Agentes de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, han detenido esta mañana al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, y no se descartan nuevos arrestos en el curso de la jornada. La operación está relacionada con los registros del pasado 28 de agosto en las sedes de CDC, la fundación del partido CatDem y los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueras y San Cugat del Vallés, el llamado "caso 3%" consistente en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La operación, que sigue abierta, ha supuesto la detención de ocho personas y 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Gerona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.
La Guardia Civil ha entrado en las sedes de la empresa GISA, empresa de la Generalidad de Cataluña, que impulsa la obra pública autonómica, y ha detenido a su director, Josep Antoni Rosell. También ha sido detenido el consejero delegado del Grup Soler, Jordi Soler. Los agentes han entrado en la sede de COPISA, empresa constructora con oficinas en L'Hospitalet de Llobregat.
Un nuevo palo para el partido y para Artur Mas en la investigación sobre el 3%, una acumulación de pruebas que ya ha provocado decenas de detenciones, pero ninguna de tanto impacto como la de hoy, con la Guardia Civil "custodiando" la céntrica, flamante y embargada sede de CDC mientras los agentes proceden a un nuevo registro en presencia de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que han acudido a las dependencias del partido sobre las once de la mañana. Allí se han encontrado al administrador Viloca, que había sido detenido a primera hora en su domicilio. Estas diligencias se dirigen desde el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), ya que la primera denuncia se produjo en Torredembarra y a cargo de una concejal de ERC que fue purgada.
En los registros realizados el pasado agosto los investigadores encontraron documentación muy sustantiva sobre el mecanismo de pago y el porcentaje de la mordida. El asunto se remonta a la detención de Jordi Sumarroca y del exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, el pasado 23 de julio. Sumarroca, al frente del holding de empresas de la familia más cercana a los Pujol Ferrusola, salió de prisión 19 días después, tras pagar una fianza de 600.000 euros. En el registro de su empresa y de su domicilio los agentes encontraron documentación en la que se detaballa la vinculación entre determinadas obras públicas y pagos a la fundación convergente y al mismo partido.
De ahí se pasó a los registros en las sedes y ayuntamientos convergentes, así como al domicilio del extesorero del partido, Daniel Osàcar (vinculado a la derivada del 3% del Palau de la Música, procedimiento por el cual están embargadas las sedes), y este miércoles podría haber más detenciones.
La destructora de papel y la carpeta
Los trabajadores de Convergència trataron de eliminar pruebas, pero la Guardia Civil halló una carpeta detrás de un archivador en la que se había anotado a mano "3%" junto a una serie de contratos. La destructora de papel de CDC también ha aportado claros indicios tras una ardua reconstrucción. En muchos de ellos aparece el membrete de Teyco, el nombre de la constructora del clan Sumarroca.
Efecto en las negociaciones con la CUP
El impacto de la corrupción en CDC es de tal envergadura que podría incidir de manera notable en las negociaciones entre Mas y la CUP para su investidura. Antes de la detención del tesorero Andreu Viloca, el presidente en funciones se había mostrado dispuesto a agotar todos los plazos parlamentarios de tal manera que el último día hábil para ser investido coincidía con el 9 de noviembre, el primera aniversario del referéndum por el que podría ser procesado por el TSJC. Ahora aumentan las posibilidades de que se vuelvan a convocar elecciones.
Los casos de corrupción relacionados con el cobro de comisiones salpican a Mas por todos los lados. A pesar de la marcha sobre el TSJC de la semana pasada y de la exhibición de unidad separatista, la CUP se resiste a darle sus votos y es más que probable que la detención del administrador de CDC reafirme a los duros del partido en sus propósitos.
