El lado oscuro de la economia española

Interesante articulo , yo no estoy tan seguro de que una bajada grande de impuestos funcione, pero si una simplificacion , ya que si para desgravar hacen falta abogados , ya sabemos quien paga o quien se refugia en la economia sumergida
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http://www.abc.es/economia/20130218/abci-economia-sumergida-empresa-201302181018.html

Es un gigante que mueve más de 200.000 millones y que crece al calor de altos impuestos y normas complejas
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Facturas sin IVA, una «chapuza» que no se declara, alquileres bajo cuerda, negocios en la sombra, empleos ocultos aceptados en situaciones límite... La economía sumergida es un problema crónico en España, un mal endémico amparado, en algunos casos, por la permisividad social, más ahora cuando la crisis aprieta y esquivar los impuestos es objetivo número uno de los que se mueven al margen de la ley. Pero... ¿cuánto mueve la economía sumergida en nuestro país? ¿Qué efectos negativos tiene sobre la economía? ¿Con qué medios luchan los gobiernos contra lo oculto? ¿Y los resultados?

En 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se multiplicó por cuatro. La economía sumergida supone un lastre para la recaudación y la actividad económica, que debe soportar una mayor carga fiscal para compensar los ingresos dejados de percibir. ¿De cuánto dinero hablamos en el caso de España? Calcular el volumen de la economía sumegida es tan complicado como medir lo que no está a la vista, lo que está oculto. No obstante, diferentes estudios de diversos organismos -Fedea, Funcas, el Banco Mundial y la propia Unión Europea-, sitúan la economía sumergida en una horquilla de entre el 19% y el 25% del PIB, frente a una media de la zona euro diez puntos por debajo. Solo Grecia está peor.

Las últimas estimaciones realizadas por el profesor Friedrich Schneider, jefe del departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria), consideran que la economía sumergida en España se situa en un 19,2% del PIB, ligeramente por encima de la media europea, que sitúa en el 18,9%.

Otros estudios, como el realizado por Fedea, calculan el peso de la economía sumergida en España en torno al 20% del PIB. Este elevado nivel de economía oculta responde a «una errónea distribución de los impuestos que incentiva el fraude fiscal e impide avanzar a las empresas y a la composición del tejido empresarial de España, formado por pequeñas y medianas empresas tecnológicamente atrasadas», según explica Michele Boldrin, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Saint Louis y asesor de Fedea.

Explica que en el caso de que se pusieran en marcha todos los mecanismos de control del fraude, en línea con lo realizado por otros países como Alemania o Suecia, se podría reducir el peso de la economía sumergida hasta seis puntos, dejándolo en el 14% del PIB. Ese ajuste podría tener, según sus cálculos, un impacto de hasta dos puntos porcentuales en el déficit público. Y ese margen podría ser mayor, según Boldrin, si se produjera una redistribución de la carga impositiva, reduciendo la que grava el trabajo,las cotizaciones sociales.

Según datos de la OCDE Alemania dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que nuestro país, frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Con una inversión de 6.973 millones, Alemania gastó en 2009 cinco veces más en perseguir la economía sumergida que España, que destinó ese año 1.405 millones.

¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos el fraude fiscal es, en tanto por ciento del PIB, poco más de la tercera parte de lo que es en España o en Italia? Fedea argumenta que una pequeña parte de la economía sumergida se concentra en «ricos evasores» y que la gran parte viene de «pequeños evasores», para los que eludir al Fisco es parcialmente la manera de estar en el mercado. Ello explicaría el escaso fraude fiscal que se anota Estados Unidos, una economía en el que el número de pymes y microempresas es muy bajo respecto al total.

Pero, ¿cómo se mide el tamaño de la economía sumergida, dada su naturaleza oculta? Una posibilidad consiste en hacerlo mediante métodos directos, como las encuestas, aunque éstas no sean muy fiables. Existen también métodos indirectos de estimación. Por ejemplo, las transacciones en ese mundo se realizan con activos muy líquidos, que no dejen rastro, predominando el uso de efectivo en billetes grandes. Según describe el Libro Marrón publicado por el Círculo de Empresarios, cuya vigésimo sexta edición lleva el título de «Implicaciones de la economía sumergida en España», el dinero en metálico en circulación supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro, y que en España se mueven 111 millones de billetes de 500 euros, el 30% de los emitidos en Europa, lo que supone el 64% del valor total de efectivo en manos de los españoles.

