CAF, fabricante de trenes con sede en Gipuzkoa, ha defendido que respeta los derechos humanos en el contrato que ejecuta en territorio palestino ocupado por Israel, ante su inminente inclusión por parte de las Naciones Unidas en una lista que incluye a las empresas que trabajan en asentamientos ilegales de Israel en Palestina.
La compañía ha remitido un comunicado de tres páginas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al ser una empresa que cotiza en Bolsa, en el que anticipa que, previsiblemente, será incluida en esa 'lista negra' de la ONU en los próximos días.
CAF está pendiente de la adjudicación de un gran contrato de 1.695 millones de euros en Bélgica, que ha levantado una gran polémica en ese país, después de que su competidor francés Alstom recurriese esa adjudicación.
Los sindicatos de ese país también se posicionaron en contra, ya que la francesa tiene cuatro centros de producción en Bélgica con 1.900 empleados, temiendo una pérdida de empleo si Alstom no ganaba, al mismo tiempo que criticaban la presencia de CAF en territorios ocupados como forma de presión para que se rechace la adjudicación a la vasca.
Por ello, la empresa pública belga que adjudicará ese contrato ha pedido a CAF que confirme que sus actividades respetan los derechos humanos e internacionales, de cara a otorgarle finalmente el contrato.
Otro frente derivado de su participación en Israel es el contrato de Barcelona para fabricar nuevos trenes para el metro de la ciudad. Alstom ya fue excluida del proceso, precisamente por formar parte de esa lista de la ONU, incluso a pesar de que la empresa francesa ya no tiene vínculos con contratos en territorios ocupados.
La empresa vasca todavía no había sido incluida en ese listado, pese a que el contrato origen de las disputas se remonta a 2019. Fuentes de la ONU consultadas por Europa Press se limitaron a citar el actual listado de empresas en el que CAF no aparece, sin explicar por qué no había sido incluida antes, cuando su socio en ese contrato, la constructora israelí Saphir, sí estaba en el listado.
CONTRATO EN JERUSALÉN ESTE
En concreto, ambas empresas conformaron un consorcio al 50% cada una para construir la Línea Verde del tranvía de Jerusalén, así como la ampliación de la Línea Roja existente, que discurren parcialmente por Jerusalén Este (el territorio ocupado ilegalmente según la ONU). Se estima que esta fase de construcción concluya en 2027.
Asimismo, incluye la operación de ambas líneas durante 15 años (extensibles a 25 años) y su mantenimiento durante 25 años, a través de otra sociedad participada igualmente al 50% por Shapir y CAF.
En su comunicado, CAF ha afirmado ser "plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén", en particular en relación con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar "cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades, sin discriminación".
Las compañía asegura que la comunidad árabe es la que más utiliza ese tranvía, "la gran mayoría de los cuales se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas periódicamente por una agencia especializada".
Asimismo, asegura que toma medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas, o de otro tipo, asegurando que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo.
"La sociedad a cargo de la operación y mantenimiento del sistema sigue una estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria (cerca de un 25% de los empleados son árabes)", argumenta.
LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA APOYÓ EL PROYECTO
Como medida previa a la firma del contrato, CAF realizó un análisis legal, a través de consultas a expertos independientes, incluyendo catedráticos en Derecho Internacional y expertos de las Naciones Unidas, que confirmaron la "ausencia de cualquier incumplimiento" derivado de la participación de CAF en el mismo.
"Esta conclusión se encuentra asimismo respaldada por la sentencia de la Corte de Apelación de Versalles dictada en relación con la Línea Roja, en la fase previa a su ampliación, que desestimó la vulneración del Derecho Internacional por las empresas participantes en el proyecto", añade.
Por su parte, asegura que los servicios jurídicos de la administración competente en España confirmaron que el proyecto se ajustaba a la legalidad internacional y no identificaron "ninguna objeción legal" para la firma del contrato y posterior ejecución del mismo.
Además, defiende que informes independientes, elaborados tras visitas in situ y entrevistas a usuarios y representantes de las diferentes comunidades, destacan la "utilidad social" del tranvía, que constituye una infraestructura de servicio público esencial y es catalizador del cumplimiento de derechos humanos "como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto a toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables".
COMPROMISO CON LA ÉTICA
En su comunicado, CAF ha asegurado que mantiene su compromiso de actuar de acuerdo con los "más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia", y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos, así como del marco normativo en el que desarrolla su actividad.
Más allá del cumplimiento del marco normativo aplicable, CAF ha aseverado estar "firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones", incluyendo la cadena de valor, con base en los "más altos estándares" de responsabilidad y transparencia.
Para ello, CAF cuenta con una serie de normas, procedimientos y sistemas que conforman un'Sistema de Compliance', de aplicación a todo el grupo, así como a los terceros que contratan con CAF, con el objeto de prevenir y actuar contra cualquier conducta que pudiera ser contraria a la ética, a la ley o al Sistema Normativo Interno de CAF
