Catalunya-España 2015 (cosas que pasan)

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Entre los independentistas catalanes prolifera últimamente el uso de matrículas de coches que sustituyen el distintivo de la Unión Europea con la 'E' de España por otro que representa el de los Países Catalanes, promovido por organizaciones a favor de la independencia de Cataluña.

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En dicho distintivo se puede apreciar cómo se representa el mapa de los supuestos Países Catalanes (que además de Cataluña comprende también la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, el este de Aragón y parte de Francia) sobre las siglas "CAT", tal y como se puede ver en la imagen que acompaña a este texto.

Al parecer, en Cataluña los Mossos d'Esquadra no sancionan esta matrícula no reglamentada pero la Guardia Civil ha recibido órdenes de multar a los usuarios que circulen con este distintivo fuera de Cataluña, según informa El Confidencial Digital, que adjunta imagen de una de las primeras multas por esta causa, impuesta en Valencia.

La sanción se impone por la infracción del artículo 49 del Reglamento General de Vehículos en su apartado 1, que reza lo siguiente: "Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retrorreflectante y ser visibles y legibles, de acuerdo con la reglamentación que se recoge en el anexo I". La multa comprende un sanción económica de 200 euros y la inmovilización del vehículo hasta la instalación de la matrícula reglamentada.

http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/02/deutsche-bank-advierte-la-secesion-no-mejoraria-la-prosperidad-de-cataluna-16128.php

http://4.bp.blogspot.com/-1Axob-wVbkA/UjGrPSHvOjI/AAAAAAAACyo/7zp4NbIMANw/s1600/18630_301380829979112_50653834_n.jpg

El paso atrás dado por el PSOE en su apuesta por un sistema de financiación específico para Catalunya ha hecho reaccionar a los socialistas catalanes de manera inmediata. Ni 24 horas tardó el presidente del PSC, Àngel Ros, en defender la necesidad de un pacto fiscal. A su juicio, la reforma constitucional en clave federal que propugna el partido de Pedro Sánchez debe contemplar esta especificidad para Catalunya. «No hay otra alternativa», afirmó el también alcalde de Lleida en declaraciones a TV-3. Las palabras de Ros llegan después de que el PSOE haya mostrado en un corto espacio de tiempo dos virajes respecto a esta cuestión. En un primer momento fue el número dos del partido, César Luena, quien el pasado viernes dijo en una entrevista en la cadena SER que había que «impulsar» un sistema de financiación específico para Catalunya, y dos días más tarde, su predecesor en la secretaría de organización, el senador Óscar López, se mostró dispuesto a «hablar» de ello. Sin embargo, las reacciones en contra de la mayoría de los barones socialistas provocaron que la dirección del partido optara rápidamente por meter la propuesta en el congelador. El lunes, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, subrayó que su apuesta es por un modelo «más justo para todas las comunidades autónomas» y más equitativo y descartó negociaciones «bilaterales» con las comunidades para mejorar su financiación. EL CAFÉ PARA TODOS / Según explicó ayer Ros, muchos de estos barones se encuentran anclados en el llamado «café para todos», un instrumento creado en la transición porque «había un bien superior a proteger, la libertad y la democracia». Ahora, añadió el presidente del PSC, esta «cesión» que, a su juicio, realizó Catalunya ya no tiene sentido. «Ahora el bien a proteger es la estabilidad de un Estado que entienda el siglo en el que estamos y las aspiraciones nacionales de los catalanes como garantía de poder mantener una estructura de convivencia». Por tanto, concluyó Ros, «no habrá otra alternativa» que tener en cuenta en la reforma constitucional «temas tan claves como la financiación, con un principio básico como la ordinalidad» (según el cual, un territorio no puede perder posiciones en el ránking de financiación tras contribuir a la solidaridad), y «el blindaje de competencias de Catalunya». «Si la nueva Constitución no garantiza eso, no habrá conseguido su objetivo», añadió el líder del PSC.

El nuevo ministro de Educación se enfrenta al boicot que las comunidades autónomas no gobernadas por el PP plantean a la Ley Wert. Básicamente, lo que hacen es proponer su paralización con el argumento de que, tras las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo y dada la derrota del PP en la mayoría de las regiones, esa ley, aprobada por las Cortes con el voto exclusivo del PP, ha perdido legitimidad. En palabras de Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, "hoy somos muchas más las comunidades que compartimos el rechazo a la Lomce".

Con independencia de las bondades de la ley y del error que pueda suponer regular algo tan importante como la educación sin consenso, un error que, por cierto, también ha cometido el PSOE, la cuestión es que la Constitución otorga al Gobierno de España y a las dos cámaras legislativas nacionales la competencia "exclusiva" de aprobar la legislación básica en materia de educación. Y a las comunidades autónomas lo que les compete es aplicarla. Tenemos más o menos asumido que, al hacerlo, cada comunidad hará de su capa un sayo y lo hará como Dios le dé a entender, produciendo el efecto que precisamente la Constitución trata de evitar, esto es, que los españoles recibamos una educación diferente según dónde residamos. También tenemos asumido que algunas de esas diferencias afectarán inevitablemente a la calidad. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es defender que, por el hecho de tener encomendada la gestión de esa competencia, las comunidades autónomas puedan imponer al Gobierno y a las cámaras legislativas nacionales reformas de la legislación básica en el sentido que ellas crean conveniente. Al hacerlo asumen una competencia que constitucionalmente no tienen en base a la legitimidad que supuestamente les otorga haber ganado unas elecciones en su región, desdeñando lo que en su momento votamos todos los españoles.

Naturalmente, todo esto es consecuencia del incumplimiento sistemático en Cataluña de las leyes y sentencias en materia educativa, a vista, ciencia y paciencia de quien en cada momento ha gobernado España. Si en Cataluña no se aplica la legislación española, ¿por qué habría de hacerse en el resto de España? Si unos desobedecen impunemente porque son independentistas, ¿por qué no pueden desobedecer otros por estar simplemente en desacuerdo con la ley?

Teniendo en cuenta que quien encabeza la revuelta contra la ley del PP son las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, muy especialmente Andalucía, cabe preguntarse para qué quiere Pedro Sánchez reformar la Constitución, si lo que quieren los dirigentes de su partido es no estar sometidos a ella. No quieren una Constitución, reformada o no; quieren que quien gane las elecciones en su pueblo pueda hacer lo que le venga en gana.

Lo que necesita España no es reformar la Constitución, sino cumplirla y hacerla cumplir, que es lo que todos los políticos que ocupan cargo han prometido hacer, empezando por los del Gobierno.

Pues nada, a ver cuando empieza a cumplirla el Gobierno. Por aquello de que debe dar ejemplo.