Pulso de Mercado: Intradía

Cuando las empresas se quieren saltar las leyes a la torera y el Ministro de Seguridad Social, el Sr Escrivá, no mueve un dedo mientras tanto. Dónde está el dinero que las empresas de reparto NO han cotizado a la seguridad social por sus trabajadores durante años y años?

Las grandes plataformas esquivan la norma, que entra en vigor este jueves, con incorporaciones limitadas de trabajadores y recurriendo a firmas de logística. Solo Just Eat negocia un convenio colectivo

Madrid - 12 AGO 2021 - 08:58 CEST

Hace solo una semana que entró como repartidor en Uber Eats, pero Armando Hernández ya ha recibido un correo electrónico con su despido. “Empecé hace unos días en Madrid para sacarme un extra este verano, pero me ha durado poco”, asegura este venezolano de 27 años. Aún conserva su empleo de sonidista, por lo que su vida no cambiará a partir del jueves. Pero sí lo hará para las decenas de compañeros que ha conocido estos días. “Los repartidores están muy confusos, algunos piensan que la nueva ley no será efectiva, pero otros asumen que perderán su único trabajo y están muy preocupados”.

Esta incertidumbre se explica por la segunda revolución de los servicios de reparto, a punto de comenzar. Si la primera cambió la forma de consumir de los españoles, la segunda transformará el modelo de negocio de las plataformas. Y todo apunta a que será una metamorfosis profunda. La entrada en vigor de la llamada ley de repartidores —que asume que estos trabajadores son asalariados y no autónomos— ya ha dejado titulares impensables hace solo unos meses: Glovo desoirá la legislación y solo contratará a una parte de su flota, Deliveroo pretende abandonar España en otoño, Uber Eats subcontratará a empresas de reparto y Just Eat, que nunca contó con falsos autónomos, prepara el primer convenio colectivo del sector para una décima parte de sus motoristas (el resto son asalariados de restaurantes o empresas de logística).

La nueva normativa, aprobada en mayo y que entra en vigor este jueves, pretende poner fin al uso de trabajadores autónomos en el envío de comida y paquetes a domicilio. Para ello introduce en el Estatuto de los Trabajadores la “presunción de laboralidad” para las personas que distribuyan “cualquier producto de consumo o mercancía” para una empresa que organice el trabajo “a través de una plataforma digital”. Esta norma eleva a rango de ley lo que ya dictó el Tribunal Supremo en septiembre del año pasado, cuando declaró falsos autónomos a los repartidores de estas plataformas.

Pese a la literalidad de la ley, tan solo Just Eat y Glovo pondrán en nómina a un porcentaje de sus repartidores, lo que ha provocado un fuerte malestar en el sector. “En el fondo esto solo retrata el modelo de estas plataformas: externalizar al extremo”, critica Rubén Ranz, encargado de la división digital del sindicato UGT, quien opina que la nueva ley es la correcta, pero reitera que las plataformas no actúan de buena fe: “Solo están interesadas en saltarse la norma y generar un conflicto social”. Algo parecido afirma un portavoz de la plataforma de repartidores RidersXDerechos: “Estas empresas llevan cinco años sin respetar el Estatuto de los Trabajadores porque viven de ello. Si no se refuerza la Inspección de Trabajo la nueva ley no se va a aplicar”.

Glovo ha anunciado que contratará a unos 2.000 repartidores en España de aquí a final de año, lejos de los 12.000 que se calcula que tiene en el país. El resto se mantendrá bajo el modelo actual de colaboración autónoma, si bien la firma española cambiará las condiciones de trabajo de estos ciclistas para intentar bordear la sentencia del Supremo y la nueva normativa.

Para justificar que sus repartidores autónomos gozan de independencia —y esquivar así la contratación— Glovo les permitirá conectarse a la aplicación a la hora que deseen (hasta ahora debían reservar franjas de trabajo), rechazar pedidos, subcontratar a su vez a otros trabajadores para que repartan en su lugar y les dará cierta libertad para decidir sus tarifas de reparto. “Tras identificar las notas de dependencia y ajenidad indicadas por el Tribunal Supremo, estas se eliminan”, explica en una nota el despacho de abogados de la plataforma, que ha rechazado responder a las preguntas de este periódico.

