No es doña Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, una persona cuyo comportamiento deje indiferente a la mayoría. Fuera del ámbito catalán y "podemita", ha sido y es objeto de ataques persistentes. Algunos, como por ejemplo los que la hizo don Félix de Azúa, una figura a la que hubo un tiempo que respeté sobremanera tanto por sus propios escritos como por la consideración que le profesaban gentes para mí respetabilísimas, eran tan delirantes que de modo natural se volvieron como un boomerang contra quienes los lanzaban; otros, más sensatos, han cuestionado la eficacia o tino de sus propuestas o medidas.
Me voy aquí a centrar en los que se le han hecho al respecto de su pregonada política de "hostigamiento" hacia el sector turístico en su ciudad incluyendo el gravamen de los turistas y la "persecución" de los apartamentos turísticos mediante su control fiscal o su regulación numérica simple y llana. Se ha dicho que esas políticas son un despropósito económico por perseguir a un sector pujante e imprescindible conómicamente para la ciudad de Barcelona, que son también discriminatorias e injustas pues atacaban a los pequeños propietarios de locales y pisos que podían, gracias a las posibilidades que ofrecen plataformas como AirBnB, ganarse unos ingresos suplementarios tan necesarios en estos tiempos de crisis, o que son "antiguas" y desfasadas pues pretenden oponerse a la sedicente "economía colaborativa", la última moda en esto de las cosas económicas.
Pues bien, afirmo que todas estas acusaciones que se hacen a las políticas turísticas de doña Ada Colau carecen de sentido común económico de modo que me parece difícil que cualquier economista no pueda dejar de apoyar ese tipo de políticas sea cual sea su adscripción ideológica. De igual manera, manifiesto también mi deseo de que ojalá, por el bien de los barceloneses de hoy y del futuro, la señora Colau tenga la suficiente encarnadura (de la que parece carecer en medida similar la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, -cosas de la edad, me supongo-, pues salvando las distancias entre Madrid -y otras ciudades- y Barcelona, los problemas aunque menos acuciantes son similares) para aguantar los ataques que se le hacen y poner en pie esas políticas y hasta endurecerlas.
Justificar estas afirmaciones me obliga a tratar de uno de los conceptos más definitorios del enfoque de la Economía Clásica, concepto por cierto, por el que pasa de puntillas la economía dominante o neoclásica. Se trata del concepto, tan usado por otro parte, de valor añadido que aparece subsumido en otros conceptos o variables como ocurre en el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido o en la Contabilidad Nacional.
Para los economistas clásicos las actividades económicas productivas eran las que aportaban más o nuevo "valor" a algo preexistente, las que le aportaban por ello a ese algo un valor añadido. En un proceso de producción cualquiera los que lo llevan a cabo agregan un valor de uso nuevo o utilidad nueva a algo previo (por ejemplo, a unas materias primas) mediante su "transformación" en otra "cosa" (en sentido amplio). Es evidente que la conjunción del esfuerzo y conocimiento de los trabajadores directos, junto con las tareas o trabajos indirectos de coordinación por parte de quien organiza ese trabajo colectivo, y, por último, el uso de medios de producción ya producidos o uso de bienes de capital que potencian la capacidad transformadora del trabajo humano, alteran cualitativamente o cuantitativamente algo preexistente (unas materias primas, unos productos semielaborados) o su posición física (acercándola, por ejemplo, a sus consumidores finales) , haciendo a "esa cosa" más útil para otros.
Dicho con otras palabras, trabajadores, empresarios (u organizadores) y "capitalistas" agregan valor añadido porque modifican aumentándola la utilidad o valor de uso de lo que se tenía antes. Por ejemplo, gracias a las tareas que se hacen en una panadería y al uso de un horno, el trigo (y otros inputs) que tienen una utilidad pequeña se transforman en barras de pan, con un obvio mayor valor de uso. Y lo mismo pasa en cualquier otro proceso de producción, como por ejemplo el de hacer vino en una bodega.
