¿UN HOMBRE, UN VOTO? Notas sobre el sistema electoral (2)

Cabe aproximarse a la "perversión" territorial del sistema electoral español de una forma muy simple pero que pone de manifiesto los sesgos que impone al principio democrático de "un ciudadano, un voto" el amparo que la actual Constitución presta a una herencia del pasado histórico como es la división espacial por provincias, y su agrupación en autonomías o comunidades más o menos "históricas". La actual división provincial tiene su origen en la reforma de Javier del Burgo en 1833 en la que, junto a la tradición histórica, se hacía jugar un gran papel a criterios más racionales como la extensión (de forma que la distancia entre cualquier población de una provincia y la capital no durarse más que un día) o poblacionales (que la población de cada provincia oscilase entre las 100.000 y las 400.000 personas). Ni qué decir tiene que esos criterios de hace 170 años y sus resultados están ya más que obsoletos, de modo que una nueva reforma provincial podría quizás ser aconsejable por eficiente, si bien resulta patente la dificultad de tal proceder a tenor de las mínimas experiencias de cambio de adscripción provincial de algunos municipios interesados por alguna razón (cercanía a algún hospital ha sido un motivo aducido varias veces) en hacerlo. El peso del pasado, o lo que hoy se llama en jerga más intelectual "path-dependency", convierte frecuentemente en inviables los saltos a equilibrios más eficientes en los "juegos de coordinación" como es el caso de una división territorial. Pero lo que con certeza carece de sentido es usar esa división territorial como una de las bases para la representación parlamentaria pues a tenor de las grandes y crecientes divergencias poblacionales entre los diferentes zonas geográficas el resultado es que el voto de algunos ciudadanos que viven en algunos territorios vale mucho más a la hora de reflejarse en la representación parlamentaria que el de otros. Frente al argumento de que ello es razonable para "compensar" el despoblamiento territorial o la mera extensión geográfica, "razonamiento" al que es francamente difícil hallarle un sentido, la respuesta es obvia: el principio democrático exige que cada ciudadano tenga un voto y no hay nada que establezca que tal principio haya de cualificarse en términos de que una hectárea (u otra medida de extensión o de densidad de población) valga también votos.

El siguiente cuadro, extraído a partir de los datos de las elecciones del 9 de marzo (con el 99,99% de los votos escrutados) proporciona una imagen de lo que acaba de señalarse. La primera columna muestra el coste técnico (censo electoral autonómico dividido por censo electoral nacional) de cada escaño del Congreso de los Diputados según la autonomía. La divergencia de costes entre las distintas autonomías es más que evidente: se necesitan más de 100.000 votos en la Comunidad de Madrid para "sacar" un diputado, en tanto que en Ceuta o en Melilla con treinta y tantos mil basta. Las siguientes tres columnas describen con mayor precisión esta situación. La primera (o sea, la segunda en el Cuadro) muestra el porcentaje del censo electora de cada autonomía respecto del total nacional, la segunda indica el porcentaje de escaños en el Congreso que le corresponde a cada autonomía por ley, y la tercera señala la diferencia entre la segunda y la primera, de modo que si para una autonomía concreta esa diferencia es negativa, lo que ello quiere decir es que "técnicamente", en el sistema electoral, sus electores estarían subrepresentados, pues su porcentaje en el Censo Electoral Nacional es mayor que su porcentaje de escaños que le son asignados; en tanto que si por el contrario la diferencia es positiva, sus votantes estarían sobrerepresentados. A tenor de la información de esta última columna, Madrid es la autonomía más "discriminada", en tanto que Castilla y León es la que resulta más beneficiada por el peculiar sistema electoral español. Quizás pueda parecer sorprendente cómo zonas tan dinámicas como Madrid, Cataluña o Valencia están de salida subrepresentadas, en tanto que las dos Castillas y Aragón están sobrerepresentadas. También es de destacar que el País Vasco tan celoso de su "identidad" (quiera esto decir lo que sea) disfruta también de una sobrerepresentación en el Parlamento nacional.

Pero estos resultados, que son de índole –digamos- que "técnica" en el sentido de que su "lógica" está inserta en el "sistema operativo" del sistema electoral español, resultan cualificados adicionalmente en cada elección concreta a tenor del número de votantes efectivos (es decir, descontados los votos en blanco y los nulos así como las abstenciones) en cada autonomía. La quinta columna del Cuadro anterior muestra el número medio de votantes que efectivamente han sido necesarios en las pasadas elecciones para conseguir un diputado por algún partido en las anteriores elecciones en cada comunidad autónoma. De nuevo, las diferencias entre el precio efectivo medio del diputado en Madrid y en Melilla son abismales. Y las dos columnas siguientes no hacen sino confirmar esta impresión. La sexta columna informa del porcentaje de votantes efectivos en cada autonomía respecto al total de votantes efectivos a nivel nacional, y finalmente, la séptima columna, expresa nuevamente la sobrerepresentación o subrepresentación de las distintas autonomías en estas elecciones. El siguiente gráfico muestra de modo visual esta información:

Madrid (y con gran diferencia), y Cataluña y Valencia están claramente subrepresentadas. El juego de las abstenciones, hace que el País Vasco, Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias estén muy sobrerepresentadas.

Y, ¿qué "lógica" hay debajo de todo esto? Pues no lo sé. A mí se me oculta.