Estos datos muestran que la aseveración hecha por los independentistas, que sostienen que Catalunya está pagando las pensiones (que, además, se presentan erróneamente como superiores) de los pensionistas españoles, no es sostenible en base a los datos.
¿Son las pensiones públicas viables en Catalunya?
Por otra parte, la aseveración de que el sistema de pensiones en la Catalunya independiente no sería viable, tampoco es creíble. Ahora bien, dicho esto, conviene aclarar que su viabilidad podría disminuir por el mero hecho de que, al disminuir el tamaño del país, y por lo tanto del sistema de reparto (donde los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales), se aumenta la posibilidad de amplios vaivenes en el número de cotizantes que podrían derivar en un sistema más inestable. Entre los expertos en temas de la Seguridad Social es conocido que cuanto menor sea el denominador –es decir, el tamaño total de la población cotizante- mayor es el riesgo de inestabilidad en las variaciones en el mercado de trabajo, y por lo tanto en la viabilidad del sistema de pensiones públicas (el numerador).
Frente a este riesgo, algunos economistas de sensibilidad liberal (e incluso ultraliberal, como el omnipresente Sr. Sala i Martín, el gran gurú económico de CDC) que son promovidos por los mayores medios de información, incluidos los mayores medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio, han sido críticos con los sistemas de reparto, enfatizando en su lugar los sistemas de capitalización, es decir, que cada ciudadano se haga su propio seguro de pensiones, acumulando fondos (que incrementados en teoría por la rentabilidad de sus inversiones pueden tener mejores resultados, y por lo tanto, pensiones). Por regla general, tales autores se refieren a los sistemas de pensiones basados en la capitalización (como el que existe en Chile, establecidos por la dictadura del General Pinochet) como mejores que los basados en el sistema de reparto.
La evidencia científica, sin embargo, no apoya tales supuestos. En realidad, la reciente crisis financiera (que todavía no se ha resuelto) ha afectado muy negativamente a estas pensiones individuales y privadas, creando grandes dramas humanos. De ahí que el sistema de capitalización, donde cada persona es responsable de acumular los fondos para pagar más tarde su jubilación, sea un sistema de elevado riesgo. La evidencia acumulada durante estos últimos treinta años muestra que el sistema de reparto es mejor, pues el posible riesgo se diluye con el elevado número de cotizantes actuales y potenciales. Ahora bien, a menor el número total de cotizantes (al disminuir el tamaño de la población, en caso de que Catalunya se independizara) mayor podría ser su inestabilidad, consecuencia de una mayor variabilidad. La existencia de sólidos planes de Seguridad Social en países pequeños, como Suecia o Dinamarca, parecería, sin embargo, negar dicho riesgo. Ahora bien, hay que ser conscientes de que los salarios, el número de asalariados y el gasto público social en aquellos países son mucho mayores que en Catalunya y en España.
La importancia del nunca citado contexto político
Lo cual me lleva a tocar un tema clave que nunca se toca y que determina la viabilidad no solo de las pensiones públicas sino de todo el Estado de Bienestar. El argumento del pensamiento liberal dominante asume que las transferencias –como las pensiones– y los servicios públicos –como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, y vivienda social, entre otros– del Estado del Bienestar, ya no son sostenibles por falta de dinero público.
Pero tal argumento carece también de credibilidad (ver mi último libro, Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Editorial Anagrama, 2015). Y el caso de las pensiones es un claro ejemplo de ello. Los ingresos a la Seguridad Social dependen primordialmente de la distribución de las rentas en un país –el tema tabú en el pensamiento económico liberal dominante. Catalunya y España son países sumamente desiguales (de los más desiguales en la UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo al nuestro) debido a que las rentas del trabajo representan un porcentaje bajo y descendiente de todas las rentas del país, mientras que el porcentaje que las rentas del capital representan sobre la renta nacional es de los más altos de la UE-15.
Ello es resultado de que los salarios son bajos y el número de asalariados es también bajo. Esta situación se presenta, por cierto, en todos los países –como Catalunya, Grecia y Portugal– donde las fuerzas conservadoras y liberales (lo que a nivel popular se llaman las derechas) han dominado sus Estados. Y puesto que la mayoría de ingresos al Estado (y a su Seguridad Social) proceden del mundo del trabajo, se entiende que al ser las rentas del trabajo bajas, los ingresos a la Seguridad Social también sean bajos (en España, los ingresos a la protección social representan un 24,4% del PIB).
En el norte de Europa, sin embargo, donde las izquierdas han sido fuertes, las rentas del trabajo representan un porcentaje de todas las rentas muy superior al que representan en el sur de Europa, y por lo tanto los ingresos a la Seguridad Social son mucho mayores (en Suecia un 32,2% del PIB, y en Dinamarca un 37,1%).
De ahí que la viabilidad del sistema de pensiones de la Catalunya independiente dependería de si se redujeran las desigualdades de renta o no, lo cual dependería de variables políticas, es decir, de la fuerza política que dominara la Transición a la nueva Catalunya. La historia del partido gobernante de la Generalitat, el partido liberal CDC (que la ha liderado en el 80% del periodo democrático) no parece mostrar una vocación correctora de las enormes desigualdades de renta en Catalunya. En realidad, las políticas públicas de la Generalitat de Catalunya tienen un impacto redistributivo muy menor. Y es ahí donde la viabilidad de las pensiones en la futura Catalunya dependería de quién dominara la Transición a esta Catalunya independiente, y del gobierno que se estableciera, un tema ocultado por los independentistas bajo el argumento de que “ahora ganemos la independencia y luego ya decidiremos”.
Esta línea argumental ignora que aquel que domine la Transición (que estaría gobernada, según aprobado en la coalición Junts pel Sí, por el partido CDC) dominaría el nuevo Estado. Y ahí el sistema público de pensiones bajo un gobierno liberal podría peligrar. En realidad, ha sido el dominio de partidos conservadores, liberales y socioliberales los que explican que tanto Catalunya como el resto de España sean países muy desiguales, con escasos ingresos al Estado (incluyendo la Generalitat de Catalunya), y con pensiones que pueden estar en peligro, y muy en especial en Catalunya, donde la estabilidad financiera del sistema de pensiones podría incluso estar en peor situación debido a la reducción del sistema.
http://www.vnavarro.org/?p=12623
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La llorona
Un saludo