Toda sociedad se enfrenta entonces a un problema, y es el de medir en una unidad común los valores de uso añadidos en los distintos procesos de producción. ¿Que "vale" más el valor de uso adicional que supone una barra de pan o el valor de uso adicional que supone una botella de vino más? Sin una forma de comparar o medir los valores de uso añadidos en los procesos de producción no se puede tener una base adecuada a la hora de gestionar cómo repartir el trabajo social (pues parece calro que lo económicamente lógico sería repartir los recursos productivos de una sociedad entre las diferentes actividades productivas guiándose por sus respectivos valores añadidos). Por otro lado, medir con una base común los valores añadidos en las distintas producciones es uno de los pasos básicos a la hora de repartir ese valor de uso generado entre quienes lo han producido con arreglo a algún criterio de justicia distributiva, criterio que vertebra a una sociedad.
En las sociedades de mercado, el mercado es una institución social que sirve para "reducir" o medir esos valores de uso cualitativamente distintos en una medida comun y, a la vez, determina también la distribución del mismo entre los distintos agentes. En el mercado esos valores de uso añadidos distintos se convierten en valores de cambio o precios, lo que permite comparar los distintos valores de uso añadidos en cada proceso de producción. El valor añadido en una barra de pan se puede comparar así fácilmente con el valor añadido en una botella de vino a partir de su precio relativo o valor de cambio.
Los mercados tienen fallos cuando no valoran "bien" o correctamente esos valores de uso añadidos en las distintas actividades productivas. Tal cosa acontece, por ejemplo, cuando hay efectos externos o externalidades positivas o negativas en las actividades de producción. Por ejemplo, en la producción de electricidad usando como combustible carbón se genera CO2 que afecta directa y negativamente a la utilidad, bienestar o ingresos de otros agentes por la contaminación y el cambio climático que generan esas emisiones. En consecuencia, el valor de uso añadido en la producción de energía electrica no estaría bien medido por el valor de cambio que en principio el mercado le asigna, pues, como pasa con todas las producciones que tienen efectos externos negativos, habría de contarse a la hora de hacerlo con la pérdida de valor de uso que la externalidad negativa supone. Por otra parte, dado que el mercado electrico no es competitivo, los precios en él están "inflados", y no reflejan -por exceso- el valor añadido. El valor añadido por alguien que limpia o adorna la fachada de su casa haciéndola más bella a los ojos de los demás, agrega un valor añadido del que no obtiene nada, que no es valorado por el mercado. En el mismo sentido cabe señalar que los bienes públicos, cuya producción genera obviamente un valor añadido, tampoco son valorados por el mercado pues como no hay mercado para ellos no tienen valor de cambio asignado por el mismo. Y un último ejemplo, las invenciones e innovaciones o las obras de arte. Representan obviamente un valor de uso añadido, pero ¿cuánto valor "añaden" esos inventores y artistas a lo que existía previamente? Recordemos a este respecto la famosa frase de Newton "si he visto más lejos es porque estoy encaramado a hombros de gigantes". Por otro lado, si estas innovaciones son fácilmente copiables o reproducibles, su precio caerá radicalmente por lo que su precio o valor de cambio no mide en absoluto su valor de uso o utilidad.
Para los economistas clásicos, una cuestión económica fundamental era la forma de repartir ese valor añadido, ya medido en términos de precios o valor de cambio, es decir, la cuestión de la distribución del producto social. Observaron que, junto a los trabajadores, empresarios u organizadores y capitalistas (puede ocurrir que un individuo sea a la vez empresario y capitalista, e incluso que también sea trabajador: es el caso de los "autónomos"), que accedían a los productos gracias a las remuneraciones (salarios y beneficios) que obtenían por haber realizado las tareas productivas de esos valores de uso añadidos, había otros colectivos que accedían también a los valores añadidos en las actividades productivas sin haber hecho nada, sin haber contribuído en nada a su producción.