María Gómez Agustín, economista de Freemarket, explica que «el volumen de economía sumergida de un país está en relación directa con el grado de regulación de las actividades económicas, que eleva los costes de transacción, y el nivel de presión fiscal. Una circunstancia que encarece el desarrollo de las actividades productivas desarrolladas dentro del marco legal fiscal». Explica que «mayor regulación y aumento de la presión fiscal (como es el caso en España) fomenta la economía sumergida. Por el contrario, si bajan los impuestos, ocurrirá lo contrario», apunta.

Etapa Aznar

Agustín recuerda que un buen ejemplo de esta relación entre bajos impuestos y reducción de economía sumergida es el afloramiento de rentas que se produjo con la bajada impositiva de la reforma fiscal que se desarrolló en 1997 en tiempos del Gobierno de José María Aznar. «Los países con menos economía sumergida son básicamente los anglosajones que se caracterizan por tener una mayor libertad económica (menor regulación de la actividad de los mercados) y una fiscalidad más baja (cuanto más costoso es estar en la superficie más gente se sumerge)», puntualizó.

Pero sacar dinero de debajo de las piedras es lo que necesitaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde los inicios de su primer mandato, que comenzaba en la práctica en enero de 2012. La herencia envenenada del anterior Gobierno socialista dejaba al nuevo a los pies de los caballos. Un agujero en las cuentas del país sorprendente y fuera de control. El ejercicio acababa con un déficit público que rozaba el 8,9% del PIB. Subir los impuestos se antojó entonces como la única fórmula para lograr ingresos.

Europa entonces no daba crédito al descontrol de las cuentas públicas y tomaba cartas en el asunto: de obligado cumplimiento para el recién estrenado Ejecutivo hacer un esfuerzo sobrehumano para bajarlo a cierre de 2012 hasta el 5,3%. Una estimación revisada en un punto al alza, 6,3% una vez que los mandatarios europeos valoraron las medidas puestas en marcha por Rajoy para hacer más pequeño el agujero en tiempo récord.

De hecho, son varios los expertos que coinciden en señalar que si no se hubieran tomado tales medidas el simple impulso de la recesión hubiera disparado el déficit hasta el 11%. Ahora, todo parece indicar que el déficit español rondará el 7%, con la connivencia de nuestros mayores. No en vano, Bruselas valoró en público el tremendo ajuste fiscal llevado a cabo por España, unos 40.000 millones en medio de una recesión, por lo que decidió no exigir más recortes: «La Comisión ha concluido que España ha adoptado medidas eficaces para los ejercicios de 2012 y 2013. Ha realizado el esfuerzo estructural necesario para estabilizar sus finanzas públicas teniendo en cuenta la débil coyuntura», declaró el comisario Olli Rehn a principios de diciembre. Ahora, los mercados ya han tomado para 2012 ese alrededor del 7% como el guarismo mágico para determinar si el Gobierno español aprueba o suspende en su labor de ajustes. Si finalmente se errase por mucho, los inversores, en la actualidad ciertamente «tranquilos», volverían a castigar a España.

Pero no solo de recortes vive un país. Las cuentas tienen que estar compensadas entre ingresos y gastos y lo recibido por subida de impuestos no da para mucho más. El Gobierno se veía obligado a batallar con uno de los problemas más difíciles de tratar, esos más de 200.000 millones sin control fiscal y con que se dejen de ingresar más de 70.000 millones en las arcas públicas (el 7% del PIB). Unas cifras que de estar «afloradas» harían muy diferente la cifra de déficit del país. Se trata además de un «pellizco» de dinero muy elevado, que contrasta con el 14% que supone la economía «en B» como media en la OCDE.

El desafío de lo «oculto»

Pero la economía sumergida, «oculta» o «irregular», plantea grandes desafíos a la política económica de cualquier Gobierno y afecta de manera decisiva a las finanzas estatales por la menor recaudación tributaria. El problema incide también en la distorsión de la competencia empresarial, en peores condiciones laborales y en la atracción que ejerce sobre la inmigración ilegal.

«No existen datos cuantitativos fiables sobre el efecto distorsionador que el fraude fiscal asociado a la economía irregular tiene sobre la competitividad empresarial. Lo que sí es claro es que en un contexto de elevación de la presión fiscal como el que venimos viviendo desde hace algunos años se produce una mayor desigualdad entre quienes respetan la legalidad y quienes operan al margen del sistema», reflexiona Jorge Sánchez, abogado experto en fiscalidad internacional de Montero/Aramburu Abogados.

Y es que en España es palpable la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios y operaciones sin factura, facturas sin IVA y operaciones con una parte «en negro», lo que viene a demostrar el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la implicación social que existe y el fracaso de la Administración en su lucha contra el fraude. «Existe una relación directa entre incremento de la carga fiscal, aumento del fraude y daño al tejido empresarial por la disminución de la competitividad en el mercado nacional. Si bien en el contexto de la economía regular el aumento de la competitividad debe venir dado por factores como el I+D, la innovación, la gestión del capital humano, la mejora en la calidad o la gestión financiera, el fraude fiscal es un factor diferenciador superior a todos ellos, fácilmente perceptible en el ámbito del empresario que comercializa bienes o servicios dirigidos al consumidor final», añade Sánchez.

Objetivo: más recaudación

El Gobierno Rajoy decidió coger el toro por los cuernos desde el minuto uno. Cuantificó como pudo el dinero que podría obtener si aflorase lo no declarado y se puso manos a la obra. Ya en el tercer consejo de ministros de su recién estrenado gobierno -el 5 de enero de 2012-, anunciaba un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal. El objetivo: aumentar la recaudación en 8.171 millones para así incrementar los ingresos fiscales y reducir el déficit. En cualquier caso, la medida más comentada entonces fue el anuncio del estudio de la limitación de pagos con dinero en efectivo. Medida que no fue concretada por el Gobierno en aquel momento ni en sus modalidades ni en las cuantías aplicables.

Reforzar la inspección

«Las medidas introducidas hasta ahora van dirigidas principalmente a atajar el fraude en fase recaudatoria -explica Jorge Sánchez, del despacho Montero/Aramburu-, pero es necesaria una reforma profunda orientada a atacar el fraude consistente en actividad no declarada. Debería realizarse mayor asignación de recursos a la persecución de quienes están al margen del circuito económico legal, con el fin de introducir a tales personas en el sistema». Añade que «las administraciones tributarias deberían asignar una parte de los medios que dedican a la comprobación y a la exigencia de cumplimiento minucioso de las obligaciones tributaras a quienes ya cumplen con la legalidad a perseguir a quienes se sitúan completamente al margen de ésta y están en consecuencia fuera de los registros públicos».

El problema de los ingresos tributarios es que en España el 70% de la recaudación la soportan los trabajadores asalariados, por la parte que no cobran en negro, claro.

Así que la cuestión realmente no es subir o bajar más o menos los impuestos, sino conseguir que los que menos pagan (que suelen ser los que más ganan) paguen lo que legalmente les correspondan.

Hay que aumentar los controles contra todo el fraude fiscal derivado de la economía sumergida y la evasión de capitales... y esto se consigue dotando de más y mejores medios a los organismos reguladores como la AEAT, Tribunal de Cuentas, Banco de España, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Comisión Nacional de la Energía, Fiscalía del Estado... para que sus funcionarios puedan hacer mejor su trabajo sin interferenncias políticas o partidistas de ningún tipo.

Modelo del sistema fiscal español:

Fundamental, tapar agujeros. Una forma de hacerlo: cambio integral demodelo. No creo que siquiera haga falta subir impuestos y, si se hace bien, hasta se podrían bajar. Pero subir impuestos en un sistema que tiene tantos agujeros es como forzar a una bomba de agua que tiene los tubos llenos de agujeros, cuanto mas se le fuerza, mas pierde.

un abrazo...

http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=297

"España compite con otros países que se consideran paraísos fiscales"

Carlos Cruzado es el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), muy críticos con la amnistía fiscal del Gobierno, cuyo plazo acaba este viernes con pocas perspectivas de alcanzar el objetivo de recaudar 2.500 millones. Cruzado reclama más recursos y cambios en la Agencia Tributaria para llevar a cabo una lucha eficaz contra el fraude fiscal, que tenga en el centro de mira a los grandes patrimonios y empresas, y no a los pequeños contribuyentes.

Ana Requena AguilarFollow @RequenaAguilar

27/11/2012 - 21:03h

El viernes acaba la amnistía fiscal. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por convencer a los defraudadores, no parece que los datos sean buenos, ¿qué podemos esperar?

El ministro Montoro está muy optimista estos días, pero lo cierto es que los datos que ha hecho públicos la Agencia Tributaria son muy malos. Hasta julio, decían que se habían conseguido 50,4 millones en dos meses. Hasta octubre, no se llegaría ni a cien millones recaudados. Aunque aún falta por conocer los datos de octubre y noviembre se nos hace difícil que se pueda llegar a los 2.500 millones. Además, tal y como se ha desarrollado todo el proceso, hay un cúmulo de confusiones que quizá esté haciendo que la gente que podría estar interesada tenga miedo.

En Gestha habéis sido muy críticos con esta amnistía, ¿por qué?

Para nosotros roza la inconstitucionalidad, va contra el principio de igualdad y de progresividad, que son los que deben de regir el sistema tributario según el artículo 31 de la Constitución. Es un agravio para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y puede llevar a una desafección fiscal, a que la gente piense que ya llegará la amnistía y que sale más a cuenta defraudar. No sólo se condonan las sanciones, sino que se da un trato fiscal mucho más beneficioso al defraudador que al contribuyente, porque pagar un 10% [el tipo que contempla la amnistía] está muy lejos del mínimo de la escala del IRPF, que es el 24,75%. También hay un informe de expertos de la Comisión Europea en el que desaconsejan este tipo de iniciativas porque son más los resultados negativos, en cuanto a falta de conciencia fiscal y desafección, que los positivos.

Además, existe el riesgo de que se esté utilizando esta amnistía para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. El Gobierno insiste en que no van a hacer comprobaciones de las declaraciones y si ni siquiera se comprueba de dónde viene ese dinero se podría estar facilitando que algunas mafias estén blanqueando. Tampoco se exige que se repatrie este dinero, con lo cual puedes tener un capital o unas acciones en un paraíso fiscal, pagar el 10% que te ofrece la amnistía pero no traer a España ese dinero.

¿Qué medidas alternativas proponéis vosotros?

Cuando el Gobierno anunció la amnistía fiscal dijo que era una alternativa a la subida del IVA, pero meses después también se produjo esa subida. Para nosotros, la alternativa a esta amnistía es incrementar la lucha contra el fraude. No podemos esperar a que vengan los defraudadores a regularizar lo que quieran, lo que hay que hacer es ir a por ellos. Hay que incrementar los medios y modificar sobre todo la forma de actuar de la Agencia Tributaria, que está más centrada en la supervisión de clientes controlados, de ingresos de rentas del capital y de pequeños empresarios que en la investigación e inspección de las grandes bolsas de fraude.

¿Tiene la Agencia Tributaria suficientes recursos para llevar a cabo una lucha efectiva contra el fraude?

En España, el ratio de empleados de la administración tributaria por habitante es de uno por cada 1.928, mientras que la media de la OCDE es de 1 por cada 900. Es decir, tenemos menos de la mitad de los medios con los que cuentan los países de la OCDE de media. Si hablamos de inversión en lucha contra el fraude en relación al PIB, estamos también a la cola de la OCDE.

No es sólo eso. Dentro de la Agencia, la mayoría de esos efectivos tampoco se usan en la lucha contra el fraude. Según nuestros datos, las mayores bolsas de fraude residen en los grandes patrimonios y grandes empresas, y sin embargo los medios que se dedican al control y la inspección de estos colectivos no llegan al 20% del total de efectivos. El 80% de los efectivos se dedican al cruce de datos, a la comprobación de discrepancias en las declaraciones respecto a los datos que hay… Esto es lo que le estamos pidiendo a la Agencia que cambie, que traslade la lupa de estos contribuyentes al gran fraude.

Pedís también más competencias para luchar contra el fraude...

Así es, somos 8.000 técnicos en el Ministerio de Hacienda y consideramos que tenemos funciones muy limitadas, cada vez más en los últimos años. Decimos que tenemos las manos atadas frente al fraude. Deberíamos tener más competencias para dedicarnos más a la investigación de los grandes patrimonios y empresas que a los contribuyentes del IRPF y las rentas del trabajo.

El Gobierno ha anunciado la creción de una Oficina de Fiscalidad Internacional para evitar las planificaciones tributarias que hacen grandes empresas y con las que al final consiguen pagar muy pocos impuestos, ¿os parece suficiente?

Se dice que se va a dotar con 50 efectivos, así que parece que quedará más en una oficina de estudio y asesoramieno, pero difícilmente tendrá una labor ejecutiva y resuelta en luchar contra este fenónemo, que es de los que más daño hace al Estado. Al menos es positivo que se diagnostique el problema, que se hable de estas operaciones, que no son tanto fraude sino elusión fiscal. Que Appel o Microsoft paguen un 3% o un 4% de impuestos implica que estas empresas se basan en la falta de coordinación entre las distintas normativas estatales y aprovechan sus lagunas. Este problema requiere de una solución global, en Europa y en la OCDE.

Al mismo tiempo que España anuncia la creación de esta oficina, publicita la ingeniera financiera en el exterior para atraer a grandes empresas, ¿no es esto mantener un doble discurso sin ir al fondo del problema?

Exacto, nosotros estamos compitiendo con otros estados que pueden considerarse paraísos fiscales dentro de Europa, como Irlanda, que tiene muchos convenios con algunos paraísos fiscales y que tiene la fiscalidad de sociedades más reducida, o como Países Bajos. España también aporta su granito de arena: existe una figura, las entidades de tenencia de valores extranjeros, que está regulada en el impuesto de sociedades y que es una herramienta de empresas radicadas fuera de España para acabar tributando muy poco dinero.

¿En qué consiste esta figura?

A través de estas sociedades, empresas no domiciliadas en España quedan exentas del pago de cualquier tipo de rendimiento o dividendo que puedan tener en sus filiales. Es una figura que habría que suprimir. Como las Sicav, que están establecidas como una socidad de inversión colectiva pero que, sin embargo, se permite que la utilicen personas o grupos familiares para eludir el pago de impuestos durante años. Lo que hay que hacer es modificar las normas para que no se puedan usar estas estrategias.

¿Habría también que modificar el Impuesto de Sociedades?

Dentro del impuesto de sociedade, hay muchas posibilidades para al final no tributar por los beneficios obtenidos, así que hay margen. Se critica mucho que este impuesto (del 30%) está por encima de la media, pero es un tipo nominal. Como consecuencia de todas las bonificaciones y deducciones, los tipos efectivos que pagan las grandes empresas están sobre el 10 o el 11%. Si comparamos las medianas empresas con las muy grande se da la paradoja de que,a pesar de que las grandes pagan el 30% nominal y las pymes el 25%, al final son las pymes las que pagan esos cinco puntos de más.

Un ejemplo es que el tipo efectivo que pagan las empresas que facturan más de mil millones de euros no llega al 17%, mientras que el que pagan las pymes sobre bases imponibiles está en el 20 o el 21%. Las grandes aprovechan mucho más las deducciones que las pequeñas y pagan menos impuestos. Para compensar esta situación y acercar su esfuerzo fiscal al de las familias, consideramos que habría que aumentar el impuesto en cinco puntos para las que tengan beneficios superiores al millón de euros. Se podrían recuperar cerca de 14.000 millones anuales con esta subida.

¿Por qué no se hacen todos estos cambios, no hay voluntad política?

Sí, nunca la ha habido, ni por los anteriores gobiernos ni de momento por este. Es un fenómeno que si ya es grave, en este momento de crisis es esencial. En el momento en que se están subuiendo impuestos que afectan a las clases medias y bajas no hay una clara demostración de querer atajar el gran fraude. En la zona del euro, somos el país, después de Grecia, que más nivel de fraude tenemos, junto a Italia. Según los datos actuales, la cifra de economía sumergida y fraude en España está en el 23,3% del PIB, casi 250.000 millones de euros que escapan al control de Hacienda y 88.000 millones que se dejan de ingresar al año entre cuotas a la Seguridad Social e impuestos.

