemente. Se le acusa de múltiples delitos y tiene dos causas pendientes en dos juzgados distintos. Pues bien, este delincuente trajeado se quiere levantar 4 millones de pavos por endosarle TALGO a un grupo empresarial que tiene detrás un gobierno fascista que a su vez oculta intereses estratégicos con el gobierno ruso.
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El CEO de Talgo afronta dos querellas por la quiebra de Abengoa
Gonzalo Urquijo enfrenta una querella promovida por la familia Benjumea y otra de unos 600 accionistas de la multinacional sevillanaClara Campos
Sevilla 08 de marzo del 2024 a las 18:04. Actualizada a las 18:11
Fue en marzo de 2021 cuando
Talgo eligió a
Gonzalo Urquijo como consejero delegado. Sucedió tan solo dos meses después de su salida por la puerta de atrás de
Abengoa, donde ocupaba el cargo de presidente de su consejo de administración y en plena debacle del grupo empresarial que marcó una época en
Andalucía y que llegó a poner de ejemplo de buen hacer hasta Barack Obama. La oferta pública de compra (OPA) lanzada el pasado jueves por el consorcio húngaro
Magyar Vagon para hacerse con el fabricante de trenes español, ha devuelto a la palestra tres años después la situación del directivo español, un driblador dentro de la escena empresarial nacional.
Urquijo cobraría más de cuatro millones de euros si finalmente Magyar Vagon lanza la opa anunciada y se hiciera con el control de la española.
El empresario no ha resuelto su situación judicial en relación al 'caso Abengoa', ya que aún se encuentra en fase de instrucción la querella que los accionistas interpusieron contra el consejo de administración de la ingeniería sevillana -cuya matriz principal fue disuelta en julio de 2022-, según confirman a El Correo de Andalucía fuentes judiciales. El motivo: acusan a Urquijo y su consejo -que dirigió la compañía entre 2016-2023- de un supuesto delito por alterar y ocultar información económico financiera en unos acuerdos adoptados tras la primera y segunda reestructuración económica que supuestamente perjudicaba a accionistas minoritarios de la compañía. La querella fue presentada en un primer momento por Inversión Corporativa (IC), el vehículo de inversión de las familias fundadoras de Abengoa, entre ellas, los Benjumea, con Felipe a la cabeza.
Se trata de un caso que ha tenido sus
vaivenes judiciales que han ido dilatando el proceso. En marzo de 2023, hace apenas un año, el
Tribunal Supremo decidió finalmente que fuera el
juzgado de instrucción 8 de Sevilla el que se hiciera cargo de la causa después de que este se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional y que, a su vez, este órgano superior, rechazara investigar el caso. Los motivos de estas idas y venidas se deben a los diferentes frentes abiertos, ya que a la querella de
Inversión Corporativa se sumaron accionistas de otros puntos de España y la juez del número 8 de Sevilla, Reyes Flores, entendió que la competencia era nacional.
Segunda causa abierta en la Audiencia Nacional
A ello se suma una segunda causa abierta presentada por un grupo de accionistas minoritarios de
Abengoa y que, en este caso sí, investiga la
Audiencia Nacional a través del juzgado de instrucción número 2 y cuyas diligencias previas se abrieron en otoño de 2022. Se trata de
unos 600 accionistas, que argumentan la comisión de hasta
13 supuestos delitos para hacer desaparecer la empresa a beneficio de un grupo de administradores y acreedores.
Iuris&Factor es el despacho de abogados que lleva esta querella "contra quienes han participado, propiciado, favorecido la situación actual de la sociedad Abengoa, y los que se han beneficiado a costa del perjuicio patrimonial sufrido por los pequeños ahorradores e inversionistas, por ahora de forma impune", explica en su web. Entre los supuestos delitos cometidos, falsedad documental, estafa, administración desleal, alzamiento de bienes, insolvencia punible, corrupción entre particulares, estafa de inversores y de falsificación de documento privado entre otros.
La querella -que estima el perjuicio para los accionistas demandantes de en torno a los 32 millones de euros- se dirige contra el presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, varios miembros y exmiembros del consejo de administración, así como contra el Banco Santander, Abenewco y Terramar.
