Formulo esta pregunta no porque tenga dudas sobre cuál es la respuesta correcta, sino porque constato con gran perplejidad que hay entre los catalanes contrarios a la secesión de Cataluña, e incluso entre algunos españoles que presumiblemente defienden nuestra Constitución, partidarios de imponer tales límites.
Quienes así se expresan no han caído al parecer en la cuenta de que prestan un muy mal servicio a su propia causa, y dan además pábulo al bulo "España nos roba" puesto en circulación por el Movimiento Nacional-Independentista Catalán (MNIC) para generar la animadversión de los catalanes hacia España. ¿Acaso no han reparado en que aceptar que se impongan límites a la solidaridad de los madrileños o los catalanes supone admitir que están fiscalmente maltratados o explotados? Y esto no es así.
Uno de los más graves problemas que ha generado el Estado de las autonomías es que los políticos locales han perdido de vista con demasiada frecuencia los intereses generales. Como cualquier grupo humano, los políticos locales intentan obtener réditos apareciendo ante sus electores como los artífices de rebajas impositivas y mejoras de los servicios públicos y otras prestaciones. Cuando un político afirma en Madrid o Cataluña que la solidaridad de los madrileños o catalanes ha de tener límites, lo que en realidad está diciendo a sus electores es que reduciendo la "aportación" que hacen al fondo común esos ingresos podrían destinarse a reducir sus impuestos.
Los líderes de los partidos independentistas catalanes y las asociaciones que conforman el MNIC han llevado esta posición al límite y abogan por proclamar la independencia de Cataluña para reducir a cero la aportación al fondo común y dedicar el supuesto "dividendo fiscal" de la independencia a construir "un país nuevo y justo". La independencia de Cataluña tendría consecuencias desastrosas para la economía catalana con una caída del PIB superior al 16% cuando se consideran escenarios realistas. El Gobierno de la República de Cataluña sería viejo y más pobre.
Mi interés hoy se centra en examinar la posición intermedia que apadrinan políticos nada o poco sospechosos de veleidades secesionistas en Madrid o Cataluña, dos de las Comunidades con rentas per cápita muy superiores a la media. Pues bien, pretender establecer límites a la solidaridad no sólo va en contra del espíritu y la letra de nuestra Constitución sino que es además una política, contrariamente a lo que sostiene algunos partidos de "izquierda", fiscalmente regresiva.
En nuestro estado social y democrático de Derecho, todos los ciudadanos deben tener idénticos derechos y obligaciones y no cabe hacer excepciones por el lugar de residencia; en particular (artículo 31 de la Constitución). Resulta pues incuestionable que, de acuerdo con nuestra Constitución, los españoles que residimos en Madrid o Cataluña debemos ser tan solidarios, no más pero tampoco menos, que aquellos que residen en Extremadura, Aragón o Andalucía. Cuando abonamos el IVA al adquirir un bien o servicio o se ingresan "nuestras" cotizaciones en las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social desconocemos si esos recursos se emplearán para pagar las nóminas de un policía en Ponferrada o un maestro de Albacete, o si irán a parar al bolsillo de un pensionista en Tarragona, Santiago de Compostela o Vinaroz.
Ésta es precisamente la grandeza de las sociedades democráticas que hemos levantado con gran esfuerzo en algunos países europeos y quienes pretenden que una parte de los ingresos recaudados (aunque no necesariamente soportados) en Madrid o Cataluña se utilicen para favorecer a los residentes de esas dos Comunidades en detrimento del resto, van en contra de los principios de igualdad y progresividad.
¿Se imaginan ustedes el escándalo que produciría y cómo se rasgarían las vestiduras los líderes de la "izquierda" catalana, si los miembros de algún colectivo afortunado -los directivos de las empresas del Ibex o los jugadores de fútbol de primera división- exigieran que una parte de sus elevadas aportaciones a Hacienda revirtiera en mejores servicios públicos para sus familias o se destinara a elevar sus pensiones de jubilación? ¿Por qué medidas que casi todos los ciudadanos calificarían de injustas y regresivas se presentan como el no va más del progresismo cuando los favorecidos son los ciudadanos de algunas de las Comunidades más ricas de España? El hecho de que los ciudadanos que residen en País Vasco y Navarra disfruten hoy de privilegios en este sentido y aporten menos de lo que les correspondería a la bolsa común, debería llevarnos al resto de ciudadanos a exigir al Gobierno español que adopte las medidas correctoras apropiadas, no a que extienda privilegios injustos y regresivos al resto de CCAA ricas.
Batalla intelectual e ideológica
El gran logro político de Pujol fue abducir intelectualmente a los líderes del PSC, de ERC e ICV-EUiA y conseguir que la "izquierda" catalana asumiera como objetivo prioritario transformar la Comunidad Autónoma de Cataluña en un estado de facto subvirtiendo el orden constitucional. Porque fueron ellos, no Pujol ni Mas, quienes impulsaron el anticonstitucional 'Proyecto de Estatut de Catalunya' que aprobó el Parlament en septiembre de 2005, y atribuía a la Generalitat casi todas las competencias esenciales en exclusiva, incluida la fiscalidad. En términos económicos, la operación constituía un gran negocio para el Gobierno catalán que pasaba así a controlar los ingresos impositivos devengados en Cataluña sin tener que soportar el alto coste económico que comporta declarar unilateralmente la independencia, dejar a Cataluña fuera de la UE e iniciar el incierto proceso de transición hacia un nuevo estado. Afortunadamente, las enmiendas aprobadas en el Congreso y la sentencia del Tribunal Constitucional evitaron que se consumara el desastre.
Quienes defendemos los principios de igualdad que consagra nuestra Constitución, no podemos caer en la misma trampa en que cayó la seudo izquierda catalana. Los madrileños y catalanes merecen ser tratados del mismo modo que el resto de los españoles, pero no mejor por ser más ricos o tener una lengua cooficial.
Desde esta perspectiva, las propuestas de Garicano (Ciudadanos) "de ceder la totalidad del IRPF a las autonomías" o "de blindar las competencias relacionadas con la lengua, particularmente cultura y educación y con la sanidad", además de demostrar su supina ignorancia de la pluralidad de la sociedad catalana, constituyen una seria amenaza al desarrollo de España como una sociedad abierta y fluida.
La igualdad está reñida con la limitación de la solidaridad y no cabe hacer concesiones en este terreno como sugieren quienes, con miopía política, apadrinan la idea de limitar la solidaridad de las comunidades más ricas, para lograr con esta apelación al bolsillo de los contribuyentes un rédito electoral más que dudoso.