Resumido:
El Ministerio de la Seguridad Social, liderado por Elma Saiz, está trabajando en promover la colaboración entre las mutuas y los servicios públicos de salud para atender las bajas médicas de origen traumatológico. Esta medida, recomendada por el Pacto de Toledo y respaldada por empresarios y sindicatos en el acuerdo estatal por el empleo y la negociación colectiva, busca mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal (IT).
La ministra Saiz también ha mencionado otras medidas en discusión, como la reforma de la jubilación parcial y del retiro anticipado para profesiones consideradas "penosas". Se espera que estas propuestas sean discutidas en el diálogo social.
En cuanto a la colaboración con las mutuas, se busca aprovechar sus recursos para gestionar de manera más eficiente las bajas por enfermedad común de origen traumatológico. La ministra destaca que las mutuas, aunque son organizaciones empresariales, forman parte del sector público estatal y se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores, lo que permite una mejor utilización de los recursos públicos.
La propuesta de colaboración se está negociando en el diálogo social, y se espera que se firme convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, que tienen competencias en materia de sanidad. Los sindicatos argumentan que esta colaboración puede reducir los tiempos de atención, facilitando la recuperación de los trabajadores sin privatizar el sistema de salud público.
En relación con la propuesta de "autobajas" en el pico de gripe del Ministerio de Sanidad, Saiz considera que es un tema complejo que debe abordarse en el diálogo social. Destaca la colaboración con las mutuas como un objetivo común del Gobierno para aplicar medidas que alivien la carga de los servicios públicos de salud.
La ministra de la Seguridad Social está impulsando medidas relacionadas con la jubilación parcial, jubilación activa y retiro anticipado, con el objetivo de favorecer una salida gradual y voluntaria del mercado laboral. Se busca crear una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión, priorizando el diálogo social.
Además, se destaca la revisión del acceso al retiro anticipado para profesionales en actividades "penosas". Se trabajará en un procedimiento general con coeficientes reductores basados en factores objetivos, como la incidencia y duración de procesos de baja laboral, incapacidades permanentes o fallecimientos, para corregir el sesgo de género actual.
Estas medidas buscan adaptar las condiciones de jubilación a las necesidades de los trabajadores, promoviendo la voluntariedad y corrigiendo desigualdades de género en el acceso al retiro anticipado.
La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, elogia la reforma de pensiones de la legislatura anterior, asegurando que garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Se espera que la Comisión Europea y la AIReF examinen los cambios y previsiones de la Seguridad Social en 2025.
Saiz destaca las medidas para reforzar el sistema de pensiones, incluyendo las aportaciones a la "hucha de las pensiones", el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, previendo alcanzar 9.000 millones de euros a finales de este año y 25.000 millones al término de la legislatura.
En relación con el ingreso mínimo vital (IMV), Saiz anuncia mejoras, basadas en la evidencia científica, con la creación de un laboratorio de evaluación de políticas públicas. Propone eliminar la extinción automática de la unidad de convivencia al fallecer el titular y simplificar trámites como el empadronamiento.
Saiz critica a algunas Comunidades Autónomas, incluyendo Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, por reducir la inversión en rentas mínimas autonómicas desde la implementación del IMV, sin aumentar cuantías o complementar la prestación, mientras destaca que otras, como Canarias, Baleares y Cataluña, han tomado medidas adicionales.
