Paul Singer es el creador del fondo Elliot Management y está provocando pesadillas a ejecutivos de todo el mundo. Sólo en los últimos meses ha entrado en las alemanas SAP, Bayer y ThyssenKrupp, en la holandesa Akzo Nobel, en la británica BHP Billiton y en la francesa Pernod Ricard.
Pero donde ha redoblado su apuesta es en el sector de las telecomunicaciones. Famoso fue su asalto a la operadora italiana Telecom Italia, de la que controla cerca del 10% del capital y donde logró echar al consejero delegado Amos Genish y colocar a sus hombres en el consejo después de un duro enfrentamiento con Vivendi.
Fue esta pelea la que hizo desistir a Elliott de tomar posiciones en Telefónica. A finales de 2018, EXPANSIÓN desveló que el fondo de Paul Singer había puesto sus ojos en Telefónica con la intención de tomar una participación en la operadora española con el objetivo de ejercer una influencia significativa en la gestión del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete y maximizar el valor de sus acciones en Bolsa, que entonces se situaban en 7,79 euros.
La entrada de este tipo de inversores activistas en las empresas del Ibex es todavía incipiente porque quizás son demasiado pequeñas para ellos, pero, según los analistas, podrían tener en el radar a Telefónica y a algunos bancos, que han sufrido en los últimos meses un fuerte varapalo bursátil. Donde sí han participado es en las batallas libradas en Dia, Telepizza y NH. Además, Elliott y TCI intentaron influir en la lucha que se produjo entre ACS y Atlantia por Abertis, mientras que el fondo de George Soros llegó a tomar un 16% de la socimi Hispania.
El crecimiento de los inversores activistas está provocando preocupación entre empresas y gobiernos, algunos de los cuales han anunciado medidas legales para frenarlos. Tras el asalto de Elliott a Akzo Nobel, Holanda estudia una propuesta para suspender los derechos de los accionistas en casos de activismo accionarial u operación hostil. Francia se asustó con los ataques a Pernod y a Lagardere, y estudia crear un instrumento para que el Estado pueda invertir en determinadas compañías.
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