¿UN HOMBRE, UN VOTO?. Notas sobre el sistema electoral español

Continuando con la entrada previa en que se hablaba de la asimilación por parte de los economistas de la escuela de Public Choice de la democracia como un "mercado político", cabe pensar en el sistema electoral español como un mecanismo cuasimercantil de asignación de escaños en que estos se "venden" al mejor postor, y hacer sobre ello algún comentario rápido aprovechando las recientes elecciones con el objetivo de extraer algunas consecuencias acerca de la democracia española cuando se la evalúa con el prisma de un economista, es decir, fijándose en la eficiencia con la que cumple su tarea de recoger la voluntad popular.

Si nos fijamos solamente en las actas de diputado, es decir, si nos olvidamos del Senado, se tiene que la oferta de escaños es rígida o totalmente inelástica pues sólo hay 350 escaños, cuya asignación sigue en la realidad un complicado proceso resultado de la distribución de los escaños por circunscripciones provinciales así como por la aplicación de la famosa Ley de D'Hont que, sin lugar a dudas, pervierten la más elemental representatividad que, a primera vista, uno podría pensar que debiera tener un sistema electoral democrático que atendiese a la norma de que sólo debería de contar el voto de los ciudadanos independientemente de donde residan. Tal deriva resulta patente cuando se indaga a partir de los datos de de las ultimas elecciones cuál sería la asignación de escaños si sólo hubiese una circunscripción electoral (la del entero territorio español) y las actas se asignasen de modo totalmente proporcional al número de votos obtenidos. La analogía de este sistema con un sistema de mercado resulta obvia, pues en un sistema así, los partidos harían de agentes de los ciudadanos en el proceso de compra de escaños a partir de la "renta" en votos que cada uno hubiera obtenido en las elecciones. En estas condiciones, un sistema electoral eficiente sería un sistema que fuese similar a un mercado de competencia perfecta, lo que requeriría no sólo que se pueda presentar el partido que quiera sino, lo que aquí es más importante, que operase la llamada Ley de Jevons o del precio único, es decir, que el "precio" a pagar por cada acta de diputado fuese el mismo para todos los partidos y en cualquier lugar. El estudio se hará a nivel nacional, dejando para otra entrada un estudio más pormenorizado por autonomías.

En primer lugar, el cuadro de los resultados de las elecciones del domingo 9 de marzo con el 99.99% de los votos escrutados.

Que el sistema es ineficiente resulta de salida evidente cuando se observa cómo Na-Bai logra un escaño por Navarra en tanto que los andaluces de CA que tienen más votos no lo consiguen. Luego no se cumple la Ley de Jevons. Pero podemos acercarnos más a esta ineficiencia y a sus efectos distributivos analizando con mayor profundidad esta tabla. Y lo primero que hay que distinguir es entre los votos válidos emitidos y los votos efectivos, que se definen como los votos que que han permitido a sus partidos-"recaudadores" ganar efectivamente escaños, es decir, que los votos efectivos son la suma de los votos de PSOE,PP,IU,PNV,IU,BNG,CC,UPyD,Na-Bai.

Ello nos permite calcular dos "precios" medios teóricos, el precio medio del diputado en las elecciones, y el precio medio efectivo. El primero es el número de votos válidos dividido por los 350 escaños, y el segundo es el número de votos efectivos también dividido por los 350 escaños. No es nada extraño nii tiene mayor importancia que el precio medio efectivo sea inferior al teórico, pues el primero es un precio "interno" que sirve únicamente para distribuir los escaños entre los partidos que tienen "derecho" a ellos.

La diferencia entre ambos precios viene dada por el hecho de que los votos efectivos se diferencian de los válidos por los votos nulos, los votos en blanco (las de aquellos electores a los que ningún partido-agente les satisface) y los votos de aquellos partidos que en el actual sistema no obtienen representación parlamentaria.

Dos cosas resultan meridianamente claras. Primero, ni el PSOE, ni el PP, ni PNV, ni Na-Bai pagan el precio medio teórico efectivo por diputado (que es 69.459 votos). Y por supuesto que no pagan el precio medio teórico (que tampoco lo paga CiU). Dicho de otra manera, el sistema es ineficiente a la hora de recoger el "interés o voluntad del pueblo" pues hay una diferenciación de precios de modo que algunos partidos (empezando por Na-Bai) resultan claramente subvencionados. Las quejas de Rosa Díez y, sobre todo, de Gaspar Llamazares resultan más que justificadas (IU ha de pagar un precio por diputado más de siete veces más elevado del que pagan Na-Bai, PSOE o PP). El sistema electoral español será democrático, pero sin dudas el mercado político español se aleja mucho de la libre competencia o la competencia perfecta. Segundo, a la vista de estos precios, resulta también obvio que las posibilidades de que se altere una Ley Electoral que subvenciona a los grandes partidos son poco menos que nulas si los partidos se comportan como empresas que pretenden maximizar sus rentas electorales y su cuota de "mercado político" dentro del Congreso.

Resulta patente, por un lado, que las elecciones las seguiría perdiendo el PP (afortunadamente piensan muchos) y también, quiénes ganarían con esta asignación más "eficiente" y quienes perderían. Pierden PSOE, PP y PNV, en tanto que los electores de IU (al igual que los de UPyD) verían que sus opiniones cuentan en proporción a su número.

Y, finalmente, este efecto se manifiesta también cuando se atiende a la distribución de escaños resultante de distribuir los escaños entre los partidos que, como parece sensato, han sacado suficiente renta electoral como para al menos poder comprar un diputado, es decir, que esa fuese la regla para tener "derecho" a ocupar un escaño en el Congreso, lo que obviamente dejaría fuera en estas elecciones a Na-Bai cuya renta electoral fue inferior a los 71.621 votos que es el precio medio teórico de un diputado: