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ALEMANIA ENTREGARÁ A PUIGDEMONT SÓLO POR MALVERSACIÓN

¿Presos políticos por malversación, presuntamente?

si si presuntamente 

Yo no descartaría un 3% adicional por el camino.. Estamos hablando de CiU (o como quiera que se quieran hacer llamar ahora).

Pues unió  ya se perdió por el camino...y de la antigüa convergencia salpicados por la corrupción, creo que han hecho bastante limpieza...desconozco si queda alguna manzana podrida. ¿Los demás pueden decir lo mismo?

pretendes insinuar algo de Puigdemont...jajaja pareces el becario de alerta digital. 

Te recuerdo que a Al Capone lo encarcelaron por delito fiscal. El resto de sus delitos eran evidentes, pero no se podían llevar a juicio.

Se puede procesar al golpista Puigdemont por rebelión, pero no se le puede condenar por esta causa (a estos efectos es como si el delito estuviera prescrito).

No soy jurista, pero he leído esto: "Si Puigdemont es condenado por el delito de malversación, una vez cumplida la condena —o si es absuelto del citado delito—, transcurridos sesenta días, de permanecer en territorio español podría ser procesado por el delito de rebelión."

¡Jesus Gil preso político!

Carles Puigdemont se enfrentaría a una pena máxima de 12 años por un delito de malversación agravada de caudales públicos si la justicia alemana le entrega por este delito y el Tribunal Supremo lo acepta, mientras que el resto de procesados de su Govern se enfrentaría a una condena de hasta 30 años por delitos de rebelión y malversación.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar a España al expresidente catalán por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión

El delito de rebelión castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, a penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Por su parte, el delito de malversación de caudales públicos castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, a la pena de prisión de dos a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. La malversación agravada de caudales públicos está castigada con hasta 12 años de cárcel, sería el delito del que se acusaría a Puigdemont.

Según el Código Penal, en los casos en los que la malversación de fondos públicos supera los 250.000 euros, este delito adquiere una faceta de mayor gravedad y la pena de cárcel aumenta hasta los 12 años.

Cabe destacar que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, procesaba en su auto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Josep Rull, por delitos de rebelión y  malversación. Esta pena oscilaría entre los 25 y los 30 años de prisión.

Mientas tanto, al expresidente de ANC, Jordi Sànchez; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al no acusarles de malversación su pena sería de entre 15 y 25 años.

El magistrado Pablo Llarena deberá recibir la notificación de la justicia alemana y valorar si acepta la entrega de Puigdemont sólo por malversación.

que haces tu siguiendo a López Tena jajaja...si hombre...si eso fuera cierto seguro que se quedaría esperando los 60 días. ntjd

En cuanto a la malversación (parece el consuelo de tontos) los abogados de Puigdemont van a presentar recurso. Seguro que tienen muchos  nuevos argumentos de última hora. Creo que el argumento se llama Llarena

https://www.elnacional.cat/es/politica/llarena-malversacion-pruebas_287217_102.html

Los catalanes hacemos cosas

FEM REPÚBLICA: Catalunya lanza un proyecto que permitirá compartir energía mediante blockchain.
El gobierno catalán pondrá en marcha un proyecto, denominado IoCat, que permitirá a aquellos ciudadanos que generen su propia energía y la almacenen mediante baterías, que la puedan compartir mediante la tecnología de la cadena de bloques o blockchain.

La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha dado a conocer esta iniciativa durante su primera comparecencia en el Parlamento catalán.

Chacón ha asegurado que, gracias a este proyecto, que quiere que se implemente con la ayuda de los ayuntamientos catalanes, los ciudadanos podrán hacer transacciones de su energía de manera fácil, segura y sin intermediarios y obtener a cambio recompensas en forma de criptomoneda, dado que se creará una moneda de este tipo para impulsar el autoconsumo fotovoltaico.

Por otra parte, la consellera ha hecho suyo el compromiso europeo de que en 2030 Catalunya genere el 32 % de la energía que consuma mediante fuentes de energía renovables.

En esta línea, ha admitido que Catalunya debe hacer "un gran esfuerzo" para aumentar el peso de la solar fotovoltaica y de la eólica en su territorio, y para ello se propone aprobar medidas para facilitar la instalación de proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica de entre uno y diez megavatios de potencia en Catalunya.

Es evidente que Catalunya continúa poniendo a prueba las fronteras del poder centralizado en España, esta vez con la ayuda de la tecnología Blockchain.

El gobierno catalán tiene previsto emitir un bono de comercio de energía. El plan consiste en incentivar la generación de energía solar eludiendo las normas que inhiben su uso aprobadas por el gobierno de España.

El comercio de energía persona-a-persona en España está limitado por normas que impiden a los consumidores que producen energía solar (conocidos como “prosumidores“) vender su exceso de energía a la red nacional o compartirla con otros usuarios.

La República de Catalunya ha creado un proyecto creativo que sortea las limitaciones legales y económicas para compartir y comercializar energía de producción propia.

La solución se basa en la implementación del token “ION” para vitalizar las micro-redes gestionadas por la comunidad (grupos de recursos energéticos distribuidos, como los generadores solares en tejados que pueden conectarse a la red principal u operar en “modo isla“).

Pero para que estas microrredes estén libres de las restricciones legales y económicas que limitan su atractivo, deben estar aisladas de la red nacional española.
De esta manera, el comercio no es con la empresa de servicios públicos, sino entre las personas de las comunidades involucradas con la energía solar.
Tanto el token ION, como la billetera, serán completamente abiertos y públicos y estarán basados en el estándar de token de Ethereum ERC-20.