Dos grandes grupos sociales constituían históricamente estos colectivos improductivos. Por un lado estaban quienes se encargaban de la gestión del uso de la violencia, es decir, los que por el hecho del conocimiento y posesión no de los medios de producción sino de los medios de destrucción podían acceder a los bienes que otros habían producido, ilegítimamente (o sea, por la fuerza o amenazando con su uso) o legítimamente (aunque tal distinción es en último término ociosa pues lo que es legal siempre lo determina en el fondo quienes dominan el "arte de ejercer la violencia"). Tal cosa podría estar justificada en la medida que, sin esa gestión de la violencia, la producción social no fuese posible ( es decir que el "trabajo" de los militares, los jueces y los policías no es un trabajo productivo, si bien puede ser en todo o en parte necesario socialmente).
Y, por otro, estaban aquellos que tenían acceso a parte del valor añadido social por el mero hecho de ser propietarios de "activos" no producidos como por ejemplo la tierra o el suelo, o por controlar el acceso o el uso a lugares donde se generan o se disfrutan de bienes o valores de uso. Los terratenientes eran los componentes clásicos y mayoritarios de este grupo en siglos anteriores . En téminos económicos se les llamó rentistas porque podían quedarse en forma de "renta" con parte del producto neto social por el simple hecho de ser propietarios de la tierra, lo que les posibilitaba el apropiarse para sí de la contribución de los "poderes generadores de la naturaleza" -como decían los fisiócratas- a la producción de bienes o valores de uso. Se quedaban con parte de lo que los demás producían sin hacer absolutamente nada de nada (no como los soldados o los jueces, por tanto), sólo por su posición social como propietarios. Cuando Proudhon afirmó que "la propiedad es un robo" se refería claramente a ellos, porque ¿por qué eran propietarios? Si lo eran por haber heredado o por haber comprado sus propiedades, la pregunta sólo pasaba a una fase anterior: ¿por qué sus padres eran propietarios o por qué eran propietarios de ese suelo quien se lo había vendido? Al final, estaba claro que la propiedad privada inicial era simplemente una apropiación privada muchas veces mediante la violencia de lo que antes no era de nadie o era de todos los miembros de la sociedad.
Lo dicho de los terratenientes se puede aplicar a cualquier agente que obtiene ingresos por la sola propiedad de un activo o por su posición en una red que permite discriminar a otros su uso. Keynes señalaba, por ejemplo, que los ahorradores, los detentadores o propietarios de dinero eran rentistas en forma similar a como lo son los terratenientes, pues percibían una remuneración (cobraran unos intereses) porque otros pudiesen usar de su dinero (o sea, de su propiedad) con fines productivos. La conexión entre los propietarios de tierras o terratenientes y los propietarios de dinero en tiempos del dinero metálico o del patrón-oro era clara. Ambos grupos obtenían unas rentas por alquilar sus activos físicos, unos activos escasos que otros usaban ya fuera para producir productos agrícolas, ya fuera para financiar actividades productivas.
Para David Ricardo, el conflicto social básico, la lucha de clases, se daba entre los capitalistas y trabajadores productivos por un lado y los rentistas terratenientes improductivos por otra, pues en la medida que los terratenientes se quedasen con una parte importante del producto social que no han generado para su consumo disminuía el total de recursos que las clases productivas, trabajadores y empresarios, disponían para su mantenimiento. Un seguidor suyo, el economista norteamericano Henry George, propuso sustituir todos los impuestos por uno sólo: un impuesto único que gravase las rentas de los propietarios de tierra de modo que revirtiese a la sociedad lo que era de toda la sociedad: la Naturaleza. Como se verá más adelante, reminiscencias dede esta posición aparecen en la cuestión que aqwuí nos ocupa.
De modo similar a Ricardo, Keynes acentuaba el conflicto entre propietarios del dinero y los inversores-capitalistas, y, como Ricardo, tomaba partido por los capitalistas promoviendo lo que llamaba "la eutanasia del rentista". Desaparecido el patrón-oro, la capacidad de los propietarios de dinero de obtener rentas de sus depósitos dependía de lo que hiciese el estado. Si, por ejemplo, éste "hacía" más dinero sucedería que la remuneración de los propietarios del dinero caería de manera semejante a lo que sucede con las rentas de la tierra si nuevas tierras, antes no utilizables, son ahora suceptibles de uso gracias a un avance técnico que posibilita su cultivo.