Sin embargo, los expertos laboralistas consultados rechazan esta deriva y aseguran que Glovo mantiene el principal lazo con sus ciclistas: la aplicación de móvil y su algoritmo, que organiza el trabajo, conecta a clientes y repartidores y calcula los precios del pedido. “Los repartidores podrán hacer pequeñas o grandes variaciones en su día a día, pero el sistema sigue subordinado a Glovo”, explica Adrián Todolí, doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de Valencia, que recuerda que este fue el grueso de la argumentación de los tribunales: “El Supremo deja muy claro que no es relevante si el trabajador puede elegir su horario o rechazar pedidos. Lo relevante es quién posee la herramienta digital”. En la misma línea apunta Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, que opina que los cambios de la firma son “una batalla perdida” y prevé la vuelta del caso a los tribunales. Con estos argumentos el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este lunes a Glovo ante la Inspección de Trabajo.

Uber Eats, la división de reparto del gigante estadounidense Uber, también ha optado por mantener externalizados a sus motoristas tras la entrada en vigor de la ley y utilizará a repartidores de empresas de logística para despachar sus pedidos. Quienes hasta ahora trabajaban como autónomos serán desconectados este jueves del sistema.

La fórmula de subcontratación de Uber Eats era una de las claras alternativas al uso de autónomos y las diferentes empresas de reparto llevan meses experimentando con ella. Los sindicatos alertan desde hace tiempo de que este sistema podría incurrir en una cesión ilegal de trabajadores, ya que los pedidos los organiza la aplicación de la plataforma, en este caso Uber, que también ha rechazado responder a preguntas de EL PAÍS. “Su modelo laboral cae en el fraude de nuevo”, apunta Ruben Ranz, de UGT, el sindicato que ya denunció en abril a Glovo, Amazon y Uber Eats por subcontratar repartidores a través de empresas de logística. Entonces, Ignasi Beltran, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Oberta de Catalunya, aseguró: “Si [la contrata] no aporta nada porque los repartidores se organizan con la aplicación de la plataforma y solo pone la mano de obra, se incurriría en una cesión ilegal”.

Pese a ser la empresa más longeva del sector —opera en España desde hace casi 11 años—, Just Eat nunca se había valido de autónomos para repartir. Su siguiente “paso natural”, según su director en España, Patrik Bergareche, es la negociación colectiva, por lo que ha comenzado este verano a negociar con los sindicatos el primer convenio colectivo de plataformas de reparto, aunque ya existen similares, como el de mensajería. “Tenemos que conciliar la creación de nuevos modelos de negocio sin sacrificar el Estado del bienestar”, explica el empresario.

El convenio, que se espera para septiembre, solo afectará a la empresa Just Eat y sus repartidores asalariados, que suponen alrededor del 10% del total de motoristas que despachan para la empresa. Aproximadamente otro 10% de la flota se subcontrata a empresas de logística, mientras que el resto son asalariados de los propios restaurantes, por lo que se rigen según lo acordado con sus negocios. El convenio tampoco podrá aplicarse a otras empresas de la competencia, aunque Bergarache aspira a que sea “un precedente” en el sector. “No es razonable que en un sector con tanto crecimiento estemos a golpe de sentencia”, concluye.

Deliveroo hizo pública hace dos semanas su intención de abandonar España, días antes de la entrada en vigor de la ley de repartidores. Según la empresa, el modelo de negocio no es rentable en España, aunque niega que esta marcha tenga que ver con la contratación de estos trabajadores. El motivo es que aumentar su cuota de mercado supondría una inversión que no puede asumir, según comunicó entonces la empresa.

La plataforma consultará en septiembre a los empleados y repartidores si aceptan las condiciones del cierre, aunque antes de eso deberá poner en nómina a sus distribuidores, ya que hasta ahora eran falsos autónomos y deberán pasar a ser asalariados antes de este jueves. Deliveroo ya ha citado a los sindicatos para iniciar la negociación de un despido colectivo durante el próximo mes que afectará a 3.871 personas.