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La CNMC se dispone a cumplir con lo establecido en el Reglamento 2017/460 de la Comisión Europea sobre la armonización de las estructuras tarifarias de las redes de distribución y transporte de gas natural en la Unión Europea. Dicho reglamento fija el denominado “año de gas” desde el 1 de octubre de cada ejercicio y su entrada en vigor comienza en dicho día de este mismo año.
En aplicación de esa norma de obligado cumplimiento, el organismo trabaja contra reloj en una revisión que, tradicionalmente y al igual que los peajes eléctricos, se aprobaban para el año natural, esto es, desde el 1 de enero. Pero lo que parece un simple cálculo, del que se deriva una bajada de los peajes del gas, se ha convertido en una conflictiva maraña, en la que se encuentran enredados el organismo regulador, el Ministerio para la Transición Ecológica y las empresas del sector.
Se trata de la primera revisión tarifaria que aborda la CNMC, tras recibir la potestad de fijar la retribución de los activos regulados del gas y la electricidad en un real decreto ley de enero de 2019. Para poder fijar dichas tarifas, el regulador tuvo que elaborar primero las metodologías de cálculo de las retribuciones de las redes, cuyas propuestas a través de distintas circulares normativas desencadenaron el año pasado una batalla (a veces, campal) con las empresas afectadas, principalmente, Naturgy y Enagás.
Y es que del cálculo de los costes del funcionamiento de la redes para el periodo regulatorio 2021-2026 se derivaba un recorte medio de la retribución del 9,6% a la distribución y del 10,5% al transporte en dichos años. Por tanto, como consecuencia de ello, los peajes que pagan los consumidores para retribuir dichas redes bajará, aunque se desconoce en qué medida.
Sin embargo, la cuestión se complica a la vista de otro importante cambio regulatorio en marcha que afecta a las facturas de la luz y el gas: la separación entre los peajes propiamente dichos (cuya competencia es de la CNMC y que se limita a aplicar el coste de las redes a los distintos tipos de usuarios) y los llamados cargos de dicha tarifa (o los costes ajenos al sistema que se cobran en la misma, como los incentivos a las renovables o las islas, en el caso de la luz), que hasta ahora formaban parte de dichos peajes y que la UE obliga a su distinción.
Las metodologías de los citados cargos y su revisión son potestad del ministerio y este aún no los ha aprobado. Precisamente, la CNMC debate en estos días el informe de las propuestas remitidas por Transición, por lo que dichas metodologías no estarán listas probablemente para antes de fin de año.
Teniendo en cuenta que la CNMC está obligada a revisar (bajar, en este caso) los peajes del gas en octubre y que los costes ajenos al sistema no los puede tocar porque no son de su competencia, la medida derivaría en un agujero de ingresos para el sistema gasístico, que ya arrastra un déficit de ejercicios pasados de unos 100 millones de euros.
Pese a que en puridad legal el organismo no puede tocar lo que pasarán a considerarse cargos, la solución en la que coinciden (por responsabilidad, según fuentes del sector) tanto el organismo como el ministerio y las empresas afectadas es que estos ingresos se prorroguen desde el 1 de octubre. Se da la circunstancia de que los peajes de 2020, tanto de la electricidad como del gas natural, son los de 2019 prorrogados, precisamente, por el retraso en la regulación de los futuros cargos.
Pero el lío no termina ahí. Aunque se prorrogue la parte de los cargos, la bajada de los peajes se traducirá en una bajada de la tarifa final del usuario. Algo que no aceptan ni el ministerio ni las compañías, que apelan a la prohibición que establece la ley (tanto para el gas como para la electriciad) de bajar dichas tarifas en tanto exista deuda en el sistema.
El Consejo de Estado, en sus dictámenes sobre las circulares, ha dejado claro que esta limitación no puede regir para los peajes ni de la luz ni del gas, por lo que podrán bajar aunque haya déficit. Sin embargo, quienes defienden que no es posible la bajada de las tarifas de acceso el 1 de octubre (ministerio y empresas transportistas y distribuidoras) por no haberse completado la entrada en vigor del paquete normativo que distingue entre cargos y peajes puros, la limitación de la ley sigue vigente.
Un déficit de 100 millones que podría agravarse
Los servicios técnicos de la CNMC han propuesto rebajar desde el 1 de octubre (fecha que marca el Reglamento 2017/460 de la CE) los términos de facturación del término de conducción de los peajes de transporte y distribución vigentes en aplicación de la nueva metodología de retribución de las infraestructuras de transporte y distribución de gas. Concretamente, para las regasificadoras se aplicaría la nueva metodología desde octubre y para las redes a partir del 1 de enero, fecha de inicio del nuevo periodo regulatorio de cinco años (entre octubre y enero, se les aplicaría la actual).
Sin embargo, Transición Ecológica y las distribuidoras (Naturgy, Madrileña de Gas o Nortegas) y transportistas (Enagás) discrepan apelando al artículo 61.3 de la Ley 18/2014 que señala que, “mientras existan anualidades pendientes de amortizar de años anteriores, los peajes y cánones no podrán ser revisados a la baja”. Las empresas quieren evitar de momento el recorte de su retribución y el ministerio una pérdida de ingresos para el sistema. Actualmente, este tiene un déficit de 100 millones, pero se enfrenta en un futuro al pago del rescate del almacén de gas Castor, que suspendió el Constitucional.
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