Para quienes disfrutamos y mucho llevando la contraria, el verano es mala época. Es comprensiblemente difícil dado el calor y modorra estivales el encontrar que alguien diga algo con la suficiente enjundia para sacarle punta. Esos resorts vacacionales para políticos e intelectuales que se inventaron para que los medios de comunicación encontraran algo que poner en sus secciones habituales de política, economía y cultura, las llamadas "universidades de verano", han demostrado a las claras que no sirven para eso. Por ello los periódicos y demás medios han tenido que inventarse ese nuevo formato (del estilo "tentaciones" de verano o cosas similares) que parece son más eficaces que las menendezpelayos y demás que proliferaron por toda la geografía turística española para rellenar espacio en la prensa y tiempo en las pantallas, por lo que supongo que pronto dejarán de existir, lo cual sin duda es una cosa buena pues no cabe la menor duda que los costes de las universidades veraniegas no compensan sus magros beneficios sociales (lo siento por la pérdida de vacaciones pagadas para tantos políticos y "pensadores", y la también pérdida de espacios para ligar de tantos y tantos señores y señoras de mediana y provecta edad con pretensiones intelectuales que esa desaparición de las universidades veraniegas conlleva. Pero, ¡qué se le va a hacer! Son estos tiempos duros, muy duros).
Por ello, no me guardo la la alegría que he sentido cuando por fin alguien en este verano se ha atrevido a lanzarse y decir algo. Me refiero aquí, sincera y encomiásticamente, a don Jaime Lamo de Espinosa, ex-ministro de Agricultura, Catedrático de Economía y Ciencias Sociales Agrarias en la Universidad Politécnica de Madrid y Presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (y sólo Dios sabe cuántas otras cosas más) quien, según se nos cuenta en El País (28/8/2010), en un artículo titulado "Vender bosques nos empobrece" de Rafael Méndez, ha propuesto que los Ayuntamientos vendan montes de utilidad pública para combatir el déficit:
"Ya se habla de privatizar las empresas de la SEPI, algunas tan esenciales como servicio público como Mercasa o Aena. ¿Son menos esenciales que 3.000 hectáreas en un municipio de España, por ejemplo?", explica. La idea de Lamo de Espinosa es que los municipios, "la mayoría en una situación dramática sin fuentes de ingresos", puedan sacar a la venta los montes de utilidad pública. "Yo excluiría los parques naturales y los parques nacionales. Pero, fuera de eso y manteniendo las restricciones ambientales, no veo ventaja en que estén en manos públicas, ya que en la mayoría de los casos solo generan gastos".
Ciertamente, tampoco sé yo de dónde va a salir demanda privada para tanto monte pues si su uso sigue siendo el actual, o sea, el forestal, no creo que unos propietarios privados sean capaces de rentabilizarlo de una manera desmedidamente mejor que sus actuales propietarios: las corporaciones locales. Y la verdad no sé si habrá suficientes compradores privados dispuestos a quedarse con los montes para sus otros usos: el cinegético y el posicional (la "suntuosidad" que dice Don Jaime que da el tener lo que otros no tienen). Pero, por mor de la argumentación, vamos a suponer que sí, que salen los compradores necesarios para atender a la oferta de esos montes de utilidad pública.
Pero, antes de seguir, merece la pena detenerse aquí un poco pues creo que, frente a al posición de los ecologistas, la política de privatización que propugna el señor Lamo de Espinosa no tiene por qué tener efectos más destructivos ecológicamente hablando que las políticas públicas que han seguido los ayuntamientos en este país.
En efecto, es de sobra conocido que es condición suficiente -(aunque quizás no necesaria, piensan los más inocentes)- que alguien, independientemente del partido político en que milite, satisfaga dos requisitos esenciales si quiere entrar a formar parte de una corporación municipal española y escalar posiciones en ella: uno, una elevada capacidad para dejarse sobornar y corromper; y dos, una mínima sensibilidad estética. Por ello, no comparto enteramente las dudas y miedos que los ecologistas han expuesto ante semejante política privatizadora. A la vista está el irreparable destrozo ecológico que los ayuntamientos de este país han hecho en los últimos veinte o veinticinco años en sus montes y playas. Algo absolutamente imperdonable. Y nada garantiza además que vayan a dejar de hacerlo, pues si bien hasta ahora ha sido la capacidad de ser corruptos lo que ha estado por debajo de este desastre, parece que en el futuro se va a sumar a esa demostrada habilidad la otra característica genética en tantos de nuestros munícipes, su gusto y adminaración por e4sos dos movimientos estéticos tan vilipendidados: el "feísmo" y el "brutalismo", su gusto por la fealdad.
