El rostro de los separatistas catalanes no conoce límites. Cataluña, además de ser la comunidad más beneficiada por los Presupuestos de Pedro Sánchez, exigen al Gobierno el perdón de los 71.000 millones de euros con los que el Estado, es decir, el dinero de todos los españoles, ha regado la economía catalana desde 2012 a través del Fondo de Financiación Autonómica (FLA), un mecanismo gubernamental creado por Hacienda para salvar de la quiebra técnica a las regiones más endeudadas y calmar la desconfianza de los mercados financieros externos a los que acude a financiarse. España, ese Estado que enfermizamente creen que les roba, es la principal acreedora del Gobierno separatista y es la que paga –y pagará por medio del plan Facilidad Financiera (FF) al que se ha adscrito con el beneplácito de Economía– la alta deuda adquirida, un pasivo que actualmente se eleva a alrededor de 75.000 millones de euros, 3.000 millones de euros sólo en el último año.
Tanto Fitch como Moody’s, dos de las principales agencias de rating del mundo, califican los bonos catalanes como ‘bono basura’, es decir, altamente especulativos y sin total garantía de devolución. Por ello, resulta paradójico que el Estado, esa nación supuestamente opresora a la que atacan cada día, sea el ente que haya socorrido a una Generalitat traidora que ha usado el capital procedente del erario público para quebrantar la ley celebrando un referéndum ilegal que desembocó en una surrealista declaración unilateral de independencia. Un supuesto delito de malversación de caudales públicos, por cierto, por el que darán cuenta ante el Tribunal Supremo a partir del próximo 12 de febrero los dirigentes que lideraron el golpe de Estado en Cataluña el 1-O.
Bajo ningún concepto, ni siquiera por un respaldo a las cuentas públicas en el Congreso por parte de ERC y PDeCAT, Sánchez debe amnistiar la deuda que Cataluña posee con todos los contribuyentes. No puede aceptar una exigencia económica de tal magnitud cuando se atisban, según los expertos, una ralentización económica y poner en peligro la estabilidad del conjunto de España. El Gobierno no debe seguir dando privilegios a una región gobernada por dirigentes políticos que se saltan la ley e intentan manipular a la Justicia a través del chantaje político. Si lo hace, si Sánchez exonera a los separatistas del pago de este importante pasivo romperá el principio de solidaridad entre regiones, tal y como reza el artículo 138 de la Constitución, y destruirá el equilibrio económico justo en las distintas partes de España. No, Sánchez no puede plegarse a las exigencias de los independentistas y permitir que su Ejecutivo siente un peligroso y grave precedente que arrolla los principios constitucionales.
