ING El banco no banco con el servicio que no es servicio. Es suplicio

 La Ley Orgánica de Protección de Datos entiende que en los casos de cobro de deudas, la cesión de datos a terceros es lícita, siempre dentro de unos límites que han quedado plasmados en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 1/2007, y que se resumen en que hay que respetar en todo momento los derechos de los deudores a su intimidad personal y familiar, a su honor y a su imagen. Son derechos fundamentales que están en el artículo 8 de la Constitución, la cual también proclama el derecho de cada ciudadano a obtener los medios para su mejor defensa. 

 
En general, la normativa bancaria no recoge la obligación de motivar el por qué una entidad bancaria deniega una operación de crédito o de préstamo a un usuario de servicios financieros. Solo existen dos excepciones a esta falta de motivación:

• Que se deniegue una operación de crédito o préstamo con garantía hipotecaria.

• Que se deniegue la operación de crédito o préstamo por la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial.

Esta obligación viene recogida en distintas normas. Con carácter general se regula en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, cuyo artículo 18.5 al señalar que «[e]n el supuesto de que una entidad rechace la concesión de un crédito o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en la consulta a los ficheros a los que se refiere el párrafo 2º del apartado 2.a), la entidad informará al cliente del resultado de dicha consulta».

En caso de préstamos hipotecarios, se recoge en el artículo 11.6 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. En la primera parte del artículo se señala la obligación de información por escrito del motivo por el que se deniega la operación:

«Cuando se deniegue la solicitud de préstamo, el prestamista informará por escrito y sin demora al potencial prestatario y, en su caso, al fiador o avalista de su respectivo resultado advirtiéndoles, de forma motivada de dicha denegación (…)».

En la segunda parte de dicho artículo se recoge la obligación de motivar la negativa de la concesión del préstamo o crédito hipotecario tras consultar un fichero de solvencia patrimonial:

«Cuando la denegación se base en el resultado de una consulta de una base de datos entregará una copia del resultado, el prestamista informará también al potencial prestatario del resultado de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada, como son el nombre, el responsable, así como del derecho que le asiste de acceder y rectificar, en su caso, los datos contenidos en la misma».


En el caso de créditos al consumo, el artículo 15.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, establece que «[s]i la denegación de una solicitud de crédito se basa en la consulta de un fichero, el prestamista deberá informar al consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada».

Por tanto, fuera de los supuestos mencionados, las entidades bancarias no vienen obligadas a justificar ante sus clientes sus decisiones de no concesión de facilidades crediticias al venir amparadas dichas decisiones en su política comercial y de asunción de riesgos. 

¿ES LEGAL GRABAR LLAMADAS TELEFÓNICAS?

Esta cuestión obviamente variará en función del país residencia de cada persona. Después de realizar varias consultas y de buscar información concluimos que la situación actual en España es la siguiente:

1. El hecho de grabar una conversación telefónica en la que nosotros mismos participamos es completamente legal y para evitar problemas se aconseja informar al interlocutor que está siendo grabado. El hecho de informar que la conversación es grabada implica que el interlocutor acepta la situación y por lo tanto en ningún caso nadie podrá considerar que se esta invadiendo la intimidad o vulnerando los derechos y libertades fundamentales de la persona mencionados en el capítulo segundo de la constitución española.

2. El hecho de grabar una conversación telefónica en la que participamos sin dar previo aviso al otro interlocutor también es completamente legal siempre y cuando la grabación sea privada y tenga como finalidad guardar la conversación para un uso privado o un futuro procedimiento judicial, administrativo o laboral con el fin de defender nuestros intereses. Bajo estas premisas existe jurisprudencia por parte del tribunal constitucional que con la grabación no se vulneran los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos incluidos en el capítulo segundo de la constitución española.

3. Las grabaciones realizadas, tanto en el supuesto 1 como en el supuesto 2, tienen validez judicial y serán aceptadas como pruebas válidas por un juez. Por lo tanto la grabación telefónica que realice con mi operador telefónico me podría servir perfectamente como defensa en el caso que mi compañía decidiera vulnerar el trato que adquirimos vía telefónica.

4. Es ilícito difundir o divulgar las grabaciones realizadas en una web o en cualquier otro medio a no ser que la grabación se trate de un hecho noticiable o público. Por lo tanto seria ilegal que pusiera a disposición de todos los lectores del blog la negociación o conversación que tuve con mi compañía telefónica. En caso de hacerlo estaría incurriendo un delito que puede llegar a ser penado con prisión.

Otra cosa es que nos parezca bien o mal, que las normas sean esas.

 Que ya he escrito y nadie contesta, W. 

Si fuera accionista vuestro os pediría responsabilidad como administradores. Estáis tirando dinero ...