Un ejemplo egregio acabo de tenerlo en estos últimos días en que he visitado el Concello de Mañón en el norte de La Coruña. Pues bien, los que gestionan ese concello no han tenido el menor empacho en perpetrar la increíble tropelía de permitir industrializar las crestas de un sinnúmero de sus montes. Literalmente han ensuciado con cientos de generadores eólicos los montes de lo que antes era uno de los más bellos concellos gallegos. Ahora no lo es. Es tan deprimente atravesarlo como atravesar un polígono industrial de la periferia de cualquier ciudad.
O mejor dicho, lo es mucho más. Porque, como bien señalara Ivan illich, y podría ser el nuevo lema del Concello de Mañón, corruptio optima pessima est, que en traducción libre podría leerse como que no hay peor corrupción que la que afecta a lo mejor. Y cierto, nadie que lo conozca puede poner en duda que ha afeado infinitamente más un parque eólico en el Concello de Mañón que casi en cualquier otro sitio.Y casi tan deprimente como la vista de esos montes realmente violados fue -para mí- escuchar cómo una encargada de la Oficina de Turismo del Concello de Mañón consideraba tal desacato como ecológico. Le auguro una exitosa carrera en la política municipal.
En suma que, en principio, el argumento ecologista contra la privatización no sólo puede estar desencaminado, sino que incluso puede dársele la vuelta, en el sentido de que, desde una perspectiva ecológica, es perfectamente razonable suponer que un propietario privado sometido a unas reglamentaciones medioambientales tendrá un mayor cuidado en la conservación de sus bosques ("el ojo del amo engorda el caballo") y sufrirá una mayor presión para cumplir las normas ambientales que una corporación pública que tiene capacidad para alterar los planes de "desarrollo" urbanístico a su voluntad o es la encargada de autovigilarse y autocastigarse por los desmanes que cometa.
En suma, que si la política que propone el señor Lamo se llevara realmente a efecto cabe suponer que no tendría otro efecto económico que el cierre de los montes de utilidad pública para su uso público (y gratuito) como fuente de recursos cinegéticos y como fuente de solaz. Es decir, la propiedad privada de unos montes que hoy son de titularidad pública cumpliendo las mismas restricciones ambientales que hoy han de cumplirse sólo tendría un efecto sobre su disponibilidad para ser usados por la colectividad. Y es este efecto el que ha de ser evaluado.
El asunto en principio, es exclusivamente jurídico: ¿quién ha de ser el propietario de esos montes ahora de titularidad pública? Y la respuesta que plantea don Jaime es perfectamente sensata y defendible desde la Economía: el titular de un activo ha de ser quien más lo valore. De modo que si un particular valora más un monte que lo que lo valora una corporación municipal, debería ser su propietario.
La cuestión pasa a ser entonces la de que cómo se expresa la valoración de algo, y la respuesta a esto de don Jaime, es también la más aceptada por los economistas. Dice Lamo de Espinosa: "el valor de las cosas es lo que la gente está dispuesta a pagar por algo". Es la respuesta más aceptada por los economistas, pero esto no significa que esté libre de críticas. Pues, por un lado, obsérvese que, a igualdad de deseo por una cosa. quien más dinero tenga es obviamente quien más puede valorarla y quedarse por consiguiente con ella, pues más puede pagar. Ello significa que el valor de una cosa y su titularidad depende de la distribución de la renta. Esto lo aceptamos en el día a día de los bienes que compramos en el mercado. A fin de cuentas un Ferrari lo posee quien puede permitirse pagarlo. La cuestión se desplaza entonces a la justicia respecto a la distribución de la renta, cosa en la que aquí no me voy a meter.
Porque, en segundo lugar, y más al caso con lo aquí tratado, obsérvese también que si se estima el valor de una cosa por la disponibilidad a pagar por ella, entonces para garantizar que se la quede quien más la valora es necesario arbitrar un procedimiento para recoger las diferentes disponibilidades a pagar de quienes estén interesados.Y si bien el mercado hace esto bastante bien para los bienes privados (un coche, una merluza, un piso, etc.) dista de hacerlo igual de bien para bienes que son de uso público o que tienen también efectos sobre el público y no sólo sobre su propietario individual, como es el caso de un monte de utilidad pública.
Veamos qué pasaría para el caso de un monte público que saliera al mercado, que se privatizase siguiendo la propuesta del señor Lamo de Espinosa. Pues que si algún particular lo valorara -o sea, estuviese dispuesto a pagar más dinero- de lo que lo valora el municipio que ahora es su propietario -o sea, de la cantidad por la que este está dispuesto a venderlo- se lo quedaría para su uso o explotación privada.
Pero, ¿cuál es la cantidad por la que valora el monte su hoy propietario el municipio? Es decir, ¿cuánto sería lo que el particular debería de ofrecer como mínimo para quedarse con el monte?. Pues el valor actual de lo que puede sacar de él, por su uso como fuente de madera y otros recursos económicos, más el valor que para algunos miembros del pueblo tenga ese monte como bien de consumo para su disfrute, más quizás el valor que esos particulares obtienen de vender o alquilar sus activos a los posibles visitantes del pueblo que fuesen allí para visitar y disfrutar del monte (por ejemplo, el valor neto del alquiler de las casas rurales, etc.)