(Marx, a este conflicto social entre terratenientes y poseedores de dinero y los clases productivas agregó otro: el conflicto distributivo dentro de las propias clases productivas, el conflicto entre capitalistas y trabajadadores, que, en su opinión surgía de que aún siendo los capitalistas productivos pues el aporte de sus medios de producción o bienes de capital añadían valor a la producción, no añadían sin embargo un valor excedente, una plusvalía, que justificara sus beneficios netos por encima de los gastos de depreciación del equipo capital).
Modernamente se está afirmando la idea de que, en los países desarrollados, los capitalistas y empresarios están abandonando sus tareas productivas acercándose cada vez a comportamientos típicos de rentistas. A lo que parece, los capitalistas prefieren delegar los procesos productivos y los enfrentamientos y rivalidades propias de los mismos a capitalistas que operan en esos países menos avanzados económicamente, prefiriendo dedicar sus recursos no a actividades productivas sino a otras de búsqueda de rentas. Se habla así de un capitalismo de renta no de beneficio. Cuando un capitalista de éxito no reinvierte sus beneficios en actividades productivas sino que los dedica a comprar edificios en zonas comerciales (las famosas millas de oro) está dejando, en términos conceptuales, de ser un capitalista productivo que actúa movido por la búsqueda de benficios para pasar a ser un rentista pues la remuneración que obtiene no procede de la producción de nuevos valores de uso sino que procede de los elevados alquileres que cobra a otros que si hacen actividades auténticamente productivas (como son las de tipo comercial que acercan a los consumidores los bienes y servicios) .
Obsérvese que esos elvados alquileres los puede cobrar el "capitalista de renta" porque se instala en una milla de oro ya existente, no porque él la cree. Un ejemplo cotidiano quizás aclare la cuestión. Hace unos días me tomé en una terraza de la Plaza Mayor de Madrid una cerveza (ahora que me doy cuenta debería haberme tomado un "relaxing cafe con leche" como recomendaba la ex-alcaldesa doña Ana Botella de infausto y delirante recuerdo). Me cobraron por ella seis euros. Por la misma cerveza, otro empresario me hubiera cobrado en otra zona de Madrid dos o dos euros y medio. La diferencia era el precio que el propietario del bar me podía poner por el hecho de que junto con la cerveza me "tomaba" algo más, un valor de uso adicional al de la cerveza, cual es el disfrute de las vistas y de la "vidilla" de esa plaza. Pero si algo está claro es que ni él ni el resto de propietarios de las otras terrazas han "hecho" o producido esas vistas, esa vidilla, ese paisaje urbano. En suma, que ese precio extra que me pudo cobrar por la cerveza no se debe a una actividad productiva suya, a un valor de uso que él haya generado, sino que es una renta por la situación de su bar. Hacía así exactamente lo mismo que el propietario de un terreno cuando se "beneficia" de sus características geológicas, mineras o de uso agrícola que él, obviamente, no ha creado.
Pues bien, si con esta perspectiva nos acercamos finalmente a Barcelona y analizamos su sector turístico lo que observamos es que, gracias a los vuelos "low-cost" y las mejoras en los aeropuertos cercanos a Barcelona que han posibilitado el que puedan afluir millones de turístas a ella deseosos de disfrutar de una ciudad mediterránea extremadamente bella, paseable, vivible, ha sucedido que el tener un local o un piso en Barcelona se ha convertido en una clara fuente de ingresos para sus propietarios una vez los "ponen" en el mercado como apartamentos turísticos. Ingresos que, en su inmensa mayoria, son renta económica que no responde a ningún valor añadido por sus propietarios. Simplemente, esos propietarios se están beneficiando de las bellezas y estilo de vida de la ciudad de Barcelona. Bellezas urbanísticas, sociabilidad, bien-estar,... que ellos no han producido.