En lugar de ser vendido para recaudar fondos en una ICO, será regalado a partir del momento en que los usuarios se inscriban en el proyecto e instalen su billetera. Las cantidades repartidas variarán entre 100 a 5.000 IONs, dependiendo del compromiso energético del usuario.

La billetera todavía está en desarrollo y no se ha publicado ningún código todavía. El plan se iniciará dentro de unos dos meses con un proyecto piloto que abarcará cinco municipios de Catalunya.

En última instancia, se distribuirán 8.418 millones de ION, lo que reflejará la potencia en kilovatios-hora (kWh) por año producida por las centrales de energía nuclear combinadas de Catalunya,

Cuando estas micro-redes estén desplegadas masivamente y se formen muchas comunidades solares, el objetivo será la producción solar total equivalente a una planta de energía solar.

En términos de cómo funcionará el token en manos de los usuarios, el sistema utilizará una medida media de kWh en el uso de energía solar y cuando alguien utilice más de la media, pagará por el exceso en tokens; si utiliza menos, será recompensado en criptoactivos.

Este enfoque de medición de la electricidad pretende ofrecer más flexibilidad. Por ejemplo, grupos pequeños y discretos de usuarios pueden ponerse de acuerdo sobre los programas de consumo de energía (como el uso de electrodomésticos a diferentes horas del día o diferentes días de la semana), así como los contratos inteligentes podrían ayudar a gestionar las asignaciones de energía para cada usuario en estos programas de “no simultaneidad“.

Además, los ION podrían negociarse en los mercados secundarios, ya que el precio de los kWh es conocido.

Un gobierno pionero
De hecho, el poder descentralizador de la tecnología Blockchain se está explorando en otros ámbitos, como la gestión de un sistema de identidad digital catalana. Y la identidad, después de todo, es algo de lo que muchas de estas personas están orgullosas.

Ya ven, cómo se puede ir haciendo República y castigar a las empresas del Ibex 35.

Te ha faltado el final:

De nada. Para eso estamos.

Una abraçada.

Para mí lo importante es la noticia en si...Y no quien la dice. En este caso te reconozco que no he puesto la parte final porque ese blogger rezuma muchas veces alguna fobia generalizada hacia los españoles en general...Y al fin y al cabo rankia no es el Twitter y algunos todavía tenemos algo de decencia en aportar según que textos...a ver si tú haces lo mismo.

Perder la mayoría ... y 2.871 euros al mes de sueldo

Los diputados suspendidos confirman que no renunciarán a su acta. La Mesa del Parlament deberá decidir si desoye la instrucción del Supremo y mantiene a los presos.

Los diputados catalanes contra los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó este martes la suspensión de sus cargos siguen aferrándose a su actas en el Parlament. Aunque la suspensión no implica la renuncia al acta de diputado, si así lo hiciesen, las consecuencias son claras: se desvanecería la mayoría del frente independentista en el Parlament y, además, los diputados suspendidos, Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, perderían dinero, sus retribuciones económicas mensuales como diputados del Parlament.

En el caso del ex president de la Generalitat, el ex vicepresident, Jordi Turull, Josep Rull, y Raül Romeva, si decidieran prescindir de su acta, dejarían de percibir su asignación mensual de 2.871,57 euros. Mientras que en la nómina del ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, la cifra aumenta al ser también presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Sánchez se embolsa otros 2.885,50 euros, según recoge el Régimen Económico de los diputados del Parlament, en total 5.756 euros mensuales.

Dentro de Junts Per Catalunya, ayer cerraban filas hacia los diputados independentistas y rechazaban «suspenderlos o sustituirlos» de su cargo, conscientes de que de ello depende la mayoría independentista. El grupo parlamentario que dirige Jordi Sánchez pretende un amplio frente que cuente con el aval del PSC y los comuns contra la suspensión de los diputados procesados por rebelión por el juez del TS.

La suspensión del cargo, no equivale a la pérdida del acta, pero sí implica que dejarían de ejercer sus funciones oficiales. Por ello, esta suspensión del cargo que requiere el juez del Tribunal Supremo dejaría a los independentistas con 63 escaños en el Parlament (actualmente tienen 69), lo que significa que el grupo constitucionalista, (Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, y Podemos), les superarían en escaños, con dos más, 65.

Según confirmó ayer el president de la Generalitat, Quim Torra, que visitó a los diputados suspendidos que ya se encuentran en la cárcel catalana de Lledoners, ninguno de ellos renunciará a sus respectivas actas de diputados. «Ayer dije que yo no pensaba pedir la renuncia a su acta de diputado a ninguno de los diputados encarcelados, pero además ellos me han dicho que no piensan renunciar», dijo A su juicio, no tendría «ningún sentido» que renunciaran a su acta.

La decisión final queda en manos de la Mesa del Parlament que, contando ya con el auto del juez Llarena en sus despachos y con el informe jurídico de los letrados, deben de decidir si admiten o no el dictamen del magistrado de que sean suspendidos cautelarmente y sustituidos por otros parlamentarios durante el periodo que permanezca abierto el proceso judicial.

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ELOY VELASCO: "HAGO MUCHAS MÁS ÓRDENES AL AÑO QUE ESOS JUECES ALEMANES Y SE HAN EQUIVOCADO"

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree que "los jueces alemanes se han equivocado" al aceptar extraditar a Carles Puigdemont sólo por malversación: "Habrían tenido que entregar por lo que le piden y no entrar a calificar ni a analizar, porque entre otras cosas les faltan las pruebas que tiene el juez Pablo Llarena".