Podrá ésta ser una cantidad más o menos grande, pero ciertamente no incluye el valor que al monte le dan otros muchos individuos. Por ejemplo, los visitantes del mismo de otras localidades. Existe un procedimiento de valoración, la valoración contingente, que intenta medir el valor de un recurso natural como puede ser un monte incluyendo en él el valor que le dan sus visitantes a partir de lo que están dispuestos a pagar por ir y permanecer allí. Esta valoración es a la que hace el director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, José Jiménez, en el artículo de El País que estamos comentando, cuando se declara opuesto a la propuesta de Lamo de Espinosa:
"Buena parte de los montes públicos son los mejor conservados de España y tienen un valor mucho mayor que el que les daría el mercado, y más en momentos de crisis". Jiménez esgrime un estudio que realizó el ministerio en 2001 sobre el valor de los parques nacionales. Actualizando con la inflación, la conclusión es que los parques valen unos 40.000 millones de euros, casi el doble de lo que saldría de medir el valor del terreno. "Se hizo con la metodología de la demanda. Es decir, cuánto está dispuesta a pagar la gente por ir a un sitio bien conservado a pasear, por ejemplo, entre otras externalidades"
Dicho de otra manera, la valoración que hacen los municipios de sus propios montes es menor que una medida de su valoración que incluya esa valoración contingente, por lo que estarían dispuestos a vender los monte por una cantidad inferior a su valor. O dicho a la inversa, dado que los ayuntamientos no valoran los montes de que son titulares en su valor real, no es eficiente económicamente que sean sus propietarios, no merecen serlo.
Pero es el caso, además, que la valoración contingente es una medida que minusvalora en mucho el valor económico de esos montes pues no tiene en cuenta su valor de opción .
En 1964, Burton Weisbrod (1) señaló que los potenciales usuarios de los bienes que prestaban servicios colectivos, como lo son los montes y bosques, han de ser incluídos a la hora de su valoración. A ese valor adicional lo llamó valor de opción, y se puede definir como la cantidad que los usuarios potenciales de un monte están dispuestos a pagar hoy por asegurar que ese monte seguirá disponible en el futuro para su uso. El valor de opción de un recurso paisajístico o ecológico, como los montes que aquí estamos considerando, es por tanto el valor que quienes no los usan hoy le dan al que estén disponibles para su uso en el futuro.
Con arreglo a la definición de Wesisbrod, un recurso tiene un valor de opción si algunos de sus usuarios potenciales tienen la expectativa de usarlo en el futuro, aunque bien pudiera ocurrir que nunca llegaran a usarlo. Estos usuarios potenciales valoran la continuada disponibilidad del bien porque les da la opción de usarlo en el futuro.
En consecuencia, la posibilidad de uso continuado que supone mantener la titularidad pública de los montes confiere a una sociedad dos tipos de beneficio, por lo que, correspondientemente, el valor total de esos montes incluye dos componentes: 1) el valor que le dan quienes usan el recurso hoy, o sea, el valor que le dan a los montes las comunidades locales y los visitantes reales o actuales de los mismos; y 2) el valor de opción que le dan los usuarios potenciales.
Siempre he pensado que el mayor ecologista es aquel que respeta tanto la Naturaleza que nunca sale de la ciudad. Siempre me he imaginado que podría haber sido un tercero presente en aquella famosa anécdota protagonizada por Pío Baroja y Perez Galdós, en que llegando enfrascados en sus conversaciones hasta la plaza de Ventas que era donde acababa el Madrid de su época, don Benito se dió cuenta y avisó a don Pío: ¡"Cuidado, don Pío, el campo!"... y se dieron rápidamente la vuelta por dónde habían venido.
Pues bien, aunque no tenga sino una leve expectativa de visitar muchos de esos bosques y montes, por si acaso, porque mis descendientes a lo mejor quieran hacerlo, me permito a decir que se cuente con mi pequeño valor de opción en cualquiera de esas decisiones.
La conclusión de todo lo anterior es inmediata. Los municipios no tienen el menor derecho a vender los montes públicos porque no tienen el menor derecho económico a tenerlos en propiedad pues su valoración de los mismos es muy inferior a la valoración social de los mismos. Dicho de otra manera, la propiedad de esos montes debería revertir de los entes locales, provinciales o autonómicos al Estado en la medida que es el agente que más refleja al conjunto de una sociedad.
Y, ya para acabar, a la propuesta de don Jaime de Lamo se le ve demasiado de qué pie cojea, o sea, a qué intereses muy interesados sirve, pues seguro que no desconoce la abundantísima literatura que sobre la demanda-opción existe en Economía.
(1) Burton Weisbrod, "Collective-Consumption Services of Individual Consumption Goods", Quarterly Journal of Economics, 78 (1964): 471-77.
