El presidente del Gobierno ha comunicado que entre este domingo y el lunes llegarán un millón de test a las comunidades y ha reclamado un recopilatorio pormenorizado de hoteles, palacios de congresos, albergues y polideportivos por territorios, así como el coste económico que supondría por centro. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado tras la reunión de tres horas y media que los test rápidos servirán de complemento de los denominados PCR “para hacer un cribado rápido” en lugares como hospitales y residencias. También se tendrá en cuenta a los ciudadanos que opten por este tipo de aislamiento. Previamente, María José Serra, portavoz del comité de dirección de gestión sanitaria de la crisis, ha indicado que en una siguiente fase será fundamental la “detección precoz” de nuevos casos, sobre todo de quienes presenten los primeros síntomas. La experta ha reconocido que es prioritario “aumentar la capacidad” de hacer esas pruebas diagnósticas rápidas y el confinamiento de los ciudadanos cuyo aislamiento no se pueda asegurar en sus domicilios. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado a entender que las autoridades podrían obligar a confinarse en estos complejos en determinadas circunstancias. “Se estudiarán los criterios médicos para el desescalamiento, donde se estudiará el aislamiento preciso de los asintomáticos. Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública. Con exquisito respeto de los derechos fundamentales”, ha observado el ministro.
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