En este blog he dado docenas de ejemplos sangrantes de negligencia judicial, de lo poco que los ciudadanos les importamos a los funcionarios judiciales y de la desgana con la que van sacando el trabajo entre siesta y siesta.
No generalices, Tristán, que luego te llevas la bronca. No generalizaré, es cierto que hay algunas pocas y muy honrosas excepciones. Llevo 30 años trabajando con y dependiendo del trabajo de los funcionarios de Justicia. El trabajo de muchos de ellos es muy deplorable. Aunque no el de todos, pues todavía quedan héroes que resisten la marea general de dejadez.
La Justicia española es percibida por el 95% de los ciudadanos como increíblemente lenta, ineficaz, ininteligible, anticuada y desorganizada, muy lejos de lo que debería ser un servicio público y a años luz de otros servicios públicos como el de la Sanidad o la Educación.
Y esto es así cuando se les pregunta a los ciudadanos, porque cuando los sujetos entrevistados somos los usuarios, demandantes o demandados, entonces el barómetro de satisfacción se queda en cero.
¿Cómo van a quedar satisfechos el ganador o el perdedor de un pleito judicial cuando éste se ha demorado durante años sin justificación aparente y sin que se sepa muy bien en qué se ha gastado ese tiempo?
Por eso estoy convencido de que es necesario suprimir progresivamente la competencia de los tribunales en ciertos asuntos y transferirla a las notarías, a los registros de la propiedad, etc. Así el servicio será mucho más eficaz. A mi no me importaría pagar lo que fuera necesario a cambio de un servicio rápido y eficaz.
Porque, en realidad, todo lo que tocan, desde el divorcio hasta los testamentos, se convierte inmediatamente en un agujero negro sin volumen espacio-temporal que puede resolverse en un año o en cinco años. Sin que nadie pueda explicar exactamente en qué se ha empleado todo ese tiempo.
Todo esto viene a cuento porque en Subastanomics hemos estado estudiando la siguiente subasta: SUB-JV-2021-183047. Se trata de la subasta de un chalet en la provincia de Toledo, convocada para la disolución del proindiviso.
El copropietario es un tipo listo que sabe que cuanta más gente participe en la subasta, más dinero se recaudará en la misma y mayor será la parte que le corresponda a él. Por eso hace semanas publicó este anuncio en Idealista: https://www.idealista.com/inmueble/95984165/
Y por eso se preocupa cuando la caga el juzgado que ha tramitado la división de cosa común y está tramitando la subasta.
Y me escribe lo siguiente:
Como viene siendo habitual en todos los juzgados, los funcionarios no quieren hacer su trabajo de manera diligente y competente, por lo que no han querido subir el Certificado de dominio y cargas, ni la Nota simple, ni la escritura de cancelación hipotecaria, aún incluso habiendo solicitado la parte demandante mediante escrito con fecha anterior a la publicación de la subasta en el BOE.
O sea, que viendo la escasa información que el juzgado había colgado en el Portal de Subastas del B.O.E, el copropietario cuya casa va a salir en subasta, preocupado por las nefastas consecuencias económicas que se podrían derivar de esa incompetencia, les presenta un escrito solicitando que se aporte la Certificación de Cargas y que se deje claro que la hipoteca que aparece en la misma está pagada.
¿Y sabéis lo que le responde el juzgado?
Entonces, este señor que está defendiendo sus intereses y que intenta impedir que la negligencia del juzgado le arruine, le escribe al Portal de Subastas del B.O.E. preguntando si están a tiempo de aportar nueva documentación.
Y esta es la respuesta:
Y así ha quedado retratado el juzgado como la máquina de arruinar ciudadanos. La ley les da la responsabilidad de vender en subasta judicial los bienes de los ciudadanos y a ellos les importa un carajo el resultado de esa venta. Y no les importa porque en realidad los ciudadanos les importamos una mierda.
Yo creo que cualquiera puede entender que no es lo mismo lo que se va a recaudar en la subasta si los postores estamos informados sobre las cargas registrales que si no nos dan ninguna información. Esto lo entiende hasta el más tonto.
No me voy a cansar de repetirlo. La justicia española es un lastre para nuestra economía. Los que trabajamos en las empresas lo sabemos muy bien. Necesitamos un sistema judicial que sea capaz de responder a cualquier conflicto legal en pocos meses. ¿Cuántos acreedores legítimos se ven obligados a cancelar la mitad de sus deudas porque saben que es mejor que verse envueltos en un proceso judicial de varios años tras el cual se encuentran, en el mejor de los casos, en el último lugar entre los acreedores.
Este es el pan de cada día de los que hacemos negocios en España. Hay abogados especializados en llegar a acuerdos para evitar el litigio, mientras el acreedor se conforma con recibir sólo una parte de la suma adeudada.
Muchos morosos profesionales se ganan la vida así porque saben que acabarán pagando sólo una parte de su deuda. Cualquiera que utilice habitualmente el sistema judicial español sabe que si un juez o funcionario judicial tiene la más mínima oportunidad de favorecer a un deudor, a un violador o a un sinvergüenza de película, lo hará inevitablemente.
Y ya está. Había que decirlo.
¿Y a vosotros que tal os trata la maquinaria judicial?