Cierto que en Barcelona (como en muchas otras ciudades), hay ya instituciones y colectivos que "viven de esa renta" de situación. No por producir nada, sino por ser propietarios de algo que otros desean ver o usar y capaces de controlar el acceso a ese valor de uso. Así, buena parte de los ingresos que percibe la Iglesia Católica por lo que cobra por la visita a la Catedral o a la iglesia de Santa María del Mar es renta en la medida que esos ingresos son más elevados que los costes de mantenimiento que la iglesia sufraga (si es que lo hace, que no estoy nada seguro y me inclino a pensar que no). Y lo mismo se puede decir de los ingresos de los propietarios públicos y privados de los muchos museos de Barcelona, que cobran por visitar sus tesoros, no por crear nuevos. Por ello, no se puede decir lo mismo de los ingresos que se recaudan por cobrar por visitar la Sagrada Familia en la medida que se usan para financiar el proceso productivo de un nuevo valor de uso: las obras de su construcción.
Pues bien, a estos grupos de rentistas quiere agregarse ahora, gracias a AirBnB y otras plataformas, el de los propietarios de pisos que pueden permitirse el lujo de ponerlos en alquiler turístico. Resulta obvio que los ingresos que obtienen por ellos son, en su casi totalidad, renta económica, renta que proviene de su situación, es decir, de estar en Barcelona. Lo que quieren esos propietarios es "participar en el pastel" que es Barcelona, "quedarse" con parte del valor de cambio o dinero que los turistas le dan al valor de uso creado por generaciones de barceloneses desde el medioevo, valor de uso al que ellos no agregan nada sino todo lo contrario. Buscan, pues, apropiarse privadamente de un valor de uso que es común a todos los barceloneses dado que es el resultado de un proceso de producción social a lo largo de la historia: la "producción" de Barcelona. Si Barcelona es una ciudad tan bella y amable de pasear, contemplar y disfrutar se debe a los esfuerzos de los barceloneses de otros tiempos... y también, claro está, de los actuales.
Cierto que ya hay quienes se apropian privadamente de parte de ese valor de uso común. Son los empresarios del sector hostelero. Y por ello podria justificarse el que los propietarios de pisos privados quisiesen participar en ese "negocio" rentista. Cierto. Pero por eso mismo tiene todo el sentido la política de la señora Colau al respecto. Pues igual que los hoteles y pensiones están regulados, controlados y gravados fiscalmente como un mecanismo para que retorne o vuelva a la ciudad al menos parte del valor de cambio que el valor de uso que es la propia ciudad de Barcelona, que sus ciudadanos colectivamente han creado y crean, igual de controlados (en opinión de sus propietarios, "perseguidos") han de estar esos propietarios de apartamentos turísticos. De igual manera es enteramente razonable y defendible el que el Ayuntamiento de Barcelona establezca unos impuestos sobre los turistas que sirvan para financiar los recursos que la ciudad ha de dedicar al mantenimiento y reparación del deterioro que producen esos turistas en ese "valor de uso" que conocemos como Ciudad de Barcelona.
No será tarea fácil el que doña Ada Colau consiga sus objetivos. No sólo tiene en cuenta a sus rivales políticos deseosos de aprovechar la oposición de los propietarios de esos pisos a ser egulados y gravados. También tiene como enemigos a poderosos como AirBnB y demás plataformas en la red, que, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo, se niegan a dar la información necesaria para que esa política de control y regulación pueda llevarse efectivamente a cabo.
Y el asunto dista de ser baladí para los barceloneses. Es algo mucho más importante que una mera cuestión recuadatoria, pues como desarrollaré en la próxima entrada, "Ada Colau y la tragedia de lo común", les va mucho en ello a los barceloníes pues la pervivencia de Barcelona como la ciudad convivial que todavía es depende fundamentalmente del éxito de la señora Colau en su política.