No somos tan ambiciosos como para pensar que se puede erradicar al 100% este fraude pero sí podemos estar en los estándares de los países de nuestro entorno, y para eso tendríamos que reducir esa cifra en diez puntos. Recaudaríamos unos 38.000 millones de euros al año, que es justo la cantidad que aparece en los presupuestos para 2013 como intereses de la deuda.

En la modificación del Código Penal quieren endurecerse algunos delitos de fraude...

Se van a modificar algunos temas, pero lo único que se va a hacer es contemplar un delito fiscal agravado en determinadas situaciones, cuando se hace a través de organizaciones delictivas, por ejemplo. Echamos en falta mayor contundencia, no sólo en el Código Penal sino en la norma de funcionamiento de la Agencia Tributaria. Creemos que hay que alargar los plazos de prescripción para que las infracciones tributarias no prescriban tan pronto y alargar los plazos de inspección, porque muchas veces no se llega a tiempo. Y desde luego habría que endurecer las sanciones, tanto en el ámbito administrativo como en el pena

Hola cambioyev .
Mas alla de soluciones quealguno pueda proponer lo que quiero es exponer los cambios
que han ocurrido y las implicaciones que suponen una barbaridad de de milles de millones de euros que han ido desde nuestro bolsillo a otros y que quieren que siga con este rescate , aunque yo estoy convencido que lo unico que puede ocurrir es que pete el sistema
igual que un persona en huelga de hambre , ahorra en comida , pero puede morir ,
lo que es una perdida mayor del PIB .
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http://eduardogarzon.net/la-reduccion-de-salarios-en-espana-no-es-un-fenomeno-nuevo/
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Por ejemplo, para el año 2010 el 55,39% del total de renta generada en España ha ido a parar a la remuneración de asalariados, mientras que el 44,61% (100% – 55,39%) ha sido asignado a los beneficios empresariales.
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los dos pequeños repuntes son por descenso de las rentas empresariales , no por aumento de rentas
salariales netas

Cabe destacar que, según la metodología de la Contabilidad Nacional, el Producto Interior Bruto está formado por tres partidas: Remuneración de asalariados (la parte de la renta destinada a los trabajadores asalariados), Excedente Bruto de Explotación (la parte destinada a beneficios empresariales) e Impuestos de producción e importaciones.
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disminuyó la tarta correspondiente a los asalariados y además aumentó el número de asalariados sobre los que se reparte la tarta. Como consecuencia, los trabajadores asalariados vieron disminuir sus ingresos monetarios
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No estoy muy de acuerdo con las conclusiones de Garzon para el cualquier movimiento como el comercio que supuestamente nos perjudique es malo , no se que pensaran de que los Megane se vendan en francia y se fabriquen en Palencia .
Eso si los datos estan ahi y puede que algo falle o no .
se buscan opiniones .

Bueno, para mí es evidente que el sistema financiero y la política económica se han utilizado como herramientas para barrer y quedarse con gran parte del dinero disponible en manos de las clases media y baja hasta el límite justo de la propia subsistencia... y además se les ha ido la mano más de la cuenta. Ha sido y continúa siendo una operación de "limpieza dineraria".

¿El motivo? Pues no lo sé con certeza. Está claro que necesitan dinero para volverlo a invertir en activos que les produzca nuevas rentabilidades de cara a que no se le caiga todo el castillo de naipes de la especulación financiera.

¿Por qué entonces si necesitan dinero no acuden una y otra vez a los Quantitative Easing? Supongo que temen los efectos de la inflación que podrían producirse si parte de ese dinero en algún momento volviera a la economía productiva, por lo que necesitan políticas económicas de expansión monetarias a la vez que restricciones en el poder adquisitivo de la población.

Vale, pero... ¿dónde se va a invertir esas cifras descomunales de dinero? Bueno, es la pregunta del millón... y en este caso no son casualidad los grandes deseos de privatización de sanidad y educación... sanidad para sacar rentabilidad a la inversión, educación para tener controlados y atraer a los mejores talentos.

Nuevos tiempos, nuevas burbujas... en investigaciones de laboratorios sobre enfermedades cada vez más extendidas sobre la población que son de difícil curación, en el desarrollo de energías alternativas, en las medidas contra el cambio climático... rentabilidades que terminaremos pagando los usuarios de seguros médicos, en las facturas de la energía y en nuevos impuestos sobre la conservación del medio ambiente.