Un artículo de hoy donde lo explican:
http://www.euribor.com.es/2014/05/06/porque-el-gobierno-obliga-cerrar-9-canales-de-la-tdt/
El Ministro Soria está desbocado. El Ministerio de Industria no sólo está intentando poner un poco de “orden” (juro haber estado un cuarto de hora pensando qué palabra poner) en el laberinto del sector eléctrico, además, ahora ha arremetido contra el mercado audiovisual. Así, desaparecen 9 canales de la parrilla de nuestras televisiones debido a una sentencia del Tribunal Supremo, que establece que la concesión de la licencia de TDT de los mismos fue, cuando menos, irregular, ya que no se atuvo a lo dictaminado por la Ley Audiovisual de mayo del 2010 (PDF), sino que, aparentemente el Gobierno de Zapatero hizo el reparto de licencias de la TDT de estos canales a libre voluntad y sin celebrar un concurso, como establece dicha ley.
La campaña emprendida en los tribunales por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002, que había estado tratando de obtener infructuosamente canales de TDT, logró la anulación del reparto de canales en un principio, sin embargo, las empresas afectadas recurrieron y ha sido al final el Supremo el que ha ratificado el cierre. El Gobierno actual, por su parte, ha decidido acatar el dictamen y no esperar a su resolución, aunque las empresas afectadas hayan recurrido al Constitucional. Y así, Nitro, Xplora, La Sexta 3, LaSiete, LaNueve, Net TV, Veo TV, AXN y Marca TV han dejado de emitir. Lo interesante del caso es que están implicados los dos mayores grupos audiovisuales del país: Grupo A3Media, con los tres primeros canales y Mediaset, con el cuarto y quinto de la lista.
Así mismo, estos operadores ya han avisado de sus intenciones: exigirán al Gobierno indemnizaciones millonarias para compensarles de las pérdidas ocasionadas. Para la reclamación dispondrán de un año, a partir del cierre. Igualmente, UTECA (patronal de las cadenas privadas) ha presionado al Ministro Soria para que, a través de un pequeño trámite administrativo, como un decreto-ley sin importancia, se salten el dictamen del Supremo y quede todo igual. La respuesta del Ministro ha sido el anuncio del respeto a la sentencia y el no uso de medidas administrativas de urgencia.
Sin embargo, no se entiende que las cadenas pudieran hacer algo ilegal si alguien no les otorgaba la licencia de emisión. Por tanto, no deja de tener una cierta lógica la posición de las mismas: de acuerdo que ellos solicitaron algo que se saltaba la normativa legal, pero alguien desde el Gobierno avaló la solicitud y las licencias fueron otorgadas. De hecho, la propia sentencia “señala a la Administración como único culpable y reconoce que los damnificados serán las televisiones”, lo que efectivamente abre la puerta para posibles indemnizaciones.
Sin embargo no es sólo esto lo que está en juego en el mercado audiovisual español. La futura, pero inminente reglamentación sobre el dividendo digital influye, sin duda, en esta decisión de promover el cierre de canales. Esta reglamentación supondrá un reordenamiento del espectro de banda en el que emite la TDT mediante el cual se liberará una parte de este espectro para cederlo a las comunicaciones 4G; con lo cual tenemos unos nuevos actores en esta obra: las compañías telefónicas, que ya han avisado de la urgencia en su necesidad de este ancho de banda para proseguir con su despliegue de la red telefónica. Tanto es así, que tanto Vodafone como Telefónica vienen presionando al Gobierno para que dé vía libre al Real Decreto cuanto antes. A esto ha respondido el Gobierno que será antes del verano la publicación de la normativa y en enero del 2015 su puesta en marcha. Además, el interés de Telefónica es doble, ya que la disminución de la oferta en la televisión en abierto puede hacer prever un aumento de la demanda de las ofertas de pago, como la que ofrece la propia Telefónica.
Así las cosas, de las 24 licencias concedidas en 2010 pasaremos a 15, momentáneamente, porque el gobierno está obligado por el “dividendo digital” a liberar la frecuencia de 800 Mhz antes de enero del 2015 a lo que se une el hecho de que Infraestructuras y Gestión 2002 sigue con la batalla legal que, si prospera, hará peligrar la existencia de otros 8 canales más.
El caso es que el perdedor de todo este lío viene a ser, como siempre, el ciudadano: por un lado le disminuyen la oferta de televisión en abierto (aunque vista la programación de la misma, a lo mejor esto le favorece) y por otro lado, seguramente tendrá que pagar a las cadenas perjudicadas, vía indemnizaciones, si así lo decide un juez. Pero es que además, se tendrá que rascar el bolsillo para poder adaptar sus antenas a las nuevas instalaciones que conllevarán estos cambios: alrededor de 20 € por instalación. Según Fenitel (Federación de Instaladores de Telecomunicaciones), ese es el cálculo, con un montante total de 500 millones de euros. A este coste, el Gobierno Zapatero se había comprometido a hacerle frente, cuando anunció el cambio que iba a suponer la implantación del dividendo digital. De hecho anunció que la Administración correría con todos los gastos, no suponiendo carga ni para las compañías, ni para los consumidores. El Gobierno actual por su parte, ha corregido y anunciado que cada uno pague lo suyo. En definitiva, para el consumidor, menos televisión, seguramente de igual o peor calidad y con costes extras que periódicamente se le van sucediendo. Desde la implantación de la TDT el ciudadano medio lleva tres costes extras para poder visualizar su aparato: compra del decodificador, adaptación de antenas en el 2010 (50 €/hogar de media) y ahora otros 20 más que se anuncian.
