Re: Hilo del juicio a los presos políticos
Juicio del «procés»: la hora de la verdad judicial
El fallo del Tribunal Supremo sobre el órdago secesionista del 1-0 vuelve a marcar el inicio del curso judicial
La expectación ante la sentencia es máxima porque de ella dependerá ala respuesta del Estado de Derecho ante hipotéticos desafíos similares
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Nati Villanueva
Si el inicio del anterior curso judicial ya estuvo marcado por la causa del «procés», con la negativa de la ministra de Justicia a defender al juez Llarena en Bélgica ante la demanda espuria de Puigdemont y la posterior destitución del abogado del Estado partidario de acusar por rebelión, el que se inaugura el próximo 9 de septiembre vuelve a tener como protagonista el órdago secesionista del 1-O. La sombra de la sentencia contra los doce líderes independentistas, que se espera para la primera quincena de octubre, sobrevuela una Diada que, alentada por la ANC y Òmnium Cultural —las dos organizaciones con exlíderes están en prisión—, pretende convertir la manifestación del 11 de septiembre en un aquelarre contra el Estado de Derecho. Antes incluso de que los tribunales se hayan pronunciado sobre lo que la Fiscalía calificó de «golpe de Estado a la democracia». La realidad es que hoy las luchas internas en las propias formaciones independentistas han desinflado la unidad soberanista, y los actuales dirigentes de la Generalitat parecen descartar cualquier reacción al Tribunal Supremo que implique la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.
Las que sí pueden estar condicionadas por la sentencia del «procés» son las elecciones generales, si finalmente Pedro Sánchez no concita la mayoría suficiente. Si se consigue la formación de un nuevo gobierno antes del 23 de septiembre, fecha límite para el nuevo intento, la situación sería similar a la del pasado julio, cuando la viabilidad del nuevo Ejecutivo socialista dependía de los apoyos de los independentistas y de la entrada de Podemos en La Moncloa. Sin embargo, si finalmente hay nuevas elecciones en noviembre, la sentencia del «procés» entrará de lleno en campaña, una situación que el actual presidente en funciones puede aprovechar para presentarse ante su electorado como baluarte del constitucionalismo y descartar coaliciones con quienes a día de hoy se siguen refiriendo a los miembros del anterior gobierno de la Generalitat como «presos políticos». Lo haría, además, con la legitimidad que implica un pronunciamiento de los Tribunales, en concreto de la máxima autoridad jurisdiccional de España.
Un fallo unánime
Ajenos, pero conscientes de la repercusión que su decisión tendrá en el ámbito de la política, los siete magistrados del «procés» trabajan desde el visto para sentencia del pasado junio en un fallo unánime. Y lo hacen con la misma discreción y profesionalidad con la que durante cuatro meses consiguieron que el juicio contra los doce líderes independentistas fuera verdadero ejemplo de organización, transparencia y publicidad, pese a los intentos de desprestigio de los miembros de la Sala por parte del entorno independentista y su aparato de propaganda internacional liderado por Puigdemont.
Salvo la absolución, descartada por la propia situación de prisión preventiva en la que se encuentran ocho de los doce juzgados, y que anticipa ya una condena, todas las opciones están abiertas hasta el momento de la firma, pero siempre sobre las coordenadas trazadas por las acusaciones y perfiladas en los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, y en peticiones de pena que en el caso de Oriol Junqueras alcanzan los 25 años de cárcel.
Para los magistrados es una sentencia más, pero su trascendencia es innegable, no solo porque nunca antes en democracia dirigentes políticos se habían sentado en el banquillo de los acusados por rebelión, sino porque de la lectura que haga la Sala del concepto de violencia en este delito, el más grave contra las instituciones del Estado, dependerá la respuesta del propio Estado de Derecho ante eventuales y futuros órdagos similares. Y también el horizonte penitenciario de quien fuera jefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, quien a partir del 20 de enero tendrá que responder en la Audiencia Nacional por los mismos hechos por los que fueron juzgados los dirigentes independentistas en el Supremo. Se trata de otro procedimiento, sí, pero está estrechamente vinculado al que está a punto de sentenciarse en la plaza de las Salesas.
Más allá de la repercusión que el fallo del «procés» tenga dentro de nuestras fronteras y de cómo lo encajen las formaciones independentistas y agitadores sociales en Cataluña, la decisión del Alto Tribunal tendrá consecuencias también fuera de España. La primera, para los huidos. Nada más conocerse la sentencia, lo previsible es que el Supremo reactive las órdenes de detención internacional contra Puigdemont y los otros cinco fugados, quienes, si bien en el momento actual tienen libertad de movimientos salvo para pisar España, evitan entrar en territorios cuya cooperación judicial con nuestro país está fuera de toda duda, como Francia. Buena muestra de ello fue el hecho de que el pasado 2 de julio Puigdemont no acudiera al amago de manifestación independentista convocada en Estrasburgo para protestar por la exclusión de su escaño en el Parlamento Europeo, una bofetada que el día anterior le propinó el Tribunal de Luxemburgo.
El aval europeo
A diferencia de las euroórdenes cursadas tras el procesamiento de los líderes independendistas, el Supremo movería ficha ahora sobre la base de una condena firme (no sobre meros indicios) y unos hechos probados que no pueden ser cuestionados por ningún otro país. Como tampoco podrá cuestionarlos el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el que los procesados habían puesto todas sus esperanzas al inicio del juicio pero que el pasado mayo les propinó un duro revés al anticipar su posición sobre el «procés» y avalar la actuación del Tribunal Constitucional: suspender el pleno de la DUI era una «necesidad social imperiosa» porque «había que preservar el orden constitucional», sostuvo Estrasburgo al rechazar una demanda encabezada por Carme Forcadell y suscrita por otros 74 exdiputados, entre ellos Puigdemont.
Dos años después de la fatídica jornada del 1-O y de la declaración unilateral de independencia que terminó de romper la convivencia en Cataluña, la respuesta del Estado de Derecho está en manos de la justicia. Y no hay duda de que su veredicto trazará la hoja de ruta del independentismo en los próximos años.
